Encontrar el modo de impedir que los separatistas puedan emplear el dinero público en subvencionar su movimiento cuando vuelvan a tener el poder es la clave para acabar con él.

2017-11-16

Entre las muchas contradicciones del golpismo separatista está la de que participa en unas elecciones que tacha de ilegales e ilegítimas. De haberse negado a concurrir a ellas y provocado una abstención cercana al setenta por ciento, el Gobierno de Mariano Rajoy se habría visto en un grave aprieto. Y el Gobierno resultante de ellas habría tenido un serio problema de legitimidad. Sin embargo, los independentistas, incluso los de la CUP, han decidido acudir a la convocatoria. ¿Por qué? Se dirá que porque creen que ganarán. Desde luego, pero hay más. Lo hacen sobre todo por dinero.

El oxígeno del independentismo catalán es el presupuesto de la Generalidad. Sin su control, los separatistas son incapaces de hallar financiación suficiente. Prueba de ello son las dificultades que está encontrando Artur Mas para reunir la suma que en concepto de fianza civil le exige el Tribunal de Cuentas. Si los que votaron a favor de la independencia de Cataluña el 1 de octubre hubieran aportado 2 euros y medio, el expresidente catalán no se vería en trance de tener que hipotecar su casa. El dinero donado por las asociaciones independentistas no vale porque lo que éstas reciben es sobre todo dinero público.

Los independentistas pueden estar más o menos inclinados a colgar la estelada en sus balcones, a acudir a manifestaciones de protesta, a obstaculizar la acción de la Justicia, a cortar calles y carreteras o a hacer escraches. Pero no a pagar el aparato de propaganda con el que el independentismo gana adeptos. Ese aparato está hoy financiado con el dinero de la Generalidad. Si los separatistas consintieran en perderlo por dejar de presentarse a las elecciones, no sólo las asociaciones independentistas morirían de inanición, sino que los medios de comunicación públicos dejarían de fomentar el odio a España y los privados sólo podrían seguir haciéndolo a su costa. Por eso no pueden permitirse el lujo de atenerse a sus principios y dejar de concurrir a unas elecciones que ha convocado el presidente del Gobierno de España artículo 155 mediante y no quien ellos sostienen que es el legítimo presidente de Cataluña. La cuestión es que, pasadas las elecciones, sobre todo si las ganan, ya no podrán continuar sosteniendo la ficción de que Puigdemont sigue siendo presidente de la Generalidad. Tras participar en la convocatoria, tendrán que aceptar la legalidad del presidente que salga de las urnas y reconocer la legitimidad de la aplicación del artículo 155, en base al cual se llamó a ellas. El motivo de tamaña falta de decoro no es otro que la necesidad ineludible que tienen de volver a apropiarse del dinero de la Generalidad.

Así que no parece que el movimiento independentista sea muy sólido cuando los millones de seguidores que dicen que tiene no están dispuestos ni siquiera mínimamente a financiarlo. En consecuencia, encontrar el modo de impedir que los golpistas puedan emplear el dinero público en subvencionar su movimiento separatista cuando vuelvan a tener el poder en Cataluña es la clave para acabar con él. Hay maneras de hacerlo, pero ésa es otra historia.