TEXTO 8:
DISCURSO DE INVESTIDURA DE FELIPE GONZÁLEZ
“El Gobierno cumplirá y hará cumplir
la ley. No permitiendo ninguna actuación al margen de la Constitución, y
los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por
nuestra parte (…) Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos
involucionistas desviarán la decisión del Gobierno de hacer cumplir la
Constitución (…)
El 28 de octubre supone la más
importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los
ciudadanos (…)
Trabajemos con tesón para allanar los
obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades
Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión, dentro del
horizonte dado por la presente legislatura (…)
Examinaremos también con toda atención
los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con los Estados
Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la defensa
de nuestro interés y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior
Gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico Norte,
manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español”.
ABC, 1 de
diciembre de 1982, pp. 24-27.
-Este texto se recogen fragmentos del
Discurso de investidura de Felipe González, candidato del partido socialista, pronunciado
en el Congreso de los Diputados el 30 de noviembre de 1982, y que señalan los
aspectos fundamentales de su Gobierno.
- Documento es de carácter político (discurso
de investidura, en el que Felipe González enunció las bases centrales de su programa
de gobierno, destacando especialmente las relativas a la economía, la justicia y
la política exterior
-Los destinatarios de su discurso: Parlamento,
diputados y senadores, medios de opinión, partidos políticos, Gobiernos
extranjeros y pueblos español.
- Es una fuente histórica primaria en la
que se enuncian con claridad los tres aspectos esenciales de su Programa de
Gobierno: el respeto a la Ley, la entrada de España en la Comunidad Económica
Europea y la cuestión de la OTAN.
Encuadrado en el proceso de Transición
política: muerte de Franco (1975), crisis económica iniciada en 1973, el
terrorismo, el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, crisis y
hundimiento de la UCD, cuestionado el liderazgo de Leopoldo Calvo Sotelo, la
debacle del partido centrista en las elecciones de octubre de 1982 y el ascenso
al poder del PSOE (Felipe González).
Principales objetivos de su programa
de Gobierno, agrupados en tres grandes boques:
*.-
Cumplimiento de la Constitución.
Su Gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución
haciendo hincapié sobre todos aquellos que de una manera u otra intentan actuar
fuera de ella (atentados terroristas o golpistas) en contra las disposiciones
de los Gobiernos legítimos.
La victoria electoral del PSOE, el 28 de
octubre de 1982, señalada como punto de partida para derrotar cualquier actitud
antidemocrática.
*.- “El Gobierno cumplirá y hará
cumplir la ley. No permitiendo ninguna actuación al margen de la Constitución,
y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por
nuestra parte (…) Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas
desviarán la decisión del Gobierno de hacer cumplir la Constitución (…)
El 28 de octubre supone la más
importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los
ciudadanos (…)
*.- Se allanarán con tesón para allanar
los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades
Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión, dentro del
horizonte dado por la presente legislatura (…)
*.- Examinaremos también con toda
atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con los
Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la defensa
de nuestro interés y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior
Gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo
nuestros compromisos con el pueblo español”.
 |
| Primer Gabinete del Presidente Felipe González |
Felipe González Márquez (1942-). Nacido
en el seno de una modesta familia sevillana, estudió Derecho y durante la época
final del Franquismo, era conocido en la clandestinidad socialista como
Isidoro. Ganó las elecciones de octubre de 1982 por mayoría absoluta y fue
presidente del gobierno durante 14 años, hasta 1996 que fue desbancado del
poder por el Partido Popular.
- Su Gobierno “cumplirá y hará cumplir
la ley” y la Constitución en un Estado de Derecho. En defensa de la legalidad actuará
en contra de quienes propugnan el “terror”, “chantaje” o “el involucionismo”
para conseguir los objetivos que defienden.
- Su Gobierno hará cuanto esté a su
alcance para que España se miembro de pleno derecho en la Comunidad Económica
Europea superando “con tesón” los obstáculos presentes para conseguir tal fin.
(Será uno de los grandes éxitos de la era González).
-Respecto a la OTAN:
*.- Durante el gobierno centrista de
Calvo Sotelo, España ingresó en la OTAN, organización de carácter defensivo
militar.
*.- El PSOE no estuvo en absoluto de
acuerdo con ese ingreso y en su programa electoral de 1982 aseguró que si
ganaba las elecciones España saldría de la OTAN.
Una vez en el Gobierno, se convocó un Referéndum para que el
pueblo español optase por su continuación en la Alianza Atlántica o no.
El PSOE cambió de opinión, siendo
partidario de que España permaneciese en la OTAN. Se pasó de “OTAN DE ENTRADA
NO” a “de salida tampoco” como apuntó el chascarrillo popular. Este cambio de
opinión sería muy criticado.
*.-El discurso de investidura de Felipe
González de 1982 supuso un hito en la historia de España.
*.- Este joven político de tan sólo 40
años, en la jornada siguiente de la lectura de su discurso, tras siete horas de
debate, fue proclamado presidente del gobierno español.
*.- Votaron su candidatura afirmativamente
la mayoría de la cámara -207- de 345 votos emitidos.
*.- Se superaba así con creces, la
mayoría absoluta de su investidura, lo cual favorecería la gobernabilidad de
España.
*.- Por primera vez desde 1936 un
gobierno socialista, es decir, de izquierdas, asumía el poder en España.
Su discurso, lleno de ilusión y
esperanza, fue “moderado” pero “radical” como el propio González confesó, pues
deseaba ir a la raíz de las cosas.
