Representantes de los partidos de la oposición, de asociaciones de pacientes y de entidades cívicas han participado en la manifestación convocada por la plataforma Mos Movem bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas»
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Miles de personas, unas 3.000 según la Policía, han participado este domingo en Palma en la manifestación convocada por la plataforma Mos Movem (En Marcha) contra el futuro decreto lingüístico autonómico que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en Baleares. La marcha se ha iniciado a las doce de la mañana en la Plaza de España y ha recorrido algunas de las principales vías de la ciudad. El lema de la protesta ha sido «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». La primera movilización cívica de estas características tuvo lugar en diciembre del pasado año en Menorca, con la asistencia de unas 2.000 personas.
Las portavoces de Mos Movem, Úrsula Mascaró y Manuela Cañadas, han hecho una valoración muy positiva de la respuesta ciudadana conseguida. La protesta se ha desarrollado en un tono festivo, con gran presencia de globos y de batas blancas. En la marcha ha habido además críticas contra el catalanismo. «¡Sentimiento balear!», «¡Somos baleares, no catalanes!» o «¡Las islas unidas, ni catalanas ni sometidas!», han coreado en diferentes momentos los asistentes.
A lo largo de la manifestación se han escuchado como principales consignas, «¡Azo, azo, azo, fuera el decretazo!», «¡Armengol, dimisión!» o «¡El decretazo merece un carpetazo!».
La movilización de esta mañana ha contado no sólo con la participación de miles de personas anónimas, sino también con la presencia de los líderes regionales de las principales formaciones políticas hoy en la oposición, así como representantes de diversas entidades cívicas y asociaciones de pacientes, como la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares o la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA).
Entre los asistentes a dicha marcha se encontraban, entre otros, el presidente del PP balear, Biel Company; el portavoz de Cs en el Parlamento regional, Xavier Pericay; el presidente del nuevo partido Actúa Baleares, Jorge Campos; el senador del PP y expresidente balear, José Ramón Bauzá, o el presidente de Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro. La marcha ha concluido poco después de la una, ante el Consulado del Mar, sede del Ejecutivo autonómico.
Pros y contras del decreto
Cabe recordar que el futuro decreto lingüístico fue aprobado de manera inicial el pasado 9 de febrero en la Mesa Sectorial de Sanidad. Para su entrada en vigor ya sólo hace falta el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo —no vinculante— y su aprobación por parte del Govern. En la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol, con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.
Según establece el texto aprobado hace diez días, para poder presentarse a oposiciones en la sanidad pública balear finalmente no será necesario tener ninguna titulación específica previa de catalán. Esto supone un cambio significativo con respecto al contenido del primer borrador del decreto y a la postura oficial mantenida en estos últimos meses por el Govern, que consideraba innegociable el requisito del catalán. En el primer borrador del decreto estaba además previsto que los médicos y los enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán, pero finalmente será suficiente ahora con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma.
En la nueva y definitiva versión del decreto, la preceptiva titulación lingüística se podrá conseguir en un plazo de dos años a partir del momento en que un profesional haya conseguido una plaza en las oposiciones a las que se haya presentado. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no podrá participar entonces en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores.
Una larga polémica
La polémica lingüística en la sanidad pública balear se inició el pasado año. En agosto, el Servicio de Salud —en manos del PSOE— había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un decreto. A partir de ese momento surgió y fue cobrando fuerza un sentimiento de rechazo político y social ante la posibilidad de que se pudiera acabar exigiendo el catalán a los profesionales que quisieran trabajar en la sanidad isleña. Tanto el PP y Cs como diversas entidades y asociaciones de pacientes pidieron en reiteradas ocasiones a Armengol que no se aprobase un decreto de esas características.
Aun así, el primer borrador del decreto fue aprobado por la Mesa Sectorial de Sanidad en noviembre del pasado año, con la oposición frontal de los dos principales sindicatos de médicos y de enfermeros, Simebal y Satse, respectivamente. Mientras eso ocurría, por su parte el PSOE y MÉS no lograban ponerse de acuerdo sobre cuál debería de ser el contenido exacto del decreto. Tras varios meses de desencuentros entre socialistas y ecosoberanistas en relación a este asunto, y después de que Armengol hubiera amagado con no aprobar ningún decreto, ambas formaciones pactaron hace dos semanas un texto de consenso, que es el que fue aprobado inicialmente hace diez días en la Mesa Sectorial de Sanidad y que entrará ya en vigor dentro de unas semanas.
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