Luis María ANSON
Josep Antoni Duran Lleida siempre ha sido el
equilibrio, la moderación, el seny, el espíritu de conciliación, el respeto a
los demás, el sentido de la realidad. Es además el mejor orador entre los
parlamentarios españoles. Catalanista hasta la médula quebró su relación con
Arturo Mas por las veleidades del presidente de la Generalidad, político de
cortos alcances y larga, larguísima ambición. Duran Lleida contempla atónito el
espectáculo del líder de Convergencia, genuflexo ante el rebenque de la CUP.
Dispuesto a humillarse hasta la náusea por un puñado de votos, Arturo Mas está
haciendo cuantas concesiones le exigen los antisistema, aparte de que las malas
lenguas aseguran que pagará esos votos con prebendas políticas y quizá con algo
más.
Duran Lleida ha declarado sobre Arturo Mas y sus
soberanistas: “No tienen autoridad moral para cambiar la ley aquellos que
quieren quebrantarla”. Y aseguró que asumirá “un plus de responsabilidad
personal” porque, como la inmensa mayoría de los catalanes, el líder de UDC
siempre ha defendido que se puede ser catalanista sin ser independentista.
Asombra a muchos que Mariano Rajoy no haya llamado a
Moncloa a Duran Lleida y que el entorno del presidente del Gobierno no se dé
cuenta de que el líder de UDC merece todos los apoyos porque representa la
seriedad y la responsabilidad en la política catalana..
Artur Mas ha gastado 3.609 millones en su causa
identitaria en cinco años
Ni la crisis ni la asfixia financiera denunciada por
el propio Artur Mas se han reflejado apenas en la partida destinada a sufragar
su proceso
MARÍA JESÚS CAÑIZARESBarcelona - 26/11
Hace cinco años que el Gobierno catalán está
hipotecado con la finalidad de lograr recursos que financien un hipotético
Estado propio catalán. Cuando Artur Mas asumió la presidencia de la Generalitat
a finales de 2010, encontró unas arcas públicas diezmadas por la crisis
económica y la errática gestión del Gobierno tripartito. El soberanista
añadiría una tercera causa, la supuesta asfixia del Estado, que le permitiría
armar su argumentario secesionista.
Las políticas sociales fueron las grandes damnificadas
de los recortes aplicados por CiU. Sin embargo, la evolución de las partidas
destinadas a sufragar esa gran cortina de humo que supone el proceso
secesionista apenas se han alterado durante estos años. Más de 3.609 millones
de euros ha destinado el líder convergente a su causa identitaria:
El control mediático, arma de propaganda
«TV3 no se toca». Esta frase, atribuida al consejero
de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ya es legendaria. La
televisión pública más cara de España se ha puesto al servicio del proyecto
independentista y ha permanecido inmune a los recortes. Mantener la
sobredimensionada televisión catalana, así como Catalunya Ràdio, ha obligado a
la Generalitat a hacer malabarismos presupuestarios destinados a enjuagar su
deuda y proteger este instrumento de propaganda.
Un total de 1.736 millones de euros se han destinado
en los últimos cinco años a los medios públicos catalanes, mientras que otros
389 millones se han invertido en afianzar medios privados –prensa, radio,
televisiones...– afines a las tesis soberanistas, con el requisito, por
supuesto, de utilizar el idioma catalán.
Las retransmisiones efectuadas en directo por la
televisión pública de las movilizaciones separatistas celebradas en la Diada,
así como la producción de reportajes donde se hace proselitismo soberanista,
han generado enorme polémica.
Diplomacia alrededor del mundo
La diplomacia como estructura de estado de la futura
república catalana. Así concibe Artur Mas su acción exterior, a la que ha
dedicado un total de 148,8 millones de euros desde 2010. La red de oficinas y
«embajadas» no ha parado de crecer, mientras que el presidente catalán ha
intensificado sus contactos internacionales en busca de complicidades, con
escaso éxito.
La estructura diplomática es mastodóntica. Cataluña
tiene «embajadas» de dudosa utilidad –poco se sabe del quehacer diario de sus
delegados– en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania,
Austria e Italia, éstas dos últimas de reciente creación. Todas ellas están
situadas en barrios exclusivos, como demuestra el hecho de que la Generalitat llegara
a pagar 832.260 euros por el alquiler de su delegación en Bruselas.
Asimismo, hay que añadir 34 oficinas de Acció
(promoción económica), cuatro oficinas del Instituto Ramon Llull, cuatro
representantes de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, once
oficinas de la Agencia Catalana de Turismo, tres oficinas del Instituto Catalán
de Empresas Culturales y 130 «casales» catalanes repartidos por todo el mundo y
que reciben generosas subvenciones de la Generalitat. Un total de 88,2 millones
de euros ha gastado Mas en esa proyección exterior, que incluye la creación de
un organismo dedicado en exclusiva a esa labor, Diplocat, y el contrato de
asesores británicos para internacionalizar el proceso independentista. Otros
60,6 millones se han dedicado a la cooperación y a subvencionar proyectos en
países muy recónditos. Destacan las ayudas con destino a Guayaquil, Kansai o
Rosario.
