Luis Herrero
Suárez llevaba
madurando la decisión final, a pesar de los riesgos, desde el 28 de febrero.
Ese día se plantó en Zarzuela, tras la entrevista que había mantenido el día
anterior con Santiago Carrillo
2017-04-09
Hoy se
cumplen cuarenta años de la legalización del partido comunista. La noticia
se conoció a las diez menos cuarto de la noche del sábado santo, 9 de abril. A
esa hora, el ministerio de la Gobernación confirmó el rumor que había puesto en
circulación a las seis de la tarde la agencia Europa Press: el PC había quedado
inscrito, con el número 125, en el folio 156 del registro oficial de
Asociaciones Políticas.
Horas antes, a las
doce del mediodía, el Fiscal del Tribunal Supremo había reunido a la junta de fiscales
de sala para evacuar el informe que tres días antes le requirió formalmente el
Gobierno. A primera hora de la tarde, un simple párrafo de tres líneas
resolvió la cuestión más espinosa de la agenda política de la transición:
Oída la junta de
fiscales generales, evacuando el informe que le ha sido interesado, no se
desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del PC en
cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo
172 del código penal en su reciente redacción.
Desde el momento en
que la noticia se hizo oficial, los teléfonos de los ministros militares no
pararon de sonar. Muchos compañeros de armas comenzaron a urgirles que
abandonaran el Gobierno en señal de protesta. Los ministros del Ejército y del
Aire resistieron las presiones a duras penas. El de Marina, Gabriel Pita da
Veiga, anunció su dimisión el lunes día 11. A Suárez le costó tres días
encontrar a algún almirante que estuviera dispuesto a sustituirle.
El 14 de abril, un
día antes de que el nuevo ministro tomara posesión de su cargo, el Consejo
Superior del Ejército hizo pública una nota en la que expresaba "la
profunda y unánime repulsa del Ejército" ante la legalización de los
comunistas. El ruido de sables era ensordecedor.
Suárez llevaba
madurando la decisión final, a pesar de los riesgos, desde el 28 de febrero.
Ese día se plantó en Zarzuela, tras la entrevista que había mantenido el día
anterior con Santiago Carrillo en casa de José Mario Armero, y le dijo
que había llegado el momento de legalizar el partido comunista.
"Carrillo mantiene el compromiso que le hizo llegar a través de Ceaucescu
-le dijo Suárez al rey- y aceptará la Monarquía y la bandera roja y
gualda".
Juan Carlos le respondió: "Conozco bien a los militares y no
tenemos que darles la impresión de que maniobramos a sus espaldas. Me gustaría
hablarles yo mismo de este asunto, pero debes ser tú, en calidad de presidente
del Gobierno, quien le ponga al corriente de nuestras intenciones. Debes
explicarles que el PC es un partido minoritario cuyo prestigio no haríamos más
que incrementar manteniéndolo en la clandestinidad".
Cuando los
comunistas solicitaron la inscripción de su partido en el Registro de
Asociaciones Políticas, el 11 de febrero, el ministerio de la Gobernación paralizó
el procedimiento hasta que la Justicia aclarara si sus estatutos incurrían o no
en un supuesto de irresponsabilidad penal. El Consejo de Ministros, diez días
después, trasladó la consulta al Tribunal Supremo. Todo el mundo esperaba,
Suárez incluido, que el alto tribunal ratificara la imposibilidad legal de
atender de la solicitud de los comunistas, pero contra pronóstico los
magistrados se quitaron de en medio.
El 1 de abril, el
Supremo se declaró incompetente para pronunciarse sobre la legalización del PC
y le devolvió la patata caliente al Gobierno. Lejos de ser una mala noticia, la
postura de los jueces le brindaba a Suárez la gran oportunidad de cumplir la
promesa que le había hecho a Santiago Carrillo en casa de Armero.
-Hemos estado
jugando este año una partida de ajedrez y usted ha ido avanzando sus peones de
forma que ha condicionado mi juego -le dijo el presidente del Gobierno al
secretario general del Partido Comunista nada más estrecharle la mano.
Carrillo fue directo
al grano:
-Vengo a presionar
para que el presidente nos legalice antes de que se celebren las elecciones.
-Esa decisión
levantaría una polvareda en el Ejercito que podría conducir a España a un golpe
de Estado.
-España ha
madurado mucho. Los ciudadanos quieren paz y democracia.
-Por eso hay que
andar con pies de plomo. Dentro de dos o tres años la situación será más
estable y las Fuerzas Armadas habrán asumido la dinámica del cambio político.
Entonces la legalización del PC ya no será un problema.
-Si yo no me
presento, las elecciones carecerán de legitimidad y su reforma hacia la
democracia no será creíble.
-Y si yo no le
legalizo, no tendrá presencia en las instituciones y no podrá influir en el
proceso constituyente.
-Si no nos
legaliza desacreditaremos las elecciones, aunque sea colocando urnas de cartón
con nuestras candidaturas en los colegios electorales. Movilizaremos a todos
nuestros apoyos para hacer fracasar el cambio.
-¿Y aceptaría
usted presentarse como independiente? Esa fórmula nos ahorraría muchos
problemas a corto plazo.
-¿Presentarme
como independiente? Ni así, ni vestido de lagarterana. Aquí hemos venido a
hablar de política con pe mayúscula.
-¿Aceptarán la
bandera nacional, la monarquía y la unidad de España?
-Nosotros somos
republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por
la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre monarquía o república,
sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente
con la segunda. Si el rey asume la monarquía parlamentaria y constitucional,
nosotros le apoyaremos. Me consta que él ya lo sabe.
A las doce de la
noche, después de un forcejeo suave en las formas y firme en las posiciones de
fondo, Suárez y Carrillo alcanzaron un pacto de caballeros: habría
legalización antes de las elecciones pero los comunistas se comprometían a
moderar sus mensajes electorales y sus movilizaciones públicas.
El 4 de abril, lunes
santo, los dos vicepresidentes y los ministros de Gobernación, Justicia y
Secretaría del Gobierno acudieron al despacho de Suárez. "Ha llegado el
momento de legalizar al PC -les dijo-, y conviene hacerlo de forma inmediata.
Hay que aprovechar la semana santa. O ahora o nunca".
El vicepresidente
político, Alfonso Osorio, se manifestó en contra. Ni le gustaba la vía elegida,
ni la oportunidad del momento, ni la minusvaloración del riesgo. A su juicio,
idéntico al que Torcuato Fernández Miranda le había manifestado a Suárez días
atrás, ampararse en el criterio único de la fiscalía suponía hacer una
interpretación demasiado laxa del código penal. Además, a su juicio, la
decisión debía posponerse a la celebración de las elecciones
generales para que fuera avalada por todos los partidos, y tenía que ser
refrendad DESAFÍO INDEPENDENTISTA
a por el Consejo de Ministros para
evitar en lo posible las reticencias militares. Suárez zanjó la cuestión con
autoridad: "No hay tiempo que perder. Está en juego la credibilidad de la
reforma".
De las pegas
planteadas por Osorio y Fernández Miranda, la que a Suárez más le inquietaba
era la del posible golpe militar. De acuerdo a la petición que le había
hecho el rey, la víspera de la legalización quiso llamar uno a uno a los tres
ministros militares para adelantarles lo que iba a pasar al día siguiente y el
porqué de su conveniencia. El teniente general Gutiérrez Mellado le dijo:
"Es preferible que no nos saltemos la cadena de mando. Debo ser yo quien
hable con ellos en calidad de vicepresidente para Asuntos de la Defensa".
Suárez accedió a la petición de su número dos, pero estableció una cautela
específica: "Diles que yo estaré en mi despacho dispuesto a aclararles
cualquier duda que tengan".
Ninguno de los tres
ministros llamó.
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