Las lenguas, lo diga o no el Tribunal Constitucional, no tienen necesidades, ni pueden estar en situación de desventaja. Eso solo se puede predicar de las personas.
Vuelve a estar de actualidad el debate sobre los modelos lingüísticos que se están aplicando en las comunidades bilingües. Realmente sorprende que no haya llamado hasta ahora más la atención el hecho de que en algunas partes de España se estén aplicando modelos sin parangón en el mundo civilizado que, además de ser lesivos para el aprendizaje de muchos niños, lo son para la preservación de la unidad nacional.
Por otra parte, tengo la impresión de que un número significativo de opiniones que se están publicando sobre la cabida que tienen los derechos lingüísticos en la legislación española, en lugar de arrojar claridad sobre el asunto, vienen en añadir oscuridad y confusión. El resultado, buscado o no, es que se traslada a la opinión pública que nuestra Constitución aborda la cooficialidad de manera tan críptica que es necesario perderse en una maraña de interpretaciones para intentar averiguar si esto tiene remedio, si habremos de conformarnos con un miserable tanto por cien de enseñanza en español o si, por el contrario, los padres de la Constitución tuvieron a bien que se pudiera escolarizar a los niños en la lengua común de nuestro país.
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