Compains Dircurso sobre el Estatuto de Cataluña
Lluis Companys - Diario de Sesiones de 6 de mayo de
1932
Señores diputados, esta tarde entra el Parlamento
español en la fase última y definitiva de la resolución del problema de
Cataluña, y ello es de un alcance y de un volumen que no es menester subrayar;
de ahí que a todos los señores diputados, intervengan o no en este problema,
les alcance una gran responsabilidad, y muy singularmente a los diputados de
esta minoría catalana, y, quizás, de un modo especial, a mí, porque las
circunstancias me han colocado en un puesto de gran responsabilidad muy
superior a mis modestas fuerzas. Pero tengo la conciencia clara y la percepción
exacta de esta responsabilidad y estoy limpio de pasiones que desvíen el
juicio, porque, por ser catalán, catalán hasta los tuétanos, y por ser también
racialmente republicano, por mi educación política, por mi historia, por mis
antecedentes, por mi emoción española, a través de mi vida llega a mí, como en
un impulso automático, la conciencia de esta responsabilidad, y creo que ello
dará a mis palabras la discreción que en otro momento no tendrían. Y no digo
esto por las breves que ahora voy a pronunciar, que serán, como he manifestado,
muy pocas, sino por sucesivas intervenciones. Además, desde este instante
quiero pedir a la Cámara, tanto para mí como para mis compañeros, el máximum de
comprensión y de buena voluntad que nosotros tendremos para los demás -puesto
que a todos nos debe unir igual deseo de acierto-, aun para aquellos que se dejan
conducir por la irreflexión o por la obcecación, porque a los que amamos a la
República nos importa mucho que este debate se mantenga con alteza de miras,
pues por sus antecedentes y por los aspectos que roza y que afectan al
sentimiento, es propenso a los estados pasionales, aquí y fuera de aquí, y
propenso también a que le utilicen elementos representantes de la política
nefasta que todos derrotamos el 14 de abril.
Yo veo, señores diputados, el problema muy preciso y
en términos muy concretos, y casi no tendría nada más que decir, sino repetir,
sin estar conforme con las consecuencias que se derivan del dictamen de la
Comisión, las palabras que acaba de pronunciar el presidente de la misma, y aun
reproducir las tesis primordiales de discusión que ha formulado el Sr. Maura.
En otras ocasiones, el problema catalán se ha
discutido aquí en sus aspectos doctrinales, en largas disertaciones académicas;
pero ahora no es éste el caso. Ahora la República no sólo lo ha reconocido -lo
digo aquí y lo proclamo allá-, sino que lo ha encauzado, le ha dado normas de
gobierno, y yo afirmo, Sr. Maura, que, además, lo ha definido y ya lo tiene
resulto. (Rumores.)
No voy a repetir los antecedentes que están en la
memoria de todos; lo ha explicado el Sr. Bello, se ha referido a ellos también
el Sr. Maura, con la elocuencia de su talento y alteza de miras con que se ha
producido esta tarde. Ha sido el Gobierno el que, por decreto de 21 de abril
restauró la Generalidad de Cataluña, constituyó la Asamblea de la Generalidad de
Cataluña con las representaciones de los Ayuntamientos; el que nos señaló el
camino para formalizar nuestro Estatuto; se elaboró nuestro Estatuto, que
contenía la aspiración de Cataluña (entonces no habíamos empezado a discutir la
Constitución), y en nuestro estatuto consagramos la voluntad de Cataluña; este
Estatuto se presentó aquí en un momento solemne por el presidente de la Generalidad
y fue entregado al jefe del Gobierno, Sr. Alcalá Zamora, hoy S.E. el Presidente
de la República española; se cambiaron unas palabras cordiales, de tonos
levantados, y quiero recordar que entonces todos los comentarios que se
hicieron alrededor del Estatuto fueron para considerarlo moderado y prudente.
Me remito al juicio de los comentaristas de entonces.
Después se discutió la Constitución, se pronunciaron
también discursos doctrinales muy elocuentes, no sólo al discutirse la
totalidad, sino también al debatirse cada una de las cuestiones principales que
trataban de las facultades de los Poderes regionales. Algunas de las sesiones
terminaron bien avanzada la mañana del día siguiente.