Fue interpretado por la prensa de la
época como una “declaración-marco” (ABC) pero con “ausencia de concreciones” (El
País).
El lema con el que había ganado las
elecciones era “por el cambio” y como señaló su mano derecha y vicepresidente
de su primer gobierno Alfonso Guerra, a España no la iba a reconocer “ni la
madre que la parió”.
Durante 14 largos años llevaría a cabo
toda una serie de programas reformistas que abarcarían todos los aspectos de la
vida de la época, educación –LOGSE-, la sanidad, el ejército, la judicatura –
-Finalmente, fueron esenciales en el fin
de esta etapa socialista, dos aspectos: los casos generalizados de corrupción,
que minaron la credibilidad de este gobierno y que fueron particularmente
sonoros: FILESA, Roldán, Guerra, el escandalo de la Expo de Sevilla 1992 etc. y
el terrorismo de Estado -los llamados GAL– grupo dedicado al secuestro y
asesinato con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, para
combatir a la sangrienta ETA que por aquellos años llevaba a cabo terribles
atentados. Todos estos casos fueron destapados por la prensa, que con razón fue
llamada “el cuarto poder”.
-En conclusión, este representativo
texto es un documento político de gran relevancia, pues señala el inicio de una
etapa de España, la del gobierno socialista de Felipe González que se extenderá
ininterrumpidamente desde 1982 hasta 1996.
TEXTO 8: DISCURSO DE INVESTIDURA DE FELIPE GONZÁLEZ
“El Gobierno cumplirá y hará
cumplir la ley. No permitiendo ninguna actuación al margen de la Constitución,
y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por
nuestra parte (…) Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas
desviarán la decisión del Gobierno de hacer cumplir la Constitución (…) El 28
de octubre supone la más importante derrota moral para los que desean suplantar
la voluntad de los ciudadanos (…)
Trabajemos con tesón para
allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las
Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión,
dentro del horizonte dado por la presente legislatura (…)
Examinaremos también con
toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con
los Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la
defensa de nuestro interés y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el
anterior Gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico Norte,
manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español”.
ABC,
1 de diciembre de 1982, pp. 24-27.
(Las elecciones generales legislativas
del año 1982 fueron celebradas el 28 de octubre. En estos comicios, el PSOE de
F. González conseguiría una amplísima mayoría absoluta, ocupando 202 escaños de
los 350 de los que consta el congreso.
Se hundió UCD y Alianza Popular(AP)
ocupó su espacio político como principal partido opositor).
Discurso
de Investidura de Felipe González Márquez, Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 1982 (AMPLIADO)
Señor Presidente, señoras y señores
Diputados:
Al disponerme a solicitar la investidura
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, quiero, ante
todo, transmitir a la Cámara y a los ciudadanos que representamos la convicción
de que este acto no es un simple trámite; al contrario, estamos viviendo una
jornada histórica y decisiva para nuestro futuro. Histórica, porque hoy
comienza el cambio; decisiva, porque, desde los primeros pasos por el nuevo
camino, empezamos ya a ir configurando su trazado.
Lo proclamo con la satisfacción de haber
sido uno más de los que han luchado por este día; pero también con la humildad
debida porque ha sido el pueblo español, libre y pacíficamente, quien ha
instaurado el cambio, y nosotros no somos más que los encargados de desempeñar
la honrosa tarea de impulsarlo.
Para constatar lo que afirmo basta
contemplar esta Cámara, y comparar su composición con la de hace pocas semanas.
Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras, otras leyes, otros modos, otros
contenidos de Gobierno y lo ha querido con tal sabiduría y con tan clara
conciencia cívica que nuestro primer deber, el deber de todos nosotros, consiste
en interpretar con acierto, esa voluntad popular. El pueblo ha votado el
cambio y nuestra obligación es realizarlo; un cambio hacia delante, un cambio
sintonizado con el futuro, un cambio hacia una España que progrese en paz y
libertad.
Para conseguirlo, los ciudadanos han
elegido el 28 de octubre unas Cámaras con una mayoría fuerte - es decir, con un
Gobierno sólido - y con otras fuerzas políticas vigorosas.
Yo me felicito de esos aciertos, porque creo
en la eficacia del diálogo y la participación, lo que supone necesariamente
interlocutores capaces; porque es más fácil la generosidad y la lealtad
desde posiciones de fortaleza que desde la debilidad que necesita recurrir con
frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.
Por eso espero que nuestras naturales
discrepancias se manifiesten siempre en esta Cámara con claridad y comprensión,
que por mi parte ofrezco desde ahora sin ninguna reserva. Todos tenemos que
pensar en el presente y en el futuro de España, aunque sea de distinta manera;
hacer compatibles esas diversas maneras y conjugarlas al servicio de interés
común es lo que nos exigen los ciudadanos con su rotunda votación.
Por obra de ese mandato, y no sólo por
un trámite establecido, es por lo que solicito de la Cámara mi investidura como
Presidente del Gobierno.
¿Y para qué? Naturalmente, para
gobernar. Esto es obvio, pero importa afirmarlo sin acritud, con la conciencia
clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la
sensación de no estar gobernados. Porque gobernar no significa solamente estar
atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el
perfil del horizonte, tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva
que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es aferrarse con
ilusión y esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las dificultades iniciales, a
sabiendas de que aunque no se alcance plenamente el horizonte debe bastarnos la
humilde seguridad de que cada paso correcto nos acerca a la meta de una España
mejor para todos.
Nuestro horizonte como socialistas, con
la responsabilidad de gobernar para todos los españoles, es profundizar
constantemente en las libertades de las personas y de los pueblos de España.
Ahora bien, como las polémicas recientes y el oscurantismo interesado de
tiempos pasados pueden confundir a muchos, debo reafirmar que este horizonte
pertenece a la vez al futuro y al pasado, y es la reencarnación actual de
valores de siempre, porque el proyecto viene a revitalizar la solidaridad
humana debilitada por el individualismo, por el egoísmo corporativo y por la
agresividad competitiva de grupos sociales muy concretos. Nuestro sentido del
cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en los valores más permanentes
del hombre, rechazando la concepción atomizada de la sociedad.
Nos proponemos gobernar sobre la base de tres
principios que quiero proclamar categóricamente:
- La paz social, es decir, la
seguridad ciudadana como garantía de desarrollo de las libertades, que es
un concepto más noble y amplio que el de orden público, reducido a la
tranquilidad en las calles. Paz y seguridad en todos los ámbitos: en el
trabajo, en el ocio, en la creación, en la interdependencia de nuestra vida en
común, en las relaciones internacionales.
- La unidad nacional, que se fortalece
con la diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias de los grupos,
con las singularidades propias de este rico y variado mundo que llamamos
España. No sólo no excluye esas diferencias, sino que, al contrario, la unidad
se vigoriza gracias a la autenticidad con que son vividas por sus portadores
humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de estimularnos y
potenciarnos unos a otros, precisamente porque somos diferentes, nunca en la
interpretación negativa de antagonismos o luchas destructoras.
- El progreso, como un instrumento al
servicio de la justicia, como un concepto que va más allá del mero
desarrollo económico, que incluye el incremento de la riqueza nacional, pero
que atiende a las necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán
de comprensión, de dignidad, de igualdad. Por ello nos obliga a luchar
contra las diferencias que privilegian a ciertos grupos y marginan
lacerantemente a otros.
Estas bases nos permitirán reforzar
la presencia de España en el mundo, no con la vana pretensión de un
protagonismo internacional exagerado, porque tenemos sentido de la medida al
situar a nuestro país en la escala de las potencias mundiales. Pero
tenemos también conciencia de nuestras aportaciones en el pasado y de nuestra
capacidad de presente y de futuro, y esperamos que unas y otras nos permitan
alcanzar en la vida internacional el nivel de nuestra auténtica dignidad. Se
puede ser digno con poco, como se puede ser indigno con mucho, y de esto último
no quiero mencionar ejemplos de quienes aprovechan su fuerza para someter o
explotar.
Paz, unidad y progreso; ese es el
perfil del horizonte, de nuestro rumbo permanente.
Debo ahora referirme a las curvas del
camino, a la situación inmediata y a nuestros propósitos. Aludiré sólo a sus
principales rasgos, porque recientes como son las elecciones generales y dada
la difusión de nuestro programa, ampliamente respaldado, parece innecesario
fatigar a la Cámara repitiendo detalles de todos conocidos y que pueden ser
objeto de ulterior debate.
Pero quiero participar que es nuestra
intención informar a los españoles en las próximas semanas y meses sobre la
situación que hemos recibido, y en particular en la presentación de los
presupuestos. Asimismo les iremos dando cuenta en el futuro de cuanto les atañe
sincera y claramente, para que la esperanza se base en la verdad y no en datos
deformados o insuficientes, ni en promesas quiméricas.
Cuatro son las áreas de problemas en
las que agrupo los aspectos detallados en nuestro programa electoral, que es,
naturalmente, la base del programa de Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél
responderemos fielmente al voto mayoritario expresado por los españoles. Enumeraré
así esas cuatro áreas, para que pueda seguirse más fácilmente mi exposición:
Primera, la lucha contra la crisis
económica y el paro.
Segunda, el avance hacia una
sociedad más libre y más igualitaria.
Tercera, la reforma progresiva de la
Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución
y del contenido del Título VIII que exige una nueva distribución del poder en
el ámbito de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Cuarta, la proyección hacia el
exterior, digna y eficazmente de la realidad de España.
Estas cuatro áreas como saben sus
Señorías, están estrechamente ligadas entre sí y sólo a efectos de exposición
podemos separarlas.
Así, la reforma de la Administración
tiene un claro sentido instrumental al servicio, tanto de los objetivos
sociales que nos proponemos cuanto de la construcción del Estado de las Autonomías; y el
avance en las primeras áreas mencionadas fortalece nuestra posición en el
exterior, sirviéndose al mismo tiempo de una política internacional eficaz.
[...]
Ante estos cuatro retos del presente se
impone una primera realidad: la de que el margen de maniobra para la política
económica es reducido en el plazo inmediato y sólo se amplía hacia el futuro.
Por consiguiente, con la decisión de
utilizar al máximo ese margen en la dirección que marca nuestro programa, la
confianza en las soluciones posibles se apoya fundamentalmente en tareas y
reformas que emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos sólo se recogerán a
más largo plazo.
Esta es la realidad, puesto que la
crisis económica internacional, que contrasta con la expansión de los años 60,
no desaparecerá del horizonte tan pronto como habían venido anunciando algunas
voces que ignoraban la profundidad de los desequilibrios que nos han atenazado.
Entre los desequilibrios mencionados,
sin duda el más doloroso, desde un punto de vista humano, es el del paro. No
intentemos disfrazar su crudeza con el término menos agresivo de
"desempleo".
