martes, 31 de octubre de 2017

EL GOLPE DE ESTADO DE CARLOS PUIGDEMONT Martes 23 de mayo de 2017, 10:52h Luis María ANSON

EL GOLPE DE ESTADO DE CARLOS PUIGDEMONT
Martes 23 de mayo de 2017, 10:52h
Luis María ANSON
Carlos Puigdemont está preparando un golpe de Estado sin violencia. Sin violencia, tal vez por convencimiento, tal vez porque carece de tanques para sacarlos a la calle. El presidente de la Generalidad y sus cómplices son unos golpistas. Si el Estado español no se pliega a sus exigencias, amenazan con la celebración sí o sí de un referéndum ilegal y con la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña. Los viejos polvos de las concesiones, del mirar hacia otro lado, del no hacer nada de los Gobierno españoles, han terminado provocando el lodazal en el que ahora chapotea Mariano Rajoy.
Cuando se desmanda una Comunidad Autónoma, la Constitución tiene perfectamente previstas las medidas a tomar en los artículos 155 y 8. Para aplicar esas medidas es necesario cargarse de razón y sopesar las consecuencias. El socialista Blair suspendió la autonomía irlandesa y su decisión resultó altamente beneficiosa. Los servicios de inteligencia españoles deben estudiar a fondo la acción y las reacciones de la puesta en marcha del artículo 155 para evitar que las cosas se compliquen aún más.
Lo que está claro es que las sentencias judiciales no paralizarán a los golpistas que están gastando cantidades ingentes de dinero público para conseguir sus propósitos. Aparte de la cobertura judicial, el Gobierno está obligado a tomar medidas adicionales para resolver el desafío golpista. Algunos hablan de intensificar la negociación. En principio, no está de más la fórmula. Pero el golpista Puigdemont, el golpista Arturo Mas y sus cómplices no aceptan otra negociación que no sea imponer el golpe de Estado.
Y además ya han anunciado, entre varias medidas extremas, que silenciarán a los periódicos críticos, sean impresos, hablados, audiovisuales o digitales. La censura de Prensa es la primera medida de las dictaduras y los totalitarismos. Y en ese camino avanza abiertamente una facción de la clase política catalana.

Luis María ANSON
de la Real Academia Española

Artículo 155: Instrucciones de empleo Hay que aplicar medidas contundentes para frenar la “hoja de ruta” independentista, pero no se puede castigar a una comunidad autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes

Artículo 155: Instrucciones de empleo
Hay que aplicar medidas contundentes para frenar la “hoja de ruta” independentista, pero no se puede castigar a una comunidad autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 5 NOV 2015 - 00:00 CET
La provocadora resolución que los independentistas pretenden aprobar en el Parlamento catalán lleva a una dinámica en la que, además del obligado recurso al Tribunal Constitucional, quizá habrá que adoptar medidas más contundentes para parar la “hoja de ruta” que en dieciocho meses llevaría a la independencia. En ese caso, es inevitable pensar en el artículo 155 de la Constitución. Aunque alguna prensa (como El País) ha contribuido a aclarar algunas de las cuestiones más controvertidas acerca de la aplicación del precepto constitucional, éste todavía se percibe como un arcano, percepción que se complica con las diversas insinuaciones del Gobierno que, en cierto modo, ha tendido a identificar la aplicación del 155 con la suspensión del régimen autonómico en Cataluña. Es una visión desproporcionada, acorde con la escasa finura con que se tratan los temas constitucionales en Moncloa. Por ello, ante la eventualidad de que el Gobierno tenga que acudir al Senado para obtener la aprobación de medidas destinadas a parar el proceso a la independencia, conviene examinar las cuestiones más relevantes sobre la aplicación de este instrumento constitucional.

I) ¿Una declaración de independencia justifica aplicar el 155? La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 que enjuició la Declaración de soberanía del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013 era, a mi juicio, excesivamente comprensiva con el discurso independentista, pero al menos dejaba claro que una declaración como aquella tenía efectos jurídicos y no sólo políticos. Otra declaración más rotunda, como la que se pretende aprobar ahora, no sólo tendría el valor jurídico que señaló el Tribunal Constitucional en 2014 sino que, además, se situaría en una secuencia que comprendería otros actos jurídicos. En ese caso, ante el siguiente acto jurídico a la nueva declaración independentista, la aplicación del artículo 155 sería necesaria. ¿Por qué? Porque la Comunidad Autónoma catalana, representada por su Parlamento, se habría introducido de manera indubitada en una vía que atentaría gravemente al interés general de España al quebrar su indisoluble unidad (artículo 2º de la Constitución).

II) ¿Quiénes tienen que adoptar las medidas? La Constitución prevé que el Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico, y con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, adoptará las medidas necesarias. Tanto el requerimiento como la petición al Senado y la adopción específica de medidas deben corresponder al Consejo de Ministros pues la mediad afectaría a varios Ministerios.

¿Y si hubiera que actuar después de las elecciones, con un Gobierno en funciones? Como la Constitución y la Ley del Gobierno de 1997 no prohíben al Gobierno cesante aplicar las previsiones del artículo 155, no habría ningún obstáculo a aplicar ese precepto. ¿A quién habría que enviar el requerimiento? Aunque sea un acto parlamentario, al Presidente de la Comunidad que es el más alto representante de la Comunidad Autónoma, lo que permitiría desposeerle, si fuera necesario, de su potestad de promulgar leyes, expedir decretos y ordenar su publicación.

Una comunidad no puede atentar contra el interés general de España
¿La Diputación Permanente del Senado disuelto puede autorizar las medidas que proponga el Gobierno? Aunque la Constitución no atribuye expresamente esta función a la Diputación Permanente cabe entender que podría adoptarla pues lo contrario conduciría a dejar en suspenso el artículo 155 de la Constitución en el período que media entre la disolución del Senado y la constitución del siguiente, lo que no parece que sea voluntad del texto constitucional.

III) ¿Qué medidas se pueden adoptar? La Constitución no especifica cuáles son esas medidas como tampoco lo hace el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se inspira el precepto español. Con ligereza, algunos representantes del Gobierno han insinuado la posibilidad de suspender el régimen autonómico en Cataluña. Pero no se puede castigar a una Comunidad Autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes.
Hay que tener en cuenta la dimensión teleológica de las medidas que prevé la Constitución: se trata de obtener el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales o de proteger el interés general teniendo las medidas un carácter cautelar, provisional, hasta que se cumpla lo previsto en la Constitución. Ello no se consigue con la suspensión de todo el régimen autonómico, lo que, por otra parte, no contempla la Constitución. Y no es posible la suspensión porque ésta sólo debería adoptarse si lo previera (que no lo prevé) el propio Estatuto. No estamos en 1934.

La Policía autonómica tendría que ponerse a las órdenes del delegado del Gobierno
Ante la aplicación de la “hoja de ruta” independentista sería necesario (además de retirar al Presidente la potestad de promulgar y ordenar publicar leyes) suspender las competencias estatutarias que faciliten la aplicación de esa hoja de ruta. Habría que dejar en suspenso las competencias sobre organización de la Administración autonómica, régimen local, publicación de normas, seguridad pública, Seguridad Social, sistema penitenciario, transportes, función pública, infraestructuras de transporte y comunicaciones y servicio público de comunicación audiovisual. También habría que suspender los preceptos estatutarios sobre participación de Cataluña en los asuntos relacionados con la Unión Europea, acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acciones con proyección exterior y oficinas en el exterior. Finalmente, habrá que dejar en suspenso todo lo que se refiere a la Hacienda autonómica. Lo más importante, con todo, es suspender las competencias sobre seguridad pública para que la Policía autonómica se ponga a las órdenes del Delegado del Gobierno en concurrencia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Sería necesario suspender al Presidente o a otros cargos políticos, antes incluso de que se hayan negado a obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional (como ocurre en Italia donde el Consejo Regional puede ser disuelto)? Supuesto el carácter cautelar de esa suspensión, el artículo 155 muestra una vocación teleológica: se trata de obtener un resultado que consiste en que una Comunidad Autónoma deje de atentar gravemente contra el interés general de España o de incumplir sus obligaciones constitucionales o legales. Si el Presidente o todo el Gobierno colaboran en ese comportamiento inconstitucional, será necesario suspenderles mientras persista la situación de rebeldía. Y así debe autorizarse por el Senado.
Como el artículo 155 sigue siendo un misterio, quizá haya que pensar en otras medidas pero en todo caso hay que pensar en su finalidad: cortar la rebeldía autonómica, antes que suspender la autonomía.

Javier García Fernández es catedrático de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid.

EL GROTESCO PATALEO DE PUIGDEMONT

EL GROTESCO PATALEO DE PUIGDEMONT

Rechazado por todos o casi todos, Carlos Puigdemont se ha acogido a un Club de Prensa extranjero para hacer una declaración manipulando, como siempre, la realidad, deformando la verdad, mintiendo de forma descarada. El expresidente de la Generalidad perdió el órdago secesionista y en lugar de reconocerlo se mantiene en sus trece con grave daño para la imagen de Cataluña y para la convivencia entre los catalanes.
No sé si existe el derecho al pataleo. Pero Carlos Puigdemont está pataleando en una reacción de extrema puerilidad. Nervioso, atropellado, descompuesto, el expresidente ofreció una lamentable imagen de sí mismo. Era el esperpento hablando, la caricatura de carne y hueso. Chantajeó al Gobierno español y pidió garantías para regresar a Cataluña. Sabe que no le concederán el asilo político y se dispone a permanecer en Bruselas indefinidamente como ciudadano europeo.
Hablando con claridad. Carlos Puigdemont se ha fugado a Bruselas para eludir a la Justicia española y evitar la cárcel. Todo es tan grotesco, tan de República bananera, todo es tan ridículo que produce vergüenza ajena la acción de este botarate que ofende la dignidad de Cataluña.
España es un Estado de Derecho, una nación seria y respetada internacionalmente, que si los jueces -no el Gobierno- así lo deciden y decretan la búsqueda y captura de Carlos Puigdemont, ejercerán las acciones internacionales para que el expresidente responda de sus presuntos delitos.
¡Qué vergüenza, en fin! ¡Qué vergüenza! La España democrática, sin una mácula durante cuarenta años, se ha ensuciado por la acción de un mequetrefe y sus cómplices. Asustados por lo que han hecho y lo que les espera, tratan de evitar la cárcel montando una farsa lamentable que a todos avergüenza.
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El gobierno belga,

Ú a Puigdemont: "Si se declara la independencia más vale quedarse con su pueblo"

El viceprimer ministro dice que cuando alguien declara la independencia "más vale quedarse cerca de su pueblo".

LD/Agencias
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El viceprimer ministro de Bélgica y responsable de Economía, Kris Peeters, se ha desmarcado este martes de la presencia del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en Bruselas y ha considerado que, cuando un líder llama a la independencia, "más vale quedarse cerca de su pueblo".
"No quiero prejuzgar nada, pero cuando se pide la independencia, más vale quedarse cerca de su pueblo", ha declarado Peeters en una entrevista con la cadena pública flamenca VRT.
El democristiano flamenco (CD&V) ha abogado por conservar la "cabeza fría" y esperar a ver qué anuncia Puigdemont en la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer a las 12:30 horas en la sede de una asociación de prensa internacional en el barrio europeo de Bruselas.
El expresidente llegó el lunes a Bélgica pero evitó en todo momento ser visto en público y no se informó de su agenda, aunque más tarde se supo que el abogado Paul Bekaert, conocido en España por haber defendido a varios etarras detenidos en Bélgica, se había reunido con él y va a ejercer como su abogado en el país.
En declaraciones a Europa Press, Bekaert confirmó que recibió a Puigdemont en su despacho, en la localidad de Tielt, a una hora en coche al norte de Bruselas, y que asumía su defensa en Bélgica, aunque no quiso aclarar si su defendido baraja solicitar el asilo en este país.
El secretario de Estado de Asilo e Inmigración, el nacionalista flamenco (N-VA) Theo Francken, abrió la puerta el pasado domingo a la posibilidad de que Puigdemont solicitara la protección internacional.
El primer ministro, Charles Michel, por su parte, reprendió a Francken, al que pidió "no echar más leña al fuego" y negó que el asunto estuviera en la agenda del Gobierno.

Le niegan una sala a Puigdemont

Tan es así que este mismo martes el gobierno belga ha denegado a Carles Puigdemont el alquiler de una sala para realizar declaraciones públicas. El propio expresidente de la generalidad, huido en Bruselas, había anunciado una declaración pública a las 12:30.
Pues bien, según publica La Vanguardia, esta comparecencia tendrá lugar finalmente en el club de prensa de Bruselas, situado cerca de las instituciones comunitarias. Así lo ha confirmado el eurodiputado de ERC Jordi Sole.
Según el periódico del grupo Godó, la primera opción era el "Residence Palace", propiedad del Estado belga y utilizado como centro de prensa en el que La Vanguardia tiene su despacho y en el que se alquilan salas para actos privados. Pese a que la solicitud se hizo para el expresidente catalán, la petición llamó la atención del personal que terminó denegando la sala. "Njet", ha sido la respuesta obtenida, según las fuentes citadas por La Vanguardia.

El apunte de Francisco Marhuenda: «El mundo paralelo de Puigdemont» true Francisco Marhuenda. @pacomarhuenda Tiempo de lectura 4 min. Hace 3 horas Comentada 0 ETIQUETAS Carles Puigdemont El desafío independentista Puigdemont sigue su huida. Es la expresión del escapismo político más disparatado que he presenciado en mi vida profesional. Hoy ha pretendido internacionalizar el fracasado golpe contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña en este postrer estertor de un independentismo finiquitado. Un independentismo en el que ya no creen realmente ni sus socios de coalición que se han quedado en Cataluña. Lo ha hecho por medio de una rueda de prensa donde ha asegurado que está en Bruselas para actuar con libertad y seguridad. Algo que hubiera tenido en España, aunque no la impunidad que pretendía que le garantizara el gobierno de Rajoy. No quiere pedir asilo, pero veremos que hace finalmente este errático político independentista. La inconsistencia del personaje era evidente y sus argumentos tan falaces como tendenciosos. Un relato que realizó acompañado de los sediciosos consejeros que han decidido seguirle, aunque representan la desesperación de aquellos que han hecho de la política su única profesión. La realidad es muy sencilla y han querido provocar la independencia de Cataluña con menos apoyo del que se necesitaría para reformar la ley electoral o el propio Estatuto de Cataluña. Puigdemont y los suyos representan la concepción supremacista del nacionalismo catalán. La división de la sociedad entre buenos y malos catalanes. La manipulación de la historia al servicio del partidismo, la utilización de las instituciones y los recursos públicos y la perversión del lenguaje para satisfacer su obsesión independentista. Puigdemont es un fanático. Lo ha sido siempre y ha creído que ahora era su oportunidad. Ha construido un relato falso sustentado en una España mala que no quiere a Cataluña, unas fuerzas de ocupación que son los sufridos y abnegados guardias civiles y policías y una demolición del sistema autonómico que no se ha producido y que nunca se producirá. No importa la verdad, sino la postverdad. Los independentistas nunca han tenido una mayoría social. Esta es una realidad objetiva. Ahora quiere dar la batalla ante la opinión pública internacional, pero lo tienen muy mal porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. El fin de semana pudimos asistir al espectáculo de unos patrióticos consejeros independentistas, ya cesados, que se iban de fin de semana y otros que hacía una “huida”, cuando nadie les perseguía, hacia Bruselas con el fin de buscar esa internacionalización. Una acción grotesca porque España es una gran democracia. Un Estado garantista donde la libertad y la igualdad son principios constitucionales básicos y esenciales, pero no lo son, en cambio, las acciones golpistas como las perpetradas por Puigdemont y los suyos. Ha dicho que “he decidido venir a Bruselas, que es la capital de Europa” y pide que reaccione ante el problema de Cataluña. En su delirio asegura que el Gobierno de España no dialoga. La verdad es que si no estuviéramos ante un problema tan serio lo podríamos tomar como una bufonada. No lo es, porque simplemente es un insulto a la inteligencia. Puigdemont tiene que asumir las responsabilidades por sus actos. Durante mucho tiempo ha dividido y enfrentado a la sociedad catalana. Ha mentido y ha despilfarrado los recursos públicos al servicio del independentismo. Y creo, sinceramente, que con sus actos ha traicionado a Cataluña y los catalanes. El 21 de diciembre podremos votar y con nuestra voz decir basta al sectarismo, al supremacismo y al fanatismo, porque quiero que mi tierra, mi amada Cataluña, siga siendo lo que siempre ha sido y no lo que quieren los independentistas.

El apunte de Francisco Marhuenda: «El mundo paralelo de Puigdemont»


Francisco Marhuenda
  • @pacomarhuenda
Tiempo de lectura 4 min.
Hace 3 horas
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Puigdemont sigue su huida. Es la expresión del escapismo político más disparatado que he presenciado en mi vida profesional. Hoy ha pretendido internacionalizar el fracasado golpe contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña en este postrer estertor de un independentismo finiquitado. Un independentismo en el que ya no creen realmente ni sus socios de coalición que se han quedado en Cataluña. Lo ha hecho por medio de una rueda de prensa donde ha asegurado que está en Bruselas para actuar con libertad y seguridad. Algo que hubiera tenido en España, aunque no la impunidad que pretendía que le garantizara el gobierno de Rajoy. No quiere pedir asilo, pero veremos que hace finalmente este errático político independentista. La inconsistencia del personaje era evidente y sus argumentos tan falaces como tendenciosos. Un relato que realizó acompañado de los sediciosos consejeros que han decidido seguirle, aunque representan la desesperación de aquellos que han hecho de la política su única profesión. La realidad es muy sencilla y han querido provocar la independencia de Cataluña con menos apoyo del que se necesitaría para reformar la ley electoral o el propio Estatuto de Cataluña.
Puigdemont y los suyos representan la concepción supremacista del nacionalismo catalán. La división de la sociedad entre buenos y malos catalanes. La manipulación de la historia al servicio del partidismo, la utilización de las instituciones y los recursos públicos y la perversión del lenguaje para satisfacer su obsesión independentista. Puigdemont es un fanático. Lo ha sido siempre y ha creído que ahora era su oportunidad. Ha construido un relato falso sustentado en una España mala que no quiere a Cataluña, unas fuerzas de ocupación que son los sufridos y abnegados guardias civiles y policías y una demolición del sistema autonómico que no se ha producido y que nunca se producirá. No importa la verdad, sino la postverdad. Los independentistas nunca han tenido una mayoría social. Esta es una realidad objetiva. Ahora quiere dar la batalla ante la opinión pública internacional, pero lo tienen muy mal porque las mentiras tienen las patitas muy cortas.
El fin de semana pudimos asistir al espectáculo de unos patrióticos consejeros independentistas, ya cesados, que se iban de fin de semana y otros que hacía una “huida”, cuando nadie les perseguía, hacia Bruselas con el fin de buscar esa internacionalización. Una acción grotesca porque España es una gran democracia. Un Estado garantista donde la libertad y la igualdad son principios constitucionales básicos y esenciales, pero no lo son, en cambio, las acciones golpistas como las perpetradas por Puigdemont y los suyos. Ha dicho que “he decidido venir a Bruselas, que es la capital de Europa” y pide que reaccione ante el problema de Cataluña. En su delirio asegura que el Gobierno de España no dialoga. La verdad es que si no estuviéramos ante un problema tan serio lo podríamos tomar como una bufonada. No lo es, porque simplemente es un insulto a la inteligencia. Puigdemont tiene que asumir las responsabilidades por sus actos. Durante mucho tiempo ha dividido y enfrentado a la sociedad catalana. Ha mentido y ha despilfarrado los recursos públicos al servicio del independentismo. Y creo, sinceramente, que con sus actos ha traicionado a Cataluña y los catalanes. El 21 de diciembre podremos votar y con nuestra voz decir basta al sectarismo, al supremacismo y al fanatismo, porque quiero que mi tierra, mi amada Cataluña, siga siendo lo que siempre ha sido y no lo que quieren los independentistas.