Se discutió si la Constitución había de ser federal, y
se estimó -contra el criterio de esta minoría, que no insistió en ese punto de
vista- que no debía ser federal, para no aplicar un estilo uniforme a las
diferentes comprensiones y capacidades de las regiones; se estimó que no debía
ser federal (porque el programa federal y la bandera federal se habían
enarbolado por todos los partidos republicanos históricos); se creyó que no
debía ser federal -repito- porque en algunas regiones no se había despertado el
aliento, el espíritu que plasma la personalidad jurídica regional, y empezó a
correr la voz, el vocablo de "federable", que es un vocablo impropio,
pero que demuestra una intención, y se convino y se hizo una Constitución que
creaba, que otorgaba la autonomía a las regiones. Pues bien; yo digo que en
aquel momento las Cortes españolas dieron su contestación al Estatuto de
Cataluña.
Cuando nosotros votamos el Estatuto expresamos nuestra
voluntad; alrededor de la discusión de la Constitución, con el pensamiento de
todos vosotros fijo en el Estatuto de Cataluña, dibujamos otro Estatuto,
formamos la figura de otro Estatuto, que quedó calcado en la ley fundamental
del país y que nosotros aplicamos y realizamos porque acatamos este precepto
constitucional. Porque lo difícil es la posición del Sr. Maura, que acepta unos
principios para luego deducir consecuencias absolutamente encontradas y
diferentes.
Cuando se discuta cada una de las atribuciones
trataremos de esas observaciones que el Sr. Maura ha formulado a las diferentes
facultades que se atribuyen a Cataluña en el Estatuto, en el dictamen o en el
voto particular de los Sres. Xiráu y Liuhí; pero ahora me importa decir que
S.s. casi está en el mismo plano en que nos encontrábamos antes, cuando se
hablaba y se trataba de conceder a Cataluña lo que se llamó una "autonomía
bien entendica".
En el fondo del pensamiento de S.S. creo que lo que
late, aunque S.S. lo ha negado, quizá por cortesía o galantería, es una
desconfianza a la madurez y a la capacidad de Cataluña. Pues bien, nosotros
decimos que Cataluña está preparada, está capacitada, es digna de que se le conceda
la más amplia autonomía, y decimos, además, que con ella empezaremos la instauración
de un régimen autonómico, que contribuirá a fortalecer la unidad de España de
manera más firme y más segura que lo ha hecho el experimento peligroso porq ue
hemos pasado de la monarquía unitaria borbónica.
Si los preceptos constitucionales, señores diputados,
dicen que pueden concederse a las regiones, sin mengua del Estado, éstas las
otras facultades, nosotros pedimos a quienes impugnen para Cataluña alguna de
estas facultades que razonen los motivos de su negativa. Nos encontramos con
una Constitución que dice que pueden ser otorgadas a las regiones determinadas
facultades que formen su vida regional autónoma -y estaba puesto el pensamiento
de todos los señores diputados, al discutirse la Constitución, en el Estatuto
de Cataluña-, y por eso a aquellos que impugnen el otorgamiento de esas
facultades les pedimos nos expliquen los motivos que le induzcan a ello. (El
Sr. Maura pronuncia palabras que no se perciben claramente.) Sí, el Sr. Maura
ya los ha dicho; él ha iniciado ese camino; pero yo invito a todos los demás
señores representantes de núcleos políticos, de fuerzas parlamentarias, a que
expresen con la misma claridad su opinión.
No contento uno por uno los extremos del discurso del
señor Maura, en relación con lo que acabo de decir, por dos razones: primera,
porque sería una discusión, la que entabláramos, ociosa, puesto que luego, al
discutirse las atribuciones, tendríamos que repetirla; y segunda, porque no
tengo capacidad bastante para improvisar ahora en las materias a que ha
aludido. Señores diputados: mi intervención ha sido únicamente para formalizar
esta posición de la minoría catalana; nosotros realizamos y cumplimos la
Constitución; nosotros deseamos que los debates se mantengan con alteza de
miras, y daremos el ejemplo de esta conducta y de esta corrección para todos
los señores diputados. (Muy bien.- Aplausos.)
