Sexenio Democrático

SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).

En el periodo que va desde 1868 a 1874 se suceden rápidamente la revolución de 1868 y la caída de la monarquía borbónica, un periodo provisional y la Constitución de 1869, la Regencia y la búsqueda de un Rey, la monarquía de Amadeo de Saboya, la I República y el gobierno autoritario del general Serrano, hasta que a finales de 1874 se produce la Restauración de la casa de Borbón.

Pese a esa vertiginosa sucesión de acontecimientos y formas políticas, este período tiene una cierta unidad como etapa de la consolidación del régimen liberal en España.

Es contemporáneo de acontecimientos que cambiaron el mapa europeo y el clima social del viejo continente. Italia culminó su proceso de unidad nacional y Francia fue derrotada por Prusia y nació el Reich alemán

El movimiento obrero, organizado en torno a la Asociación Internacional de Trabajadores, adquirió fuerza pero se escindió en dos tendencias: socialistas y anarquistas. La insurrección de la Comuna de París, marzo de 1871, provocó una durísima reacción (20.000 ejecuciones) y desencadenó en toda Euro-pa una acción represiva sobre los movimientos sociales.

Las causas de la revolución de 1868 son múltiples:

Deterioro de la situación económica a partir de 1854 (crisis de la industria textil, el hundimiento de la Bolsas con la consiguiente quiebra de sociedades, bancarrota de la hacienda pública, crisis de subsisten-cias derivadas del paro industrial y de las pésimas cosechas de 1866 y 1867). Esta situación produjo una crisis social y generalizó el descontento (tanto de los grupos dirigentes, que comprendían al fin lo erróneo de la política isabelina, como de la población asalariada sumida en el paro y el hambre y que era reprimida en sus propuestas desde el gobierno).

En  1868 ya casi nadie defendía la causa isabelina. La Reina se había ido apoyando alternativamente en  los generales O'Donnell y Narváez, cuya única política consistió en mantener orden y el sistema oligárquico (asentado en la Constitución de 1845) mediante la represión de cualquier intento de protesta u opinión crítica. Numerosos intelectuales se alejaron del régimen. Emilio Castelar, militante demócrata, fue expedientado por criticar en la prensa a la corona.

Dentro del liberalismo, a los progresistas (encabezados por Prim) se les unieron los demócratas (mucho más organizados y cada vez más fuertes) y los republicanos (que veían en el advenimiento de una República el cambio decisivo hacia la democratización del país). Los dirigentes obreros, situados dentro del partido demócrata, también veían en la revolución la posibilidad de sacar adelante sus reivindicaciones populares.

Al Pacto dé Ostende, firmado inicialmente por progresistas y demócratas, se sumaron en 1868 los unionistas. Las diferentes fuerzas sociales también confluyeron en el proceso revolucionario. Los grupos financieros e industriales también consideraron que el gobierno isabelino era incapaz de solventar la crisis económica y de crear un clima propicio a los negocios (quebrado por los frecuentes disturbios y la represión). Incluso ciertos sectores de la oligarquía terrateniente aceptaron que un cambio era inevitable si éste garantizaba el orden social. Entre los militares, el recuerdo de la matanza del Cuartel de San Gil empujó a muchos de ellos a apoyar la revolución, Las clases populares apoyaron también el pronuncia-miento (ante las promesas de combatir el paro, la miseria y la corrupción y las promesas revolucionarias del sufragio universal, la supresión de las quintas y la implantación de un contribución directa).

No fue una revolución popular, sino uno más de los pronunciamientos militares del siglo XIX. Fue un golpe encabezado por los generales Serrano, Prim, Ros de Olano y el almirante Topete (que sublevó la escuadra en Cádiz). Los capitanes generales hicieron ver al marqués de la Habana, Jefe del Gobierno, la necesidad de que Isabel II abandonara el país. El día 29 septiembre la Reina atravesó la frontera de Irún camino del exilio. La revolución triunfó rápidamente y el apoyo popular fue posterior cuando los parti-dos organizaron juntas locales y provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los llamados Voluntarios de la Libertad (cuerpo armado civil de la revolución)..

Los conspiradores, una vez conseguido el exilio de la Reina no tenían intención de llevar más lejos la revolución. Se constituyó el 8 de octubre un Gobierno Provisional (presidido por Serrano, con Prim en el Ministerio de la Guerra y Sagasta en Gobernación), que pidió la disolución de las Juntas locales, recla-mó a los Voluntarios de la libertad la devolución de las armas y exigió a los gobernadores civiles el mantenimiento del orden público y social.

Se designaron nuevos Ayuntamientos y Diputaciones, se sustituyeron los poderes revolucionarios y quedó asegurado el control político del país. La Junta revolucionaria de Madrid se autodisolvió e invitó a las demás a hacer lo mismo. Aunque algunas inicialmente se resistieron, terminaron por ceder.

A comienzos de diciembre se había logrado la normalización institucional, en enero se convocaron elecciones a Cortes Constituyente (mediante sufragio universal de todos los varones mayores de 25 años).  En la campaña electoral se suscitó el dilema sobre la forma de estado, monarquía o república.

Los unionistas y progresistas, que dominaban el gobierno, eran partidarios de la Monarquía a la que consideraban un régimen arraigado en la tradición y que aseguraba la continuidad y la moderación. Los demócratas se dividieron, unos a favor del establecimiento de una monarquía democrática y popular con sufragio universal, otros (Figueras, Castelar) optaron por la alternativa republicana.

Pese al apoyo explícito del gobierno a la Monarquía, las elecciones fueron limpias y la campaña transcurrió con plena libertad de opinión y prensa. Más del 80% de la población masculina era analfabeta, lo que facilitó que el voto se inclinara hacia las preferencias de las autoridades locales. La coalición revolucionaria promonárquica (progresistas, unionistas y demócratas). Los republicanos, los carlistas y los monárquicos isabelinos quedaron en minoría. Casi todos los diputados republicanos procedieron de las grandes ciudades.

En un tiempo récord se elaboró y aprobó la nueva Constitución (1 de junio de 1869), considerada como la primera constitución democrática de la nación española.

Por primera vez se sometió al cuerpo electoral la opción por la forma monárquica o republicana, aunque el gobierno provisional expresó su preferencia por la primera. La soberanía quedó residenciada en las Cortes (formadas por el Congreso y el Senado, ambos electivos).

Se proclamaron con minuciosidad los derechos de los ciudadanos(inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de reunión y asociación, de libre circulación, de enseñanza, de industria, de expresión del pensamiento), por primera vez se estableció en la ley fundamental la libertad de cultos.

Las Cortes establecieron además una nueva ley municipal: los concejales serían elegidos en su totalidad por los residentes en cada población, y los concejales, a su vez, designarían al alcalde.

La Regencia de Serrano (junio 1869–diciembre 1870).

Aprobada la Constitución, las Cortes eligieron como Regente al general Serrano y éste encargó al general Prim la formación del Gobierno. Los sucesivos gobiernos de progresistas, unionistas y demócratas, presididos por Prim, tuvieron que enfrentarse con las revueltas sociales e insurrecciones que se sucedieron en las zonas del sur y del levante y en los principales centros urbanos y que se aglutinaron bajo la bandera republicana. También se tuvo que sofocar una tentativa carlista. No pudieron sin embargo re-solver el conflicto cubano.

En 1870 se reunió en Barcelona el I Congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT. El congreso, que  representaba a varios miles de obreros, sobre todo catalanes, manifestó su pretensión de abolir las clases sociales y la propiedad privada y lograr la igualdad económica y social de ambos sexos. También la sustitución del Estado por una federación de asociaciones obreras.

 Uno de los empeños prioritarios de Prim fue el de encontrar un candidato adecuado al trono español que fuese aceptado por la coalición gubernamental y no debía suscitar recelos en ámbito internacional. Se optó por  Amadeo de Saboya que fue ratificado por las Cortes en noviembre de 1870.

La monarquía democrática de Amadeo de Saboya.

Cumplía las expectativas de los progresistas (trayectoria constitucional) aunque no logró atraerse a los partidos y sectores sociales que desde el principio le fueron opuestos. Por otro lado, los líderes de los partidos que le apoyaron estuvieron enzarzados en continuas disputas personales que produjeron una inestabilidad institucional y continuos cambios de gobierno y consultas electorales.  Eran permanentes las disensiones entre progresistas, unionistas y demócratas. Además se rompió la unidad del partido más sólido de la coalición, el progresista, y del que surgieron  los constitucionalistas (liderados por Sagasta) y los radicales (liderados por Ruiz Zorrilla).

Nada más llegar a Madrid, 2 de enero de 1871,  Amadeo I se encontró a Prim asesinado en un atentado. Amadeo I se negó a la suspensión de garantías constitucionales y la asunción de plenos poderes para combatir la actividad de grupos extremistas que le propuso el General Serrano. La Comuna de París, revolución obrera duramente reprimida, produjo temor por a la llegada de exiliados obreros inter-nacionalistas que, según Sagasta, pretendían destruir la propiedad, la familia, el Estado y la patria. El Parlamento intentó disolver la Internacional en España, pero no resulta posible por vulnerar el principio constitucional de libertad de asociación.

Se encontró además con la oposición del partido alfonsino, liderado por Cánovas del Castillo¸ que aglutinó a la aristocracia latifundista (que veía peligrar sus propiedades territoriales ante la presión radi-cal y republicana) y a los hombres de negocios (temerosos de que el librecambismo, el abolicionismo en las colonias y el auge del asociacionismo obrero perjudicasen sus intereses).

Los carlistas optaron por la insurrección armada en abril de 1872 (la tercera guerra carlista). El con-flicto carlista privó a la Península del hierro vasco, y generó la necesidad de nuevas levas de quintas con el consiguiente descontento popular.

Los sectores republicanos también se opusieron a la monarquía  de Amadeo I. La jerarquía eclesiásti-ca también se opuso a la libertad de cultos y a la completa separación de la Iglesia y del Estado, además Amadeo I era un Saboya, perteneciente a la dinastía enemiga del Papado, al que había reducido al terri-torio del Vaticano.

LA PRIMERA REPÚBLICA.

El mismo día que Amadeo I presentó su renuncia en las Cortes, el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la I República como consecuencia de un pacto político de los diputa-dos y senadores radicales con el fin de dar salida al vacío de poder.

Las Cortes eligieron como presidente del poder ejecutivo a un republicano federal, Estanislao Figueras, que formó un gobierno con republicanos y radicales.

Su principal empeño fue mantener el orden, porque la proclamación de la república reavivó las esperanzas de cambio en ciertos grupos sociales.

En algunos lugares de Andalucía se produjeron incidentes contra la propiedad. En Barcelona hubo varios intentos de proclamar el Estado catalán dentro de la Federación Republicana Española. Los obreros de la Asociación Internacional del Trabajo reclamaron del poder central, entre otras reivindicaciones, un aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la protección al trabajo infantil. En Madrid, la aristocracia y la alta burguesía emigró ante el temor de un desbordamiento de la situación, las cotizaciones de la Bolsa, la deuda pública y las acciones del Banco de España experimentaron una caída considerable.

Las medidas adoptadas por el gobierno fueron insuficientes para estabilizar la situación. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico puso en guardia a los sectores conservadores. La supresión de las quintas, por un lado cumplió las expectativas populares, pero, al crear un cuerpo de Voluntarios de la República, con un jornal diario, ocasionó descontento en el ejército. Además, ese cuerpo fue insuficiente para contener empuje cantonal y carlista que pronto se desató.

Los radicales aspiraban al mantenimiento de los principios democráticos dentro de una república unitaria, mientras que los republicanos propugnaban la convocatoria de elecciones para formar una Asamblea constituyente que dictaminara sobre la forma, unitaria o federal, de la república. Los radicales abandonaron el poder.

Convocadas las elecciones para reunir una Asamblea Constituyente, todos los partidos (excepto los republicanos) se negaron a participar en las mismas. La victoria abrumadora de los republicanos federales no resultó sólida (por la gran abstención y por las disensiones y desavenencias entre los propios republicanos).

Las Cortes constituyentes proclamaron la república federal. Designado Francisco Pi y Margall presidente del ejecutivo, los republicanos se dividieron en varias tendencias: una más conservadora (dirigida por Emilio Castelar), otra extremista intransigente y un centro (dirigido por Pi y Margall).

La falta de consenso en la Cámara ocasionó que varios proyectos legislativos no fueran aprobados. Entre ellos, el proyecto oficial de Constitución de 1873, redactada por Castelar. Establecía una división territorial acorde con la idea federativa (el proyecto enumeraba diecisiete estados como integrantes de la nación española).

El desacuerdo entre los republicanos culminó en julio, cuando los denominados intransigentes se retiraron de las Cortes (pretendían una república federal de cantones). Los intransigentes formaron en Madrid un comité de salud pública, desde el que animaron la insurrección cantonalista. Pi y Margall dimitió Le sucedió Salmerón que tuvo que enfrentarse al avance carlista y al levantamiento cantonal

El presidente del Gobierno tuvo que recurrir a los jefes militares de prestigio como Martínez Campos (que dominó el cantonalismo en Levante)  y Manuel Pavía (que lo hizo en Andalucía, a excepción del cantón de Málaga). El de Cartagena quedó reducido a su base naval. El gobierno ordenó el cierre de los locales de los sindicatos y la detención de sus militantes. Salmerón también dimitió.

Le sucedió Castelar (representante del republicanismo conservador, defensor de un sistema de orden, autoridad y gobierno. Castelar fue investido por las Cortes de poderes extraordinarios, gobernó por decreto, suspendió las garantías constitucionales y recortó la libertad de información, disolvió al cuerpo de los Voluntarios de la República, restableció las quintas y rehabilitó las ordenanzas militares.

Las acciones militares acabaron con los restos del cantonalismo, a excepción del de Cartagena. La actuación del ejército contra el carlismo no obtuvo mucho éxito. Continuó la guerra de Cuba. La política de Castelar suscitó la oposición de la izquierda republicana, encabezada por Figueras y Pi y Margall. Las Cortes, a principios de enero de 1874, retiraron su confianza al poder ejecutivo, lo que significaba volver a la república federal, cosa que no iban a tolerar los mandos militares dispuestos a mantener la república unitaria a toda costa.

En la madrugada del 3 de enero el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, disolvió la Asamblea, previa invasión del hemiciclo por la Guardia Civil. La República experimentó un giro definitivo.

Tras el golpe de Estado, el General Serrano asumió la presidencia del poder ejecutivo y la jefatura del Estado, formó gobierno en el que participaron radicales, constitucionalistas, militares proclives a la causa alfonsina y un republicano unitario. En un Manifiesto del poder ejecutivo a la nación se declaraban disueltas las Cortes hasta que, resuelto el problema del orden público, se convocasen de nuevo.

La situación de interinidad de gobierno podía haber derivado hacia una república unitaria, pero, en España, la república unitaria no tenía suficiente arraigo y la federal se había autoexcluído. La propaganda monárquica identificaba república con desorden y desintegración nacional.

Los gobiernos de Serrano practicaron una política autoritaria. Disolvieron la AIT (por atentar contra la propiedad, la familia y demás bienes sociales), y las sociedades republicanas federales. Se declaró el estado de sitio en toda la nación. Los carlistas no pudieron ser sometidos. La crisis económica se agudizó, el déficit de la Hacienda Pública crecía.

Los mandos militares se fueron pasando a las filas alfonsinas (necesitaban un rey que deslegitimase la causa carlista). El partido de Cánovas se había ganado a muchos de los progresistas que apoyaron la monarquía de Amadeo I de Saboya.

El 1 de Diciembre de 1874 el príncipe Alfonso, desde la academia militar de Sandhurst escribe un manifiesto a la nación. En el texto se declara legítimo representante de la monarquía española, católico y liberal.

La monarquía democrática de Amadeo de Saboya.

Cumplía las expectativas de los progresistas (trayectoria constitucional) aunque no logró atraerse a los partidos y sectores sociales que desde el principio le fueron opuestos. Por otro lado, los líderes de los partidos que le apoyaron se enzarzaron en continuas disputas personales que produjeron una inestabilidad institucional con continuos cambios de gobierno y consultas electorales. La inestabilidad políti-ca comenzó a manifestarse desde el primer gobierno presidido por Serrano (eran permanentes las di-sensiones entre progresistas, unionistas y demócratas).

Al poco tiempo se rompió la unidad del partido más sólido de la coalición, el progresista (del que surgieron  los constitucionalistas (liderados por Sagasta) y los radicales (liderados por Ruiz Zorrilla).

Nada más llegar a Madrid, 2 de enero de 1871,  Amadeo I se encuentró con que acababa de morir, víctima de un atentado, el general Prim, su principal valedor.

Amadeo I se negó a la  suspensión de garantías constitucionales y la asunción de plenos poderes pa-ra combatir la actividad de grupos extremistas que le propuso el General Serrano.

Este constante cambio político es debilitador para un sistema al que se oponen:

*.- El partido alfonsino, liderado por Cánovas del Castillo¸ que aglutina a la aristocracia latifundista (que ve peligrar sus propiedades territoriales ante la presión radical y republicana) y a los hombre de negocios (temerosos de que el librecambismo, el abolicionismo en las colonias y el auge del asociacionismo obrero perjudiquen sus intereses).