jueves, 15 de marzo de 2018

Primeros decretos del nuevo Gobierno Comité político de la República


Primeros decretos del nuevo Gobierno
Comité político de la República

DECRETO.- El Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna, es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En su virtud, el presidente del gobierno provisional de la República, asume desde este momento la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular, conocedora, antes de emitir su voto en las urnas, de la composición del Gobierno provisional.

Interpretando el deseo inequívoco de la Nación, el Comité de las fuerzas políticas coaligadas para la instauración del nuevo régimen, designa a don Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de presidente del gobierno provisional de la República.

Madrid, catorce de abril de mil novecientos treinta y uno.

Por el Comité, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Alvaro de Albornoz, Francisco largo Caballero.

Presidencia del Gobierno provisional de la República

DECRETO.- Usando del poder que en nombre de la nación me ha conferido el Comité de las fuerzas políticas coaligadas, para la implantación de la República, triunfante en la elección popular, vengo en nombrar Ministro de Estado a don Alejandro Lerroux y García.

Dado en Madrid, a catorce de abril de mil novecientos treinta y uno. El Presidente del Gobierno provisional de la República, NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES.

Gobierno provisional de la República
DECRETO.- El Gobierno provisional de la República, al recibir sus poderes de la voluntad nacional, cumple con un imperioso deber político al afirmar ante España que la conjunción representada por este Gobierno no responde a la mera coincidencia negativa de libertar a nuestra patria de la vieja estructura ahogadiza del régimen monárquico, sino a la positiva convergencia de afirmar la necesidad de establecer como base de la organización del Estado un plexo de normas de justicia necesitadas y anheladas por el país.

El Gobierno provisional, por su carácter de transitorio de órgano supremo, mediante el cual ha de ejercer las funciones soberanas del Estado, acepta la alta y delicada misión de establecerse como Gobierno de plenos poderes. No ha de formular una carta de derechos ciudadanos, cuya fijación de principios y reglamentación concreta corresponde a la función soberana y creadora de la Asamblea Constituyente; mas como la situación de «pleno poder» no ha de entrañar ejercicio arbitrario en las actividades del Gobierno, afirma solemnemente, con anterioridad a toda resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas jurídicas, las cuales, al condicionar su actividad, habrán de servir para que España y los órganos de autoridad puedan conocer, así los principios directivos en que han de inspirarse los decretos, cuanto las limitaciones que el Gobierno provisional se impone.

En virtud de las razones antedichas el Gobierno declara:
1.: Dado el origen democrático de su poder y en razón del responsabilismo en que deben moverse los órganos del Estado, someterá su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes -órgano supremo y directo de la voluntad nacional-, llegada la hora de declinar ante ella sus poderes.

2.: Para responder a los justos e insatisfechos anhelos de España, el Gobierno provisional adopta como norma depuradora de la estructura del Estado, someter inmediatamente, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad los actos de gestión y autoridad pendientes de examen al ser disuelto el Parlamento en 1923, así como los ulteriores, y abrir expediente de revisión en los organismos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad, habitual en el régimen que termina.

3.: El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.

4.: El Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituído en nuestro régimen constitucional el estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos, y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social.

5.: El Gobierno provisional declara que la propiedad privada queda garantizada por la ley, en consecuencia, no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país, y a la incongruencia del derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra.

6.: El Gobierno provisional, a virtud de las razones que justifican la plenitud de su poder, incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación. En consecuencia, el Gobierno provisional podrá someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a las Cortes Constituyentes.

NICETO ALCALA-ZAMORA, Presidente del Gobierno provisional; Alejandro Lerroux, Ministro de Estado; Fernando de los ríos, Ministro de Justicia; Manuel Azaña, Ministro de la Guerra; Santiago Casares Quiroga, Ministro de Marina; Miguel Maura, Ministro de la gobernación; Alvaro de Albornoz, Ministro de fomento; Francisco largo Caballero, Ministro de Trabajo..

Presidencia del Gobierno provisional de la República
DECRETOS.- El Gobierno de la República Española, teniendo en cuenta que los delitos políticos, sociales y de imprenta responden generalmente a un sentimiento de elevada idealidad; que los hechos más recientes de ese orden han sido impulsados por el amor a la libertad y a la patria, y, además, legitimados por el voto del pueblo, en su deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la paz pública, decreta, como primera medida de su actuación, lo siguiente:

Artículo 1.: Se concede la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos.
Se exceptúan únicamente los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y los de injuria y calumnia a particular perseguidos en virtud de querella de éstos.

Artículo 2.: Por los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina se dictarán las disposiciones aclaratorias mediante las cuales se resuelvan las dudas que surjan y el alcance de la amnistía.

