Jueves 06 de julio de 2017, 13:25h

Luis María ANSON

Está claro que si se plantea la posibilidad de negociar y llegar a un acuerdo dentro de la ley y evitando medidas drásticas, mejor que mejor. Cada día se presenta como más inviable esa posibilidad. Y aunque Mariano Rajoy asegure que dispone de una carta final escondida en la manga, habrá que ir pensando ya en las consecuencias que acarreará la suspensión total o parcial de la Autonomía catalana, conforme a lo dispuesto en la Carta Magna española.

Una parte considerable de la opinión pública española no entiende ni ha entendido la lenidad, la cachaza, el no hacer nada del Gobierno de Rajoy frente al desafío cada vez más abierto y hasta insultante de la Generalidad catalana, de Carlos Puigdemont, Arturo Mas y sus cómplices.

Siempre es aconsejable negociar hasta la extenuación pero eso no significa agotar los plazos hasta el último momento, porque la realidad es que las cosas empeoran día tras día. Todo ello aparte de la obligación de Mariano Rajoy de hacer cumplir la ley, tomando medidas contra los sediciosos y los golpistas. En ese aspecto no se trata de una cuestión política. Hay que llevar ante la ley a los que cometan delitos. Sediciosos y golpistas son delincuentes que deben responder por sus delitos.

¿Qué se puede esperar ya de una Autonomía como la catalana en la que el partido que soporta el Gobierno propone la incautación de la catedral de Barcelona para convertirla en un economato? Eso es marxismo-leninismo. Es comunismo puro y duro. En la época de la Unión Soviética fueron muchas las catedrales convertidas en instituciones científicas, sociales o en centros de propaganda política. Treinta años después del hundimiento del sistema comunista, reaparecen en Cataluña unos políticos delirantes proponiendo la expropiación de la catedral barcelonesa. Ante tanto despropósito, el Gobierno de la nación no puede permanecer a la defensiva, cuando no mudo y expectante.