Producción cultural pancatalanista
La Generalitat se ha convertido en una gran mecenas de
las producciones culturales... siempre y cuando éstas contribuyan a favorecer
la «identidad nacional» y la internacionalización de las producciones
catalanas. Un total de 1.072 millones de euros se han dedicado a ello, lo que
incluye la subvención del doblaje de películas al catalán, así como el fomento
del asociacionismo y del «pancatalanismo», esto es, el gasto en entidades
situadas fuera del territorio catalán y que, según el ideario independentista,
forman parte de los «países catalanes»: Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares
y sur de Francia. Si se tiene en cuenta que en esas comunidades autónomas
gobernó durante años el PP, puede comprenderse la carga política que tenía esa
financiación.
Entre los beneficiados a dedo, es decir, sin concurso
público, destacan Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la
Independencia –cuyos expresidentes Muriel Casals y Josep Maria Vila d’Abadal,
respectivamente, formaron parte de la candidatura de Artur Mas, Junts pel Sí–,
la Red de Entidades Cívicas y Culturales de los Países Catalanes o la
Asociación de Amigos de la Bressola.
Los fastos del Tricentenario
Mención aparte, en lo que respecta al gasto
identitario, merecen los fastos celebrados el año pasado con motivo del
tricentenario de la guerra de sucesión de 1714. La fecha es un referente del
soberanismo catalán, pues aseguran que fue el año en que Cataluña perdió sus
libertades. Más de 86 millones costó esa conmemoración, aunque el grueso de la
cifra corresponde a la construcción del Born Centre Cultural, santuario
secesionista.
La Generalitat organizó en 2014 el polémico simposio
«España contra Cataluña», criticado por la comunidad académica catalana por su
sesgo ideológico. El nombre del acto lo dice todo. Idear y planificarlos actos
del Tricentenario le costó al Gobierno autonómico más de un millón de euros,
los pagados a la empresa Magmacultura para que creara una oficina técnica sobre
este evento. Igualmente costosa fue la realización de audiovisuales e
inserciones publicitarias encargada a las empresas Karavan Productions Films, SL
(72.539 euros), Carat España, SAU (233.772 euros) y Media Planning Group, SA
(dos contratos de 3,6 millones y 460.000 euros).
Una sociedad plural, pero una sola lengua
Aplicar el monolingüismo en una sociedad donde se
utiliza por igual el catalán y el castellano, le ha costado a Artur Mas un
total de 189,5 millones de euros durante estos cinco años de mandato. La
promoción de la lengua catalana tiene muchos ámbitos, incluidos los que
traspasan las fronteras autonómicos. Organizar cursos de catalán para la población
adulta y el alumnado extranjero, el aprendizaje on line o el apoyo a la
enseñanza y la proyección exterior de la lengua catalana forman parte de esa
generosa partidas de dinero públicos.
Este año, la partida destinada a promocionar el uso
del catalán dentro y fuera de Cataluña a través de cursos y diversas acciones,
ha aumentado en 1,6 millones pasando de los 33,1 millones de 2014 a 34,7
millones, pero se da la circunstancia de que la demanda de esas actividades ha
caído. En el caso de los cursos para adultos, a alumnos nacidos en el
extranjero o a inscritos en cursos on line o a la obtención de acreditaciones
de catalán, se ha pasado de 268.500 alumnos en 2014 a 143.500 alumnos en 2015,
125.000 alumnos menos. La partida presupuestaria dedicada a lengua catalana
también incluye el apoyo a industrias culturales en catalán (ciclo y muestras
de cine, festivales de música o video juegos).
La politización del deporte
Que la gestión del deporte dependa de la Consejería de
Presidencia da idea del objetivo político de este departamento, que en cinco
años, ha supuesto un gasto de 426,1 millones de euros. El deporte como fuente
de salud o motor económico no es el enfoque principal de estas subvenciones,
sino la proyección de la imagen de Cataluña en el mundo que proporciona este
tipo de actividad. La Plataforma ProSelecciones, dedicada a lograr que las
selecciones deportivas sean reconocidas internacionalmente, es una de las
entidades protegidas por Artur Mas. El presidente de la Federación Catalana de
Korfbal, Francesc Serra, admitió en una comparecencia parlamentaria que esta
entidad «nació del interés político del país» y que «por eso recibimos
subvenciones, si no no existiríamos». Korfbal es una de las 21 selecciones
catalanas reconocidas internacionalmente, la mayoría de las cuales corresponde
a disciplinas desconocidas o minoritarias, como fistball, tamborí o twirling.
Una consulta y dos adelantos electorales
Un total de 36,2 millones ha dedicado la Generalitat a
los procesos electorales y la participación ciudadana. Conocida es la afición
de Artur Mas a convocar elecciones anticipadas. Ocurrió en 2012, después de que
el Gobierno de España se negara a negociar un pacto fiscal en plena crisis
económica, y en 2015, para satisfacer a sus socios independentistas. No se
descarta un tercer adelanto para marzo de 2016 si no prosperan los acuerdos de
investidura entre Junts pel Sí y la CUP.
Pero entre esas dos fechas se produjo el simulacro de
consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal
Constitucional y que ahora es investigada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, lo que supuso un gasto de nueve millones de euros. Incluso se
llegó a prever una ampliación de gasto a 20 millones de euros.
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