martes, 28 de enero de 2014

España en Europa



España en Europa
España quedó al margen del proceso de constitución de las Comunidades europeas (1951- 1957), su régimen político no reunía los requisitos exigidos por los Estados fundadores del proyecto. Iniciada la Transición política se inició un proceso de acercamiento a las instituciones ya creadas.
No obstante, hubo dos momentos de crucial importancia antes de la transición política:
*.- La solicitud del Gobierno español al Consejo de la CEE el 9 de febrero de 1962, demostración de la voluntad de España de formar parte del proyecto europeo.
*.- La firma, el 29 de junio de 1970, de un Acuerdo comercial preferencial con el Mercado Común, que permitió ir integrando la economía española a la economía comunitaria.
Con la solicitud del Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1977, se inició formalmente el proceso que culminaría con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

Una entrada que requería de España:[1]
*.- la consolidación de un régimen democrático:
*.- Con el Gobierno de Adolfo Suárez se incrementaron las relaciones con Europa: el 5 de febrero de 1979 se iniciaron las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
*.- Los Gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de Felipe González, dirigieron las negociaciones con la Comunidad, que obtuvieron un respaldo por un amplio consenso de los demás partidos con representación parlamentaria.

*.- Un complejo proceso de negociaciones (duró siete años) que posibilitara la adaptación de la economía española a la economía comunitaria.
*.- Estableciendo, para ello, unos periodos transitorios en:
*.- La producción agraria y pesquera española,
*.- La Unión Aduanera, monopolios o servicios
*.- La integración progresiva de los demás sectores productivos.

El 12 de junio de 1985, España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.
Tras la firma del Tratado en Lisboa, en Madrid, en el Salón de Columnas del Palacio Real, el Presidente del Gobierno (Felipe González), el Ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas (Manuel Marín) y el Embajador Representante Permanente ante las Comunidades Europeas (Gabriel Ferrán) firmaron el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que sería ratificado por unanimidad por el Congreso de los Diputados.

España era el quinto país más poblado de la CEE  y, por ello:
*.- Tuvo 8 votos en el Consejo.
*.- La Comisión Europea tuvo  17 Comisarios, dos serían españoles: Manuel Marín y Abel Matutes.
*.-En el Parlamento Europeo, España estuvo representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518 escaños[2].
*.-España recibió, anualmente desde 1987, fondos netos de la UE por valor del 0’8 % del PIB español.
*.- Su Renta per cápita. que en 1986 representaba  un  68% de la renta media per cápita comunitaria, ha pasado a representar un 89,6% en una Europa  de 15  y un  97,7% en una Europa de 25 países miembros.
*.- Un 90% de la inversión extranjera en España tiene su origen en países de la UE.
*.- La UE es destino del 75% de las exportaciones españolas y el 66% de sus importaciones.
*.- De los fondos sociales de la UE, sólo entre 2000 y 2003, se  beneficiaron unos 16 millones de españoles (creándose unos 300.000 empleos anuales en España).
*.- España, en la actualidad,  se encuentra plenamente integrada en la Unión Europea


Participación española en la Alianza Atlántica
En el proceso de la Transición política española, en relación a una política de seguridad nacional, además de la integración en la Unión Europea, se planteó la necesidad de definir una posición frente a la Alianza Atlántica y las relaciones bilaterales de España con los Estados Unidos.
El 30 de mayo de 1982, bajo el gobierno de UCD, España presentó en Washington el instrumento de adhesión a la OTAN, convirtiéndose de esta manera en un miembro de la organización.
Tras la victoria del PSOE (1982), el nuevo Gobierno decidió suspender el proceso de incorporación dentro de la estructura de la Alianza y convocó un Referéndum para decidir si España debía integrarse en la estructura militar de la organización.

En octubre de 1984, el presidente del gobierno, Felipe González, presentó al Congreso de los Diputados lo que se llamarían “los Diez Puntos de una Política de Paz y Seguridad[3].en relación a la política española de seguridad y defensa.
En esa misma exposición, el presidente sugirió celebrar un debate parlamentario sobre los diez puntos, para difundir información que ayudara a los ciudadanos a tomar una decisión, por medio de un referéndum, sobre si España debería estar en la Alianza.
El 12 de marzo de 1986, tuvo lugar el referéndum anunciado por el gobierno.
Se pedía votar sí o no a las siguientes cuestiones, tomadas en su conjunto, planteadas por el Gobierno:
*.- La participación española en la Alianza Atlántica no suponía su ingreso en su estructura militar integrada.
*.- Seguía la prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento en suelo español.
*.- Establecía la reducción gradual de la presencia militar de Estados Unidos en España.

El Referéndum tuvo un resultado favorable[4] para la posición del Gobierno y, desde ese momento, España empezó a elaborar su propio modelo de participación en la Alianza, dentro de los límites establecidos en la Consulta:
La celebración en Madrid, por primera vez, de la sesión ministerial de primavera del Consejo del Atlántico Norte, en junio de 1988, simbolizó la consolidación de la participación española en la OTAN.
Las características básicas del modelo de la participación española en la Alianza son:
*.- la no incorporación a la estructura militar integrada,
*.- el mantenimiento de la no nuclearización del territorio español,
*.- la reducción progresiva de la presencia militar americana en territorio español
*.- y la petición de la soberanía sobre Gibraltar.

Las características complementarias son:
*.- la participación:
*.- en el Consejo del Atlántico Norte y en sus órganos subsidiarios,
*.- en el Comité de Planificación de Defensa, el Comité Militar y el Grupo de Planificación Nuclear,
*.-la contribución militar llevada a cabo a través del Acuerdo de coordinación entre las autoridades españolas y aliadas.

La aprobación de las directrices generales para la contribución militar española en la Alianza Atlántica experimentó un largo proceso desde octubre de 1986.
En 1988, España presentó al Secretario general de la Organización, la explicación detallada de su contribución militar a las misiones de la OTAN:
1. Defensa del territorio español.
2. Operaciones navales y aéreas en el Atlántico oriental.
3. Control sobre el Estrecho de Gibraltar y sus accesos.
4. Operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo occidental.
5. Control y defensa del espacio aéreo en la zona de responsabilidad española y cooperación en zonas adyacentes.
6. Uso del territorio español como una plataforma multifuncional de retaguardia (tránsito, apoyo, logística).

El 1 de diciembre de 1988, el comité de planificación de defensa de la OTAN aprobó las directrices generales del Comité militar español. Más adelante, el Consejo Atlántico tomó nota de estas directrices en su reunión de los días 8 y 9 de diciembre en Bruselas. Esto marca el final de un periodo de responsabilidad política y deja las especificaciones técnico-militares para que sean resueltas por los expertos.

La concreción de la contribución militar española comenzó con la firma, en mayo de 1990, de los dos primeros acuerdos de coordinación entre las Fuerzas Armadas españolas y los comandos militares, con respecto a la ejecución de maniobras marítimas y aéreas en el Atlántico oriental y de defensa aérea.

Más adelante, en mayo de 1991, entraron en vigor dos nuevos tratados sobre coordinación de defensa del territorio español y operaciones aéreas y marítimas en el Mediterráneo occidental. Después, en junio de 1992, se firmaron los dos últimos acuerdos, referentes al control y defensa del Estrecho de Gibraltar y sus accesos, y el uso del territorio español como zona de apoyo logístico y de retaguardia. Con estos acuerdos se definió la contribución defensiva española a la Alianza Atlántica, manteniendo la no incorporación en la estructura de mando, con el objetivo de cumplir la condición de no participación en la unidad militar integrada.

El 1 de diciembre de 1995, 16 embajadores de los estados miembros de la OTAN acordaron nombrar al ministro español de Asuntos Exteriores, Sr. Javier Solana, como el nuevo Secretario general de la OTAN. Fue nombrado oficialmente el martes 5 de diciembre.


[1] Antes de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, España tuvo que ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, convertirse en miembro del Consejo de Europa, firmar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y suscribir la Carta Social Europea.
De ese modo, en 1979 se abrieron oficialmente las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Los sucesivos gobiernos de Suárez, Calvo-Sotelo y González trabajaron en las diferentes fases de la incorporación de España a la CEE que se prolongaron durante siete años. El 12 de junio de 1985se firmaba el acuerdo `por el que ambos países ingresaban en la UE a partir del 1 de enro de 1986.

[2] El Acta de Adhesión estableció un  plazo de dos años para que mediante sufragio universal España y Portugal celebraran elecciones al Parlamento Europeo: el 10 de junio de 1987 se celebraron len España las primeras elecciones. En 1989, el español Enrique Barón fue elegido Presidente del Parlamento Europeo (1989 - 1992).
[3] El Decálogo del Gobierno de Felipe González para la Permanencia de España en la OTAN.
" 1.- España, en cuanto Estado que forma parte del Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa en sus órganos. En mi opinión, éste es un punto de partida inexcusable para nuestro diálogo político y, con probabilidad, el de mayor grado hipotético de consenso. Por tanto, estaría por la no denuncia del Tratado.
2.- España no se ha incorporado en la estructura militar integrada de la OTAN. En mi opinión, no necesita hacerlo.
3.- España mantiene una relación bilateral con los Estados Unidos, que abarca aspectos defensivos junto a otros. Actualmente se basa en el Convenio de 1982 y el Protocolo de 1983. En mi opinión, es necesario proceder a un ajuste en la dirección de una progresiva menos presencia de fuerzas en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo, de acuerdo con nuestros intereses nacionales.
4.- Las Cortes han establecido la no nuclearización  de España. En mi opinión, debe mantenerse esta decisión prácticamente unánime de la Cámara.
5.- España ha firmado el Tratado de prohibición de pruebas nucleares y ha sometido sus instalaciones nucleares al sistema de salvaguardas del Organismo Internacional de Energía Atómica. En mi opinión, esto es suficiente, aunque no excluyo la consideración de la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el futuro.
6.- España no forma parte de la Unión Europea Occidental, única organización europea con competencias en materia de defensa. En mi opinión, la participación de España sería deseable, aunque hay que ver antes los resultados de nuestra integración en la CEE.
7.- España tiene en su territorio una colonia británica integrada en el sistema de mandos de la OTAN: Gibraltar. En mi opinión, teniendo en cuenta el nuevo estatus, debe avanzarse hacia la solución definitiva del problema de la "Roca" y de su integración a la soberanía española.
8.- España trabaja activamente en la conferencia Europea de Desarme y ha presentado su candidatura al Comité de Desarme de la ONU. En mi opinión, esta política debe proseguirse y fortalecerse.
9.- El Gobierno español está desarrollando una red de convenios bilaterales en materia de cooperación defensiva con otros países de Europa occidental, que nos permitan estrechar las relaciones sin constituir tratados de alianza. En mi opinión, deben seguir desarrollándose estos sistemas de cooperación.
10.- Para concluir y afectando al conjunto de lo ya expresado nos encontramos en un proceso ya avanzado de elaboración del Plan Estratégico Conjunto, elemento sustancial para la comprensión cabal de nuestras necesidades y de nuestra misión. Debe, pues, ser objeto de este diálogo que nos permita llegar a un consenso en materia de defensa en su defensa en su dimensión interior y exterior"..
Discurso del Presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados, el 23 de octubre de 1984. Diario de Sesiones, 24 de octubre de 1984.

[4] Resultados del Referéndum sobre el ingreso de España en la Alianza Atlántica, llevado a cabo el 12 de marzo de 1986: Votos a favor: 9.054.509 (52,49 %) . Votos en contra: 6.872.421 (39,84 %). Votos en blanco: 1.127.673 (6,53 %). Votos nulos: 191.855 (1,11 %). Votantes: 29.025.494.
[5]

Integración de España en Europa



La integración en Europa:
Firmado, el 12 de junio de 1985, el Tratado de Adhesión a la CEE, la integración se produjo de forma efectiva el 1 de enero del año siguiente. Al fin se iniciaba el proceso (de) la homologación de las instituciones, de las estructura positivas y de las reglas de gestión económica a las de los países de nuestro entorno occidental.
La ruptura del aislamiento supuso la apertura de la economía y el abandono del proteccionismo.
España disponía de un período transitorio de siete años para desmantelar gradualmente sus barreras arancelarias y adoptar la Tarifa Exterior Común.
Para Fuentes Quintana, en 1985 finalizaba una larga etapa abierta en 1890, denomnada el modelo castizo, caracterizado por el cierre del mercado interior mediante la protección y su muy lenta apertura.
La nueva base debía basarse en la plena apertura hacia el exterior, estabilidad económica, liberalización e implantación de la competencia y modernización del sector público.
La integración española se produjo en el momento en el que tenía lugar, a partir de la firma, en 1986, del Acta Única, la transformación de la CEE de simple unión aduanera en mercada único, cuya construcción se desarrolló entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1993, los mismos siete años en los que España debió adaptar su economía a la competencia. Mercancía, personas y capitales podían circular libremente, con algunas limitaciones, por el interior de la Europa comunitaria.
Los efectos de la integración en Europa han sido muy positivos para la economía española. El proceso de apertura al exterior, siempre beneficioso (el consumidor puede acceder a productos mejores y más baratos), mejoró la renta real.
La competencia externa eliminó a los menos eficientes y disciplinó a todos, que dirigieron sus esfuerzos hacia las actividades en las que existían ventajas comparativas.
Para Myro la integración ha culminado el proceso de apertura al exterior iniciado en 1959. El grado de apertura ha alcanzado niveles semejantes a los de los grandes países comunitarios (30%).
Sanchez Marroyo, F.: La España del siglo XX. Economía, demografía y sociedad. Editorial Istmo. Madrid, 2003, 535-536.

La integración en Europa:
Con la Firma del Tratado de Adhesión a la CEE (12 de junio de 1985)  y la integración efectiva el 1 de enero de 1986, se iniciaba, para España, un proceso de: homologación de las instituciones, estructuras productivas y reglas de gestión económica de España a las de los países de nuestro entorno occidental.
El fin del aislamiento supuso la apertura de la economía al exterior y el abandono del proteccionismo interior. Para ello se estableció un período transitorio de siete años para que, de forma gradual, desaparecieran las barreras arancelarias (proteccionistas) y se adoptara la Tarifa Exterior Común.
Finalizaba en 1985 “el modelo castizo” iniciado en 1890 (proteccionismo y aislamiento del mercado interior mediante aranceles). La nueva etapa exigía alcanzar, gradualmente, una economía abierta al exterior, competitiva y estable y de una modernización del sector público.
La firma, en 1986, del Acta Única y su aplicación progresiva hasta 1993, transformó la CEE de simple unión aduanera en un mercada único, y coincidió con los años en los España tuvo que hacer viable y efectiva la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios.
La integración económica en Europa ha sido muy positiva: se ha incrementado para el consumidor el acceso a productos más baratos y de mejor calidad y las empresas españolas han incrementado su competitividad en el exterior.
Se ha culminado para España el proceso, iniciado con los Planes de Estabilización de 1959, de su apertura exterior (no sólo económica, también política, científica y cultural) y que pretendía el fin de su ostracismo, su autarquía económica y su secular estructura política, científica y cultural.

Datos complementarios: El comienzo de la construcción europea (1951-1957) se dio excluyendo a España; su modelo político no cumplía con los requisitos exigidos por los Estados fundadores del proyecto. Iniciada la Transición política se dieron los primeros pasos para la incorporación de la nación española a la Comunidad Económica Europea.
Previamente dos importantes se habían producido dos importantes pasos:
*.- El Gobierno español había mostrado al Consejo de la CEE, 9 de febrero de 1962, su voluntad de que España quedase integrada dentro de la construcción del proyecto europeo.
*.- El 29 de junio de 1970, España firmó un Acuerdo comercial preferencial con el Mercado Común, que permitió la progresiva integración de la economía española en la economía comunitaria.
Con la solicitud del Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, el 26 de julio de 1977, se inició formalmente el proceso que culminaría con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Una entrada que, previamente, exigía, entre otros requisitos, de la existencia real de un régimen político democrático.
Con los Gobiernos de Adolfo Suárez se incrementaron las relaciones con Europa y se abrió un diálogo que condujo, el 5 de febrero de 1979, a la apertura de las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
Los Gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de Felipe González, dirigieron las negociaciones con la Comunidad, contando, para ello, con un amplio consenso de los partidos políticos representados en el Parlamento español.
Las negociaciones se prolongaron durante siete años, plantearon la necesaria adaptación de la economía española a la economía comunitaria, exigiendo, la C.E.E,  periodos transitorios en el ámbito de la producción agraria y pesquera española, y , por parte de España, periodos transitorios en otras áreas (Unión Aduanera, monopolios o servicios).

el 12 de junio de 1985, España y Portugal suscribieron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas[1].
Con la entrada de España y Portugal, la Europa comunitaria pasó a tener 329 millones de habitantes, era la tercera ampliación de las Comunidades Europeas.
Como quinto país más poblado de la Comunidad, España tuvo ocho votos en el Consejo. La Comisión Europea pasó a estar integrada por 17 Comisarios, de los que dos serían españoles: Manuel Marín y Abel Matutes. En el Parlamento Europeo, España estaría representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518 escaños.
El Acta de Adhesión determinó un plazo de dos años para que, por sufragio universal, se celebrasen elecciones al Parlamento Europeo en España: el 10 de junio de 1987 se realizaron las primeras. En 1989, Enrique Barón , fue elegido Presidente del Parlamento Europeo (1989 - 1992).
En el Tribunal de Justicia de las C.E.E., el número de Jueces pasó de 11 a 13, y el número de Abogados Generales de 5 a 6. En el Comité Económico y Social, España contaría con 21 miembros.
En el Tribunal de Cuentas, cada Estado miembro tuvo un representante. En el Banco Europeo de Inversiones, se incrementó una Vicepresidencia (compartida entre España y Portugal). En el Consejo de Administración, a España le fueron atribuidos dos puestos de administradores y a Portugal uno, compartiendo ambos países un suplente.
En España, el proceso de integración en Europa, ha contribuido a la consolidación política, a su desarrollo social y económico, a la modernización y la cohesión de ésta con los demás Estados miembros.
En el aspecto económico:
*.- España ha recibido anualmente, desde 1987, fondos netos de la UE por valor del 0’8 % del PIB español.
*.- La renta per cápita española, en 1986, apenas llegaba al 68% de la media comunitaria. “o años después se estima en el 89,6% en una Europa a 15  y en el 97,7% en una Europa a 25.
*.- Las ayudas de la UE han contribuido a crear unos 300.000 empleos anuales en España.
*.- Un 90% de la inversión exterior en España proviene de la UE.
*.- La UE es el destino del 75% de las exportaciones españolas y el origen del 66% de las importaciones que realiza España.
*.- Cuatro de cada diez kilómetros de las autovías que cruzan el territorio español, han sido financiados con fondos comunitarios. Con ayuda de la U.E., se han realizado las ampliaciones, entre otros, de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, el metro de Sevilla, la Ciudad de las Artes de Valencia y la expansión del Puerto de Las Palmas (proyectos que han recibido la ayuda del Banco Europeo de Inversiones).
*.-  Los fondos sociales de la UE han supuesto para España, sólo entre 2000 y 2003, 16 millones de personas: con ayuda de la UE se han creado 298.000 empleos anuales.
*.- 180.000 estudiantes españoles se han beneficiado de los programas educativos Lingua y Erasmus.
El español cuenta ya con la Tarjeta Sanitaria Europea, que le asegura tratamiento médico y quirúrgico en caso necesario. La Comisión  Europea ha ayudado a financiar numerosos proyectos.[2]


[1] Por parte española firmaron el Tratado de Adhesión, el Presidente del Gobierno (Felipe González), el Ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas (Manuel Marín) y el Embajador Representante Permanente ante las Comunidades Europeas (Gabriel Ferrán). Esta adhesión fue ratificada por unanimidad por el Congreso de los Diputados.
[2] España, ha pasado a ser uno de los Estados miembros más activos a la hora de esbozar nuevas iniciativas en el seno de la Unión: la ciudadanía europea, la apuesta por la Europa social, la introducción de la moneda única, la creación de empleo como motor de la cohesión entre los países miembros de la Unión, la creación de un verdadero “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, etc.

Mensaje de Su Majestad el Rey a los españoles en su proclamación Madrid, 22 de noviembre de 1975



“En esta hora, cargada de emoción y esperanza” asumía la Corona del Reino con pleno sentido de su responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación de cumplir las leyes y respetar la tradición centenaria. Era Rey por “tradición histórica”, por la “Leyes Fundamentales del Reino” y “el mandato legítimo de los españoles”.
La figura de Franco “entra en la historia”. (…) “El cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia”. “Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España”, una “etapa, que hemos de recorrer juntos”. “La Monarquía (…) procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo·.
“La institución que personifica integra a todos los españoles, y hoy, (…) os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional”.
“El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos”.
Quiere seguir “el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España”, “desea “actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia”.
“Que nadie tema que su causa sea olvidada”. (…) “Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad. Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función”.
 “La patria es una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza deben de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos”.
“La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional”.
“Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.
Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar: la Corona, los ejércitos de la nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un firme entramado de deberes y derechos. Sólo así podremos sentirnos fuertes y libres al mismo tiempo”.
Como primer soldado de la nación me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo”.
El mundo del pensamiento, de las ciencias y de las letras, de las artes y de la técnica tienen (…) una gran responsabilidad de compromiso con la sociedad. (…) En tarea tan alta, mi apoyo y estímulo no han de faltar”.
“La Corona entiende (…) como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades”.
“Por lo tanto, hoy, queremos proclamar, que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos”.
“Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno”.
“El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia”, aunque “el respeto a la dignidad de la persona que supone el principio de libertad religiosa es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad”.
“Estoy también seguro de que nuestro futuro es prometedor porque tengo pruebas de las cualidades de las nuevas generaciones”.
“España es el núcleo originario de una gran familia de pueblos hermanos. Cuanto suponga potenciar la comunidad de intereses, el intercambio de ideales y la cooperación mutua es un interés común que debe ser estimulado”.
“Europa  deberá contar con España, pues los españoles somos europeos”.
Asume la lucha “por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio”.
“Si todos permanecemos unidos habremos ganado el futuro”.
¡Viva España!

Designado sucesor a la Jefatura del Estado en 1969, tras la muerte del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco, Don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975, y pronunció en las Cortes su primer mensaje a la nación, en el que expresó las ideas básicas de su reinado: restablecer la democracia y ser el Rey de todos los españoles, sin excepción:
 Anunció, expresamente y sin equívocos, que asumía su misión de reconciliar  a todos los españoles, procurando el entendimiento entre opositores (rupturistas o reformistas) y renovadores. En su discurso no ignoró a nadie: Franco, era una figura excepcional pero que ya era historia (pasado); su padre, que le había inculcado el cumplimiento del deber; los ejércitos, la Iglesia, el mundo del pensamiento, las peculiaridades regionales y "la participación de todos en los foros de decisión" (haciendo referencia veladamente a todos los partidos políticos sin exclusión).
 Con sus palabras pretendía disipar la desconfianza de quienes, viniendo de una tradición republicana, lo  veían como Rey y designado por Franco, o por quienes, siendo monárquicos o no, tenían sospechas de que como Rey fuera un mero continuador del Régimen de Franco.
A unos y a otros se pretendió hacerles llegar que el nuevo Rey estaba dispuesto a devolver la soberanía al pueblo y a facilitar la vía pacífica a la democracia.
"La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando, a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la justicia".
El Rey ha confesado: “Seguí al pie de la letra el consejo de Torcuato. Y en aquel discurso de la Corona dije muy claramente que quería ser el rey de todos los españoles”, dejar claro que se ponía término a cuatro décadas del Régimen de Franco, comenzaba una etapa de fundamentada en la reconciliación de todos los españoles. “Y en aquel discurso de la Corona dije muy claramente que quería ser el rey de todos los españoles”.
Quería dejar claras, en su discurso de proclamación y para que no quedase ninguna duda,  sus verdaderas intenciones para el futuro. Y que utilizaría todo el poder “para decirles a los españoles que en el futuro eran ellos quienes debían expresar su voluntad”.
El día 22 de noviembre de 1975, no habló de una legitimidad derivada del 18 de julio ni de cualquier otra fecha, sino de la historia, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, tres conceptos difícilmente compatibles con los títulos de legimitidad que podrían aducir los miembros de aquellas Cortes y del Consejo del Reino a quienes se dirigía.
Se presentó como Rey legítimo por historia, por las Leyes Fundamentales y el mandato legítimo de los españoles, obviando cualquier legitimidad que tuviera su origen en su designación por Franco como sucesor a título de Rey.
Consideró improcedente que, en su primer, discurso el Rey hiciera cualquier referencia excesivamente elogiosa a Franco. Si se quería instaurar un régimen democrático, no tenía sentido hablar de Franco en términos excesivamente laudatorios.
Siguió fielmente la recomendación que le había hecho Torcuato Fernández Miranda: “Vuestro primer discurso será la clave de todo el cambio, y en él habéis de decir a los españoles: esto es lo que tengo la intención de hacer y así es como voy a hacerlo”, aunque dejando claro que “aquel primer discurso de la Corona fue mío, solamente mío".
En su discurso no ignoró a nadie: Franco, figura histórica del pasado;  los ejércitos, la Iglesia, el mundo del pensamiento, las peculiaridades regionales y "la participación de todos en los foros de decisión".




Despertando rencores
EL 22 de noviembre de 1975, tiene lugar la solmene sesión de Cortes en la que Don Juan Carlos de Borbón asume la Corona del Reino, tal como desde antaño estaba previsto. Se han producido momentos en los que de todo ha habido: alegrías de unos, lágrimas de otros y... serenidad.
Esto último constituyó el factor más importante para la gran tarea que el país afrontaba, sobre todo por la existencia y sensatez de la clase media aparecida en décadas anteriores y reacia a cualquier clase de choque violento como ocurrió en 1936.
El valiente discurso del nuevo Monarca, todavía pronunciado ante los llamados procuradores de las Cortes emanadas de la hasta entonces denominada «democracia orgánica», causa lógicas molestias entre ellos. Hasta el final, muchos habían apostado por lo que precisamente el mismo Franco nunca apostó: que habría un franquismo sin Franco.
El titulado «Caudillo por la gracia de Dios» sabía muy bien que «aquella gracia» (al fin y al cabo derivada del triunfo en una guerra, algo que nadie podía heredar) terminaría cuando también terminase su propia vida.
De diferentes e incluso ideológicamente opuestas fuentes, es conocida la última y única petición que el falleciente hace todavía al Príncipe cuando éste le visita en el Hospital: «lo único que pido a Su Alteza es que mantenga la unidad de España». Parecía importarle poco todo lo demás. Y el ilustre visitante así lo prometió.
De aquí que el aludido discurso estuviera pensado y pronunciado para otros destinatarios: la totalidad de los españoles. Esto no empaña ni mucho menos dos importantes gestos del ya Rey.
No decir nunca una palabra contra quien, a la postre, había instaurado la Monarquía en su persona y distinguir a la viuda y a la hija del fallecido con los títulos de Señora de Meirás y Duquesa de Franco, respectivamente. Aunque no lo parezca, mucho hay de afán conciliador en ambos gestos.
Y por ello, no para el pasado que no había que remover ni mucho menos continuar o resucitar, sino para aquel difícil presente y para un ilusionante futuro (son expresiones del Rey) va dirigido el contenido de sus palabras que hoy parece voluntariamente olvidado por algunos.
«Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional». Ha aparecido la palabra clave para lo que luego serán los hechos: concordia entre todos los españoles. Vencedores y vencidos. De dentro y de fuera.
Es el momento de la reconciliación que tenía que borrar para siempre las huellas tanto de una sangrienta guerra civil, cuanto de los largos años que a ella siguieron.
A las palabras siguieron los hechos que avalaban el contenido de esta nueva etapa de nuestra historia política.
Amplísima amnistía en que tuvieron su alcance los condenados por el régimen anterior. Reconocimiento, contra la voluntad de algunos, del Partido Comunista. Y, sobre todo, la figura de un hábil político llamado Adolfo Suárez que conduce el cambio sin fisuras alarmantes. No lo olvidemos: se ha sabido conectar con el deseo y el sentimiento de la mayor parte de la sociedad española.
La que, en feliz término de Julián Marías, se caracterizaba, sobre todo, por su noluntad, por lo que no quería: ni vuelta atrás, ni nuevos enfrentamientos, ni nada que pusiera en peligro lo adquirido en años anteriores. Y esa gran nueva clase y ese «no querer» está muy todavía ahí, permitiendo y colaborando en el desarrollo de nuestra democracia, a pesar de sus evidentes defectos. El 18 de noviembre de 1976 se aprueba en las Cortes la Ley para la Reforma Política que suponía la autodisolución de las mismas y el camino para llegar a las elecciones de 1977 (¡misterioso silencio al cumplirse ahora los treinta años de la misma!). Muy poco después (15 de diciembre) el pueblo español respalda con muy sólida mayoría esta Ley mediante referéndum convocado al efecto. El régimen político de Franco ha terminado.
Y los españoles caminan, mirando al futuro y empeñados en el logro de una Constitución de consenso, nuevamente respaldada en otro referéndum. Y aquí hay que hacer una apostilla. Ni antes, ni durante el proceso constituyente se habló de reparar nada. En el gran pacto de nuestra transición, la revancha no podía tener lugar. Todos estaban de acuerdo. Y con esta ejemplar muestra de «asumir» (que no supone olvidar, ni dejar de investigar), se suceden las meritorias empresas con los gobiernos de UCD. El muy largo tracto de un PSOE dirigido por Felipe González que no se enfrentó con ningún sector de la sociedad a pesar de aciertos y desaciertos (lo de Maravall con la Universidad no se perdonará nunca). Y, en fin, la etapa de gobierno del Partido Popular.
Pero, de pronto, se ha vuelto a una de las nocivas constantes que tanto ha dañado siempre nuestro caminar político. La de resucitar el pasado y convertirlo en pieza de discordia en la actual contienda como arma arrojadiza. La ventura se nos torna preocupación.
Y lo que todos, repetidas veces, habían decidido dejar atrás, quizá esperando que el paso del tiempo ofreciera la necesaria distancia para un análisis desprovisto de pasiones en unos y otros, se trae a un muy peligroso primer plano. La sociedad no ha cambiado en sus auténticos deseos. Más aún: el país anda ya poblado de nuevas generaciones que hasta desconocen los detalles de un ayer con cuya resurrección nada bueno puede venir. Porque al resucitar se cae en las falsas generalizaciones y, por supuesto, en las verdades a medias. ¿A qué se ha debido el empeño en una «memoria» que todavía no tiene la entidad temporal como para ser llamada «histórica»?
La apelación a la historia no se puede hacer desde lo que todavía puede escocer y hasta dividir. Ni la historia ni la política que de ella se derive pueden tener como gestores la ira o el rencor. Por eso no estaba en el discurso regio con el que hemos comenzado estas líneas y contra el cual camina sin reparo esta vuelta atrás. Y por eso tampoco se quiso incluir en el contenido de una transición que, de haber tenido como baluarte el escudriñar en ese inmediato pasado, sencillamente no habría sido posible. Y creo que ni entonces, ni ahora. Hace falta mucho tiempo para comprender y asumir. Y ese paso del tiempo es el que traerá mesura para unos y para otros.
Como lo que aquí predico es tiempo, mesura y, sobre todo, objetividad en la valoración, no voy yo a caer en estas líneas en el recuento de lo que hicieron mal unos y otros. Sí: también otros. Y como la escalada de reproches si se hace desde esta ira y ese rencor citados, pueden no resultar fiables, vuélvase, como testimonios directos, a la lectura de «Las causas de la guerra de España» del gran Manuel Azaña o a la de «La guerra civil en la frontera» de Pío Baroja. Ambos padecieron muy de cerca, sufriendo con ello, lo que ahora quiere resucitarse sin la distancia y con el prejuicio. Y ninguno de los dos habló nunca de fascismo, totalitarismo, genocidios o llamada a la revancha. Más bien a todo lo contrario. Bien sabían que lo de asumir, incluso dejando atrás jirones de desgracias en ciudades y en pueblos (esto último poco estudiado y producto de nuestra ancestral envidia), requería algo más que talante: requería también talento. Y muy posiblemente lo segundo sea más importante que lo primero a la hora de atreverse a retomar la página de nuestro inmediato pasado. Que, claro está, puede convertirse, ¡una vez más!, en doloroso presente. Y para todos.
MANUEL RAMÍREZ.- Catedrático de Derecho Político.- ABC, 18 de mayo de 2007