Líderes
opositores trajeron al Congreso 270 documentos que atestiguan la relación entre
el régimen venezolano y Podemos
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Unidos
Podemos se prepara para una campaña «agresiva»
La
oposición al régimen chavista, desde su victoria en las elecciones
parlamentarias celebradas en Venezuela en diciembre pasado, ha utilizado su
mayoría en la Asamblea Nacional para intentar desestabilizar al presidente
Nicolás Maduro y uno de los temas en los que han centrado sus esfuerzos ha sido
la utilización de fondos públicos para exportar el chavismo a España a través
del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), embrión político de
Podemos.
Pero
antes de que la Mesa para la Unidad Democrática (MUD) lograra sus actuales 112
escaños en la Asamblea Nacional, los partidos que componen la coalición
hicieron la guerra por su cuenta.
Entre
ellos destaca Justicia Primero y, concretamente, el diputado Julio Montoya, que
viajó a Madrid con 240 documentos que ofrecían una detallada radiografía de la
relación entre la cúpula del chavismo y los cerebros de la Fundación CEPS.
Tras la
denuncia presentada por el Comité de Organización Política Electoral Independiente
(Copei) a la Fiscalía General de la República, la de Justicia Primero fue la
segunda querella que se puso en marcha en Venezuela sobre la relación entre el
embrión político de Podemos y el régimen bolivariano de Venezuela.
Montoya
aterrizó en Madrid para lograr lo que no fue posible hacer en Caracas: una
investigación seria e independiente sobre el desvío de fondos venezolanos para
lanzar en nuestro país Podemos, que actuaría en España como una franquicia del
chavismo, una maniobra que el régimen ya había llevado a cabo con éxito en
Bolivia, Paraguay y Brasil.
La
intención de este grupo de opositores venezolanos liderados por Montoya era
«tender puentes de investigación con organismos españoles sobre la financiación
ilegal que recibió la fundación de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero
durante diez años a través de contrataciones ilegales», según declaró a LA
RAZÓN poco antes de viajar a Madrid.
Durante
la misma entrevista, Montoya afirmó sin ambages que «el Gobierno nacional
contrató en los últimos años con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales
del partido Podemos de España la cantidad de 14 millones de euros, a través de
organismos estatales como el Cantv, el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, el Ministerio de la Secretaría y el Ministerio de la Alimentación».
Los más
de 270 documentos aportados por Montoya desvelaron hasta qué punto la fundación
CEPS (a la que en un momento u otro pertenecieron Iglesias, Errejón, Alegre,
Bescansa, Pascual y Monedero, entre otros) y el aparato de comunicación del
régimen chavista funcionaban como una maquinaria de propaganda coordinada.
El
dosier contenía decenas de informes y cuadros explicativos de estrategia y
comunicación política diseñados para orientar el mensaje de Maduro en otros
tantos eventos orquestados por el régimen: entrega de viviendas sociales,
jornadas de encuentro con la juventud venezolana, actos con la cúpula militar
de la República, escenificación de negociaciones colectivas con funcionarios
públicos, graduación de «misiones educativas», entregas de becas, y un largo
etcétera de actos públicos del sucesor del fallecido Chávez
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