En noviembre de 1933 ganó las
elecciones el centro derecha, por una gran mayoría (más de cinco millones de
votos contra tres de las izquierdas).
Esa victoria no fue aceptada por los
partidos perdedores.
Los republicanos, empezando por
Azaña, intentaron un golpe de estado intrigando con el presidente de la
república, Alcalá-Zamora, y con el jefe del gobierno, Martínez Barrio, para
impedir la reunión de las Cortes democráticamente elegidas.
No obstante, los dos últimos
rechazaron la propuesta, y las Cortes se reunieron.
El partido más votado había sido la
CEDA.
formaciones
centro-izq.
|
esc.
|
formaciones
centro-der.
|
esc
|
psoe
|
58
|
ceda
|
113
|
esquerra
catalana
|
23
|
partido
radical
|
80
|
izquierda
republicana
|
7
|
partido
agrario
|
39
|
partido
radical-socialista
|
3
|
partidos
monárquicos
|
32
|
federales
|
2
|
lliga
regionalista
|
24
|
partido
comunista
|
1
|
falange
española
|
2
|
otros
partidos centro-izq.
|
6
|
otros
partidos centro-der.
|
96
|
La CEDA se convirtió en el principal
partido de las Cortes y Gil Robles en el líder de la España conservadora. La
aparición en dicha cámara de dos representantes falangistas y un comunista fue
la primera advertencia de que la sociedad española estaba entrando en una
espiral de radicalización.
Su jefe, Gil-Robles, había hecho en
la campaña electoral algunas declaraciones antiparlamentarias (también el
PSOE), pero se mostró, en general, moderado y conciliador, y terminó pidiendo
concordia entre derechas e izquierdas, a pesar de haber sido asesinados seis
derechistas durante la campaña, y ninguno de los contrarios.
La petición fue interpretada por las
izquierdas como un síntoma de debilidad.
Esta moderación se manifestó cuando
renunció al gobierno, dejando la tarea a Lerroux, dirigente del segundo grupo
parlamentario.
La reacción de los socialistas: la
mayoría, resuelta a establecer cuanto antes la dictadura del proletariado, se
desembarazó de Besteiro, opuesto a tales planes. Y en enero del 1934 empezó a
organizar una insurrección considerada como “guerra civil”, de la mayor
violencia y alcance posibles.
La Esquerra acogió su derrota
electoral profiriendo graves amenazas de subversión, y se declararó “en pie de
guerra”.
Al PNV le unían a la CEDA el
catolicismo y la defensa de numerosos valores conservadores, pero todo lo cedió
por su ambición de conseguir el estatuto de autonomía (y, desde el primer
momento, los nacionalistas manifestaron su decisión de vulnerar el estatuto,
convirtiéndolo en palanca para abrir la puerta a la separación de Vasconia de
la odiada Maketania). Por esa razón fue posible, en aquellos meses, una
estrecha alianza de hecho entre el PNV y las izquierdas, incluso las
revolucionarias.
(Para algunos significaba una
supuesta democratización y moderación del PNV frente a una radicalización de la
CEDA. Ocurrió al revés, al inclinarse por aquellas izquierdas, el PNV
contribuyó a la inestabilidad y al proceso revolucionario, la CEDA mantuvo una
moderación que la convertiría en el último puntal de la legalidad republicana).
Al hacer del estatuto, y no de
intereses religiosos o de conservación social, el eje de su política, la opción
del PNV por la izquierda, incluso por la extrema izquierda, tenía su lógica.
Las izquierdas no sólo parecían dispuestas a emplear todas las fuerzas posibles
contra el gobierno, incluyendo al PNV, sino que para ellas la unidad de España
tenía mucha menos relevancia que para la derecha.
El nacionalismo español de los
republicanos se basaba en promesas sobre el futuro, sin raíces en un pasado que
tenían por nefasto, y por ello ofrecía una clara debilidad a las pretensiones
separatistas.
Los socialistas y comunistas
reivindicaban a veces una patria hispana más “auténtica”, contra “la patria de
los señoritos y los explotadores”, pero su doctrina era internacionalista, y
suponía que “los obreros no tienen patria”. La unidad nacional no significaba
mucho para ellos si, destruyéndola, quebraban a la “oligarquía” e impulsaban la
revolución.
El PNV concedía importancia menor a
los avances revolucionarios en España, si ellos le facilitaban avanzar a la
secesión.
El gobierno Lerroux tenía serios
problemas con el presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora.
Durante el bienio izquierdista, el
presidente no se había entrometido en las labores gubernamentales de Azaña,
pero se creía con derecho a inmiscuirse en las del gobierno de centro derecha.
Su ambición, desde el principio
mismo de la República, había sido dirigir o tutelar una gran fuerza
conservadora capaz de contrapesar a las izquierdas.
Esa aspiración se había hundido por
su lamentable reacción, o falta de reacción, ante la oleada de incendios de
bibliotecas, conventos y escuelas en mayo del 1931.
Entonces había perdido su prestigio
ante la opinión de derechas. Sin embargo persistía en la vieja intención
tuteladora, que le impulsaría a decisiones catastróficas. Tenía además el miedo
a ser tildado de “reaccionario” por las izquierdas, lo cual le llevaba a graves
claudicaciones.
Enseguida intrigó en el
partido de Lerroux, para fomentar divisiones que favorecieran su influencia.
Ante el indulto y reposición de los
golpistas de Sanjurjo en el ejército, Alcalá-Zamora echó un pulso a Lerroux,
provocando para ello una grave crisis constitucional. Al resistirse a firmar el
indulto y la reposición, el presidente ofrecía una estampa progresista e
intransigente en defensa del espíritu republicano, pero era un pretexto; dos
años después no puso ningún obstáculo para firmar la reposición triunfal de los
militares participantes en la insurrección izquierdista de octubre del 1934 y
condenados por ello.
Ante la intransigencia presidencial,
Lerroux prefirió retirarse, y entró a gobernar Ricardo Samper, un político de
la confianza de Alcalá-Zamora, conciliador y dialogante, pero falto de la
firmeza necesaria para arrostrar las ofensivas izquierdistas y nacionalistas;
todos sus adversarios, incluido Azaña, lo despreciaron desde el principio.
En estas circunstancias se
plantearon las gravísimas maniobras de desestabilización de las izquierdas y el
PNV contra la legalidad republicana.
¿Tenía razón la mayoría de españoles que
rechazó a las izquierdas después de haberlas experimentado durante dos años?.
No fueron las mínimas y ocasionales
violencias de las derechas, sino las de la CNT, replicadas con enorme dureza
desde el poder, la verdadera causa de la quiebra del Gobierno
republicano-socialista, sobre todo después de la matanza de Casas Viejas.
Y la CNT era una sindical izquierdista
que había colaborado a traer la República.
El grueso de la derecha se atuvo
estrictamente a la legalidad republicana, en lugar de subvertirla.
La República no había llegado con un
programa izquierdista, sino que había sido concebida como una democracia
liberal por Alcalá-Zamora y Miguel Maura, verdaderos promotores de la empresa.
Fue el predominio alcanzado enseguida
por las izquierdas lo que condujo a desvirtuar ese objetivo ya en la misma
Constitución, lastrada por graves sectarismos y mutilaciones de los derechos
ciudadanos.
Además, incluso los elementos
democráticos de la Constitución fueron echados a perder en gran medida por la
Ley de Defensa de la República y, más tarde,
por la de Vagos y Maleantes, impulsadas ambas por Azaña.
El voto femenino, lo promovieron tanto
las derechas como las izquierdas, salvo una parte de estas últimas, muy
renuente a concederlo por puro sectarismo.
Sobre la labor cultural del bienio, no
cabe duda de que tuvo cierto interés, quedó contrarrestada por hechos tan
negativos como la supresión de centros de enseñanza prestigiosos por el mero
hecho de ser católicos, o las graves destrucciones de bibliotecas, escuelas y
obras de arte, y por la difusión de unas ideologías fanatizantes.
La cifra de huelguistas saltó de 240.000
en 1931 a 840.000 en 1933, subiendo también en vertical el número de parados
(de 390.000 a 618.000), aumentando de forma dramática la miseria extrema y, por
tanto, las desigualdades sociales.
En ello jugaron factores ajenos a la
política de las izquierdas, como la crisis económica mundial de la época, pero
también las medidas adoptadas no suavizaron sino que empeoraron la crisis,
frenando la iniciativa privada y creando una inseguridad a su vez paralizadora
de la actividad económica.
La reforma militar, necesaria y aceptada
por la mayoría del Ejército, se echó a perder en buena parte por la agresiva
demagogia antimilitar de las izquierdas, que "se ensañan con el ejército a
mansalva", como indicaba Azaña, y por la política de promoción
profesional, demasiado partidista, también deplorada por aquél, aunque no supo
o no quiso ponerle remedio, aparte de contribuir al descontento exhibiendo una
actitud de desprecio hacia los militares.
De la expansión de la enseñanza su
resultado distó mucho de las cifras triunfalistas en cantidad, y más aún en
calidad, ofrecidas por la propaganda.
Tampoco fue resuelto el problema
planteado por el agresivo nacionalismo catalán, pues el estatuto de autonomía,
visto por el Gobierno como una solución estable, lo consideraban los
nacionalistas tan sólo como un paso en una escalada indefinida de
reivindicaciones hasta una práctica separación de Cataluña.
En cuanto a la reforma agraria, fue realizada
con la demagogia habitual, sembrando esperanzas desmedidas entre el
campesinado, con realizaciones frustrantes, que fomentaban en círculo vicioso
más agitación y más radicalización de las masas, a quienes se señalaban los
propietarios grandes y medianos como los responsables de la miseria.
En los dos años fueron asentados 4.400
campesinos, una cifra irrisoria, en poco más de 24.000 hectáreas, lo cual daba
a cada uno unas parcelas de sólo seis hectáreas de tierra por lo común pobre y
poco productiva, impidiéndoles salir de la miseria.
También fueron establecidos de forma
ilegal, es decir, vulnerando el derecho de propiedad, 40.000 yunteros
extremeños sobre 123.000 hectáreas, fincas mínimas de tres hectáreas, inviables
económicamente. Azaña tiene comentarios sarcásticos sobre la chapucería con que
su Gobierno abordó la cuestión agraria.
Todos estos fracasos y daños los vio y los
sufrió la población, aunque a menudo no entendiera bien su origen, y por ello
cambió drásticamente su voto en 1933.
Máxime cuando vinieron acompañados de
una elevación sin precedentes de la violencia política, así como de la
delincuencia común.
En tan corto período murieron en la
calle o en atentados un mínimo de 250 personas, entre ellas más obreros que en
muchos años de monarquía.
La mayoría de las historias progresistas
prestan atención muy insuficiente a estos datos, pues, como salta a la vista,
estropean la visión idílica de la República que intentan transmitir a la gente,
y de paso ponen en su lugar unas pretensiones científicas que sólo pueden
mantenerse a base de omitir o desvirtuar sin escrúpulo gran número de hechos
significativos
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