Aprobó
que la TV pública apostara por el actual líder de Podemos como «aliado natural
de la revolución bolivariana»
Pablo
Iglesias entrevista a Jorge Verstrynge, otro de los «líderes« señalados por
Chávez - ABCJAVIER CHICOTE- @ChicoteLerenaMadrid - 05/04/2016 a las
21:18:44h. - Act. a las 08:22:54h.Guardado
en: España -
Temas: Podemos , Hugo Chávez , Juan Carlos
Monedero , Pablo
Iglesias
Hugo
Chávez decidió en mayo de 2008 usar más de siete millones de euros para alentar
la creación de un partido de corte chavista en España. Así lo acredita el
documento que publicó ayer
en exclusiva ABC.
Este
informe no se limitó a liberar los presupuestos para la creación de un partido,
sino que incluso se señaló a los «profesores españoles» cuya imagen querían
potenciar en Venezuela: Pablo
Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, «aliados naturales de la
revolución bolivariana».
El
documento firmado por
Chávez, y elaborado por su entonces ministro del Poder Popular para
las Finanzas, Rafael Isea, sostiene que «con el MPP (Ministerio del Poder
Popular) para la Comunicación se han programado, como acompañamiento a este
esfuerzo, presentaciones y entrevistas en VTV y Telesur a destacados profesores
como Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias, quienes representan una escuela de pensamiento de
avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución
bolivariana».
Nada más
situar a los tres «líderes» españoles de corte bolivariano, el informe firmado
por Chávez destapa en el siguiente párrafo la gran apuesta, la creación de lo
que hoy es Podemos: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo
de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación
CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos
con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas,
fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de
fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno
bolivariano».
«Comandante
Presidente»
El
informe del ministro del Poder Popular para las Finanzas, titulado «Punto de
cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela»,
lleva fecha del 28 de mayo de 2008. El «punto de cuenta al Comandante
Presidente» tenía como asunto «solicitar la aprobación de recursos para la
contratación de la Fundación del
Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS» para el periodo
2008-2010. El ministro Rafael Isea explica en el documento a Hugo Chávez que
las asesorías de CEPS al Gobierno de Venezuela, que comenzaron en el año 2003,
han servido para «promover los conceptos de emancipación popular, conciencia
anticapitalista y controlaría social».
Isea
informa a Hugo Chávez de que los resultados de las asesorías de CEPS (Centro de
Estudios Políticos y Sociales) «han
sido excelentes en formación y capacitación de funcionarios de prisiones».
Aquí se evidencian diferencias de pensamiento de los líderes de Podemos, que
estaban integrados en CEPS: apoyan las políticas penintenciarias de Venezuela,
donde hay presos políticos, y rechazan las de España, por ejemplo la dispersión
de presos etarras.
Del
mismo modo, un «informe táctico» de fecha 2 de septiembre de 2011, que aborda
«Reflexiones para el abordaje de expresiones callejeras de la conflictividad
social», apuesta por los antidisturbios de la Policía para reprimir
manifestaciones, justo lo contrario que han hecho en el Ayuntamiento de Madrid,
suprimirlos. Los politólogos de CEPS consideran que «en el caso de formas
extremas del conflicto en las que no quede más remedio que una intervención que
reponga la autoridad del Estado, se sugiere la intervención del equipo de
resolución de conflictos del Ministerio del Interior».
Este
lenguaje engolado y eufemístico continúa: los antidisturbios sirven para
«minimizar la forma del conflicto reduciendo la magnitud del mismo».
Más de 7
millones de euros
Los
recursos económicos que Chávez aprobó para contratar a CEPS ascendieron a
7.168.090 euros. Entre 2003 y 2007 se había abonado a la fundación afín a
Podemos 2.687.390.
A partir
de ahí, el ministro de Finanzas solicita a Hugo Chávez una partida de 1.650.700
euros para el ejercicio 2008 y, seguido, la dotación más abundante:
«comprometer en los presupuestos respectivos la cantidad de 2.830.000 euros, equivalentes a US $
4.273.300,00, para las asesorías y apoyo técnico de la Fundación CEPS en los
años 2009-2011». Por contra, CEPS recogía en sus memorias económicas un total
de 3,7 millones de euros en convenios firmados con los gobiernos chavistas.
El
informe «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela» recoge la extraordinaria influencia que tienen los ideológos de
CEPS en el Gobierno chavista. Rafael Isea cita entre los organismos asesorados
por los politólogos españoles cinco
ministerios del Poder Popular (Presidencia, Comunicación, Trabajo,
Relaciones Interiores Salud), la televisión pública Telesur, el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la Compañía Anónima Nacional de
Teléfonos de Venezuela (CANTV).
El
ministro de Finanzas también deja la puerta abierta a «otros despachos a
definir por instrucción directa del Comandante Presidente». Como desveló ABC,
Chávez pagaba hasta 7.000 euros mensuales por cada asesor que CEPS enviaba a
Caracas.
Podemos
echa balones fuera, el PSOE se pone de perfil y Ciudadanos y el Partido Popular
exigen responsabilidades. Ese es el resumen de las reacciones políticas a la
información desvelada por ABC sobre los vínculos económicos de Podemos con el
régimen venezolano, que marcaron ayer la actualidad en el Congreso de los
Diputados.
El
portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, criticó muy duramente lo que calificó
como un posible caso de «financiación ilegal», y exigió a Podemos que aporte
«explicaciones inmediatas» sobre estos hechos, que considera «muy graves». A
juicio de Hernando, las informaciones apuntan que «aquí había una formación
política que tiene al parecer un socio fundador y capitalista, que era el señor
Chavez y luego el señor Maduro y esto es muy grave».
Desde
las filas populares apuestan firmemente porque los responsables de la formación
morada «den explicaciones sobre este asunto antes de sentarse con Albert Rivera
y Pedro Sánchez» el próximo jueves, en la reunión tripartita que han anunciado.
En caso de que no lo hagan, considera el PP que tendrán que ser los líderes de
Ciudadanos y PSOE quienes «den esas explicaciones de por qué no consideran esta
información relevante y por qué en ocasiones se utilizan determinadas excusas
para no reunirse con otros». La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes lo definió como un asunto de «tremenda gravedad política». «Una de
las cosas más graves que puede afectar a la independencia de cualquier partido
político es esto. Los partidos políticos en democracia debemos ser
independientes de cualquier régimen político o Estado extranjero»
Un
asunto «gravísimo»
Ciudadanos
quiso poner tierra de por medio ante las palabras de Hernando con un duro
alegato de su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, que lo definió como
«un asunto gravísimo». Girauta, señaló que de confirmarse este asunto «la
Fiscalía tendrá que actuar» porque «a nadie se le escapa de que estamos
hablando de un grave delito». Además, salvolado además que salvo que «salgan
diciendo que son falsos», en referencia a los documentos, «en el plano político
les exigimos que asuman responsabilidades». Girauta señaló que que los documentos
prueban que un «régimen extranjero ha invertido en el fomento del chavismo
bolivariano en España». Consideró especialmente grave que esa financiación se
tradujese en el asesoramiento por ejemplo a los funcionarios de prisiones,
recordando que es un régimen que «encarcela a opositores políticos». Girauta se
preguntó «¿qué hacía el señor Monedero, Pablo Iglesias, la señora Bescansa o el
señor Errejón asesorando a funcionarios de prisiones venezolanos?»
Por su
parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, se limitó a decir «que den las
explicaciones necesarias los dirigentes que las tengan que dar y que se hagan
las investigaciones correspondientes por quien se tengan que hacer». Pese a las
múltiples preguntas al respecto, Hernando evitó ir más allá y expresó que «la
financiación de los organizaciones políticas tiene que ser absolutamente
transparente, clara y legal».
El
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justificó la información en la
posibilidad de que su formación y el PSOE alcancen un acuerdo. «De lo que
tienen miedo algunos es de que en España pueda haber un gobierno de coalición
progresista», señaló antes de entrar al pleno del Congreso. Retó así a quien lo
considere a acudir a los tribunales y dijo que estaría «encantado» de que la
Fiscalía investigue porque «cada vez que lo hacen se archiva». Y apostilló que
«parece que a algunos les cuesta mucho aceptar las decisiones de los
tribunales». Antes de él, Íñigo Errejón aseguró que es «radicalmente falso» y
«que cualquiera que diga lo contrario» tendrá que aportar las prubas ante el
Supremo. Y «ya les adelanto», insistió, que el TS dirá otra vez lo mismo porque
no hay nada ilegal en la financiación de esta formación.
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