Por los mismos Departamentos se preparará con urgencia un indulto general que reduzca la severidad de las condenas y haga partícipe a la población penal de la satisfacción del país.
Dado en Madrid, a catorce de abril de mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República, NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES.

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Recogiendo el Gobierno provisional de la República la aspiración popular, deseoso de que se solemnice la instauración del nuevo régimen y el alto ejemplo que supone haberlo llevado a cabo por consciente, legal y ordenada expresión de ciudadanía, decreto lo siguiente:
Artículo único. El día 15 de abril de 1931 se declara fiesta nacional y en los años sucesivos lo será el 14 del mismo mes, conmemorándose el establecimiento de la República.
Dado en Madrid, a catorce de abril de mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República, NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES.
(Gaceta de Madrid, 15 de abril de 1931.)

 La Generalidad acepta restringir sus poderes, tras gestiones del Gobierno central.
A las ocho de la noche fue facilitada a los periodistas la anunciada nota, que está concebida en los siguientes términos:
«En los primeros momentos de recobrar libertades que siglos ha no teníamos, es preciso no dejarnos amenguar un solo instante el entusiasmo de la victoria ni el enardecimiento para las un nuevas batallas.
»Hoy por hoy nuestro problema va ligado a otro factor, sobre todo en estos momentos de revolución, de esta revolución que hemos hecho unidos con los hermanos de espíritu libre del resto de España y que ha terminado con la Monarquía española. Esto hace que nos hayamos visto inclinados, por solidaridad republicana y por espíritu del propio interés, a privarnos, por breve interinidad, de una parte de aquella soberanía a la cual tenemos derecho.
»Y esta limitación, aceptada siempre, pero de una manera activa y aprovechándola para intensificar la fe y la confianza en nuestros principios y la preparación de medios para obtenerla, puede constituir una mayor garantía para nuestra victoria final.
»Esto es lo que hemos de hacer, mientras esperamos las Cortes Constituyentes, a las cuales hemos de llevar el plebiscito de nuestro pueblo, plebiscito que en este plazo de espera hemos de fortalecer más todavía y garantizarlo en el sentido de defensa de las propias libertades que por él expresará libremente el pueblo de Cataluña.
»Pronto llamaremos a este plebiscito a todos los representantes de los Ayuntamientos de Cataluña para que vengáis a ratificar nuestra obra revolucionaria. Tan sólo así afirmaremos la República naciente que, una vez consolidada, permitirá articular mejor nuestras libertades con aquella Confederación Hispánica, que siempre hemos preconizado.- Francisco Maciá.»
(La Vanguardia, 28 de abril de 1931.)


Arreglo provisional de diferencias entre el Gobierno de la República y la Generalidad de Cataluña
Consecuente el Gobierno provisional de la República con los acuerdos que precedieron al movimiento implantador de aquélla y deseoso de mantener la cordialidad que viene afirmándose en sus relaciones como Poder central con la Generalidad de Cataluña, ha distinguido clara y precisamente, según recientes manifestaciones en relación con el decreto aprobado por aquélla en 28 de abril último, la parte que corresponde a la vida interna de la misma Generalidad, a la que en modo alguno tocan ni afectan las disposiciones de este decreto, y aquella otra de relaciones con el mismo Gobierno provisional de la República en las que por tratarse de atribuciones del Estado, conforme a la legislación aún vigente, reconocen el común asenso que debe ser resuelto por la presente disposición, considerando como un proyecto los artículos del mencionado decreto de abril que con tal problema de deslinde y coordenación se relaciona.
Considerando el decreto como un proyecto en esa parte, la comunicación cordial que este Gobierno mantiene con la Generalidad ha recogido de la misma otras manifestaciones aclaratorias y complementarias, cuyo resultado, tras la meditación, detenida por la importancia y fácil por la claridad, se fija como régimen provisional en las disposiciones del presente decreto.

Por todo ello, el Gobierno provisional de la República decreta:
Artículo 1.: Las disposiciones del presente decreto en nada afectan ni aportan modificación alguna a los artículos 2.:, 4.:, 8.:, 9.: hasta el 22 inclusive, apartados c) y d), 23 al 26 inclusive, del decreto de la Generalidad de Cataluña fecha 28 de abril último, en que aquélla ha desenvuelto y regulado, como mejor estimó, su organización y atribuciones provisionales de vida peculiar de Cataluña, que el Gobierno provisional de la República reconoce y respeta. Queda asimismo reconocida, mientras dure el régimen provisional, la facultad de que se ha hecho uso en el artículo 1.: de dicho decreto para organizar, y en su caso modificar, como mejor apreciare la Generalidad, la estructura de su peculiar Gobierno y entidades o funcionarios que la completen y la sirvan. Del propio modo, las disposiciones del presente decreto en nada alteran el artículo 3.: del de la Generalidad, que distribuye entre los consejeros y departamentos de la misma los respectivos asuntos. Queda aclarado tan sólo en relación con la misma, que el ministerio fiscal, en los tribunales de Cataluña, deberá, conforme a su organización jerárquica, al atender los requerimientos de la Generalidad, ponerlos en conocimiento, cuando por la ley proceda, del fiscal general de la República.

