Antonio García Trevijáno
02.12.2013
El Confidencial
El próximo viernes se cumplirán 35 años
del mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia.
Nos referimos a la llamada Constitución,
que no es tal, sino en realidad la Ley Fundamental de la Monarquía de Partidos.
En ella se establecen las directrices para vaciar de competencias al Estado
central a través del reparto autonómico.
Para que ese reparto y el del inmenso
botín económico que suponía se hicieran con normalidad, se necesitaba una ley
electoral que, en lugar de ser representativa de la sociedad civil, lo fuera de
los jefes de partido que hacen las listas.
Y para no dejar ningún cabo suelto,
impusieron en la Constitución la no separación de poderes estatales,
poniéndolos en manos del ejecutivo.
El poder legislativo y el judicial
quedaban así sometidos al poder ejecutivo, lo que garantiza a este la total
impunidad ante la corrupción, la malversación de fondos públicos, el nepotismo
más absoluto y la prevaricación.
El primer agente de esta oligarquía, el
rey Juan Carlos, traicionó a su padre y a Franco.
La clase franquista traicionó a Franco
para sobrevivir y participar en el reparto del botín con los nuevos allegados.
Estos, la nueva clase política
procedente de la ilegalidad, descubrirían de pronto que si también ella
traicionaba a sus principios ideológicos, con los que había tenido que vivir
pobremente en la sombra, también podrían participar del botín y enriquecerse
sin riesgo alguno a costa de los demás.
La Carta Magna fue el resultado de un
simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la libertad política
constituyente y a la unidad de España
El segundo agente, el presidente Suárez,
fue tres veces traidor: traicionó los principios del Movimiento Nacional, a los
españoles no permitiendo que alcanzaran la libertad política y a España,
dividiéndola en diecisiete trozos, contrarios todos ellos a la realidad histórica
y objetiva de la Nación.
En el caso del PSOE de Felipe González,
un diseño de partido de 'izquierdas' realizado por la CIA a través de Willy
Brandt para frenar al comunismo, renegó de sus principios marxistas y desde el
poder traicionó a la clase obrera en favor de las elites financiera y
mediática. Miguel Boyer les entregó los monopolios públicos por la décima parte
de su valor.
Con estos mimbres, la Carta Magna fue el
resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la
libertad política constituyente y a la unidad de España.
La Constitución de 1978 ha destruido la
unidad administrativa del Estado, la unidad de mercado, todas las referencias
éticas en lo público y las morales en lo privado, ha aniquilado el sentimiento
patriótico de España y suprimido la representación política de los ciudadanos.
Asesinos de la libertad
Los autores de este engendro son
auténticos criminales de la paz, porque no hay mayor delito que el de matar las
esperanzas de libertad de un pueblo que llevaba casi 40 años sin conocerla.
Fue el asesinato de la libertad
colectiva y el abuso sin medida de las libertades individuales por parte de los
oligarcas.
Los culpables visibles de esta traición
a todo un pueblo fueron siete, queden sus nombres en la historia negra para
vergüenza de sus descendientes y desprecio de las generaciones futuras, porque
aunque eran sólo los 'chicos de los recados', ya que la Constitución les fue
dictada, se prestaron a representar y avalar la farsa infame que supuso todo el
proceso.
Gabriel Cisneros (UCD)
Miguel Herrero de Miñón (UCD)
José Pedro Pérez Llorca (UCD)
Gregorio Peces Barba (PSOE)
Miguel Roca (Pacto Democrático por
Cataluña)
Jordi Solé Tura (Partido Comunista de
España)
Manual Fraga (AP)
En los artículos de contenido social, la
Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples
deseos de bienestar.
Los verdaderos artífices fueron sus
jefes políticos, Adolfo Suárez por un lado, y Felipe González por otro, y más
directamente sus respectivas manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra,
que discutían y pactaban en secreto todo lo esencial, completamente al margen
de los ciudadanos, a los que no se consideraba dignos de conocer cómo se estaba
decidiendo su destino..
En particular, pactaron la monarquía de partidos estatales, donde
todo el poder se reparte en exclusiva entre las agrupaciones políticas, aunque
el Rey siempre conservó el derecho de designar ministros por vía de pasillo.
En los artículos de contenido social, la
Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples
deseos de bienestar. Los partidos estatales basaron su propaganda demagógica en
estas simplezas utópicas que ninguna constitución seria puede albergar, pues
son engaños siniestros. “Los españoles son iguales ante la ley”, mentira: el
Rey, los partidos, y los jueces demuestran a diario este colosal engaño. “Todos
los españoles tienen el derecho al trabajo y una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mentira: las estadísticas
millonarias de paro y pobreza evidencian tan escandaloso embuste.
