Los trapos sucios de Bankia y otros más; por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado en excedencia
24/05/2012
El día 24 de mayo de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Javier Gómez de Liaño, en el cual el autor afirma que los españoles, en general, tienen absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo.
LOS TRAPOS SUCIOS DE BANKIA Y OTROS MÁS
A José Luis Gutiérrez, sin fuego ya en el volcán de su corazón.
Resulta que un banco de nombre comercial Bankia, surgido en 2010 mediante una operación financiera conocida como fusión fría, pero que, al fin y al cabo, consistió en la unión de siete cajas de ahorro -las dos grandes eran Caja Madrid y Bancaja- aglutinadas con el título de Banco Financiero y de Ahorros, ha sido nacionalizado.
La entidad gestionaba unos 340.000 millones de euros de activos y al parecer recibió del Frob -acrónimo de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- una ayuda por importe aproximado de 4.500 millones de euros, más, según dicen, lo que te rondaré, morena.
España es un país sorprendente y a mí, que lo conozco bien -entre otros motivos, por mi condición de funcionario en tiempos pretéritos-, me mantiene en una especie de asombro perpetuo.
Una de las cosas que más me pasman de él es su capacidad de superación en el difícil arte de la trampa, que, al menos en teoría, debiera haberse desterrado para siempre con la democracia.
Sin embargo, no ha sido así y la propia picaresca de políticos, empresarios y financieros de escasos escrúpulos ha supuesto una gran oportunidad para beneficiarse a costa de quienes, en su honesta sencillez y pobreza de conocimientos, se estremecían con la complejidad de términos como el PIB, la balanza de pagos, el déficit público, la tendencia alcista del índice del coste de la vida, la inflación galopante, la deuda pública o la prima de riesgo.
No quiero señalar a nadie porque nadie soy para juzgar a nadie y menos para acusar a nadie.
Durante los casi trece años transcurridos desde que empecé a escribir en EL MUNDO, el paciente lector habrá podido comprobar que mis opiniones sobre los diferentes asuntos que he tratado se expresaron, salvo en media docena de ocasiones que requerían un tono diferente, con la prudencia y buenos modos que cabe exigir a un hombre algo mayor y dedicado a cuestiones de leyes y justicia, que son mis circunstancias.
Dicho lo cual, quisiera dejar constancia escrita de una pregunta que reconozco no es nada ingenua. ¿Está el Gobierno decidido a limpiar el mundo de los dineros y a terminar con los favores, chanchullos, trapacerías y gatuperios que, por lo que se lee y oye, son moneda corriente?
En foros y encuentros especializados se dice que de varias cajas de ahorros han volado miles de millones de euros que nadie o casi nadie sabe dónde están o, si alguien lo sabe, se lo calla, y en tertulias, corros, peñas y mentideros se susurra que don Fulano, don Mengano, don Zutano y don Perengano, todos ellos altos responsables de entidades financieras de ahorro se llevaron a donde fuere lo que no les correspondía y, según todas las apariencias, sigue sin corresponderles. Los que tenemos cierta edad sabemos de banqueros que se marcharon a su casa o para el otro mundo, con lo puesto. Mas, por desgracia, también conocemos otras gentes de las que quizá fuera imposible pensar lo mismo.
El Gobierno, si quiere contar con el crédito que, a tenor de las encuestas, cada día que pasa se devalúa, debería hacer un esfuerzo de valentía política y sacar a la luz, sin miedo a sus consecuencias, la mugre que puede estar almacenada durante años en balances y cuentas anuales, anegando a las instituciones financieras en un ambiente irrespirable.
Las verdaderas secuelas dimanan no del escándalo sino del tapujo. Con razón, la semana pasada el editorialista del Financial Times preguntaba: ¿por qué al Banco de España, al Gobierno y a los banqueros les resulta tan difícil reconocer y contar la verdad sobre lo sucedido en Bankia?
No parece que el propósito del presidente ni el de su ministro de Economía sea contestar y menos, adecuadamente. Por el camino contrario, el de la timidez o la cobardía, el Partido Popular ha vetado en la Mesa del Congreso la iniciativa de varios grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación.
Por no permitir, ni siquiera ha consentido que los anteriores gestores de la entidad comparezcan en sede parlamentaria para dar cuenta de sus actos.
Bastarán las explicaciones que ofrezca, a puerta cerrada, el subgobernador del Banco de España.
La postura gubernamental me parece un error enorme e injustificable.
En este asunto, lo mismo que en otros de cajas de ahorro en bancarrota, hay que tener presente el irresponsable papel desempeñado por los protagonistas del drama, empezando por sus presidentes y siguiendo, incluso con superior reproche de ilicitud, o de indolencia, con el gobernador del Banco de España, que hace poco más de un mes autorizaba a Bankia a seguir con sus planes, hasta el punto de dar el visto bueno al pago del millonario bonus de 2011 a sus directivos.
Los españoles, en general, tienen absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo. No basta con que un Gobierno al que se supone honesto, como sinónimo de decente y honrado, gobierne con rectitud. Es preciso que también con probidad cuente la historia de lo ocurrido y, en su caso, si hubiere lugar a ello, a través del ministro de Justicia, imparta instrucciones al fiscal general del Estado para que promueva las acciones que procedan en defensa de la legalidad y del interés público.
Quienes gestionaron mal y por tal ha de entenderse la administración desleal, el falseamiento de cuentas, la adopción de acuerdos abusivos, la obstaculización de actividades inspectoras o supervisoras, la disposición fraudulenta de bienes o la asunción de obligaciones de las que se hayan derivado perjuicios notables y evaluables a sus socios y depositarios, deben responder de ello.
Quienes gestionaron mal y por tal ha de entenderse la administración desleal, el falseamiento de
Las instituciones y las personas se deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan.
Me parece un desatino mayúsculo suponer que hay que tapar la porquería por temor a su onda expansiva.
El encubrimiento, aparte de ser una figura autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor.
Es un engaño a la ciudadanía, pese a que alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas -con perdón- llaman mentiras piadosas. Nadie debe temer las manchas de grasa ajena, y menos que nadie el Gobierno, que saldría fortalecido con un tratamiento de aire libre y pleno sol.
Los que se han pringado no son tantos como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me ocurre que hoy su única fuerza es la del inmerecido silencio que los arropa.
Las instituciones y las personas se deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan.
Me parece un desatino mayúsculo suponer que hay que tapar la porquería por temor a su onda expansiva.
El encubrimiento, aparte de ser una figura autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor.
Es un engaño a la ciudadanía, pese a que alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas -con perdón- llaman mentiras piadosas. Nadie debe temer las manchas de grasa ajena, y menos que nadie el Gobierno, que saldría fortalecido con un tratamiento de aire libre y pleno sol.
Los que se han pringado no son tantos como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me ocurre que hoy su única fuerza es la del inmerecido silencio que los arropa.
Quede claro, una vez más, que no estoy pidiendo la cabeza de nadie porque no quiero, ni quiero que
Lo que sí patrocino y no sin poco énfasis, es que la ley se aplique. Esa ley ya existe y nadie tendrá que inventársela. Se llama Código Penal y a él se refería el señor Torres-Dulce, o sea el fiscal de la cosa pública, cuando el pasado fin de semana, en una entrevista a la agencia Europa Press informaba que había dado órdenes al fiscal Anticorrupción “para que se depuren todo tipo de responsabilidades que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” y expresaba su voluntad de que se averigüe, entre otras cosas, “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudiera esta incursa en algún tipo delictivo”. O sea, lo mismo que días antes, en estas mismas páginas, proponía el sagaz e instruido Pedro G. Cuartango cuando invocaba los artículos 290 a 297 del Código Penal, dedicados a los denominados delitos societarios. A su juicio, las conductas que allí se recogen son las que han caracterizado presuntamente a los directivos de las cajas de ahorro y le llamaba la atención que hasta ahora ninguno hubiera sido procesado, pese a que el quebranto de las cuatro entidades que integraban Bankia había supuesto para el Estado más de 30.000 millones de euros.