Art. 2.: Sin perjuicio de la facultad que expresamente se reconoce a la Generalidad de Cataluña para proponer modificaciones urgentes y necesarias de la legislación vigente, para las cuales fuera dañoso aguardar a la reunión de las Cortes, se entenderá que subsisten las anteriores y generales del Estado, con la delimitación de facultades que en ellas se contuvieren, mientras no sean modificadas. Sin embargo, en todas aquellas materias en que las autoridades dependientes del Gobierno provisional de la República actuaran según las leyes antiguas vigentes, como superiores jerárquicos de corporaciones locales o en función tutelar de las mismas, deberá procurar el informe de la Generalidad de Cataluña o del funcionario o Comisión a quien ésta hubiera transmitido tal encargo. Del propio modo se entenderá que cuando una ley o reglamento exigieran la audiencia o informe de la Diputación o Comisión provincial, deberán las autoridades dependientes del Gobierno provisional consultar previamente a la Generalidad de Cataluña. Corresponde asimismo a la Generalidad acudir o dirigirse al Gobierno provisional de la República proponiendo la revocación de las resoluciones que, según ley, sean susceptibles de enmienda en vía gubernativa, y que, dictadas por las autoridades dependientes del Gobierno provisional de la República, estime aquélla injustas y lesivas para el interés general de Cataluña o de alguna de sus comarcas o municipios.

Art. 3.: La Generalidad de Cataluña podrá proponer al Gobierno provisional de la República las modificaciones urgentes y necesarias a que alude el artículo anterior, ya en cuanto al fondo de las disposiciones, ya en cuanto a la delegación de autoridad, y el Gobierno provisional de la República, oyendo a aquélla y procurando en cuanto fuere posible el acuerdo, dictará el decreto o preparará el proyecto de ley, publicando aquél, cuando recaiga, en la Gaceta, en el Boletín de la Generalidad y en los oficiales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

Art. 4.: El presidente de la Generalidad de Cataluña, o quien le sustituya, deberá concurrir a la Junta de autoridades que por motivos de orden público proceda convocar en Barcelona, ejerciendo, como los demás, la facultad de iniciativa. Los comisarios de la Generalidad a que se refieren los artículos 25 y 26 del decreto de la misma, tendrán igual facultad en Gerona, Lérida y Tarragona. Cuando la Generalidad, para el mantenimiento del orden o por conflicto con éste relacionados estime oportuno requerir a las autoridades encargadas por la legislación actual de mantener aquél, podrá hacerlo, y las mismas, dentro de su deber y bajo su responsabilidad, ante el Gobierno provisional de la República, prestarán el auxilio y adoptarán las medidas que las circunstancias aconsejen, debiendo prestar a la Generalidad en el ejercicio de las atribuciones de ésta el concurso que para su eficacia necesite.

Art. 5.: A los efectos del apartado a) del artículo 22 del repetido decreto, se entenderá que la ponencia y Gobierno de la Generalidad a que allí se alude, a más de expresar en el proyecto de estatuto las atribuciones reservadas al Poder central de la República, deberán también destacar aquéllas que se consideren privativas e indispensables para el Gobierno peculiar de Cataluña. Con el proyecto que se votare, se publicarán los votos particulares, si los hubiese. A los efectos del apartado b) del mismo artículo 22, se entenderá que el proyecto de estatuto a que alude, una vez votado por la Diputación provisional, se someterá al plebiscito de los ayuntamientos y luego al referéndum de Cataluña en voto particular directo.
Dado en Madrid, 9 de mayo de 1931.- El Presidente del Gobierno provisional de la República, NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES.
(El Sol, 10 de mayo de 1931.)



