- Para advertirles de “la obligación del respeto a la
legalidad constitucional y estatutaria”, de modo que no pueden colaborar
en la organización del referéndum
CATALUÑAAlbiol: «Es deseable que la Fiscalía actúe contra la
Ley del Referéndum
Carme Forcadell (4i), Carles
Puigdemont (c), Oriol Junqueras, Neus Lloveras, y Miquel Buch (d); posan junto
a todos los alcaldes de Cataluña participantes en un acto de compromiso con el
referéndum
EFE/Andreu Dalmau
El Gobierno ha enviado hoy
una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de “la obligación del
respeto a la legalidad constitucional y estatutaria”, de modo que
no pueden colaborar en la organización del referéndum sobre la independencia.
Así consta en la misiva con
fecha de hoy a la que ha accedido Efe y que el Ejecutivo, por medio del
secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de
Castro, ha remitido a 993
entidades locales de Cataluña ante la posibilidad de que participen en una
consulta de la que “reiterados pronunciamientos” del Tribunal Constitucional han dicho que
vulnera la Carta Magna.
Por esta razón, el Gobierno
se dirige a los funcionarios responsables de los ámbitos jurídico y económico
de los ayuntamientos para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de
la Constitución y “preservar el adecuado
destino de los fondos públicos”.
Un
total de 947 consistorios de toda Cataluña, 4 diputaciones provinciales y 42
comarcas recibirán esta carta del Gobierno que
comienza con un recordatorio: el del anuncio del president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar un
referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre.
Hoy
el Gobierno ha enviado esta carta ante la intención de un número destacado de
municipios de Cataluña de participar en la organización de la consulta.
En la carta, el Ejecutivo
de Mariano Rajoy señala que “en la medida
en que la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su
responsabilidad en la organización de dicho referéndum”, se ve en la tesitura
de recordar que la consulta rompe la Constitución y el Estatuto de
Autonomía.
“Debe
tenerse en cuenta que un proceso de esta naturaleza atenta” contra los
artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución, así como los artículos 1 y
2.4 del Estatut, escribe en la misiva.
“Reiterados pronunciamientos”
del Tribunal Constitucional así lo han
reflejado, destaca el Gobierno para subrayar acto seguido: “El Alto Tribunal ha
prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en
Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
La carta del Gobierno va dirigida a los secretarios generales y a
los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500
habitantes. Ambas figuras se fusionan en un solo funcionario en los
consistorios de localidades con menos de 500 habitantes.
Son
ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración
local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos.
Así lo remarca el Gobierno en
la carta al señalar que “el adecuado respeto a esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional incide
directamente en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en materia
de fe pública, emisión de informes jurídicos y asesoramiento legal preceptivo”.
El
ayuntamiento correspondiente, por tanto, no puede ayudar a que ese referéndum
tenga lugar mediante la formación del censo, la constitución de las mesas, la
designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos
de campaña (son casos que menciona
el Gobierno en la carta).
El Ejecutivo termina la carta
brindando toda su colaboración a estos funcionarios de la administración local
ante “las dudas o incertidumbres” que les puedan surgir si el ayuntamiento al
que están adscritos contraviene “las reiteradas advertencias” del Constitucional.
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