Discurso sobre el Estatuto de Cataluña
Miguel Maura - Diario de Sesiones de 6 de mayo de 1932
Me levanto, señores diputados, con plena conciencia de
la responsabilidad que sobre todos pesa al tiempo de empezar el debate del
Estatuto de Cataluña. No creo que haga falta esforzarse en demostrar la
importancia del tema que vamos a debatir. Desde el comienzo del siglo -me
parece que fue el año 901 cuando se debatió por primera vez en esta Cámara
alrededor de las bases de Manresa el tema catalán- viene este problema pesando
sobre la vida pública española y viene perturbando toda la política nacional.
Puede que no haya pasado una sola legislatura que no haya dedicado largos
debates al tema catalán; pero siempre lo hacía alrededor de documentos que no
tenían estado parlamentario o de manifestaciones de los diputados en la Cámara.
Es ésta la primera vez que el Parlamento español delibera sobre este tema con
un texto concreto, articulado, para votarlo y resolverlo. Y lo primero que se
advierte es la necesidad de considerar brevemente las posiciones que fuera de
esta Cámara adopta el país alrededor del tema. Hay tres posiciones bien
definidas con respecto al Estatuto catalán fuera de la Cámara: los
intransigente, centralistas sin paliativos, los que afirman que éste no es un
problema nacional, que es una cosa inventada y que no hay que hablar de ella
-tengo la seguridad de que dentro de esta Cámara no se alzará una sola voz
sosteniendo eso-; los que de la acera de enfrente, en Cataluña, mantienen el
principio del "tot o res", que suponiendo que el Estatuto votado en
Cataluña, plebiscitado en Cataluña, es una cosa intangible y sagrada y dando
por supuesto que las Cortes no tienen ni siquiera la facultad de enmendarle, de
corregirle -supongo que tampoco tendrá esta postura aquí representación
autorizada de nadie-, y luego, la tercera posición, la que yo creo que
representa el común sentir de toda la Cámara, que consiste en esto: el pleito
de Cataluña es un pleito que heredó la República de la monarquía envenenado, y
hasta podrido, y es menester que lo resuelva y que lo haga de una vez, y para
eso estamos aquí nosotros, para no levantar mano hasta resolverlo.
De modo que la esencia de la posición, yo creo que de
la mayoría de la Cámara, desde luego de la mía, es ésta; yo no vengo aquí a
hacer el juego a ningún extremismo de la calle, dando por supuesto que el
centralismo abusivo de que había hecho alarde el Estado español ha de continuar
bajo el régimen republicano; vengo a estudiar, serenamente, a conciencia y con
espíritu francamente cordial, el Estatuto de Cataluña, para oponerme a lo que
no me parece justo y para aceptar lo demás.
Pero las discusiones que hasta ahora se han sucedido
en esta Cámara sobre el tema catalán no han sido baldías, porque, además de
haber formado la conciencia pública, han ido dejando de lado, apartando del
debate, algunos temas en torno a los cuales se explayaban largamente los
oradores y hasta se enconaban las pasiones. Por ejemplo, el principio
autonómico; la necesidad, más que la necesidad, la urgencia de que el Estado
segregue funciones y servicios traspasándolos a las regiones, siempre que esas
funciones y esos servicios no afecten a la unidad nacional y a la soberanía.
Por ejemplo, también el famoso hecho diferencial, en torno al cual se agotaban
todas las sutilezas del ingenio y de la polémica en los anteriores debates. Hoy
nadie discute eso: lo primero, porque está en la Constitución y es preceptivo y
está regulado, y lo segundo , porque
para todos los republicanos la causa del hecho diferencial no estriba en la
lengua, la cultura, las costumbres, la historia, las diferencias etnográficas o
geográficas o todas esas causas juntas, eso no nos importa; lo que nos importa
es que existe, y esto es notorio, un estado de conciencia colectiva en Cataluña
que ansía un régimen autonómico, y que cuantos no ansían ese régimen autonómico
dentro de Cataluña, callan, prudentes o cobardes. Y para nosotros ésa es la
voluntad de Cataluña. Y siendo así, en un régimen democrático, no hay más que
poner de nuestra parte cuanto esté a nuestro alcance para servirla, siempre que
queden a salvo, como es natural,, los intereses primordiales del Estado. Por
consiguiente, han quedado despejados estos temas. Y supongo yo que en el curso
de este debate no volverán ellos a surgir, porque no sirven más que para
enconar las pasiones.
Además, a nosotros nos obligaba y nos obliga el famoso
Pacto de San Sebastián; nos obligaba a traer aquí el Estatuto y discutirlo
serenamente.
Y ya que hablo de esto, permitidme que abra un pequeño
paréntesis, porque creo que va siendo hora de que de una vez para siempre deje
de servir de arma de combate, casi siempre contra el régimen, el famoso Pacto
de San Sebastián.
Creo que están aquí presentes todos o casi todos los
que concurrieron al Pacto de San Sebastián. Pues bien; yo afirmo (sin temor a
que nadie pueda contradecirme) en el Parlamento español, delante de los que
concurrieron al Pacto de San Sebastián, que el compromiso contraído en ese
Pacto se cifraba en esto: primero, en que Cataluña, una vez proclamada la
República, no tomaría nada por su mano; segundo ,
que la Asamblea de Ayuntamientos de Cataluña confeccionaría un Estatuto; que
ese Estatuto pasaría por el plebiscito de Cataluña, sería traído a las Cortes y
el Gobierno -el Gobierno que hubiera- se comprometía a traerlo a las Cortes,
para que las Cortes, libérrimamente, sin ninguna traba, que ni siquiera podía
alcanzar a los que estaban presentes en el Pacto de San Sebastián, que no
podían comprometer absolutamente nada, lo discutieran, votaran y aprobaran. Y,
por último, que Cataluña -mejor dicho-, los que asistían al Pacto de San
Sebastián en nombre de partidos catalanes, se comprometían a aceptar lo que las
Cortes resolvieran. ¿Hay alguien que tenga que decir más sobre esto? (Pausa.)
¿No? Pues de una vez para siempre quede claro que el suponer que nosotros
estamos inventando un problema, por virtud de compromisos contraídos por cuatro
señores en San Sebastián, que esto es una ficción, y que comprometemos la salud
de España y la vida de España nada más que parar cumplir compromisos políticos
contraídos anteriormente, no se puede volver a repetir con razón, porque en
pleno Parlamento, a la faz del país, queda de una vez para siempre despejado
este tema. (Muy bien. Muy bien.)
Se cumplió el Pacto de San Sebastián por parte de los
catalanes; los catalanes, al advenir la República, redactaron su Estatuto; pasó
por el plebiscito, y aquí está el Estatuto. Yo no voy a entrar -¡Dios me
libre!- en ningún examen retrospectivo de cómo se han hecho las cosas; eso no
tiene hoy interés ninguno: el Estatuto está ahí; ahí está el dictamen de la
Comisión, y a eso hemos de atenernos. Vosotros (Dirigiéndose a los diputados
catalanes.) habéis cumplido vuestra misión; vuestra misión termina ahí, sin
perjuicio, naturalmente, de que como diputados discutáis; pero está cumplida
vuestra misión respecto al Pacto de San Sebastián y a lo que dice la
Constitución sobre este tema, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros
¿qué? Acabáis de oír al presidente de la Comisión, mi querido amigo D. Luis
Bello, lo que vengo oyendo todos estos días: que la posición del Parlamento
ante el dictamen del Estatuto es muy sencilla; lo que esté dentro de la
Constitución, pasa; lo que no esté dentro de la Constitución, no puede pasar.
Esta posición no es admisible, no siquiera posible. ¿Por qué? Porque fijaos
bien, señores diputados, que lo que es fundamental, fundamentalísimo en el
dictamen de la Comisión y en el Estatuto son aquellas atribuciones que se
confieren a la Generalidad para legislar y ejecutar; es decir, todo aquello que
no está comprendido en los artículos 14 y 15 del texto constitucional. Eso es
lo que es fundamental, sin perjuicio de que en lo otro haya también temas o
motivos de discusión; pero lo fundamental es eso.
