19 de abril de 2017. 12:39h Carmen Morodo. Madrid.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
EFE/Chema Moya
La decisión del tribunal que juzga la primera época de la
trama Gürtel de citar a declarar en calidad de testigo al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, fue recibida ayer en Moncloa con «sorpresa» y con
mucho malestar. Por dos veces habían sido rechazadas las peticiones en ese
sentido, de ahí que Moncloa hablara de «estupefacción», aunque, al mismo
tiempo, internamente no habían descartado que esto pudiera suceder en cualquier
momento.
El discurso oficial de Moncloa se ajustó al guión que
subraya su respeto a las decisiones judiciales, pero acompañado de una severa
crítica a una decisión «contradictoria e incohente» y que, a su juicio,
responde a una «maniobra política» dirigida por una acusación particular
«controlada por el PSOE».
La noticia cayó como una «bomba» en el cuartel
general de los populares. Y a la contrariedad y enfado del presidente del
Gobierno le colocaron argumento algunos de sus colaboradores más próximos. No
entienden el cambio de criterio del tribunal después de que hasta ahora los
tres jueces siempre habían defendido que la presencia de Rajoy no era pertinente
ni útil. Y las declaraciones de los acusados «han coincidido todas en exculpar
al presidente y en dejar claro que lo que hizo fue expulsar a quienes pensó que
estaban obrando mal en cuanto tuvo sospechas de ello», subrayan en Moncloa.
Desde las filas populares apuntan también que esto es una
prueba de la «perversión» que supone la utilización de la figura de la
acusación popular «al servicio de un partido», ya que quien ha reclamado por
tercera vez el testimonio del presidente «es una acusación partidista del
PSOE», en alusión a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
Adade insistió y en su último escrito argumentó que era necesario oír en esta
vista oral a los máximos responsables del PP, incluido Rajoy, porque no se
podía colocar al presidente del Gobierno «en una urna de cristal». En la causa
también tendrán que declarar como testigos otros ex primeros espadas del PP
como Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Francisco Álvarez Cascos.
En Moncloa, al calor del malestar de Rajoy con la decisión, dejaban ayer ver su
asombro por que se solicite el testimonio del presidente del Gobierno «en un
procedimiento donde al PP sólo se le demanda una responsabilidad civil por las
campañas de dos pueblos de Madrid», unas campañas «que ni siquiera dirigió
Rajoy, sino que fueron dirigidas por Pío García Escudero». Moncloa estudiará la
notificación oficial y los argumentos esgrimidos por el tribunal competente,
pero oficiosamente anticipan que solicitarán que declare desde su despacho oficial
por videoconferencia. «No tiene sentido someter al presidente del Gobierno de
España a la pena del telediario», explican. Rajoy está dispuesto a colaborar
con la Justicia, pero el PP no quiere la imagen del presidente con todos los
acusados de Gürtel sentados detrás de él. Políticamente asumen el desgaste y la
presión del ruido mediático que acompañará a esta declaración, pero, a la vez,
aseguran que esto no tendrá coste electoral. Rajoy dirá lo mismo que ha dicho
hasta ahora, «que él no tenía conocimiento de que existiera ninguna caja B en
el partido, y que echó a los acusados del PP». «El presidente no tiene nada que
aportar sobre los hechos juzgados». En un comunicado, llamativo por su dureza,
y emitido a media tarde, el PP sentenció que «no comparte» la decisión adoptada
por la mayoría del tribunal. Porque contradice «claramente» su propia doctrina,
de febrero y octubre de 2016. También recordó que el instructor de la causa,
Pablo Ruz, rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular
«por adivinarse en la motivación un interés ilegítimo y de carácter
extraprocesal». Argumentos «refrendados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía
del Estado». «Significamos el carácter absolutamente excepcional de la admisión
de una prueba testifical solicitada por la acusación popular contra el criterio
de la Fiscalía». Y, por último, cargan contra la acusación popular por hacer
uso de «alegaciones falsas» y atribuir a Rajoy funciones que no corresponden a
sus cargos. «Su declaración es una muestra del procedimiento mediático que la
acusación popular de Adade pretende seguir, un abuso de derecho de una petición
con clara intencionalidad política». Será el primer presidente en activo que
tendrá que testificar ante un tribunal.
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