Estoy convencido de que una gran mayoría de ciudadanos aplaudiría la iniciativa del Ministerio Fiscal y hasta colaboraría con él, en tanto en cuanto supondría que la Justicia trata a todos los paisanos por igual. Éste es un axioma aplicable a todos los países, en todos los ámbitos y a todos los momentos históricos. La igualdad ante la ley, lo mismo que ante la Justicia, no admite excepciones, ni interpretaciones, ni distingos. Es algo hermético e inalterable que discurre, o debe discurrir, por cauces ajenos al de las necesidades, conveniencias u oportunidades políticas que, cuando la interfieren, como puede ser el caso, acaban convirtiéndose en actitudes cómplices e impolíticas.
Admito que la intervención de jueces y fiscales en estos asuntos puede originar una especie de saldo de trapos sucios. No importa. La gran mayoría de españoles no tiene trapos sucios propios que esconder. También reconozco que no estoy demasiado seguro de que fuera sano destapar de golpe la cloaca de los mangantes, pues, a lo peor, a más de un juez, o de dos, partidarios -equivocados, por supuesto- de la prisión preventiva, antes de que lleguen las vacaciones y los turistas, les da por habilitar hoteles para residencia de imputados. No obstante, me reafirmo en la idea de que mi papel no es el de apuntar a nadie con el dedo acusador. Me conformo con ponerlo en la llaga.
2013 20 mayo
Extraño, divagatorio y casi etéreo señor juez
El Mundo | Javier Gómez de Liaño
«Sea el juez honesto en la vida, justificado en lo que mande, noble para honrar a todos, comedido y con buen entendimiento, manso y bien criado en sus palabras, escriba siempre con la máxima corrección posible y con respeto al destinatario de sus resoluciones».
Traigo a colación estas recomendaciones que pueden leerse en algunos textos de literatura judicial a propósito del auto que el viernes pronunció el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el que decretó la prisión provisional eludible mediante fianza de 2,5 millones de euros de quien fue presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra en 2008 del City Nacional Bank of Florida y que, según el Banco de España, fue por 1.134 millones de dólares cuando valía la mitad.
Quizá deba advertir que no soy sospechoso de simpatizar con quienes hayan podido saquear la entidad.
Pido disculpas por citarme, pero hace ahora un año publiqué en esta misma página un artículo titulado.
Los trapos sucios de Bankia y otros más. En él defendí la exigencia de responsabilidades a quienes gestionaron mal y que por tal había que entender la administración desleal, el falseamiento de cuentas, la adopción de acuerdos abusivos, la disposición fraudulenta de bienes o la asunción de obligaciones de las que se derivaron perjuicios notables para socios y depositarios de la antigua Caja Madrid.
Es más.
Hago mías las palabras que Lucía Méndez escribía ayer: «Por algún lado la sociedad tenía que reaccionar (…) y allí donde el poder político ha renunciado a exigir responsabilidades, han sido los jueces los que han impulsado esta rendición de cuentas».
Tras el aviso, la resolución del juez don Elpidio Silva Pacheco me parece incorrecta.
En el fondo y en la forma.
Respecto a lo primero, porque mandar a prisión, aunque sea preventivamente y con la opción de prestar fianza para librarse de ella, a quien acude a la llamada judicial tan pronto es citado –al parecer, por conducto de su abogado– requiere una motivación reforzada, cosa que no aparece en el auto en cuestión.
Decir que «se aprecia un innegable riesgo de fuga, fundamentalmente, porque el pronóstico de pena correspondiente a los hechos imputados permite sustentar, en tal sentido, la adopción de la medida» o que «la libertad del imputado pudiera incurrir en ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes» es un argumento jurídicamente inconsistente, pues habría que razonar, desde la demostración, que ambos riesgos son reales, tarea que el juez no hace de forma convincente. Si tan elevados eran los peligros de huida y quebranto de las fuentes de prueba, entonces lo procedente hubiera sido la prisión incondicional. Más, todavía, cuando la cuantía de la fianza no estaba fuera del alcance del imputado, como así ha resultado.
Si se trataba de adoptar la medida cautelar personal, lo procesalmente adecuado y lo justo hubiera sido la libertad provisional con fianza a constituir en un plazo razonable –art. 529 Ley de Enjuiciamiento Criminal– y no la de prisión eludible mediante fianza, que es garantía bien distinta de la anterior y frecuentemente adoptada por los jueces de la Audiencia Nacional en asuntos semejantes y aún de superior gravedad.
Ahora bien, diferente es que con la «prisión eludible mediante fianza» del señor Blesa, o en ella, alguien quiera ver un fin distinto al de la propia decisión, como atemorizar a cierto personal o dar gusto a otro. A menudo el griterío para que se encierre a la gente es ensordecedor y son muchos los que se alegran cuando a alguien se le manda a la cárcel, pues entienden que los jueces están, entre otras cosas, para ejercer la venganza social. Porque no nos engañemos. Miguel Blesa entrando y saliendo de la prisión de Soto del Real ha sido tan buen espectáculo como el del diestro Alejandro Talavante encerrado con seis victorinos en la Plaza de las Ventas, de Madrid.
Sin embargo, la prisión provisional jamás puede tener como fin apaciguar clamores sociales. Recuérdese que los castigos en buena y equilibrada norma no tienen por qué ser ejemplares sino justos, precisos y puntuales. Que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero no perdamos la calma ni nos ensañemos con nadie. Menos si aún no ha sido juzgado. Cuando se decreta una prisión provisional, sea condicional o no, el juez no está aplicando Justicia.
La Justicia se aplica cuando la pena cae sobre el delincuente que lo es al término de un proceso con todas las garantías. Que algunas prisiones preventivas se dicten e interpreten como «sanciones ejemplarizantes» desfigura la naturaleza de la institución, fenómeno en el que tiene mucho que ver el que la medida sea dictada por el propio juez encargado de la instrucción. Si quien instruye no puede juzgar, a estas alturas no debería haber dudas de que ese juez está inhabilitado para acordar la prisión preventiva respecto de quien es sujeto de su investigación. Sin necesidad de esperar a la futura Ley Procesal Penal, actualmente en estudio, lo razonable es que lo hiciera otro juez o tribunal distinto, objetivamente imparcial y no contaminado.
En cuanto a algunas cosas que el señor juez pone en su auto, confieso que como ciudadano del montón, docto en nada, curioso de casi todo y aprendiz de leyes desde hace 50 años, me he quedado perplejo.
Hablar de «la tormenta perfecta», calificar de «aberrante» la gestión de Caja Madrid o «de que en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol», me parecen volantines de la palabra empleados para disfrazar la vaciedad del razonamiento jurídico. Los jueces se sirven de la palabra justa para ser tan justos como desean, pero jamás deben abusar de ella, puesto que, en tal caso, suele ser vengativa y tiene mucha memoria. No sé si su señoría redactó su resolución en un momento de agotamiento mental, pero de lo que estoy convencido es de que los autores de este tipo de resoluciones, aunque coreadas por una justicia de chusma, al final terminan cayendo en la absoluta indiferencia.
Hace un par de meses saltó la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial había puesto en marcha un proyecto para combatir el estrés que padecen algunas de sus señorías e incluso que había editado un manual de relajación para ayudar a sobrellevar las tensiones de la profesión.
Se trataría y es literal, de mantener «un estado de ánimo positivo» para lo cual se recomienda la práctica diaria de unos sencillos ejercicios consistentes en «respirar profundamente», mientras se piensa «estoy tranquilo», «apretar los párpados» durante cinco segundos, «levantar las piernas y tensar los muslos» y, sobre todo, «contraer y relajar los glúteos».
A mí estos consejos me parecen una estupidez de tomo y lomo, pero si el CGPJ ha tirado del presupuesto para pagar el invento será porque puede resultar útil a quienes a menudo rondan el atolondramiento, aunque mucho más barato es estudiar la buena jurisprudencia, empezando por la de nuestro Tribunal Supremo.
En El asesinato del perdedor, Cela escribe que «un juez debe ser sereno, viejo y escéptico ya que la justicia no tiene por misión arreglar el mundo sino evitar que se deteriore más (…) Don Cosme, el juez que encerró a Mateo Ruecas, está poco maduro, es joven y tiene ilusión pero eso no basta y a veces sobra; don Cosme piensa que el Espíritu Santo le ayudó a ganar las oposiciones a cambio de su solemne compromiso de enderezar el torcido mundo y borrar de la faz de la tierra el vicio y los malos hábitos».
Pues eso, señoría.
Javier Gómez de Liaño es abogado y juez en excedencia.
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