Tiempo de lectura 4 min.
Hace 4 horas
El objeto de la investigación que ha realizado la Unidad de Policía Judicial de Cataluña de la Guardia Civil con la entrada en varias comisarías de los Mossos d’Esquadra ha sido no tanto buscar las órdenes que se pudieron impartir desde la jefatura de este cuerpo el día del referéndum del 1-O y anteriores (que también), sino las que no se impartieron, o se hicieron de forma deliberadamente confusa o a destiempo.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, se trata de un asunto de vital importancia ya que difícilmente podían los agentes de los Mossos incumplir unas órdenes que no se les habían dado de una forma clara, sin que pudieran prestarse a interpretaciones.
En todas las entradas que ha realizado a dependencias de la policía autonómica, la Guardia Civil ha encontrado la mayor colaboración y no se ha dado ningún caso en que los agentes hayan puesto la más mínima pega; todo lo contrario.
Con el fin de realizar la investigación con la prudencia necesaria, los miembros de la Benemérita acudieron a las dependencias de los Mossos vestidos de paisano y sin ningún tipo de dispositivo exterior que diera algún tipo de «espectacularidad» a lo que se estaba haciendo.
Por el momento, al estar secretas las actuaciones, se desconocen los resultados de los registros. Además, se están realizando los informes preceptivos para ser entregados a la autoridad judicial. El hecho de que, además de las órdenes emitidas (que se publicitaron y que parecían deliberadamente extensas), se hayan buscado las que no se dieron o se transmitieron sin la suficiente claridad y contundencia, puede dar un vuelco a todo este asunto. Habrá agentes que puedan ser acusados de no haber actuado con la suficiente diligencia el día del referéndum. En este sentido existen vídeos y partes de incidencias elaborados por Policía y Guardia Civil que han dado lugar a las actuaciones judiciales. Sin embargo, habrá que determinar si otros hechos respondían a una desobediencia de las órdenes emanadas de la Justicia o que éstas no se les habían transmitido con la suficiente claridad y firmeza. «Un agente no puede recibir una orden que no ha recibido de sus mandos inmediatos», subrayan las fuentes de la investigación.
Durante las entradas en las dependencias de los Mossos, los guardias civiles se incautaron de grabaciones y material escrito y no tuvieron ningún problema para acceder a las oficinas y otros locales que pudieran ser de interés para la investigación.
El último día del mes pasado, los agentes de la Unidad de Policía Judicial se personaron en ocho comisarías de los Mossos en Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Como habían hecho en ocasiones anteriores, en la sede central de comunicaciones, presentaron requerimientos en los que solicitaba información vinculada con el referéndum del 1 de octubre. En concreto, pedían que se les entregaran los datos de comunicaciones existentes en dichas unidades, como grabaciones, registros de llamadas o correos electrónicos.
Una de las comisarías a la que acudió la Benemérita fue la de la Plaza España de Barcelona. Tan sólo accedieron dos agentes de la Benemérita de paisano, que permanecieron poco menos de una hora. También fue objeto de requerimiento el complejo Egara, la sede central de los Mossos situada en Sabadell (Barcelona), así como en las salas de mando en las comisarías de Gerona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers, estas tres últimas en la provincia de Barcelona; Tortosa (Tarragona) y en La Seu d’Urgell (Lérida).
En fechas previas habían entrado en varias comisarías ilerdenses pero en aquella ocasión eran registros y no requerimientos. Las operaciones de la Guardia Civil fueron ordenadas por diversos juzgados provinciales y el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo de Carmen Lamela, que investiga al que fuera mayor de los Mossos, José Luis Trapero, hoy destinado a funciones meramente administrativas en la comisaría de Travesera de Gracia.
En caso de quedar acreditado que Trapero, y la cúpula que le acompañaba entonces, no trasmitieron las órdenes emanadas de la Justicia con la suficiente claridad, celeridad y firmeza, el asunto podría suponer, para los que se demostrara su incorrecta actuación, una serie de responsabilidades penales a las ya existentes.
