Democracia y derecho a decidir

Javier Cercas 13 SEP 2013 - 19:56 CET El País

Es posible que en los últimos tiempos estemos viviendo en Cataluña una suerte de totalitarismo soft; o, por usar de nuevo el término de Pierre Vilar, una suerte de “unanimismo”: la ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia.

El instrumento de esta concordia ficticia no es la violencia, sino el llamado derecho a decidir: quien está en favor del derecho a decidir no es sólo un buen catalán, sino también un auténtico demócrata; quien está en contra no es sólo un mal catalán, sino también un antidemócrata.

Así las cosas, es natural que, salvo quienes sacan un rédito de ello, en Cataluña casi nadie se atreva a dudar en público de un derecho fantasmal que no ha sido argumentado, hasta donde alcanzo, por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico; también es natural que nadie se resuelva a decir que, aunque parezca lo contrario, no hay nada menos democrático que el derecho a decidir. O, dicho de otro modo: ahora mismo, el verdadero problema en Cataluña no es una hipotética independencia, sino el derecho a decidir.

Me explico.

En democracia no existe el derecho a decidir sobre lo que uno quiere, indiscriminadamente.

Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme.

Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos.

¿Significa esto que en democracia no es posible decidir? No: significa que, aunque decidimos a menudo (en elecciones municipales, autonómicas y estatales), la democracia consiste en decidir dentro de la ley, concepto este que, en democracia, no es una broma, sino la única defensa de los débiles frente a los poderosos y la única garantía de que una minoría no se impondrá a la mayoría.

Ahora bien, es evidente que, con la ley actual en la mano, los catalanes no podemos decidir por nuestra cuenta si queremos la independencia, porque la Constitución dice que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español (cosa nada rara: salvo la de la extinta Unión Soviética, que yo sepa, ninguna constitución ha reconocido jamás el derecho de que una parte del Estado se separe por su cuenta del resto).

¿Significa esto que los catalanes no tenemos derecho a decidir sobre nuestra independencia?

A mi juicio, tampoco: si una mayoría clara e inequívoca de catalanes quiere la independencia, parece más sensato concedérsela que negársela, porque es muy peligroso, y a la larga imposible, obligar a alguien a estar donde no quiere estar.

La pregunta se impone: ¿existe esa mayoría?

Los partidarios del derecho a decidir sostienen que precisamente para eso, para saber si existe, es indispensable un referéndum (en este asunto, las encuestas no sirven, como comprobamos en las anteriores elecciones); pero, antes de usar ese recurso excepcional e imprevisible, cualquier político honesto y prudente usaría el recurso previsto por la ley: las elecciones.

Quiero decir: unas elecciones en las que todos los partidos declaren, clara e inequívocamente, su posición sobre la independencia.

En las últimas, los partidos inequívocamente independentistas (ERC más CUP) sumaron 24 diputados de 135: apenas un 17%.

¿Cuántos diputados sumarían los independentistas si en unas futuras elecciones el resto de partidos dijera con claridad si quiere la independencia o no?

Eso es lo que deberíamos saber antes de tomar la vía azarosa del referéndum: si hay una mayoría de partidarios de la independencia, habrá que celebrar un referéndum; si no la hay, no.

“La democracia consiste en decidir dentro de la ley, que no es una broma”

Es dudoso que vayamos a tener una respuesta a la anterior pregunta, porque CiU sabe que si defiende la independencia en unas elecciones, las perderá (y antes se habrá roto por dentro: aún no sabemos si Convergència es independentista, pero sí sabemos que Unió no lo es), así que seguirá sin decir la verdad a sus electores; en cuanto a la izquierda, todo indica que seguirá atrapada en la telaraña ideológica que le ha tejido CiU –de ahí que acepte el derecho a decidir–, cavando su propia tumba y minando la democracia. No veo otra forma de decirlo: se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría.