El Estado democrático responde
El Gobierno actúa para restaurar la legalidad constitucional en Cataluña
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Ante un desafío excepcional, el Gobierno, con acuerdo de los principales partidos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, ha dado un paso igualmente excepcional: acudir al Senado para proponer una serie de medidas que, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, impidan al presidente de la Generalitat seguir actuando contra el interés general y garanticen el cumplimiento por parte del Govern y el Parlament catalán de sus obligaciones constitucionales. Ambas instituciones se han situado fuera de la legalidad: actuar contra ellas está plenamente justificado.
Las medidas propuestas, que incluyen la destitución del Govern en su totalidad y la disolución del Parlament con vistas a la convocatoria de unas elecciones autonómicas, son, qué duda cabe, tan drásticas como contundentes. No es el camino que quería emprender el Gobierno ni la vía deseada por ningún demócrata. Es muy doloroso para quienes concibieron y apoyaron esta Constitución —basada, en gran medida, en el Estado de las autonomías— asistir a este gran fracaso. Pero el espanto no debe confundirnos: solo Puigdemont y quienes le acompañaron, abiertamente o en la sombra, en esta disparatada aventura contra el Estado de derecho son responsables de lo ocurrido.
Es imposible desconocer la dificultad de aplicación de estas medidas y las posibles complicaciones de orden público que se pueden generar en su ejecución. Pero es innegable que son, a la vez, proporcionales y simétricas al reto planteado por un independentismo cuya amenaza al orden constitucional es tan grave como la que sufrió la democracia española el 23-F de 1981.
No nos dejemos confundir. Todas las instituciones del Estado, desde el rey Felipe VI al Tribunal Constitucional, pasando por los principales partidos, han coincidido en señalar que con sus actuaciones los días 6 y 7 de septiembre, el Govern y el Parlament han suspendido el autogobierno de Cataluña y derogado tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución de 1978. Así lo han reconocido los independentistas en sus manifestaciones públicas y plasmado en las leyes de referéndum y transitoriedad. Aunque no sea sino otra muestra más del cinismo al que nos tienen acostumbrados, sorprende que los secesionistas arguyan ahora que la autonomía ha sido suspendida y reivindiquen su valor.
Las medidas son drásticas, contundentes y proporcionales al desafío independentista
Hasta ahora el Gobierno ha sido criticado, justificadamente, por no estar actuando políticamente y escudarse en otras instituciones y poderes. Ahora, por fin, el Gobierno decide liderar la respuesta constitucional a la crisis catalana. Rajoy ha logrado sumar al PSOE y a Ciudadanos forjando el consenso que el 155 necesitaba: los tres partidos que le apoyan representan 254 escaños y 16 millones de votos, una mayoría tan cualificada como legítima para actuar.
La democracia no solo tiene el derecho de defenderse sino el deber de hacerlo. El Estado no es un ente abstracto, es la institución a la que confiamos la protección de nuestra libertad y prosperidad. Por eso tiene una capacidad coactiva, legal y legítima. Todos los Estados contemplan mecanismos como el 155 para corregir las desviaciones o abusos de poder de los Gobiernos o regiones. Todos. Que el 155 no se haya usado nunca no deslegitima su aplicación, al contrario.
Los ciudadanos catalanes tienen que estar tranquilos: el Estado de derecho les ampara y sus derechos y libertades están garantizados. También sus empleos, empresas, ahorros e intereses económicos, puestos en cuestión por el Govern. Estamos ante el comienzo del regreso de la Constitución y el Estatut a Cataluña. Las elecciones autonómicas permitirán restaurar definitivamente esa legalidad y demostrar que, lejos de acallar la democracia y la voz de los catalanes, es la Constitución la que garantiza el autogobierno.
Es la Constitución la que garantiza los derechos y libertades de los catalanes, incluido el autogobierno
Deseamos que ese camino se recorra con las menores turbulencias posibles. Pero pedimos a los tres partidos implicados en esta decisión que, exigiendo como es debido la mejor gestión posible de este momento tan delicado, mantengan su unidad por encima de las dificultades y obstáculos que puedan surgir en el camino.
Contamos con que habrá oportunidad a partir de ese momento para abordar los problemas de fondo: la recomposición de la estructura territorial, la modernización del país, en suma, la reforma constitucional que se hace urgente a la luz de los acontecimientos de los últimos meses. Nos parece muy difícil abordar ese empeño en el mismo escenario que tenemos en la actualidad. Unas elecciones generales, quizá coincidiendo con las catalanas, podría ser el instrumento adecuado para que la necesaria negociación posterior quede en manos de figuras recién surgidas de las urnas.
España es un país fuerte. Nuestra democracia goza de las mismas virtudes y defectos que las más avanzadas del mundo. Pero como todas ellas, necesita de vez en cuando una revisión a fondo. Desde el alumbramiento del texto constitucional en 1978, han pasado ya varias generaciones de españoles. Es hora de conectar a todas ellas con nuestra ley fundamental, involucrándolas en su modernización. Ojalá que la grave crisis que tenemos ante los ojos nos dé el aliento que se requiere para emprender esa difícil y fundamental misión.
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