Nuestro deber es vivir el paro como
el drama de cada hombre o cada mujer que desea trabajar sin conseguirlo;
vivirlo como una serie interminable de días de frustración y de desesperanza,
porque no se trata sólo de un problema económico que se pudiera aliviar
sustancialmente con un subsidio; el paro ataca a las raíces más profundas del
ser humano, socava la energía moral y la confianza, debilita el espíritu de participación
ciudadana, lleva a cuestionar la solidaridad social.
No podemos resignarnos a que el joven
aprendiz o el universitario repitan lo que está en trance de convertirse en una
frase hecha: "estamos estudiando para el paro".
Porque eso les lleva a la desilusión,
al rechazo del sistema y a la rebeldía; como tampoco podemos aceptar que
hombres maduros y responsables sientan herida su dignidad por el despido,
como si no fueran capaces de trabajar para atender las necesidades de los
suyos, como si no tuvieran nada que ofrecer para contribuir con su esfuerzo al
progreso de todos.
El paro es un castigo moral inmerecido,
además del castigo material que impone la penuria a quienes lo sufren. Y el
hecho de que sea una plaga prácticamente mundial, agravada en España en
comparación con los países desarrollados, no nos dispensa de combatirlo
tenazmente.
En esa lucha prioritaria emplearemos
todos nuestros instrumentos disponibles, todos los esfuerzos, desde la
inversión creadora de empleo hasta la modificación y reducción de los horarios;
desde los reajustes de técnicas y de sectores hasta apoyos públicos a contratos
para los sectores que encuentran más dificultad para acceder a un empleo; desde
la ayuda a la readaptación de los trabajadores a nuevas tareas, hasta la
aplicación de estos medios en el campo de la empresa privada como en el sector
público, en la agricultura como en la industria, en la construcción como en los
servicios, en el terreno de la educación para nuevas profesiones como en el de
la exportación a mercados extranjeros.
No perderemos la menor oportunidad
para crear trabajo. Cuando sea inevitable sectorial o temporalmente el
paro, pondremos en juego la solidaridad de todos para no colocar en una
situación de desamparo y de miseria insostenible a quienes se vean reducidos a
él, de la misma manera que combatiremos el fraude laboral con todas sus formas
de picaresca que degradan a quienes se ven implicados en ellas, ya sean
trabajadores o empresarios. Esa picaresca, como el fraude fiscal, la evasión de
capitales y otras formas de delitos relacionados con la actividad económica,
serán perseguidos con el rigor a que obliga la ley y con la dureza que merecen
las actitudes punibles de egoísmo insolidario.
[...]
El segundo desequilibrio grave que
nos afecta es el de la inflación, que algunos prefieren considerar en
primer lugar.
Por nuestra parte, sabemos que este
problema y el del paro se entrelazan, dentro de la independencia general de las
disfunciones económicas.
Conocemos también las dañosas
repercusiones de la inflación sobre los propósitos de ahorro, las iniciativas
de inversión, sobre la balanza de pagos o sobre el valor de la moneda. Ahora
bien, desde nuestra perspectiva, la inflación es, para expresarlo con palabras
sencillas, el problema de quienes ven decaer el poder adquisitivo de sus
recursos monetarios, mientras que el drama del paro empieza por no poder
siquiera obtener esos recursos.
Dicho esto, es claro que la inflación
reclama una política tan decidida y enérgica como la lucha contra el paro,
combatiéndola con el empleo de una política monetaria rigurosa, así como con
todos los restantes instrumentos disponibles, y, entre ellos, muy
principalmente, mediante acuerdos responsables entre las fuerzas sociales que
han demostrado ser indispensables.
Nuestro objetivo para el año próximo es
reducir en tres puntos la tasa de inflación respecto a la de 1.982, y con ese
fin actuaremos también decididamente para frenar el crecimiento del déficit
público, hacer una política monetaria ajustada y propiciar los acuerdos
sociales necesarios, según se especifica en nuestro programa.
Nos proponemos un objetivo del
crecimiento del producto interior bruto del orden del 2'5 por ciento para
1.983, sin sobrepasar una inflación en el entorno del 12 por ciento.
[...]
Otro desequilibrio fundamental es el
del déficit del sector público, cuyo crecimiento aspiramos primero a frenar y,
en años sucesivos, a reducir, al tiempo que reestructuramos el gasto público;
queremos inclinarlo más en el sentido de la inversión y de las transferencias
constructivas.
Afortunadamente, disponemos de más
palancas de control en nuestras manos para abordar este problema que en el caso
anterior, sobre todo si una actitud general de austeridad, de trabajo y de
rendimiento reduce la inaceptable costumbre de paliar por la vía de las
subvenciones u otras ayudas públicas los problemas que no se han sabido o no se
ha tenido voluntad política de atacar en sus causas profundas.
En cualquier caso, la actitud de ampliar
el déficit público con negligencia, financiándolo de manera inflacionista,
lejos de ser una panacea que resuelve los problemas, es una grave
irresponsabilidad, que golpea a los sectores más débiles, y, por consiguente,
se debe preferir de modo más riguroso y correcto la financiación a través de
ingresos públicos claramente planeados, de los gastos considerados socialmente
necesarios o convenientes.
Por otro lado, los desajustes y
disfunciones acumulados en el sector público ofrecen, sin duda, un campo muy
amplio para actuar con rigor, con el fin de conseguir el máximo rendimiento de
los caudales que aporta al Estado el pueblo entero. Queremos
acometer inmediatamente las reformas institucionales necesarias para mejorar el
rendimiento de la Administración en todos sus aspectos y para conseguir que el
control del gasto no sea meramente formal, sino capaz de comprobar que se
aprovechan eficazmente los recursos puestos a disposición del Estado.
