miércoles, 28 de octubre de 2015

Ley de Defensa de la República

La ley que ayer aprobó la Cámara para reforzar la de Orden público es la siguiente:
(El Sol, de 21 de octubre de 1931.) 
«Artículo 1.: Son acto de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:
1.: La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad.
2.: La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados o entre éstos y los organismos civiles.
3.: Difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público.
4.: La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades por motivos religiosos, políticos o sociales o la incitación a cometerlos.
5.: Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado.
6.: La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.
7.: La tenencia ilícita de armas de fuego o sustancias explosivas prohibidas.
8.: La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase sin justificación bastante.
9.: Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial; las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación.
10. La alteración injustificada del precio de las cosas.
11. La falta de celo, la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.

Art. 2.: Podrán ser confinados o extrañados por un período no superior al de la vigencia de esta ley o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números 1 al 10 del artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número 11 serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones.

Art. 3.: El Ministro de la Gobernación queda facultado:
1.: Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública.
2.: Para clausurar los centros o Asociaciones que se consideren incitan a la realización de actos comprendidos en el artículo 1.: de esta ley.
3.: Para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la ley de Asociaciones.
4.: Para decretar la incautación de toda clase de armas o sustancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.

Art. 4.: Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley.
Para aplicarla el Gobierno podrá nombrar delegados especiales, cuya jurisdicción alcance a dos o más provincias.
Si al disolver las Cortes constituyentes no hubieran acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.»

(El Sol, de 21 de octubre de 1931.)

¿Cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución?

RAJOY: RESPUESTA CONTUNDENTE

Hay que negociar hasta la extenuación pero no valen ya las medias tintas. Mariano Rajoy ha hecho bien en llamar a Pedro Sánchez y Albert Rivera y también en anunciar su decisión de enfrentarse al desafío secesionista del Parlamento de Cataluña
Sería conveniente no necesitar el artículo 155 de la Constitución, que avala la suspensión total o parcial de la Autonomía de cualquier Comunidad española en caso de incumplimiento de la ley. Pero si fuera necesario hacerlo, el pulso no le puede temblar al presidente del Gobierno.
Cualquier muestra de debilidad sería aprovechada por los secesionistas catalanes para instalarse en los hechos consumados.
La reacción del Gobierno no se puede quedar en declaraciones teóricas. Es necesario que se tomen medidas contundentes dentro de la ley y, por supuesto, con la obligada prudencia.
Las espadas están en alto.
A Mariano Rajoy le corresponde defender la unidad de España, consagrada por la Historia y la Constitución, que los españoles, y entre ellos los catalanes, votaron en 1978.
No se puede dar un paso atrás si se quiere evitar la gran catástrofe política e histórica.

RESPONDIENDO AL DESAFÍO

JOSÉ MARÍA CARRASCAL
La serenidad es más necesaria que nunca, así como la firmeza
A primeras horas de la tarde del 14 de abril de 1931 justo cuando en España se proclamaba la Segunda República Francesc Macià salía al balcón del Palau de la Generalitat en Barcelona para proclamar «la República Catalana y el Estado Catalán dentro del Estado Federal Español».
 A primeras horas de la mañana de ayer, 27 de octubre de 2015, Junts pel Sí y la CUP presentaban en el Parlament un proyecto de resolución para «iniciar el proceso de ruptura con España y la creación de un Estado catalán, con forma de república».
 No contentos con ello, advertían que no se supeditarían a los dictados de ninguna de las instituciones del Estado español, especialmente el Tribunal Constitucional, que consideran «deslegitimado». Todo ello tras un «¡Viva la República catalana!».
Si el desafío de 1931 pudo ser detenido con toda clase de promesas, entre ellas la de un estatuto que obtuvieron, pero no se impidió que el 6 de octubre de 1934 se anunciase desde el mismo balcón la independencia, obligando al Gobierno de la República a declarar el «Estado de guerra» y a emplazar un cañón frente al Palacio de la Generalitat, el de ayer va a responderse con «todos los instrumentos jurídicos y legales que ofrecen la Constitución y la ley», según el presidente del Gobierno, que no dejó dudas sobre su determinación de contestar a esta «provocación», su palabra, con toda contundencia.
 ¿Cuáles son esos instrumentos?
Pues imponer la legalidad sobre la ilegalidad, ya que el Parlament catalán no tiene potestad sobre el Parlamento español, hacer obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional ahora se ve la oportunidad de haberle dado poderes coercitivos para ello y, si es preciso, suspender de funciones a cuantos traten de saltarse las leyes a la torera, aunque no sean taurófilos.
 Estamos en el último acto del ya demasiado largo «problema catalán», y esperemos que se cumpla la profecía de Marx «la historia se repite, primero como tragedia, luego como comedia».
 Claro que esos que intentan ponerse la ley por montera temen no sólo por su cargo, sino también por su hacienda, y van a hacer lo posible y lo imposible para que no se cumpla.
Que su desafío haya coincidido con el registro de innumerables despachos de personas unidas íntimamente al movimiento independentista tiene, como dicen, mucho que ver con ello.
Pero no por haber sido fomentado por el Gobierno español, sino por la denuncia de una concejal de ER en Torredembarra, Monserrat Guscal, y llevado por un juez de Vendrell, Josep Bosch.
 Un Estado catalán les libraría a todos ellos de haberse llevado el dinero público a mantas, de lo que no hablan para nada, siendo tal vez lo más importante.
La serenidad es más necesaria que nunca, así como la firmeza, tanto para defender lo que es de todos como para unir fuerzas contra los que intentan desunirnos.
 Cataluña no son sólo los separatistas. Son millones de catalanes acallados durante décadas a quienes intentan secuestrar.
 Digna de notar es la actitud de Pedro Sánchez de respaldar a Rajoy.

 Parece haberse olvidado de que pactaría con todos menos con Bildu y el PP. Pero más vale tarde que nunca.

viernes, 23 de octubre de 2015

Josep Tarradellas y Jordi Pujol: Enemigos íntimos

Un libro recoge una serie de documentos inéditos en los que el presidente de la Generalitat en el exilio habla de sus discrepancias con quien acabaría sucediéndolo en el cargo
Víctor Fernández.  Barcelona.
Josep Tarradellas y Jordi Pujol: Enemigos íntimos
Encuentro en el destierro.
Josep Tarradellas, entre Jordi Pujol y Josep Fornas, en Besiers, en 1970. La relación entre los dos políticos empezaba a ser especialmente mala
No es ningún secreto exponer que las relaciones entre Josep Tarradellas y Jordi Pujol no fueron buenas
 Quienes fueron presidentes de la Generalitat no simpatizaron, como lo demuestran sus evidentes discrepancias.
Pero nos faltaban los documentos que pudieran certificar la evidencia.
Desde hace unos años, Edicions Dau está publicando los papeles personales de Tarradellas en una colección de la que ya se han publicado cuatro tomos.
Los dos últimos, realizados por Carlos Santacana, bajo el cuidado de Ton Barnils y Montserrat Catalan, están centrados en los años del exilio.
Es precisamente en el segundo de estos tomos, que fue presentado ayer por sus autores en Barcelona, donde podemos conocer algo más de los vínculos entre el hombre que defendió el legado de la Generalitat en el destierro y quien lo sucedió, ya en democracia, al frente de la histórica institución.
Son apuntes personales y privados, a los que se les suma la correspondencia cruzada entre los dos políticos.
Vayamos a las notas personales de Tarradellas donde recogió de manera meticulosas sus encuentros, viajes e impresiones personales y políticas.
 Existe una entrada, del 6 de mayo de 1970, donde hay una interesante impresión sobre Pujol y que en aquel momento positiva, aunque con matices.
Acababan de encontrarse en Narbona con el editor y político Josep Fornas, colaborador de Tarradellas en el exilio.
«Fervorós patriota, bona persona, intel·ligent, ben assabentat del passat, etc., però molt influït per la gent que l’envolta i no es dóna compte que l’adulen i l’enganyen. Creu, per exemple, possible que es sigui franquista i a la vegada nacionalista català, etc.», escribe el presidente de la Generalitat en el exilio.
Pese a todo, hay espacio, como apunta Tarradellas, para el entendimiento, aunque acaba resultando evidente «la seva manca experiència política».
Eso no es un obstáculo, según estas notas, para que puedan encontrarse en el futuro vías de entendimiento entre las dos partes. Hay, como él dice, motivo para el optimismo.
Curiosamente el documento también contiene un breve retrato sobre Marta Ferrusola, esposa Pujol, diciendo de ella que es «intel·ligent, té bon sentit, és moderada i ben educada. Això, encara que no ho sembli, crec que és molt important».

El mismo año, el 26 de julio, Jordi Pujol vuelve a surgir entre las notas personales de Tarradellas.
La disparidad de opiniones es más evidente que nunca después de pasar unos días con él en París. «El resultat de les converses que hi vaig tenir és ben lamentable. Vàrem parlar extensament el dilluns a la tarda i després a la nit. És impossible anotar el que vàrem parlar, doncs es pot dir que no deixàrem al marge cap dels nostres problemes i anhels. El seu pensament és ben difícil de definir, doncs, si d’una banda tot dóna a pensar que té els mateixos sentiments nacionalistes de deu anys enrere, de l’altra es fa difícil comprendre els seus constants elogis a l’Opus Dei i als L. López Rodó, Porcioles i principalment a l’Andreu Ribera».
Ferrusola fue testigo de esta serie de entrevistas, tal y como se constata en las notas. En un momento de la conversación, la esposa de Pujol asegura que «això que li diu vostè és el mateix que jo i el seu pare li diem». «Vaig dir-li –dice Tarradellas–que, si era així, digués al seu sogre el meu pensament. Aleshores, Jordi Pujol, tot irritat, va dir: “No fotem, només faltaria això. Que el pare sabés el que pensa de mi el president”».

Todo fue mal en esa serie de diálogos porque «en fi, no comprenc ni el pensament ni el que es proposa en Jordi Pujol, ni el que realment és políticament». Incluso la despedida fue fría porque Pujol quiso que Tarradellas cediera su biblioteca y su valioso archivo a una fundación privada creada por el futuro presidente convergente y los suyos.

En las mismas página hay casi un aviso a navegantes de lo que vendría en el futuro: «D’ençà que en Jordi Pujol es considera un gran banquer sense segurament donar-se’n compte, les seves idees polítiques no tenen res a veure amb les de la seva joventut.
 Quan parla dels comunistes de casa nostra, diu que són diferents dels altres països perquè “els nostres”, a més a més, són “nacionalistes catalans”.
 Aquesta afirmació és infantil o és per amagar aquella convicció que té que es pot ésser “nacionalista català” i fer l’elogi del règim, com ell fa ben sovint!»
Incluso llega a recordar las palabras que en su día le dijo el historiador Jaume Vicens Vives, advirtiéndole que «malgrat que ho dissimulava molt bé, és un intolerant i un fanàtic. Fins ara no m’ho havia cregut, però, després del que ha passat en aquest seu darrer viatge, ho començo a creure».
A Tarradellas le disgustaba profundamente el Pujol metido en negocios, especialmente como banquero. De alguna manera, incluso parece que adivinó el futuro. «Les meves temences que Banca Catalana un dia tindrà una forta ensopegada són avui més convincents que mai si tinc en compte el que em va dir i el que sé! Voldria que el temps no em donés la raó en tot el que dic, però avui sóc francament pessimista per Catalunya. El trio Montserrat, Òmnium Cultural i Banca Catalana té un mateix pensament i facilita l’acció a tots els que voldrien ensorrar el país. El trist de tot això és que són tan babaus que es creuen el contrari».
En el volumen también podemos encontrar algunos ejemplos de la correspondencia mantenida entre los dos políticos, al igual que también hay cartas cruzadas con Josep Pla, el abad Aureli Escarré, Salvador Espriu, Pere Bosch i Gimpera o Frederic Rahola.
Gracias a estas cartas, por ejemplo podemos saber en 1973 Jordi Pujol donó a la Generalitat en el exilio 250.000 pesetas. Por su parte, a Tarradellas le preocupa en una de estas notas le papel de la burguesía catalana en los últimos años del franquismo, acusándola de moverse en «el més carrincló provincialismes que em recorda el temps, en un cert ordre de coses, d’en Planas i Casals».