“El derecho a una vivienda digna y
adecuada”, mentira. Familias hacinadas en una sola habitación, sin agua ni
electricidad, dos millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas,
y más de 400.000 desahuciadas prueban no sólo la falsedad, sino la maldad de
esta norma contraria a la normativa
europea. “La independencia de la Justicia respecto a los órganos
políticos”, mentira. PP y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los
rectores de la judicatura para que los jueces no persigan la corrupción
política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.
PP y PSOE, sin recato ni vergüenza
alguna, nombraron a los rectores de la judicatura para que los jueces no
persigan la corrupción política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni
ordenamiento jurídico.Al menos, el régimen de Franco cumplía las normas
administrativas y civiles. Hay infinidad de pruebas, entre ellas, por ejemplo,
la sentencia del Supremo que el abogado Trevijano ganó al Estado franquista y a
la presión de Carrero Blanco logrando una fuerte indemnización (11.000 millones
de euros en valor actual) por el cierre ilegal del diario Madrid. Hoy eso sería
inconcebible, ¿imaginan Uds. al actual Tribunal Supremo obligando a indemnizar
al Estado con 11.000 millones de euros por el cierre ilegal de un periódico?
Los españoles ni siquiera pueden
concebir el daño que está causando a nuestra economía la falta de seguridad
jurídica. Otras mentiras escandalosas de la Constitución se comentan por sí
mismas: “El Estado debe garantizar una redistribución de la renta más justa”,
pero tenemos la más injusta de Europa; “ninguna autoridad podrá adoptar
legislaciones para obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento”,
cuando todos los caciques locales lo hacen; “todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado”, un rimero de
mentiras y así todo lo demás.
“Los españoles estuvieron a la altura de
las circunstancias”, afirmó cínicamente el Rey después de la aprobación de este
engendro. Los españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como
un rebaño de borregos que fueron a votar su propia ruina y la de sus hijos,
haciendo lo que les dijeron los capos de la nueva mafia política oligárquica,
un nuevo “vivan la caenas” en versión moderna.
La opereta de Tejero aborta el “golpe de
timón”
A pesar de que esta nueva Ley
Fundamental del Reino llamada Constitución estaba concebida, única y
exclusivamente, para satisfacer las ambiciones siempre desaforadas de la
oligarquía política, financiera y mediática, la convicción de que sólo el
Ejercito podía acabar con ETA, que se estaba saciando a asesinar y secuestrar, junto a la idea transmitida por
Alfonso XIII a sus descendientes de que la monarquía no podría asentarse en
España hasta que gobernara con el partido socialista, determinaron la decisión
del Rey de “dar un golpe de timón”.
Para ello exigió la dimisión a un presidente
del Gobierno, Suárez, que nunca dio la talla, pero se mantuvo en el poder
político mientras le quedaba algo que regalar (legalizaciones y autonomías). El
Rey quería un Gobierno de militares y socialistas presidido por el general
Armada, quien ya había pactado las bases del mismo en la reunión de Jaca con el
socialista Enrique Múgica, supuestamente autorizado por Felipe González.
El hecho de que la radio y la televisión
continuaran transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo
entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a
nivel internacional.
Pero los golpistas del 23-F fueron
víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de
las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un
Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre.
En una entrevista radiada la pasada
semana con el señor Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo
sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante
su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama.
Según este coronel, el Rey dio marcha
atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le
obedecía.
Además, el hecho de que la radio y la
televisión continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y
el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente
infumable a nivel internacional.
En otra entrevista realizada en la COPE
por César Vidal al coronel Perote del CESID, que vivió en directo todo el
asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las
cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda: “Armada habría
salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.
Milán del Bosch, que ya había sacado los
tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del
monarca en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada.
El jefe de la Casa Real, Sabino
Fernández Campos, cuando fue expulsado de su cargo por el Rey, le contó a
Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado
el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general
Armada, que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su
capitán general.
Y -continúa el general Fernández Campos-
“tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió “dígale que
estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente
sucedió.
Fernández Campos le contó también a
Trevijano que, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de
servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable
enviado por el Rey a Milán del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar
marcha atrás”.
Se refería a la suspensión de la
operación político-militar promovida por la Corona.
Milán del Bosch, que ya había sacado los
tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del Rey
en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada.
En el 23-F los militares pagaron el
pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había
mas civiles que militares. Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor
causa todos mantuvieron la boca cerrada.
A día de hoy, el Estado de las
autonomías ha destruido la unidad de la conciencia de España; arruinado la
economía nacional, destruido la clase media, que lo tiene más que merecido por
ser el principal sostén de estos miserables; convertido en mileuristas o menos
al 60% de los trabajadores ocupados y llevado a la pobreza y al hambre a mas de
tres millones de españoles. Y lo único seguro para 2014 son nuevos recortes -
pensiones, salarios y desempleo - y más injusticia social, mientras Gallardón y
el ministro del Interior siembran las semillas de un regreso al autoritarismo y
de un recorte, esta vez, de las libertades personales.
(*) Antonio García Trevijano es abogado
y escritor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario