Del 6 de octubre al 9 de noviembre

A diferencia de la insurrección catalana de 1934, la de hoy parece jugarse en los límites de una acción pacífica. Comparten de forma insidiosa la ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional

LLUÍS BASSETS 10 NOV 2015 - 00:00 CET

Como todos sabemos, Cataluña tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado sobre la historia de un momento trágico y excepcional, en que tropas armadas a las órdenes del Gobierno catalán se enfrentaron breve pero cruentamente con tropas a las órdenes del Gobierno de la República Española. Fue en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.

La intentona duró apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo disminuido por las dimensiones de la carnicería que se avecinaba apenas a dos años vista con la Guerra Civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el Gobierno catalán en pleno con su presidente a la cabeza, así como el alcalde de Barcelona, numerosos funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos y sindicales. La autonomía fue intervenida, el Parlamento quedó suspendido, fueron prohibidos los principales periódicos catalanistas, se reinstauró la censura sobre los otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la Generalitat y de la comisaría de Orden Público.

La insurrección catalana fue un episodio más y no el más grave de una intentona revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su capítulo más cruento. Pretendía frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresión de la democracia y del autogobierno catalán de la que Cataluña apenas se recuperaría durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la Guerra Civil.

Sobre las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha tinta, y una parte muy importante precisamente en los últimos años, con motivo del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. ¿No queremos un nuevo Seis de Octubre?, se ha oído decir desde hace ya unos años en el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga bien.

Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama

Sobre las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse, porque casi todo es distinto, la época y las sociedades. Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamación unilateral de la independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaración que anuncia la ruptura o desconexión diferida o a plazos con la legalidad constitucional y la desvinculación de la autoridad del Tribunal Constitucional. A diferencia de los violentos años 30, todo parece jugarse en los límites de la acción democrática y pacífica, en manifestaciones cívicas, en los medios de comunicación, en la actuación de los Gobiernos y los parlamentos o en los recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y duras, más o menos eufemísticas, como desconexión, ruptura, insurgencia o rebelión, nada de momento sitúa la confrontación en el plano del uso de la fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la desaparición de las fronteras y las soberanías compartidas —la disolución precisamente de la idea de independencia nacional— bien distinto al de la época de los nacionalismos agresivos, la escalada armamentística y los totalitarismos.

Pero también hay semejanzas. La mayor, probablemente la más insidiosa para la democracia y la que más se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional. En los dos casos se confía en la acción unilateral para modificar la relación con el resto de España, sin una negociación ni un acuerdo previo. Tal como han señalado algunos historiadores, Lluís Companys no pretendía la separación, sino repetir la jugada de Francesc Macià el 14 de abril de 1931, cuando proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas, adelantándose así a la proclamación de la República en Madrid por parte de Niceto Alcalá Zamora, para conseguir con ello una negociación posterior, que es la que desembocó en el Estatuto de 1932; nada muy distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociación tirando millas en el camino de la independencia unilateral.

Algunas de las analogías sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede entenderse sin la radicalización izquierdista y el abandono de la moderación. También entonces como ahora, todo se juega al final en la correlación de fuerzas y en la capacidad de hacer un buen cálculo de las propias y las ajenas. En 1934, la insurrección no contó con la movilización obrera y callejera y quedaron en nada las milicias armadas que debían apoyar el golpe. En el actual proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayoría parlamentaria indestructible que pedía ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando pedía un resultado plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las elecciones con una mayoría insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP. Su aislamiento internacional es pavoroso, pero además no cuenta con aliados en España; y se ha enajenado a la mitad de la población catalana.

Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas

El juego comparativo no ha terminado. También tiene sentido fijarse en las reacciones del Gobierno español. Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas y gradualistas; el reproche, justísimo, es la falta de respuesta política. Ante la aprobación en el pleno, ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca la inmediata suspensión de la declaración y de sus efectos.

Con Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre la que ha recaído la responsabilidad de un trámite tan irregular como precipitado para aprobar la declaración. Pero no será por esta actuación partidista en la interpretación del reglamento del Parlament por lo que se le pedirá responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro en cumplimiento de la declaración que el Constitucional suspenderá en las próximas horas. Si Forcadell es la primera que actúa contra la legalidad de la que deriva su presidencia será ella y no Mas quien alcanzará una palma del martirio patriótico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de 1934. Seguro que será un honor para ella, pero también que no le importará a Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminación.