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El holding separatista suplica "generosidad" a sus bases para pagar las fianzas
La caja de resistencia de la ANC tirita tras cubrir a Forcadell; Mas pide 2,8 millones a los que votaron en el 9-N.
Las fianzas por los referéndums ilegales del 9 de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre pasado amenazan con quebrar la antaño poderosa trama de organizaciones separatistas. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) tiene una contabilidad cuando mínima dudosa y sin duda opaca.
La transparencia no es uno de los fuertes de la entidad que presidiera Carme Forcadell y ahora Jordi Sànchez. A mediados del proceso separatista, en los años 13 y 14, la ANC rebatió las acusaciones de estar financiada con fondos públicos alegando que el principal de sus ingresos procedía de las cuotas de los militantes, unos quinientos mil euros, del "merchandising", algo más de un millón, y 1.700.000 de donaciones empresariales. En teoría, ni rastro de subvenciones. No es el caso de Òmnium, cuyas campañas en favor de la imposición del catalán y otras iniciativas en favor de la "cultura catalana" cuentan el generoso aporte de ayuntamientos, diputaciones y Generalidad.
Sea como fuere, no es la primera vez que ANC y Òmnium tienen que hacer un fuerte desembolso imprevisto. A principios de año, a la ANC se le embargaron 246.559 euros a causa de una multa de la Agencia de Protección de Datos impuesta a las dos entidades de 440.000 euros por la recogida y uso de impresiones ideológicas de los ciudadanos. Poco después, en abril de este año, Protección de Datos volvió a multar a la ANC y Òmnium. Les obligó a pagar 90.000 euros por mantener una base de datos en los Estados Unidos.
En 2015, la ANC tuvo que pagar a Hacienda 180.000 tras una inspección. Según las cuentas de la organización, eso le provocó unas pérdidas de 132.000 euros en ese ejercicio pese a que ese año se jactaba de haber ingresado 5,5 millones por el mismo procedimiento de vender muchas camisetas, las cuotas de los socios y el poderío de los mecenas de la causa separatista.
Riesgo de quiebra
La cascada de fianzas en el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo amenaza ahora con quebrar a la ANC. Al pago de 150.000 euros para abonar la fianza de Carme Forcadell se suman los cien mil euros del total de las otras cuatro fianzas de los miembros de la mesa de la cámara catalana. Quedan pendientes 2,8 millones de euros a pagar la próxima semana que el Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas y el resto de los inhabilitados por el 9-N, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Según el antecesor de Puigdemont, ya han tasado y valorado sus pisos.
El jueves por la noche pasaba el platillo en la televisión del conde de Godó, en la que declaró: "Lo arriesgamos todo, desde el punto de vista de los ahorros, cuando con un poco de generosidad de los que fueron a votar aquel noviembre del 2014 el problema quedaría resuelto". Sobre el último gobierno de la Generalidad también planea la sombra de una fianza de 6,2 millones por los gastos de la organización del 1-O.
La caja de resistencia de la ANC está tiritando mientras que partidarios de Puigdemont agitan en redes una cuenta a nombre de Marcela Topor para ayudar a pagar los gastos del "exilio". La asfixia financiera sobrevuela sobre el holding separatista, que ha perdido el control de la Generalidad.
Subvenciones congeladas a los medios
La intervención de las cuentas autonómicas previa a la aplicación del artículo 155 causa también importantes problemas en las finanzas de algunos medios de comunicación catalanes. Economía digital informa de que el periódico "soberanista" El Punt Avui planea un ERE de 91 personas, el 40% de la plantilla por el cierre temporal del grifo de las subvenciones que esperaban cobrar a mediados de este mes. La medida afecta a todos los medios subsidiados con especial incidencia en el ámbito digital. A ello se suma la reducción de los presupuestos de publicidad de la entidades financieras y empresas que han cambiado de sede social.
El año pasado, El Punt Avui cobró de la Generalidad 650.000 euros en subvenciones directas y dos millones de euros en propaganda de la administración autonómica. El Punt Avui no llega a los diez mil ejemplares de venta diaria, unos doscientos menos que su inmediato competidor, el Ara, que en 2016 "sólo" obtuvo 1,2 millones de euros por inserción de publicidad institucional.
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