Por
Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (ABC,
18/07/07):
Si
hubiera que hacer un balance de la política gubernamental en el curso de la
actual legislatura, sin duda deberían destacarse dos elementos: por una parte,
la existencia de una retórica impregnada del que Thomas Hobbes designaba como
«el discurso insignificante», es decir, de palabras carentes de sentido
intencionadamente orientadas a confundir a los ciudadanos mediante el uso de un
relato más bien indescifrable, a la vez que brillante; y por otra, la adopción
de decisiones con pretensión de irreversibilidad, las más de las veces apoyadas
en cambios legislativos, y orientadas a transformar el marco institucional de
las relaciones sociales.
Entre
estas últimas, sin duda, las de mayor relevancia son las que se han plasmado en
la reforma de los Estatutos de Autonomía, bajo el paradigma que representa el
de Cataluña, con la pretensión fundamental de establecer los fundamentos de una
transformación del Estado desde su actual configuración nacional unitaria y
políticamente descentralizada, a otra de carácter plurinacional basada en una
estructura de orientación confederal. Este cambio ha estado propiciado por las
excepcionales circunstancias que han concurrido en la legislatura presidida por
Rodríguez Zapatero, siendo las de más relieve las que aluden a un gobierno
minoritario guiado por el oportunismo y sustentado por un partido
ideológicamente débil que no ha sabido frenar sus iniciativas; a unos apoyos
parlamentarios de carácter nacionalista concedidos principalmente a cambio de
que se establecieran las bases del vaciamiento competencial del Estado; y a una
idea más bien ilusoria según la cual el proyecto de cambio en la configuración
factual del Estado dejaría sin argumentos a ETA y la abocaría al abandono del
terrorismo.
Pero,
más allá de la coyuntura política, es también evidente que aquellas decisiones
han podido tener recorrido como consecuencia del diseño mismo del sistema
político instituido con la Constitución de 1978.
Éste
dejó indeterminado el reparto del poder entre el Estado y las Comunidades
Autónomas al no cerrar la distribución de competencias entre ambas instancias
políticas y al dejar abierta la regulación de su financiación. Además, en
virtud de un sistema electoral proporcional basado en las circunscripciones
provinciales, propició un excesivo poder político de los partidos nacionalistas
al hacer de ellos un elemento ineludible para la configuración de las mayorías
parlamentarias.
Y,
aunque previó una potestad legislativa de armonización para el Estado y le dotó
a éste de una capacidad de intervención ejecutiva sobre los gobiernos
autonómicos para atajar el incumplimiento de sus obligaciones legales, lo
cierto es que tales competencias no se han ejercido, aún cuando ha habido
ocasión para ello, redundando así en un debilitamiento de la unidad
constitucional y del sentimiento de pertenencia nacional de los españoles.
No
cabe duda, por tanto, de que ese sistema contiene en su seno los incentivos
que, dependiendo de las circunstancias electorales y del oportunismo de la
minoría mejor situada para gobernar, dan entrada de un modo irrefrenable a los
intereses nacionalistas y, dado que éstos tienen un carácter independentista,
conducen a cuestionar sus fundamentos, singularmente en los terrenos del
respeto a los derechos individuales -tal es el caso del empleo del español como
lengua materna en el sistema educativo-, de la solidaridad entre las regiones
-al tratar de quebrar el sistema común de financiación de las Comunidades
Autónomas- y de la fortaleza del Estado basada en la unidad nacional de España.
Este
último aspecto puede parecer retórico, aunque su realidad material puede
palparse en aquella parte del territorio en la que, como pasa en amplias zonas
del País Vasco, la debilidad del Estado es manifiesta. La experiencia de muchos
vascos constitucionalistas señala que cuanto mayor es la presencia del Estado,
con su legalidad y sus instituciones, más amplio es el ejercicio de la
libertad. Y, por ello, es comprensible que, como señala la última encuesta del
Euskobarómetro, al plantearse la hipótesis de la independencia, más de un
tercio de los vascos piensen seriamente en abandonar la región. La disolución
de la unidad de España tal como se propugna por los defensores del Estado
plurinacional, será en este caso la puerta abierta a un inquietante proceso de
limpieza ideológica de la población vasca.
Otros
aspectos también relevantes de la regulación constitucional se han mostrado
problemáticos con el discurrir del tiempo. Entre ellos, se pueden mencionar la
cuestión de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona; el encaje
de España en la Unión Europea -y, con relación a éste, la participación
autonómica en los procesos de adopción de decisiones que afectan al ejercicio
de sus competencias-; la insuficiente independencia institucional del Consejo
del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional -así como el atasco de éste al
haberse convertido, en virtud de una inadecuada regulación del recurso de
amparo, en la última instancia judicial-; la inacabada conversión del Senado en
una auténtica cámara de representación territorial; la fragmentación autonómica
del sistema educativo -fuente, en parte, de su fracaso en la transmisión del
conocimiento y del bajo nivel formativo medio que alcanzan los escolares-; y la
desvertebración territorial asociada a las tensiones a las que se ve sometido
el ejercicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras
hidráulicas, de transporte y de comunicaciones.
En
definitiva, después de casi tres décadas de vigencia, la Constitución ha
entrado en una crisis que puede derivar en una transformación radical y no
consensuada del sistema político. Se plantea entonces la necesidad de
restablecer los fundamentos de éste apelando a los elementos esenciales del
pacto que logró establecerse con la desaparición del régimen franquista. Y,
para ello, resulta ineludible una reforma constitucional orientada a consolidar
el modelo de 1978 y a cerrar las vías que han conducido a socavarlo. Esa
reforma constitucional deberá entonces consolidar el Estado autonómico como un
Estado nacional unitario y políticamente descentralizado, redefiniendo y
cerrando definitivamente la distribución de competencias entre las distintas
Administraciones, suprimiendo la provisionalidad del estatus de Navarra y
convirtiendo el Senado en el órgano de participación de las Comunidades
Autónomas en las tareas legislativas del Estado. Asimismo, el sistema electoral
debe modificarse para garantizar la atención al interés general del país en la
formación de mayorías parlamentarias dentro del Congreso de los Diputados. Ha
de reforzarse también la independencia del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Constitucional con respecto a los poderes ejecutivo y legislativo.
La competencia sobre el recurso de amparo constitucional debe atribuirse al
Tribunal Supremo con objeto de dotar de una mejor funcionalidad al Tribunal
Constitucional.
Se
debe hacer una referencia, además, a la inserción de España en la Unión Europea
y abordarse la solución institucional a la participación de las Comunidades
Autónomas en la adopción de los acuerdos y decisiones europeos cuando afecten a
sus competencias.La reforma debe afrontar, igualmente, el problema del empleo
de la lengua española en todo el territorio nacional, garantizando el uso del
español en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y en el
sistema educativo, sin que ello obste para que las demás lenguas tengan el
mismo tratamiento en los territorios en los que se hablen. Y, finalmente, ha de
aprovecharse la tarea para consolidar la institución monárquica suprimiendo la
preferencia del varón en la línea sucesoria de la Corona.
Abordar
una reforma de esta envergadura requerirá el trabajo ímprobo de la construcción
de un consenso hoy inexistente entre los dos principales partidos políticos, el
PSOE y el PP, en respuesta a las que son demandas crecientes entre los
ciudadanos. Para ello, los dirigentes de esos partidos cuentan con el ejemplo
de los que, en 1978, les precedieron. Son ellos los que, como dijo una vez Jean
Cocteau, «sin saber que era imposible, fueron y lo hicieron».
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