El imperio de la ley aplasta a los golpistas

Viernes 23 de marzo de 2018, 14:03h

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Al juez Llarena no le ha temblado el pulso y ha procesado por rebelión, delito castigado con 25 años de cárcel, al huido Puigdemont, al candidato a president, Jordi Turull; al líder de
ERC, Oriol Junqueras; al agitador de los mossos, Joaquim Forn; al malversador del dinero público, Raúl Romeva; a la última fugada de la Justicia, Marta Rovira, y a otros 8 dirigentes separatistas. El magistrado ha encarcelado a Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa, los cinco que han acudido este viernes al Supremo y ha dictado orden internacional de detención para los fugados. El resto, ya se encuentra en prisión preventiva.

A los responsables de organizar el referéndum ilegal, de malversar el dinero público, de proclamar unilateralmente la independencia, de saltarse un puñado de leyes y de pisotear la Constitución les ha caído encima todo el peso de la ley. El imperio de la ley los ha aplastado.

Nadie puede decir, aunque algunos lo digan, que en España el Estado de Derecho no actúa con independencia del poder político. Seguramente, el Gobierno hubiera preferido que Llarena hubiera sido más clemente, como en su día le interesó que los dirigentes separatistas no fueran encarcelados antes de la celebración de las elecciones del 21-D. De hecho, al PP, al margen de sus muchos errores en la gestión del desafío catalán, la decisión del magistrado le perjudicó en las urnas. Y este mismo jueves, el Tribunal Supremo rechazó la petición del Fiscal General del Estado de conceder la libertad provisional a Joaquim Forn.

Porque el juez Llarena, como la inmensa mayoría de magistrados en España, se limita a aplicar la ley con independencia de los sucesos políticos, por mucho que los separatistas y los populistas ataquen al Gobierno por judicializar la política. Otra cosa es que al Ejecutivo, en muchos casos, la Justicia le ha resuelto los embrollos que no había sido capaz de afrontar.

El separatismo, si no liquidado, se ha quedado descabezado. Otros vendrán a sustituir a los dirigentes procesados, tan independentistas como ellos. Pero a buen seguro que evitarán repetir los errores de sus antecesores no solo por el miedo a ser encarcelados, sino por la evidente inutilidad de desafiar al Estado. Pues se ha demostrado que Cataluña no va a lograr la independencia por mucho que se empeñen algunos.

Los casi dos millones de independentistas que han sido engañados por los dirigentes de sus partidos deben despertar de su ensoñación. Tienen que asumir que pueden ejercer su libertad ideológica, pero que nadie puede saltarse la ley. Y mientras esté vigente la Constitución actual, la unidad de España es sagrada. Hay que confiar en que los sucesores de los procesados aprendan la lección y se dediquen a trabajar por el bienestar de los catalanes en lugar de zarandear sus vidas y arruinarles. De momento, hay 155 para rato.