Educación ya tramita sanciones por «adoctrinamiento ideológico»
Ha enviado dos requerimientos a la Generalitat, tras recibir varias denuncias
El Gobierno ha iniciado un procedimiento sancionador contra la Generalitat de Cataluña por «adoctrinamiento ideológico» tras las denuncias presentadas por varios particulares ante la Alta Inspección Educativa en Cataluña. Los hechos se refieren a actuaciones producidas tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre en varios centros educativos de esta Comunidad.
Se trata de acoso escolar contra los menores e incitación al odio, destacando el «trato vejatorio» que sufren y la incitación «al rechazo a España». Para el Gobierno, queda constatado que «desde las aulas y las direcciones de los centros se permite y fomenta el adoctrinamiento».
Requerimientos
El pimer paso de este nuevo frente judicial contra el Gobierno catalán lo ha dado el Ministerio de Educación, al enviar dos requerimientos formales a la consejera de Educación, Clara Ponsatí, con fecha de 27 de septiembre y 6 de octubre. Así lo desveló ayer el titular de este departamento ministerial, Íñigo Méndez de Vigo, durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El ministro respondía a una interpelación de Ciudadanos sobre el «adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de España». Méndez de Vigo advirtió de que, si la consejera no está de acuerdo con estos requerimientos, «le podemos llevar a los tribunales de justicia», en aplicación del artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o por los 31 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El primero de los requerimientos de fecha 27 de septiembre «detalla determinados actos llevados a cabo en horario lectivo escolar de alumnos y alumnas menores, sin previa autorización de los padres, ni comunicación previa al director», según señala el texto remitido a la Generalitat.
Así, hace referencia al Instituto Lacetánia de Manresa (Barcelona), donde un padre denunció cómo los profesores conminaron a los alumnos a salir a las calles para pegar en las paredes de la localidad carteles pro referéndum en horas lectivas. O el centro de IES Lluis de Peguera, que permitió que el profesorado llevase a los alumnos a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la Comisaría de Policía.
«Ideología política»
El segundo requerimiento, con feha de 6 de octubre, relata, por ejemplo, la denuncia de un padre por obligar a su hija a hacer un minuto de silencio por los incidentes del 1 de octubre; o la proyección de imágenes a los menoresde las cargas policiales. Muchas de las denuncias proceden de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Las conclusiones a las que llega este segundo oficio son claras, subrayando que las denuncias han crecido «exponencialmente» desde el 1 de octubre. A juicio del Ministerio, los horarios lectivos en los colegios se han «utilizado para realizar actividades cargadas de idelogía política» y los directores «se han implicado en las convocatorias de huelgas y manifestaciones».
El Gobierno apunta a los profesores como «los principales actores en el adoctrinamiento independentista», por lo que afirman que «queda, por tanto, contrastado normativamente el incumplimiento llevado a cabo por profesores y directores de centro». Finalmente, recuerda que la inspección educativa de Cataluña «podría ser también responsable en el ámbito de sus funciones de las irregularidades cometidas».
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