[...]
Podría parecer indicado ahora,
concluidas las anteriores definiciones sobre el enfoque con que vamos a abordar
los problemas básicos, descender a particularidades sectoriales muy variadas,
desde los problemas concretos de un cierto número de empresas en crisis hasta
la profunda reconversión exigida por los sectores industriales golpeados por
esta misma crisis, o desde las dificultades con que se encuentra el sector de
la pesca, hasta los males tradicionales de una agricultura que, junto a
problemas meramente técnicos, plantea problemas sociales para hacer frente a
bolsas de paro dramáticas y clama por una política capaz de hacer habitables
con dignidad extensas áreas rurales de nuestro país.
Habría que enumerar el esfuerzo para
intensificar el ahorro de energía practicando una política realista de precios
y preparando nuestras industrias para competir con potentes empresas de los
países de nuestro entorno; la consecución de un sistema financiero más eficaz y
capaz de atender flexiblemente a las necesidades de crédito a medio y largo
plazo de nuestra economía; habría que hablar de cómo se dota al país de una infraestructura
suficiente en viviendas, obras públicas, transportes y comunicaciones; pero
éstos y otros muchos aspectos parciales no añadirían nada a lo ya conocido de
nuestro programa y alargarían mi exposición excesivamente, por lo que es
preferible dejarlos para el debate posterior, en el que sin duda se pueden
plantear las cuestiones concretas que interesaran a esta Cámara.
Por eso me limitaré a precisar que
nuestro proyecto político inmediato se inserta en una perspectiva temporal más
dilatada en el tratamiento de los problemas fundamentales. Porque debe estar
claro para todos que ni la salida definitiva de la crisis, ni una mejora
sustancial en la eficacia de nuestro aparato productivo o en el cambio de los
comportamientos económicos pueden obtenerse con rapidez, sino que exigen, por
el contrario, una continuada persistencia en el progreso de los objetivos
definidos.
La articulación de las medidas
económicas, a lo largo del tiempo y entre sí, tiene una importancia grande para
reforzar su eficacia gracias a una cronología calculada y para conseguir una
evolución armónica que reduzca al mínimo las perturbaciones inherentes de toda
reforma. Con el establecimiento de un proceso de planificación acordado, no
impuesto, que hemos previsto en el programa presentado ante el país, se fijará
la evolución posible y deseable de los grandes objetivos macroeconómicos, que
muestren la manera de superar nuestros problemas actuales. De ese modo se
reducirán incertidumbres empresariales, se facilitará la toma de decisiones
públicas y privadas y se aumentará la coherencia entre ellas. Esa planificación
debe permitir ensamblar el conjunto de la política económica del Gobierno,
aumentando la garantía de conseguir los resultados pretendidos.
Nos encontramos, en suma, con un panorama
económico ciertamente difícil. Pero también es cierto que afrontaremos los
problemas con el respaldo de la mayoría política de que disponemos y que quizá
no tiene parangón histórico en nuestro país por su significado y por su
amplitud.
No hay caminos fáciles hacia la solución de
nuestros problemas. No hay sino el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de
actitudes responsables, de tenacidad. Pero las soluciones existen y pueden
alcanzarse por la acción conjunta de la mayoría del pueblo, en apoyo de una política
económica razonablemente concebida y bien instrumentada, de una política que
sea capaz de acelerar nuestro avance hacia una modernidad, con la doble
vertiente de la justicia social y del bienestar material, que nos ha venido
siendo negada en nuestra historia reciente.
Por lo que respecta al vasto campo de la
política social - segundo de los problemas mencionados -, no necesito indicar,
después de las palabras introductorias, que es en él donde buscamos
principalmente los resultados derivados de las acciones en las otras áreas.
Nuestra preocupación es el pueblo, y nuestro objetivo es conseguir que el
crecimiento económico sea de todos y para todos, porque de lo contrario
sería injusto apelar a la solidaridad, que constantemente estamos demandando
como condición necesaria para el resurgimiento.
Por eso de la mejora de la gestión de la
Seguridad Social, en general, y de los distintos tipos de prestaciones haremos
objeto de una consideración especial, según lo previsto por nuestro Programa
Electoral.
Muy concretamente, el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones será garantizado mediante una Ley de
Revalorización Automática de las mismas. Se crearán también mecanismos
institucionales y no solamente económicos para el establecimiento de un marco
democrático de relaciones laborales y se tenderá al mantenimiento del poder
adquisitivo de las rentas salariales.
Se contribuirá así a reducir las
tensiones de toda negociación, y el trabajador y la empresa podrán plantear sus
problemas y adoptar sus previsiones más racionalmente.
[...]
Como he dicho en diversas ocasiones, la
dignidad de una nación se mide por el trato que otorga a los sectores sociales
marginados, como los minusválidos, los presos, las personas sin ingresos de
ningún tipo, los grupos étnicos separados secularmente, como los gitanos,
etcétera. Pese a la dificultad de la situación económica que acabo de
describir, iremos sentando las bases para integrarlos en la sociedad.
La
política sanitaria estará basada en la promoción de la salud, la prevención
individual y colectiva, la atención primaria, la asistencia eficiente y la
reinserción social del enfermo.
[...]
El medio ambiente es un componente vital
de la existencia humana y su degradación irresponsable no sólo se traduce en
perturbaciones sanitarias o psíquicas, sino que, al ser afectado por agresiones
destructoras, reduce la calidad de la vida.
La creciente protesta de los
ecologistas, perceptible en todas partes, especialmente en los países
industrializados, responde a esa sensibilidad humana hacia su entorno, y
evidencia la necesidad de adoptar medidas como las que hemos visto en nuestro
programa.
De todas maneras, el enfoque y la
solución de los problemas del bienestar tienen que empezar en cada uno de
nosotros mediante el enriquecimiento de las posibilidades individuales por la
vía de la educación y de la cultura. Más que en las compensaciones económicas,
e incluso en los servicios sociales colectivos, es en este campo de la
formación donde se encuentra la clave del progreso social.
La educación aumenta la igualdad de
oportunidades al fomentar las capacidades individuales, y, por tanto, el
desempeño de tareas más idóneas. Además, el ejercicio de la libertad
ciudadana sólo se alcanza plenamente con una educación que nos instruya sobre nuestros
derechos y sobre los medios de reclamarlos al mismo tiempo que nos inspire el
respeto hacia los derechos de los demás.
Por otra parte, la riqueza cultural
aumenta el gozo que pueda suministrar el disfrute de servicios públicos de este
tipo o incluso del ambiente mismo. Y sobre todo, sin propósito de agotar el
tema, recordaré tan sólo que el progreso social es obra de los hombres, que son
los hombres los que hacen la historia.
Todo ello explica el hecho de que la
educación y la cultura sean piezas clave de nuestra futura tarea de Gobierno, a
fin de conseguir la "democracia avanzada" propugnada en nuestra
Constitución. Para ello el texto constituyente establece derechos tales como la
libertad de expresión, la superación de las discriminaciones socioeconómicas o
la igualdad de oportunidades ante la cultura, como instrumentos decisivos para
el pleno desarrollo de la personalidad.
[...]
En el amplio espectro que abarca el
análisis de los problemas de la sociedad, ocupa un lugar, que he destacado
desde el comienzo de mi intervención: la seguridad como garantía de la
libertad. El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna
actuación al margen de la Constitución y los que piensen que pueden violentarla
encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra parte.
Estamos convencidos de que nuestra
Constitución permite a todos los ciudadanos pacíficos ejercer sus derechos
individuales o colectivos, expresar sus ideas con libertad. No hay, pues,
explicación alguna para las actitudes violentas.
Desde el llamamiento a todos, Grupos
Parlamentarios y ciudadanos, para que contribuyan a mejorar la seguridad
ciudadana y la convivencia en paz, queremos asegurarles que ni el terror, ni el
chantaje, ni los intentos involucionistas, desviarán la decisión del Gobierno
de cumplir la Constitución. El 28 de octubre ha supuesto la más importante
derrota moral para los que desean suplantar por la fuerza la voluntad de los
ciudadanos.
Ese objetivo nos llevará a dedicarnos
muy especialmente a la mejora profesional de los Cuerpos de Seguridad para
incrementar su eficacia y ampliar su vinculación a las aspiraciones y
expectativas de todo nuestro pueblo. Con estos medios humanos, que han
demostrado ya su espíritu de sacrificio y su afán de superación, lucharemos
contra la violencia para asentar de modo inconmovible la paz y la tranquilidad.
Somos muy conscientes de que con ese clima sería más fácil resolver los demás
problemas de la vida nacional.
Por eso, apelaremos con vigor a la necesaria
cooperación internacional en la tarea de erradicar el terrorismo.
La seguridad ciudadana y la libertad
requieren no sólo disponer de unas fuerzas adecuadas contra la violencia
desestabilizadora, sino, además, disponer de una organización de la justicia a
la altura de su misión, una organización que, una vez más, coloca a los
miembros de esa Administración que, en su inmensa mayoría, son capaces de
desempeñar sus funciones con celo y competencia en una situación de frustración
por la estructura en que están insertos, así como por la falta de medios, que
son las causas fundamentales de las deficiencias actuales.
Nos proponemos introducir las reformas
procesales y de todo tipo para agilizar la maquinaria judicial, evitando
innecesarias e injustas acumulaciones en las cárceles, mejorando la situación
de los internos y garantizando a los ciudadanos una satisfactoria
Administración de justicia, que implique la gratuidad de las tasas judiciales
como un elemento más de igualdad social.
En esta línea, y para concluir con este
tema, se inserta nuestra decisión de establecer cuanto antes la figura
constitucional de Defensor del Pueblo, cuya actuación se ha retrasado hasta
ahora y que para nosotros es el complemento indispensable de la justicia al
poner al alcance del ciudadano unos cauces más inmediatos para hacer oír sus
agravios y para elevarlos a los centros de gestión donde puedan estudiarse y
darles solución.
Pero no es sólo la justicia, sino toda
la Administración la que requiere serias reformas, y con ello quiero abordar la
tercera de las áreas planteadas. Reformas para librar a la Administración de
trabas heredadas, de procedimientos anticuados y de corruptelas poco
tolerables, a fin de que se convierta en un eficaz ejemplo de servicio. Ya en
otro pasaje de esta exposición he insistido en la trascendental importancia de
una maquinaria administrativa capaz de ser la columna vertebral del sector
público.
La competencia profesional, el espíritu
de servicio y la ética han de erigirse, por todos los medios, en los principios
inspiradores de los organismos públicos. Solamente con un instrumento que
responda a los propósitos y a los fines del Gobierno llegarán a ser realidad
nuestros proyectos de austeridad, de rentabilidad del gasto público y de
eficacia en la promoción de las actividades nacionales.
[...]
La austeridad y el rigor en el empleo de
los caudales públicos será así un criterio tajantemente exigido.
Las reformas de la Administración no se
circunscriben sólo a las ramas fiscales o financieras, sino que han de alcanzar
a todas ellas. Estamos firmemente persuadidos de que parte de los defectos que
hoy pueden parecer humanos no se deben a fallos personales, sino a la
desmoralización producida en el funcionario al verse forzado a actuar en un
sistema defectuoso. La gran mayoría de los empleados públicos prefiere, sin
duda, formar parte de una sistema que realce su propia dignidad y que merezca
la más alta estimación de nuestro pueblo.
[...]
Debo referirme ahora a la política
exterior que ha de estar estrechamente ligada a la evolución interior, dentro
de una orientación política general. No debe haber, en estos planos
esenciales, lugar para la improvisación, las contradicciones o la
inconsecuencia.
Dentro de esta opción básica, la
actuación exterior debe ser ajena a concepciones partidistas, y seguir
rigurosamente las directrices de una política de Estado, atenta a los intereses
permanentes de la nación, tal como resulten de un consenso nacional, si ello es
posible, o, al menos, de las aspiraciones expresadas por la gran mayoría de
nuestro pueblo.
El Gobierno emprenderá sin dilaciones la
definición y puesta en práctica de una política exterior que refuerce el papel
de España en el concierto internacional, afirme nuestra presencia en pie de
igualdad allí donde los intereses nacionales estén en juego y permitan a
nuestro país contribuir activamente a las grandes causas de la paz y de la
distensión en el mundo. Para ello tenemos que partir de una idea exacta de
nuestra real capacidad de acción en el mundo internacional: sin jactancias y
sin complejos. Somos conscientes de nuestro nivel real de poder e influencia en
el concierto de las naciones; conocemos también nuestros recursos y nuestras
potencialidades.
Los problemas que inevitablemente
reclamarán nuestra atención serán los de nuestro entorno inmediato. Creemos que
es esencial fortalecer y profundizar nuestras relaciones con los países
vecinos: Portugal, Francia y los Países del Magreb. Las diferencias
transitorias no deben hacernos olvidar nunca la necesidad del mutuo
entendimiento y de la cooperación beneficiosa para todos. De esa manera
contribuimos también al equilibrio de la región mediterránea, cuya importancia
en el tablero mundial se acrecienta día tras día.
Nuestra política de vecindad encuentra
una dirección privilegiada, que citaré a modo de excepción, en lo que se
refiere a Portugal. Sobre la base del más escrupuloso respeto a las posiciones
e intereses de cada parte, una política española que no colocase como una de
sus principales prioridades la amistad y cooperación con Portugal carecería de
visión y de realismo.
No hace falta repetir nuestra vocación
europeísta, nuestra voluntad de contribuir a una Europa de los hombres y de los
pueblos. En esa línea, trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que
aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos
que no será pretencioso conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la
presente Legislatura.
España se encuentra inserta en el
conjunto del mundo occidental, cuyos valores humanos fundamentales compartimos
y defendemos. Ahora bien, reclamamos nuestro derecho y nuestro deber para
determinar libremente, en uso de nuestra soberanía, las modalidades de la
participación que España tendrá en la política y en la defensa de ese conjunto.
Por eso, examinaremos con toda atención
los términos de nuestra relación defensiva u de cooperación con los Estados
Unidos de América y reestudiaremos con el rigor necesario para la defensa de
nuestros intereses y nuestra dignidad la decisión adoptada por el anterior
Gobierno español, en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo
nuestros compromisos con el pueblo español.
Todo ello lo haremos desde el diálogo
nacional e internacional que exigen estas importantes decisiones.
En todo caso, para nosotros, tanto por herencia
histórica como por las realidades de hoy, existe un compromiso de presencia y
de actuación decidida en el continente Iberoamericano. Con este conjunto de
naciones hermanas reforzaremos nuestros lazos de cooperación en todos los
campos, con la convicción de que una parte muy importante de nuestro futuro
pasa por esta cooperación histórica de aproximación.
Del mismo modo dedicaremos una atención
especial a la política del Mediterráneo, con el mundo árabe y con África, por
su enorme potencial desde el punto de vista político y desde el punto de vista
humano.
Para ello será necesario articular los
mecanismos de cooperación, especialmente en los campos cultural y técnico a fin
de desarrollar una política a la vez realista y eficaz.
Por supuesto que en esas y en todas las
áreas mundiales será una constante preocupación del Gobierno la potenciación de
los intereses de los españoles radicados en el extranjero. No podemos olvidar a
esos millones de compatriotas tan lejanos que trabajan y luchan cada día -a veces
en un medio difícil y hostil- ganándose la vida, pero también proyectando en
otras tierras la presencia de España.
Según establece la propia Constitución,
el Gobierno irá creando las condiciones que permitan su retorno; y, entre
tanto, redoblará sus esfuerzos para protegerlos mediante una adecuada gestión
diplomática, muy especialmente cuando se produzcan violaciones graves y
flagrantes de los Derechos Humanos más elementales, como son casos de las
desapariciones, de las detenciones arbitrarias o expulsiones injustificadas.
El Gobierno reafirmará con todo vigor la
reivindicación de Gibraltar, cuya actual situación colonial atenta a la
integridad del territorio nacional y menoscaba la posición internacional y
estratégica de España. Consecuentemente, el Gobierno mantiene el propósito de
reintegrar Gibraltar al territorio nacional mediante negociaciones con el Reino
Unido que conduzcan a ese objetivo, de acuerdo con las resoluciones de las
Naciones Unidas. Al desarrollar este eje prioritario de su política, el
Gobierno obrará de manera que no se penalice a la pobleción de Gibraltar ni a
la del campo de Gibraltar y que el resultado final de la negociación respete
los intereses legítimos de la población.
Especificados de esta forma los
escenarios y los problemas principales de nuestra política exterior inmediata,
debo recordar aún nuestro deber de participar en las grandes cuestiones de
interés para todos los pueblos; como son la paz y el desarme, los derechos del
hombre y la libertad de los pueblos, o la construcción de un nuevo orden
económico más justo para los países en desarrollo.
España no puede estar ausente de esa
inmensa tarea colectiva, de la que depende literalmente la supervivencia y el
progreso de la humanidad, sino como protagonista, al menos como coparticipe en
tan noble empeño. Pues también en el plano internacional debe inspirarnos la
solidaridad entre los hombres y entre los pueblos: o nos salvamos juntos, o
perecemos juntos. Y España debe incorporarse cuanto antes al grupo de naciones
que marchan en vanguardia hacia esa meta común.
Quiero terminar el análisis de estas
grandes áreas con una referencia expresa a la Defensa Nacional, pieza
fundamental para la realización de una política exterior respetada y
respetable.
La Constitución atribuye a las Fuerzas
Armadas la defensa de nuestra integridad territorial y del orden
constitucional, a las órdenes del poder político legítimamente constituido.
El Gobierno aplicará el programa
electoral ofrecido al pueblo español, tanto en sus aspectos sociales y económicos
como en la adaptación progresiva de nuestro despliegue operativo a las
necesidades y misiones atribuidas por la Constitución a las Fuerzas Armadas.
Públicamente proclamo nuestra confianza
y solidaridad con las Fuerzas Armadas, cuya honrosa misión no ha sido empañada
por actuaciones de grupos minoritarios.
Empezamos una nueva etapa en la vida
política española. Con Su Majestad el Rey, cuyo papel en favor de la paz y la
libertad reconocemos todos los españoles, quiero manifestar una vez más mi fe en
el futuro de España.
También mi profunda convicción en la
necesaria articulación de todas las Instituciones del Estado, que nos permita
desarrollarnos hacia el futuro como una nación cada vez más libre e
independiente.
Realizaremos desde la acción del Gobierno
el esfuerzo necesario para incrementar constantemente la profesionalización y
la eficacia de esas Instituciones básicas para el Estado.
[...]
Por todo ello, porque nos respalda una
voluntad mayoritaria y porque confiamos en el espíritu de servicio a la
sociedad que, aún en la discrepancia, anima a las fuerzas representativas de
otros sectores, nos sentimos alentados por la más viva esperanza y nos
disponemos a progresar hacia un horizonte claro mediante un programa realista.
Subrayo estas últimas palabras porque se
nos ha imputado exageración en los compromisos. Quienes así lo creen sólo
confían en los recursos materiales. Nosotros, además de valorarlos debidamente,
ponemos nuestra esperanza en los ciudadanos, en los hombres y mujeres que
acaban de votar por el cambio. Esta esperanza tiene fundamento: la geografía
nos muestra a muchos países construidos con pobres recursos naturales que han
sabido desarrollarse con el esfuerzo de los hombres; como la historia propia
nos deslumbra con las ciudades fundadas en América por un puñado de españoles.
Y esa esperanza se refuerza para el futuro al comprobar cómo nos alientan muy
especialmente los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza los valores
de la solidaridad y el compromiso libremente asumido que tanto importan para
nuestro proyecto común.
Esos hombres, esas mujeres y esos
jóvenes son nuestro apoyo, pero son también nuestros jueces. Y todo ello ha de
ser visto en esta Cámara como nuestra permanente ocupación. A ellos quiero
dedicar mis palabras finales.
Imagino que ahí, en el centro del
hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle. Me
esfuerzo por verlos. Por mirarlos. ¿Quiénes son? Pueden ser un ama de casa
camino del mercado, un empleado de banca, un botones de hotel, o un
universitario. Les veo y me pregunto: ¿Qué piensan de nosotros?, ¿siguen
nuestros debates?, ¿les ilusionamos o les desencantamos?, ¿hacemos lo mejor
para su futuro, que es el de nuestro hijos?
Para comprender mi deber con nuestro
pueblo yo me inspiro mejor en esa sencilla visión que en las frases sonoras y
convencionales. La paz, la unidad y el progreso son ellos y para ellos. Esas
palabras tienen carne y hueso, ropas y gestos. Confiemos en su esperanzada y
libre participación, indispensable para el éxito, y tengámosles presentes
durante nuestros debates, como yo pensaré a diario mientras, fiel al horizonte
y atento al camino, presido mi Gobierno si merezco el honor de que ahora se me
otorgue la responsabilidad de la investidura. Muchas gracias
El
texto a comentar es un extracto del Discurso de Investidura de Felipe González
Márquez, de fuente primaria y temática política-programática, económica,
jurídica, puesto que se refiere a los principales puntos del programa político
a llevar.
El 2 de Diciembre de 1982 Felipe
González fue investido Presidente del Gobierno con 207 votos a favor, una
mayoría absoluta que pasó a la historia como el rodillo y que se mantiene como
el registro de mayor apoyo parlamentario a un candidato en una sesión de
investidura. La investidura de F. González estaba tan garantizada que el
diputado socialista y presidente del congreso, Gregorio Peces Barba, se
permitió la insólita libertad de abstenerse, siendo ésta la primera y única vez
en la democracia española en la que un diputado presente en la votación no votó
a favor del candidato de su partido.
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