Estado de excepción
Barcelona es en estos días una ciudad deprimida, políticamente desahuciada y con brotes de odio. La voz del Parlamento ha sido sustituida por una “masa de acoso” dirigida y espoleada por la ANC y Òmnium Cultural
Los pasados días 6 y 7 de septiembre, cuando seguía atónito las sesiones del Parlamento de Cataluña en la que se trató de legitimar una nueva e improvisada legalidad, recordé una reflexión de Elias Canetti en sus Apuntes, escrita en Londres y en 1942, cuando Reino Unido resistía a solas el imparable avance de Hitler en toda Europa: “Siempre que los ingleses atraviesan un mal momento, me embarga un sentimiento de admiración por su Parlamento. Éste es como un alma reluciente y sonora, un modelo representativo en el que, ante los ojos de todos, se desarrolla aquello que de otro modo permanecería secreto”. La admiración de Canetti por la indesmayable pervivencia de la vida parlamentaria británica, aun en uno de los periodos más oscuros de su historia, era el sentimiento opuesto a la vergüenza y la humillación que yo sentía en aquellos momentos como ciudadano de Barcelona, viendo cómo se violaban en directo mis derechos de representación en un acto dirigido por una presidente —tan ente es la mujer como el hombre— con vocación totalitaria y en connivencia con una mayoría absolutista.
Esos dos días en el Parlamento fueron el huevo de la serpiente de lo que estamos viviendo en Cataluña desde entonces y que no sabemos cómo puede acabar, si es que algún día acaba. Ahí se escenificó la batalla que se está librando —no solo en Cataluña sino en toda Europa— entre la democracia representativa y una supuesta democracia plebiscitaria de la que no sabemos nada, salvo que quiere instaurar una república de gente buena. La abstracción del pueblo —el Volksgeist— se ha puesto por encima del poder legislativo y del poder judicial, con un Ejecutivo que actúa como oráculo visionario de la voluntad demótica. A la espera de saber cómo se van a aplicar exactamente las medidas que Rajoy, al amparo del artículo 155 de la Constitución, ha elevado ya al Senado para restaurar el orden constitucional, los ciudadanos de Cataluña estamos viviendo un verdadero estado de excepción, zarandeados entre una paralegalidad promulgada y suspendida, pero amenazante, y otra vigente y constitucional que está aún en trámite. Recordemos que, inmediatamente después de llegar al poder, Hitler proclamó, el 28 de febrero de 1933, el Decreto para la protección del pueblo y del Estado que suspendía la Constitución de Weimar, un decreto que nunca fue revocado y que rigió en Alemania el estado de excepción durante 12 años.
Esa excepcionalidad se ha trasladado ahora a la calle, donde las voces del Parlamento han sido sustituidas por el clamor unánime de una “masa de acoso” —la expresión es, otra vez, de Canetti—, dirigida y espoleada por la ANC y Òmnium Cultural, las dos asociaciones que están tratando de escenificar la farsa de un “pueblo oprimido” contra un “Estado represor”. La operación es de una perversión moral absoluta. Una oligarquía política que lleva gobernando Cataluña desde hace 40 años se disfraza, con la ayuda teatral de la CUP, de pueblo asfixiado y, armada con un fenomenal aparato propagandístico que cuenta con la televisión, la radio y la escuela públicas, pretende poner en jaque al Estado de derecho. Los juristas nazis hablaban sin ambages de un gewollte Ausnahmezustand, un estado de excepción deliberado, con el fin de instaurar el Estado nacionalsocialista. Giorgio Agamben, el filósofo que con mayor ambición y rigor ha estudiado el fenómeno del estado de excepción como una de las prácticas de los Estados contemporáneos —la “abolición provisional de la distinción entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”— ha dicho que el estado de excepción se presenta “como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo”, exactamente lo que está instaurando Puigdemont en nombre de la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Una oligarquía política que gobierna desde hace 40 años se disfraza de pueblo asfixiado
En Cataluña, el nacionalismo se mantuvo durante muchos años en un ámbito aparentemente simbólico, pero en realidad se iba haciendo carne por debajo del folclore. Y eso se ha visto estos días, de una manera trágica, en las escuelas. Un amigo me contaba desolado que el director del colegio de sus hijos había recibido la propuesta de sacar a los niños —escolares de nueve años— con las manos pintadas de blanco a protestar contra las cargas policiales del 1 de octubre. Me llamaba hace poco para lamentarse de que en el colegio de sus sobrinos se hubiera obligado a los alumnos a guardar cinco minutos de silencio por la legítima encarcelación de los señores Sànchez y Cuixart. Se trata de la imperdonable destrucción de la escuela como estatuto intermediario, como pedía Hannah Arendt, entre la vida familiar y la vida pública, la pausa de educación y pensamiento que precede a todo ejercicio responsable de la libertad.
Barcelona es en estos días una ciudad deprimida, políticamente desahuciada, con brotes de odio como nunca habíamos conocido. Por ello es más lamentable si cabe la ingenuidad de algunos políticos como Ada Colau o Pablo Iglesias, presuntos renovadores de la izquierda, que no han dudado en dar su apoyo a una propuesta totalitaria que amenaza con destruir nuestra vida social y nuestro orden político. No les ha bastado con defender, sin la más mínima reflexión seria al respecto, el referéndum como solución mágica a nuestros problemas, ignorando que el plebiscito nunca puede resolver problemas ab ovo y que, tal y como se expone en nuestros días, no es más que la adaptación política de los likes de Facebook, una manera pueril de simplificar brutalmente la enorme complejidad que encierran los sistemas políticos democráticos.
Ada Colau y Pablo Iglesias no han dudado en dar su apoyo a una propuesta totalitaria
En contra de lo que suele decirse, es mucho más frágil la libertad de pensamiento que la libertad de expresión, incluso en una democracia. Según cuenta en sus memorias, el editor Manuel Aguilar, encarcelado en Vallecas en otoño de 1936, se hacía la siguiente reflexión: “¿Dónde estaban el orden y la ley que debían garantizar la vida y la actividad de los ciudadanos? Al hacerme esta pregunta medí lo que habíamos perdido, de pronto, los españoles”. ¿Son conscientes los secesionistas y sus amigos de la nueva izquierda de todo lo que podemos perder? ¿Se han parado a pensar los independentistas a qué mundo están enviando a esos niños a los que obligan a manifestarse cuando ni siquiera han alcanzado la edad de conciencia? ¿Qué están, en realidad, defendiendo? Quizá es que, como dice un personaje de Faulkner, “cuando se tiene una buena dosis de odio, no hace falta la esperanza”.
Siempre recordaré, con emoción y agradecimiento, el coraje que mostraron los políticos de la oposición, sobre todo Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Joan Coscubiela, los días 6 y 7 de septiembre. En su trabajo, a pesar del secuestro del Parlamento decretado desde entonces por la mayoría, sigue estando mi representación y mi esperanza. Ojalá que, después de las próximas elecciones, el Parlamento de Cataluña refleje de verdad la complejidad y la pluralidad de la sociedad catalana. A los señores Mas, Puigdemont, Junqueras y Turull, solo les deseo que, al final de este proceso, la vergüenza les sobreviva.
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