Desórdenes antimonárquicos en Madrid. Quema de conventos.
A la una de la madrugada del domingo recibió el ministro de la Gobernación a los periodistas, a los que hizo el relato siguiente:
«Habían solicitado los de la Acción monárquica independiente permiso para celebrar una reunión en su local social, que se les ha concedido dentro de la ley. Nadie tenía noticia de que dicha reunión se celebraba, y poco después de mediodía, un grupo de jóvenes salió de dicho domicilio social dando gritos de «¡Viva el Rey!» y «Muera la República!». Los mecánicos de los taxis que estaban frente a dicho edificio gritaron «¡Viva la República!» y fueron agredidos por los monárquicos. La gente se arremolinó y formó un grupo compacto, que en protesta airada quiso asaltar el edifico. Se cerraron las puertas y acudieron fuerzas de Seguridad. El grupo llegó a tener poco más de mil personas, y poco después el ministro de la Gobernación pasaba por el lugar del suceso y se enteraba de lo ocurrido.

»Apenas llegado al ministerio de la Gobernación, dio las órdenes necesarias para lograr estas dos cosas: que el local fuera desalojado sin daño para las personas y que fueran detenidos los responsables del tumulto, que con sus gritos subversivos habían producido la excitación de los ciudadanos.

»Fueron desalojadas poco a poco las personas del local y conducidas algunas a la Dirección General de Seguridad en un camión de este centro. A las cinco de la tarde, el ministro de la Gobernación volvió al lugar del suceso y dirigió la palabra a la muchedumbre, rogándole que se retirase y que dejase a la Guardia Civil cumplir su cometido de conducir a los últimos detenidos a la Dirección General de Seguridad. La multitud permanecía estacionada en actitud hostil ante el edificio. A las cinco y media se había disuelto sin más incidentes que haber quemado dos automóviles, propiedad uno de don Juan Ignacio Luca de Tena y otro cuyo propietario se ignora.

»A las tres y media de la tarde una manifestación numerosa se dirigió al periódico ABC en son de protesta, acercándose a la puerta, llamando para que se les abriera, y parece que intentaron quemarla, rociándola previamente con algún combustible.

«En ese momento, desde las ventanas altas del edificio se hicieron varios disparos contra la muchedumbre, resultando herido de un balazo el portero del número 68 de la calle de Serrano, y un muchacho de trece años. Fueron trasladados a la policlínica de la calle de Tamayo, donde se le dio la asistencia facultativa necesaria.
»Al tener el ministro de la Gobernación noticia de los sucesos requirió al fiscal de la República para que a su vez requiriera del juez un mandamiento judicial para practicar un registro en ABC y en su caso para la clausura del local.
»Fuerzas de la Guardia civil y comisarios de la Policía, con el oportuno mandamiento judicial, fueron a ABC y practicaron el registro, que a primera hora de la madrugada, hora en que el ministro dicta estas líneas, parece que no ha terminado, pero se han encontrado, en efecto, algunas armas.
»En vista de esto, el ministro, amparado por la orden del juez, ha dispuesto que esta misma noche queden clausurados el periódico y la Redacción y sea detenido don Juan Ignacio Luca de Tena, que, según noticias que el ministro tiene, quedará a disposición del director general de Seguridad en plazo brevísimo, dentro de esta misma noche, y dar comienzo el proceso para indagar las responsabilidades, no sólo por lo ocurrido hoy, sino también por la insistente campaña de provocación y alarma que ese periódico viene realizando.
En todo el resto de la tarde, grupos de ciudadanos han recorrido las calles de Madrid en manifestación pacífica, salvo algunos pequeños incidentes que carecen en absoluto de importancia, como por ejemplo el asalto a una armería, que fue reprimido por la fuerza pública, que ha causado dos heridos a los asaltantes.
El Gobierno ha mostrado en el día de hoy con su tacto y prudencia hasta dónde llega en su respeto al deseo legítimo del pueblo de manifestar su protesta; pero por lo mismo, teniendo plena conciencia de cuál es su responsabilidad y su deber, tiene derecho a exigir de todos sus correligionarios, sin distinción de matices, la confianza en su actuación, y declara que quienes intentaran el lunes continuar manifestando en forma tumultuaria sus deseos o protestas no pueden ser servidores de la causa que la República representa, sino enemigos declarados de ella, que, viniendo de la derecha o de la izquierda, pretenden socavar su autoridad, y siendo así, está decidido a no consentir en el día de mañana ningún género de manifestaciones colectivas en la calle
»El Consejo de ministros, que se reúne mañana, como estaba anunciado, adoptará por su parte las determinaciones enérgicas que procedan para cortar de raíz todo intento, venga de donde viniere, y el Gobierno sabe de dónde viene, de reacción monárquica o extremista de la izquierda.
»Los detenidos hasta la fecha son alrededor de una docena, entre los cuales están los jóvenes hermanos Mirallles, que pistola en mano se dedicaban, tras los árboles de la calle de Serrano, a disparar contra el pueblo.
»No tiene el ministro en este momento la lista con los nombres de todos.
El ex ministro señor Matos, que pasaba por la calle de Alcalá en el momento del tumulto, fue agredido por la muchedumbre, que lo reconoció, y amparado por el señor Sánchez Guerra padre, primero, y después por el hijo, el subsecretario de la Presidencia, y custodiado por la misma masa popular, fue acompañado hasta la Dirección de Seguridad y quedó allí por su propia voluntad.»
(El Sol, 11 de mayo de 1931.)

De los ciento setenta conventos que existen en Madrid, según el director de Seguridad, han quedado destruidos seis.
Durante toda la tarde el público ha desfilado por frente a los conventos incendiados en una incesante procesión de curiosidad. Desde la terraza del Palacio de la prensa el espectáculo era extraordinario. Sobre el plano de la población, por encima de los tejados se divisaban las columnas de humo que despedían los incendios del colegio de las Maravillas, en los Cuatro Caminos; del Instituto Católico de la calle de Alberto Aguilera, de los Carmelitas de Santa Teresa, en la plaza de España, y el de la Residencia de Jesuítas de la calle de la flor.
A última hora de la tarde el director general de Seguridad recibió a los periodistas, manifestándoles que en Madrid existían 170 conventos, de los cuales habían sido incendiados el de Salesianos, en la calle de Villamil; el de Maravillas, en Bravo Murillo; Carmelitas de la plaza de España, Instituto Católico de Alberto Aguilera y otro de la calle de Martín de los Heros. También se intentó incendiar, aunque fueron librados de este peligro, el de los Paúles de la calle de García Paredes, Trinitarias de Marqués de Urquijo; los Luises, en la calle de Cedaceros; el de Jesús, en la plaza del mismo nombre; otro de Carmelitas, en la calle de Ayala; de San José de Calasanz en la calle de Torrijos; otro de monjas en la calle de San Bernardo, el del Buen Suceso, el de Caballero de Gracia y otro de la calle de Evaristo San Miguel.
En el de Trinitarias de la calle del Marqués de Urquijo, como ya referimos en otro lugar, fueron libertadas por las masas las acogidas sometidas a corrección en dicho establecimiento. También el público hizo evacuar un convento de monjas sito en la calle Ancha, 86; el de San Plácido, en la calle de San Roque, las monjas del Servicio Doméstico de la calle de Fuencarral, los frailes de la fundación Caldeiro, las Trinitarias de Lope de Vega y las monjas del Sagrado Corazón. En el resto, hasta el número de 170, que hemos dicho, no ha ocurrido novedad alguna.
Durante la tarde se pudo ver por las calles a muchas monjas vestidas con el traje seglar, que se dirigían a diversas casas para buscar refugio en ellas. El director general de Seguridad manifestó que las fuerzas del Ejército patrullaban y prestaban servicio de vigilancia en diversos puntos, y que no ocurrió nada más de particular, sin que tuviera noticias de que en provincias hubiera ocurrido anormalidad alguna. A la Dirección de Seguridad llegan algunas personas de las que tenían algún pariente en los conventos, y cuyo paradero ignoran de momento, para obtener en este centro oficial algunas noticias.
(El Sol, 11 de mayo de 1931.)


El Gobierno de la República, por boca del señor Alcalá Zamora, se manifiesta contra la extrema derecha e izquierda
«El Gobierno de la República, desde el primer instante de su advenimiento, ha querido comunicar con el país, enterándole de las noticias gratas y de los hechos adversos, de los motivos de satisfacción y de aquellos que hondamente le apenan.
»El día de hoy, continuación de la jornada de ayer, el Gobierno lo lamenta, y está dispuesto a reprimir y a impedir la continuación de los sucesos. En la unanimidad esencial y completa del Gobierno, que representa diversas tendencias, no hay la menor diferenciación para condenar los hechos ocurridos; hoy, igual que los creyentes, los deploran, los condenan, los ministros que en la plena libertad espiritual que caracteriza y proclama este Gobierno tienen otra representación. Los hechos ocurridos hoy no son ni privativos de régimen republicano ni desconocidos en la Historia de España. Han tenido lugar bajo otras formas de Gobierno con mayor violencia, con otra intensidad, con repetición durante varios días y con excesos en las personas y en las cosas, de que se han visto libres los sucesos que han tenido lugar en el día de hoy en Madrid.

»EI Gobierno, que no ha perdido ni un momento la serenidad ni el dominio de los resortes que están a su alcance, aunque procurara sorprenderle el rumbo y la preparación de los acontecimientos, queda tranquilo de haber evitado días de luto, jornadas de sangre, aun cuando conserve el sentimiento de que en su batalla para defender el orden público no pudiera llegar con toda la eficacia de sus órdenes y de sus deseos a reprimir los excesos en propiedades, que todas son sagradas y que las atacadas lo son bajo otro aspecto que afecta a las creencias de muchas personas.

»El Gobierno afirma su inquebrantable propósito de utilizar para ello todos los resortes y los medios que la ley le dé y que están en su mano.

»Con él no ampara un interés, no sirve una tendencia; defiende a la República y salva el interés nacional de España. En la culpa de lo ocurrido hay que destacar enemigos del régimen de una y otra tendencias. Hemos asistido al choque, que a veces es coincidencia y que en ciertas ocasiones, por absurdo que parezca, puede ser hasta alianza de enemigos que procuran flanquear a la República por la derecha y por la izquierda. Ha habido la torpe provocación de elementos monárquicos, que hicieron un cálculo aproximado, aunque deficiente, de toda la impopularidad de su significación y de toda la reacción que iban a provocar; ha habido también la temeridad de elementos extremistas, que queriendo desbordar la República en otra dirección, han aprovechado la indignación explicable y legítima del pueblo republicano, de la masa de los partidos republicanos y socialistas, para derivar la indignación por otros caminos.

»El Gobierno, que sabe los inconvenientes de estar flanqueado por dos fuerzas enemigas, conoce también la táctica para seguir adelante y para desbaratar los planes de una y de otra. Más que la agresión de los adversarios monárquicos y de los adversarios extremistas, lamentaría la ofuscación de los elementos sincera y honradamente republicanos, que pueden perder la serenidad manejados por los unos o por los otros. A ellos y a los socialistas, de cuya disciplina estamos seguros, se dirigen para que no sirvan ninguna maniobra tortuosa, vuelvan al trabajo, vuelvan a la normalidad y deshagan el juego de cuantos son adversarios de la República.

»En esta significación, quiere decir el Gobierno que así como fue el honor del régimen mantenido desde el primer instante, prolongado hasta el día de ayer que la República surgió, era sin un tumulto, sin la agresión al derecho de nadie, sin el ataque a la significación de ninguno, con los comercios abiertos y con todos los ciudadanos en la calle. La tristeza para ella es que ese espectáculo se perturbe, y la resolución del Gobierno de que como en régimen de democracia la calle es de todos, y para ser de todos no puede ser de los alborotadores, y en nombre del país, quien tiene que asegurar el libre disfrute de cada uno es el propio Gobierno.

»El Gobierno, sin obedecer a presión alguna, desenvolviendo un plan perfectamente meditado antes de su constitución, ha ido adoptando y en el día de hoy ha tomado varios acuerdos que responden al ansia legítima de la verdadera opinión republicana del país. El Gobierno comprende toda la equivocación que ha podido inducir a la masa la maniobra intencional de ayer; el Gobierno se hace cargo de todo el daño que ha podido producir también la aquiescencia a aquellos hechos tristísimos de Huesca y de Jaca, que aún sangran en la conciencia del país, y ha tomado las determinaciones legitimas que satisfagan el verdadero espíritu republicano; la libertad que, con precipitación extraña, se concedió al general Berenguer, ha sido rectificada por medidas de gobierno, ingresando en Prisiones Militares en virtud de medidas legítimas y preparándose por el señor fiscal del Tribunal Supremo el ejercicio de acciones penales que desde hace varias semanas había empezado a redactarse y documentarse con la justificación necesaria contra todos los abusos de la Dictadura, sin olvidar ninguno de ellos, ni siquiera el atropello del Ateneo ni algún otro que en recientes despachos el celo del Gobierno y de sus subordinados descubrió como indicio de falsedad y de favoritismo en la obra del Gobierno; al propio tiempo, respondiendo a la significación que tiene el sentido de justicia civil, a la aspiración del país, el Gobierno ha decretado la unificación de fueros, reduciendo la justicia militar a los límites estrictos y disolviendo el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que sobre no responder a una buena organización jurídica, no había sabido reflejar el sentimiento de la conciencia jurídica española; pero el Gobierno todas estas medidas las ha tomado y las toma dentro del cauce de la ley. Responsabilidades, sí; ante Tribunales de excepción, no; con toda la severidad de la ley restablecida, sí, con legislación de venganza retroactiva, no.

»El Gobierno quiere salvar la República y no quiere deshonrarla ni comprometerla con arbitrariedades que lleven el sello de la venganza y la marcha de la imprevisión.

