EL populismo
siempre se acaba cobrando un elevado coste a nivel político, económico y social
en los países donde alcanza el poder, tal y como demuestran las desastrosas
experiencias de Grecia o Venezuela, pero su onerosa factura no es menos grave
si su ejercicio se limita al ámbito local o autonómico.
Las probables
alcaldías de Manuela Carmena en la capital de España y de Ada Colau en la
Ciudad Condal, apoyadas por Podemos a través de las plataformas Ahora Madrid y
Comú, ya se han traducido en una mayor tensión financiera y bursátil, pero,
sobre todo, en un preocupante ambiente de incertidumbre empresarial que, de
prolongarse, frenará la llegada de inversiones y, por tanto, minará el alto
potencial de crecimiento de ambas urbes.
El temor que
muestran los inversores está más que justificado si se tiene en cuenta que los
programas electorales de Carmena y Colau representan un ataque directo a la
libertad económica, la propiedad privada y la seguridad jurídica, los pilares
para generar riqueza, crear empleo y, en última instancia, sostener las cuentas
públicas.
Ambas candidatas
amenazan, por un lado, con impagar la deuda local, lo cual no solo es un
despropósito desde el punto de vista legal, sino un auténtico suicidio
presupuestario, ya que cortaría el grifo de la financiación del que dependen
estos ayuntamientos.
Cabe recordar que
Madrid y Barcelona, debido a su gran tamaño, son los consistorios más
endeudados, con casi 7.000 millones, el 72 por ciento de la deuda municipal del
país.
Asimismo, proponen
revertir la venta de activos y la externalización de servicios públicos, sin
importar lo más mínimo el evidente atropello jurídico que supondría para las
empresas concesionarias, el insostenible aumento del gasto o el consiguiente
incumplimiento de los objetivos de déficit. Y ello, sin olvidar el limbo en el
que se encuentran todos los proyectos urbanísticos en marcha.
Tan solo en
Madrid, la paralización de las grandes operaciones de Campamento y Chamartín
pone en riesgo más de 9.000 millones de inversión a largo plazo.
Si a este sombrío
panorama se suman, por otro lado, las numerosas y lesivas subidas de impuestos
que propugnan Carmena y Colau, la flagrante violación de la ley en materia de
desahucios, la política de sanciones a la propiedad inmobiliaria o la
imposición de trabas a la actividad comercial y turística, especialmente en
Barcelona, donde el turismo representa cerca del 14 por ciento del PIB, es
lógico que empresarios e inversores den la voz de alarma.
Aunque este
nefasto populismo urbano se verá, sin duda, limitado por la aplicación de la ley,
la llegada de la extrema izquierda a enclaves tan importantes como Madrid y
Barcelona, cuyas economías rondan los 180.000 millones de euros, tendrá
consecuencias económicas muy negativas a nivel local, pero también infligirá un
gran daño a la imagen exterior de España, debido al incierto futuro de
inestabilidad política que dibuja el país.
«Me convertí en un yonqui del dinero y voy a tirar de la manta»
Las vísperas electorales y el grifo cerrado operaron en Benavent una
gran transformación.
Tras años nutriéndose de comisiones ilegales en la Comunidad Valenciana
(como él reconoció ayer), ahora amenaza con «tirar de la manta».
Se agradecen la sinceridad y el presunto arrepentimiento, aunque
lleguen tarde.
La Diputación valenciana le ha denunciado por saquear una empresa
pública. De eso habla menos.
No conviene confundir adicción con delincuencia.
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