Pues bien; la Constitución, cuando trata de este tema,
dice en su artículo 16: "En las materias no comprendidas en los dos
artículos anteriores podrán corresponder a la competencia de las regiones
autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que
dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes." Es decir,
que los Estatutos vienen a las Cortes para su aprobación, y a nadie se le puede
ocurrir serenamente que lo que aquí venga, venga para que se apruebe así. No.
Tenemos no solamente plena facultad, sino obligación ineludible, de analizarlo
y de examinarlo despacio. Esa es nuestra posición; la posición y obligación, a
mi juicio, de la Cámara es ésta: examinar el Estatuto con un espíritu
amplísimo, liberal, de extrema concordia, pero al mismo tiempo sujetándose a un
criterio o a una serie de criterios cada cual que marquen la norma del estudio
de cada uno de los preceptos del dictamen. Y éste es el objeto del debate de
totalidad: fijar cada uno el criterio con arreglo al cual va a examinar el
Estatuto.
Me permito rogar sobre este punto a todos los que
tienen representación de fuerzas parlamentarias y a todas las autoridades de la
Cámara, que en este debate de totalidad se sirvan exponer con claridad cuál es
su criterio, mejor dicho, con qué criterio van a abordar la discusión del
dictamen del Estatuto; y no hay que decir que el mismo ruego dirijo al feje del
Gobierno. Yo voy a explicar modestamente al mío, y, para explicarlo, voy a
empezar por partir de algo que es absolutamente obligado, ineludible, que es el
artículo 1º de la Constitución.
El artículo 1.º de la Constitución dice textualmente:
"La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía
de los Municipios y de las Regiones" Fijaos bien, señores diputados, que
es el Estado integral compatible; es decir, no formado desde el principio por
municipios y regiones autónomas, sino compatible; lo fundamental es el Estado integral,
y dentro del Estado integral puede haber municipios y regiones; éste es el
texto del artículo 1.º Pues, partiendo de este hecho, que nadie va a discutir,
yo creo, señores diputados, que es una obligación ineludible examinar todos y
cada uno de los preceptos del Estatuto a través de estas cuatro lentes, de
estas cuatro lupas, de las que nadie debe poder prescindir para hacer una obra
constructiva: primera, capacidad de Cataluña para ejercer su función de región
autonómica, segunda, oportunidad de traspaso de cada uno de los servicios a
Cataluña; es decir, si el momento es oportuno o no para hacer el traspaso de
cada uno de los servicios; tercera, el Estado español, el Estado integral,
tiene que conservar, a través de cada uno de los preceptos del Estatuto, las facultades
necesarias para cumplir la elementalísima obligación de amparar el derecho de
todos sus ciudadanos sin distinción; cuarta, lo que representa la unidad
orgánica del Estado, del Estado integral, no puede romperse; es decir, que todo
lo que menoscabe y atente a esa unidad es menester suprimirlo.
Estas son las cuatro lentes a través de las cuales voy
a analizar brevísimamente, poniendo por cada una de ellas, delante del
Estatuto, el dictamen de la Comisión. Ya veis, señores catalanes, que quedan
eliminadas totalmente todas aquellas cuestiones de carácter sentimental que
podían enconar el debate, no porque no tengan importancia, algunas de ellas
pueden tenerla; lo que hay es que yo creo que cuando se está ante un problema
vivo y ante un texto concreto es inútil mezclar en ello cuestiones que no
sirven para nada prácticamente.