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El objeto de la investigación que ha realizado la Unidad de Policía Judicial de Cataluña de la Guardia Civil con la entrada en varias comisarías de los Mossos d’Esquadra ha sido no tanto buscar las órdenes que se pudieron impartir desde la jefatura de este cuerpo el día del referéndum del 1-O y anteriores (que también), sino las que no se impartieron, o se hicieron de forma deliberadamente confusa o a destiempo.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, se trata de un asunto de vital importancia ya que difícilmente podían los agentes de los Mossos incumplir unas órdenes que no se les habían dado de una forma clara, sin que pudieran prestarse a interpretaciones.
En todas las entradas que ha realizado a dependencias de la policía autonómica, la Guardia Civil ha encontrado la mayor colaboración y no se ha dado ningún caso en que los agentes hayan puesto la más mínima pega; todo lo contrario.
Con el fin de realizar la investigación con la prudencia necesaria, los miembros de la Benemérita acudieron a las dependencias de los Mossos vestidos de paisano y sin ningún tipo de dispositivo exterior que diera algún tipo de «espectacularidad» a lo que se estaba haciendo.
Por el momento, al estar secretas las actuaciones, se desconocen los resultados de los registros. Además, se están realizando los informes preceptivos para ser entregados a la autoridad judicial. El hecho de que, además de las órdenes emitidas (que se publicitaron y que parecían deliberadamente extensas), se hayan buscado las que no se dieron o se transmitieron sin la suficiente claridad y contundencia, puede dar un vuelco a todo este asunto. Habrá agentes que puedan ser acusados de no haber actuado con la suficiente diligencia el día del referéndum. En este sentido existen vídeos y partes de incidencias elaborados por Policía y Guardia Civil que han dado lugar a las actuaciones judiciales. Sin embargo, habrá que determinar si otros hechos respondían a una desobediencia de las órdenes emanadas de la Justicia o que éstas no se les habían transmitido con la suficiente claridad y firmeza. «Un agente no puede recibir una orden que no ha recibido de sus mandos inmediatos», subrayan las fuentes de la investigación.
Durante las entradas en las dependencias de los Mossos, los guardias civiles se incautaron de grabaciones y material escrito y no tuvieron ningún problema para acceder a las oficinas y otros locales que pudieran ser de interés para la investigación.
El último día del mes pasado, los agentes de la Unidad de Policía Judicial se personaron en ocho comisarías de los Mossos en Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Como habían hecho en ocasiones anteriores, en la sede central de comunicaciones, presentaron requerimientos en los que solicitaba información vinculada con el referéndum del 1 de octubre. En concreto, pedían que se les entregaran los datos de comunicaciones existentes en dichas unidades, como grabaciones, registros de llamadas o correos electrónicos.
Una de las comisarías a la que acudió la Benemérita fue la de la Plaza España de Barcelona. Tan sólo accedieron dos agentes de la Benemérita de paisano, que permanecieron poco menos de una hora. También fue objeto de requerimiento el complejo Egara, la sede central de los Mossos situada en Sabadell (Barcelona), así como en las salas de mando en las comisarías de Gerona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers, estas tres últimas en la provincia de Barcelona; Tortosa (Tarragona) y en La Seu d’Urgell (Lérida).
En fechas previas habían entrado en varias comisarías ilerdenses pero en aquella ocasión eran registros y no requerimientos. Las operaciones de la Guardia Civil fueron ordenadas por diversos juzgados provinciales y el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo de Carmen Lamela, que investiga al que fuera mayor de los Mossos, José Luis Trapero, hoy destinado a funciones meramente administrativas en la comisaría de Travesera de Gracia.
En caso de quedar acreditado que Trapero, y la cúpula que le acompañaba entonces, no trasmitieron las órdenes emanadas de la Justicia con la suficiente claridad, celeridad y firmeza, el asunto podría suponer, para los que se demostrara su incorrecta actuación, una serie de responsabilidades penales a las ya existentes.
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