Josep Tarradellas y Jordi Pujol: Enemigos íntimos
Un informe confidencial
En noviembre de 1976, el entonces vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio, y Manuel Ontínez, hombre de confianza de Tarradellas, se reunían con el presidente de la Generalitat en el exilio en su domicilio francés de Saint-Martin-le-Beau.
Posteriormente un militar, Andrés Cassinello Pérez entregó a Tarradellas una copia del informe resultante de aquella entrevista, una de las piezas claves en los primeros momentos de la historia de la transición política tras la muerte de Franco.
De este documento de primer orden, inédito hasta la fecha, el mismo Tarradellas guardaba copia: «El ambiente y trato durante la reunión fueron muy amistosos, ofreciendo un almuerzo en su casa. Tono afectuoso, sencillo, directo».
Osorio apuntó algunas de las frases que Tarradellas había pronunciado en aquel encuentro y retrata al político como alguien que cree que «Cataluña no debe ser “incordiante” en el conjunto político español, sino colaborar para resolver los problemas nacionales.
Se considera un español más dispuesto a colaborar con el Gobierno en el poder para la orientación y solución de los problemas de la transición.
 Admira al presidente Suárez y a su equipo, que considera que no ha tenido ningún error importante.
Es anticomunista profundo y de ello hace un principio fundamental.
En la gran confusión política de la Cataluña actual, las llamadas “Asamblea” y “Consell” pueden darse prácticamente por liquidadas. Solo queda como institución la Presidencia de la Generalidad».
A Osorio no se le escapa aconsejar que «el P. de la G. [President de la Generalitat] acatará los tres fundamentos del régimen futuro: Rey-Ejército-Unidad. Lo que también parece también evidente es que el destinatario de este informe era Adolfo Suárez.
Josep Tarradellas y Jordi Pujol: Enemigos íntimos  http://www.larazon.es/local/cataluna/josep-tarradellas-y-jordi-pujol-enemigos-intimos-PD11033972#Ttt1tAf2RRbvF9eV

lunes, 19 de octubre de 2015

Interesante






Liberalismo económico



Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo británico.
En su tratado Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, (más conocida por su nombre abreviado de La riqueza de las naciones (1776), constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico de la industria y el comercio entre los países europeos,
Creo la base de la moderna ciencia de la economía.
En La riqueza de las naciones, Smith realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de la riqueza.
 Demostró que la fuente fundamental de todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación entre la renta, los salarios y los beneficios o ganancias.
La mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno, es decir, en condiciones de laissez-faire (libertad económica y libre competencia entre particulares) y de librecambio (libertad para comerciar con otros países).
 Proponía la no intervención del Estado en la vida económica, reduciendo su papel al de mero árbitro de la actividad económica general, garantizando el orden público y la paz social, así como un sistema de justicia capaz de hacer cumplir las leyes. Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista,
 Smith estableció el principio de la “mano invisible”: que regulaba las relaciones del mercado y evitaba cualquier competencia desleal entre los individuos y la propia intervención del Estado.
Al buscar satisfacer sus propios intereses, todos los individuos son conducidos por una “mano invisible” que permite alcanzar el mejor objetivo social posible (la suma de los egoismos individuales, conduce al bien público).
 Por ello, cualquier interferencia en la competencia entre los individuos (y las empresas) por parte del gobierno será perjudicial.
 Estos principios constituyen un "ideal económico" que, en condiciones reales, no siempre se dan. en todo caso, hay que considerar que estas ideas sentaron las bases del pensamiento económico liberal, que se extenderá por todo el mundo al compás de la industrialización (s. XIX-XX).
Smith fue considerado el padre de la economía liberal capitalista, pero hubo otros pensadores que realizaron importantes aportaciones teóricas a la doctrina económica liberal; podemos citar a:
Thomas R.Malthus, que en su obra: Teoría sobre la población, ofrece una visión pesimista sobre la economía.
David Ricardo, que formuló la llamada ley de bronce de los salarios: los salarios deben ofrecer sólo lo necesario para la subsistencia de los obreros.
Jhon Stuart Mill, menos pesimista que los anteriores. En su libro Principios de la economía política (1848), indicó que la distinción entre las leyes de la producción que comparten el carácter de leyes físicas y la distribución de la riqueza, es solamente una consecuencia de las instituciones humanas (el derecho de propiedad, de herencia, sistemas de posesión de la tierra, etc.).


El liberalismo económico se convirtió en la ideología explicativa del capitalismo o economía de mercado, llegando hasta nuestros días..

martes, 13 de octubre de 2015

Manifiesto de los 2.300

Barcelona, 25 de enero de 1981.

Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vean gravemente amenazadas.

No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua (derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía), están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala en cuanto alguien hablaba en castellano; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad; proyectos de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, etc.

Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter general y no jurídico-, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada si las instituciones no reconocieran -de hecho- la oficialidad de su lengua. El principio de cooficialidad, pensamos, es jurídicamente muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas.

No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etc. La cultura en castellano empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las más mínimas condiciones sociales, materiales e institucionales que posibiliten el desarrollo de su cultura.

Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes «no tienen cultura» y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común.

Que una desgraciada situación económica y social obligue a ciento de miles de familias a dejar su tierra, es ya lo bastante grave como para que, además, quiera acentuarse su despojo con la pérdida de su identidad cultural. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad el remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la cultura que sus padres tuvieron o debieron tener. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder a la cultura mediante ese vínculo afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo: su lengua. Que este principio pedagógico elemental tenga que ser hoy reivindicado en Cataluña prueba nuevamente la gravedad de la situación.

Resulta, por tanto, insostenible la torpe maniobra de pretender que esa inmensa mayoría de emigrantes, que comparte la lengua castellana, no forma una comunidad ling|ística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducidas a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Valencia y Baleares -unidad si acaso, menor que la de las diversas hablas del castellano- resultaría risible si la intención no fuera disgregar esa conciencia cultural común. ¿Habrá que recordar que pertenecemos a una comunidad ling|ística y cultural de cientos de millones de personas y que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos? ¿En virtud de qué principio puede negarse a los hijos de los emigrantes de cualquier lugar de España el acceso directo a esa lengua y a ese patrimonio cultural? ¿Acaso en nombre del mismo despotismo que pretendió borrar de esta misma tierra una lengua y una cultura milenarias? La historia prueba que esto fracasa.

No parece, por tanto, que la integración que se busca pretenda otra cosa que la sustitución de una lengua por otra, sustitución que ha de realizarse «de grado o por fuerza», como se empieza a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición según los casos, procurando, eso sí, que el proceso sea «voluntariamente aceptado» por la mayoría. Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas-, sino que, de ser cierto, legitimaría el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.

Se suele presentar en contra de las afirmaciones dichas hasta aquí, el hecho conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, televisión, prensa), siguen expresándose en castellano, por lo que esta lengua no corre ningún peligro. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano; si acaso, sería deseable que su castellano fuera mejor y que no informaran tan poco y tan mal sobre la comunidad de lengua castellana y sus problemas. Lo único negativo sería que no se crearan otros tantos medios, o más, de expresión en catalán.

Por otra parte, de esta falta de medios de comunicación en catalán no son responsables los castellanohablantes. Póngase remedio a esta situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer y desprestigiar la lengua castellana. Se evidencia cierta falta de honestidad para afrontar las verdaderas causas ling|ísticas, culturales y políticas que puedan impedir el desarrollo de la cultura catalana en este intento de culpabilizar a los castellanohablantes de la situación por la que atraviesa la lengua catalana. Hay, por ejemplo, razones comerciales evidentes a las que nunca se alude y cuya responsabilidad no recae precisamente en los no catalanes.

No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes. El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la Generalidad quieren dar una respuesta seria y responsable. No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social biling|e, mediante la aplicación estricta del derecho inalienable a recibir la enseñanza en la propia lengua materna en todos los niveles. El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanoparlantes.

De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán -no del catalán, que indudablemente sí defendemos-, los hijos de los emigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un «trauma» cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción y comprensión.

Se intenta defender la enseñanza exclusivamente en catalán con el argumento falaz de que, en caso de que se respetara también la enseñanza en castellano, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en castellano y catalán, para demostrar lo cual bastaría hacer una estadística de los colegios en los que se dan clases exclusivamente en catalán y aquéllos en los que se sigue dando en castellano. Mayor causa de enfrentamientos será, indudablemente, que se respeten los derechos ling|ísticos de unos y no los de otros.

Tampoco podrán achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de las diferencias sociales que coinciden en gran parte con las existentes entre catalano y castellanohablantes. Desde esta perspectiva no cabe duda de que la lengua se ha convertido en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mucho mejor trato. Sin embargo, en este momento de crisis el conocimiento del catalán puede ser utilizado - y ya lo está siendo-, como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. En efecto, el ambiente de presiones y de malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.

No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. Se ha pretendido con esta propaganda identificar a la clase obrera con la causa nacionalista, y aunque se ha fracasado en este empeño, la mayoría de los trabajadores se están viendo obligados a aceptar que las expectativas, no ya de promoción social, sino simplemente de que sus hijos prosperen, no pueden pasar por serlo. Se llega así a la degradante situación de avergonzarse de su origen o su lengua ante los propios hijos, a cambiarles el nombre, etc. Esta humillante situación constituye una afrenta a la dignidad humana y es hora ya de denunciarla públicamente.

Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y ling|ísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario.

Firmas: Amando de Miguel, Carlos Sahagún, F.J. Losantos, Carlos Reinoso, Pedro Penalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más.


Obtenido de "http://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300"