»El hombre que habla al país se da cuenta de que por azares de la fortuna le acoge hoy y le ampara una popularidad máxima que no podía soñar. Pues bien: para merecerla tiene que comprometerla sirviendo su conciencia y no las voces de la populachería. Os he dicho y os repito que responsabilidades, sí; Tribunales de excepción, no; leyes preestablecidas, sí; venganza con efecto retroactivo, no, porque eso seria deshonrar a la República. Libertad de conciencia y ejercicio de cultos como conquista de la civilización jurídica, se incorporarán a nuestro Código fundamental; pero, en nombre de ellas mismas, amparo a todo lugar donde se eleve la oración de Dios, cuidando de evitar que allí se profane con la mezcla de otros intereses, de otras ambiciones o con la torpe adhesión a instituciones caedizas o caídas.

»Pero todavía, al afirmar que la tranquilidad está restablecida; al dar esa sensación a España, el hombre que sabe que goza de popularidad y no tiene inconveniente en comprometerla para dejar a salvo la conciencia, previene a la opinión española contra todos aquellos que, a título de conquista democrática o de salvaguardia de la República, piden insensatamente el desarme de la Guardia Civil, no. Yo tengo el deber de hacer justicia a la Guardia Civil y de tributarle, no el elogio del halago, pero sí discernir la recompensa que merece. La Guardia Civil, contra lo que digan los agitadores, no era instrumento de la Dictadura, sino el medio en el cual inevitablemente se reflejaban las torpezas de aquel sistema de gobierno. La Guardia Civil tiene en su haber y en su gloria haber sido instrumento adicto al régimen constitucional y dispuesto incluso el 13 de septiembre de 1923, si hubiera habido decisión en los gobernantes, a aplastar a la Dictadura en su nacimiento y haber salvado el imperio de la Constitución. La Guardia civil ha sido el primer Cuerpo del Ejército que el día 14 de abril se puso a disposición del Gobierno republicano, y al mediodía, cuatro horas antes de tomar posesión del Poder, estábamos seguros de la lealtad y del concurso de aquel instrumento. La Guardia civil fue la que abrió las puertas de Gobernación y la primera que rindió honores y presentó sus armas ante el Gobierno revolucionario que en nombre del pueblo tomó posesión de aquel edificio; la Guardia Civil, en la jornada de ayer, ha dado el ejemplo más hermoso de disciplina, de adhesión la más leal, la más probada, resistiendo el insulto, resistiendo el ataque, serena en la confianza de su valor, siempre mostrado; abnegada en el heroísmo que pasivamente obedece, dispuesta a restablecer con prudencia el imperio de la ley cuando la necesidad lo reclame.

«La Guardia Civil supo ser constitucional y ha sabido ser republicana; y yo, sea cual fuere la murmuración que contra mí dirija el odio de los agitadores, prevengo al pueblo de que la Guardia civil, leal al Gobierno, es un instrumento que sabrá defender y salvar la República de cualquier peligro que la aceche.

»Y ahora, a todos. Al lado del Gobierno, respetando el derecho, volved al trabajo, dejad solos en las calles a los conspiradores monárquicos y a los agitadores que hacen su juego en extrema izquierda. La masa, apartada, tranquila, confiando en nuestra justicia; si la fuerza tiene que intervenir, que sea frente a quienes merezcan y motiven su empleo. Pocos enemigos y conocidos. Los inocentes, la masa general del país, que no se mezcle con ellos. La tranquilidad está restablecida; el Gobierno amparará el orden.

»Jornadas en desprestigio de la República no se consienten. La gloria con que nació hemos de procurar que se conserve.»

(El Sol, 12 de mayo de 1931.)




La Agrupación al Servicio de la República condena los sucesos
La multitud esótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías.- Unas cuantas ciudades de la República han sido vandalizadas por pequeñas turbas de incendiarios. En Madrid, Málaga, Alicante y Granada humean los edificios donde vivían gentes que, es cierto, han causado durante centurias daños enormes a la nación española, pero que hoy, precisamente hoy, cuando ya no tienen el Poder público en la mano, son por completo innocuas. Porque eso, la detentación y manejo del Poder público, eran la única fuerza nociva de que gozaban. Extirpados sus privilegios y mano a mano con los otros grupos sociales, las Ordenes religiosas significan en España poco más que nada. Su influencia era grande, pero prestada: procedía del Estado. Creer otra cosa es ignorar por completo la verdadera realidad de nuestra vida colectiva.
Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestran ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva democracia. Inspirados por ésta, no hubieran quemado los edificios, sino que más bien se habrían propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios.
La bochornosa jornada del lunes queda, en alguna parte, compensada en Madrid por la admirable del domingo. La prontitud, espontaneidad y decisión con que la gente madrileña reaccionó ante la impertinencia de unos caballeritos monárquicos fue una amonestación suficiente, por el momento, que daba al Gobierno motivo holgado para podar ejecutivamente su ingénita petulancia. Nada más debió hacerse. De otro modo, aprenderían un juego muy fácil, consistente en provocar con un leve gesto de ellos convulsiones enormes en el pueblo republicano. No; si quieren, en efecto, suscitar en nosotros grandes sacudidas, que se molesten, al menos, en preparar provocaciones de mayor tamaño. A ver si pueden.
Lo que es preciso evitar de la manera más absoluta es que falte al Gobierno, ni durante una fracción de segundo, la confianza en sí mismo y en la plenitud de su representación. Este Gobierno, si alguno en el mundo, ha sido ungido por la más clara e indiscutible voluntad de la nación. Los enemigos de la República no han intentado siquiera ponerlo en duda, cualesquiera que fueren sus ilusiones y sus manejos de otra índole. En cuanto a los republicanos, es cosa de evidencia rebosante que nadie puede presumir de haber hecho más por la República que ese grupo de hombres exaltado hoy a los cargos de ministros y demás oficios gubernativos. Nadie ha trabajado más por el cambio de régimen; nadie se ha expuesto más entre los españoles vivientes. Es, pues, intolerable que grupo alguno particular, atribuyéndose con grotesca arbitrariedad la representación de los deseos nacionales, reclame tumultuariamente del Gobierno medidas y actuaciones que el capricho haya inspirado. Son demasiados los millones de españoles los que han votado a la República para que el montón de unos cientos o unos miles aspire a ser más España toda que el resto gigantesco. Con toda esta teatralería de vetusta democracia mediterránea hay que acabar desde luego y sin más. No hay otro «pueblo» que el organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías.
Por otra parte, esa plenitud de representación que en el Gobierno reside le obliga a conservar intacto el depósito soberano de confianza que entera una nación le ha entregado. Es el Gobierno de todos los que han votado la República, y tiene el deber tremendo de llegar integro y sin titubeos hasta el momento en que nos devuelva, instaurado, ya, el nueva Estado: la República española.
Porque de esto se trata estrictamente y no de anticiparse a calificar esa República con uno u otro adjetivo. Después de siglos de despotismo franco o disfrazado va España, por vez primera, a decidir con libertad, e inspirándose en su destino más propio, la organización de su vida. Por eso es muy especialmente criminal todo intento de tiranizarla de nuevo imponiéndole formas de imitación. La originalidad, a veces dolorosa, de nuestra historia, augura con toda probabilidad soluciones y modos nuevos que pocos sospechan hoy. Por lo menos, no hay gran riesgo en vaticinar que España no será -como algunos dicen por ahí- una República burguesa. Sólo el desconocimiento pleno de nuestra conformación histórica puede creer tal cosa. España, que no ha podido vivir con plenitud, ni siquiera con suficiencia, la época Moderna, precisamente porque le faltó burguesía, no es verosímil que a esta altura de los tiempos y bajo una forma republicana resulte, por magia, constituida en nación específicamente burguesa. Todo anuncia más bien que España llegue a organizarse en un pueblo de trabajadores. El modo y el camino para arribar a ello serán, de seguro, distintos de los que se han ideado en otros pueblos, y sin gesticulación ni violencias revolucionarias. Entre innumerables razones, hace creer esto que nuestra economía es de un equilibrio tan inestable, por su escaso volumen, que ya la menor contracción de la riqueza pública -y todo intento revolucionario la suscitaría- será catastrófica y estrangulará el conato mismo de desórdenes graves.
Es preciso, por tanto, que de la manera más inmediata y resuelta impongan el tono de la nueva democracia exacta, limpia, dura como el metal técnico, cuantos españoles posean la dosis suficiente de buen sentido, y que no sean pseudointelectuales incapaces de pensar tres ideas en fila. Hoy no tiene la República más peligros que los fantasmas.
Nos induce a esta fe, entre otras cosas, ver cómo los estudiantes, que son, con el grupo de hombres gobernantes, quienes más hicieron por el advenimiento de la República, han ofrecido una nota ejemplar con su total ausencia de las asquerosas escenas incendiarias. Pero es preciso que se preparen para dar a esa ejemplaridad, en el inmediato futuro, carácter más activo. Tienen que defender fieramente la dignidad de su República. Fíense de su instinto insobornable, tesoro esencial de la juventud, del cual ha de emanar el único futuro verdadero. Fíense de él y rechacen todo lo que es falso, sin autenticidad, como esas falsas representaciones de manidos melodramas revolucionarios y esas imitaciones insinceras de lo que un pueblo semiasiático tuvo que hacer en una hora terrible de su Historia. Exijan implacablemente que se cumpla el estricto destino español, y no otro fingido o prestado
Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala.
(El Sol, 11 de mayo de 1931.)

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