Y vamos a empezar por la capacidad. Ya comprenderéis,
señores diputados catalanes, que no voy a cometer la torpeza de negar que
Cataluña tenga capacidad para erigirse en región autónoma; sinceramente creo
que la tiene; pero además, en todo caso, no me metería en eso. La capacidad
para nosotros, por lo menos para mí, no es tema de discusión; os la concedo
toda, absoluta. ¡Ah! Pero a vosotros os interesa mucho más que a nosotros
aquilatar bien hasta dónde llega esta capacidad para toda la cantidad de
servicios que reclamáis y que el dictamen os concede, porque un exceso de
atribuciones tomadas a destiempo puede ser la ruina de todo, el fracaso de
todo, el descrédito de todo y un gran mal para vosotros y otro grave mal para
España. Y yo, sin negaros la capacidad, me voy a permitir, si vosotros me lo
consentís, hacer algunas breves observaciones sobre el particular. ¿En qué
consiste la capacidad de una región? ¿En que el caudal medio de cultura sea
grande, sea extenso? ¿En que el vigor ciudadano exista, en que la ciudadanía
sea activa, sea eficaz? Eso es una gran fuerza, pero no lo es todo, porque una
región es una cosa viva, integrada por una serie de organismos que deben tener
también realidad y vida propia y que han de funcionar con arreglo a unas normas
determinadas; y si la región no es eso, es una ficción. Y ¿qué pasa hoy en
Cataluña? Pues en Cataluña pasa que hay una ciudad, que es Barcelona, donde
todos los sentimientos catalanistas tienen su asiento legítimo y, además, su
fomento constante y diario, y donde por ser la cultura más extendida y los
medios de difusión más fáciles, el ambiente catalanista tiene una verdadera
realidad; pero fuera de Barcelona queda todo lo que es la provincia, más las
otras tres provincias, donde este fervor y este entusiasmo quedan, como es
lógico, muy atenuados; pero sobre todo -no voy a discutirlo; si queréis que sea
el mismo, os lo concedo, porque lo esencial no es eso, sino esto otro-, sobre
todo, cuanto es organización municipal local vive, como en el resto de España,
regida por leyes arcaicas, que son las que regulan toda la organización local
de España, sometida al influjo poderosísimo que irradia Barcelona, por sus
hombres, por su prestigio, por su actuación, por su dinero, por todo. ¡Ah! Pues
pensad bien lo que representaría que cometiéramos todos la ficción de traspasar
una serie de funciones del Estado a la Generalidad si eso fuera a perdurar,
porque eso, ¿sabéis lo que empezaría por ser y lo que acabaría por consagrarse
como cosa definitiva? Pues una gigantesca oligarquía de Barcelona sobre toda la
región catalana, y eso es muy peligroso para vosotros y para nosotros, porque
hoy sois vosotros los que manejáis la oligarquía, pero mañana puede ser una
extrema derecha, incomprensiva y absurda, o una extrema izquierda, que sen
totalmente incompatibles la una o la otra con lo que es el Estado español.
Pues todo esto quiere decir que lo fundamental es
crear definitivamente el organismo. ¿Habéis medido vosotros -seguramente lo
habréis hecho-, habéis medido la cantidad de leguas que os quedan por recorrer
hasta llegar a esa meta? ¿Habéis contado la serie de jornadas por que tenéis
que pasar? Pues nada menos que éstas: el Parlamento, el Estatuto interior, el
régimen municipal, que no consiste sólo en dar un precepto o una norma por
virtud de la cual se hayan de regir los Ayuntamientos, sino que eso encarne en
la vida del pueblo; que encarne en la vida de los Ayuntamientos; que los
Ayuntamientos sean de verdad autónomos, con su vida propia y con su Hacienda
propia, porque hasta ese instante no podréis decir que la región está constituida,
y después de todo eso hecho, ir haciendo las normas esenciales para regular
cada uno de los servicios. Y yo os digo que para mí, que os considero capaces,
vuelvo a repetirlo, la prueba de capacidad positiva no debería darse, no podría
darse más que da un modo: estableciendo que los servicios que hayan de pasar a
la Generalidad no fueran pasando hasta tanto que ese Parlamento catalán,
después de estar constituido, fuera redactando los reglamentos o las normas que
hayan de servir para el funcionamiento de esos servicios. Esa sí que sería una
prueba de capacidad. Pero repito que en esto yo no hago cuestión; os lo digo a
vosotros, porque vosotros sois los que tenéis que medir toda la cantidad de
esfuerzo que tenéis que hacer, y si estáis en condiciones de hacerlo para
evitar el fracaso, que sería para vosotros mucho más que la muerte, porque
sería el descrédito.
Y vamos a utilizar la segunda lente: la oportunidad,
la oportunidad mirada desde el punto de vista, no de la declaración del derecho
de Cataluña a erigirse en región, sino la oportunidad de traspasar determinados
servicios.
Señores, yo creo que no hace falta esforzarse mucho
para demostrar que el Estado español, el Estado que la República heredó de la
monarquía, es un Estado totalmente por hacer. La prueba de que está por hacer
es que apenas hemos puesto la primera piedra. Todo lo que significa organismos
del Estado, hay que rehacerlo de arriba abajo. Y tampoco será preciso
esforzarse mucho para demostrar que en este instante, y hablo de este instante
poniéndolo sólo como ejemplo, España atraviesa, como gran parte del mundo, una
crisis económica grave, y que la Hacienda española está sufriendo las
consecuencias de muchos años de despilfarros y en plena contracción. Pues bien;
cuando ésa es la situación del Estado español, puede muy bien suceder, tiene
que suceder, que el traspaso de determinadas funciones del Estado español a la
Generalidad en este instante sea una insigne torpeza para unos y para otros,
porque a los catalanes les interesa más o, por lo menos, tanto como a nosotros,
que el Estado español sea un Estado fuerte, porque de él y sólo de él van a
poder vivir. Por consiguiente, pudiendo ser quizás constitucional, y hasta
posible, y hasta lícito, y hasta plausible el traspaso de determinadas
funciones, puede muy bien suceder que la oportunidad aconseje que hoy no se
traspasen.
Vais a ver un ejemplo. Es evidente que en estos
momentos está la República siendo acosada, hasta donde puede serlo, por
elementos de extrema derecha y de extrema izquierda que pretenden todavía
socavar los cimientos del régimen, y es evidente que en estos instantes todo lo
que fuera intentar cercenar, cortar, partir las facultades del Poder público
para hacer frente a ese problema, que es común a todos, sería una gran torpeza.
Pues, sin embargo, ya veis que en el proyecto, en el dictamen de la Comisión,
en estos momentos, se traspasan a la Generalidad de Cataluña la policía y el
orden interior. ¿Es que hay alguien que sinceramente pueda creer que en estos
instantes es, no ya posible, no ya hábil, sino materialmente hacedero, el
partir en dos el régimen de policía y de orden público en España en la
situación en que se está? Pues imaginad el caso de que, esto hecho, aprobado el
dictamen, aprobado el Estatuto, un buen día en el Gobierno de la Generalidad,
porque se tratara -es un caso muy hipotético- de un Gobierno débil, de un
Gobierno transigente, de un Gobierno torpe, se intentara fraguar dentro de
Cataluña un movimiento revolucionario de extrema derecha, de reacción, o de
extrema izquierda, que no hubiera de desencadenarse en Barcelona, en Cataluña,
sino en otra parte de España. Pues bien; si esto sucede aprobado el Estatuto,
¿me queréis decir qué hace el Poder público? Porque vamos a estar de acuerdo en
esto: lo peor que nos podría pasar, lo peor que os podría pasar, es que
coexistieran en Barcelona, en Cataluña, dos servicios: uno del Estado y otro de
la Generalidad, enfrente uno de otro, o parejos, que acabarían por estar
enfrente fatalmente, prestando la mismo función. Eso no puede ser. Eso vosotros
mismos reconoceréis que no puede ser. ¡Ah! Pues el Estado está completamente
apartado de la policía, del orden público. Me diréis: el caso lo prevé la
constitución, porque la Constitución dice que el Estado podrá intervenir en
casos de peligro cuando lo considere conveniente. ¡Ah!, sí! Pero ¿es que todo
el mecanismo policíaco y todo lo que significa la red extendida de conocimiento
de una región se improvisa? ¿Es que con enviar una legión de policías o de
agentes a Cataluña ya se sabe lo que pasa, si no tiene estado público el conflicto?
¿Es que, además, mantener una política en materia de orden público distinta
aquí que allí, que puede ser diametralmente opuesta, no es un gravísimo daño
para todos, para la seguridad del Estado y para su vida interior? Eso, en estos
momentos, a mi juicio, sería una locura. Por consiguiente, cuando se discuta el
Estatuto habremos de examinar en cada uno de los artículos si es o no oportuno
el traspaso de las funciones.
Y vamos ahora a lo que es más fundamental: a la
obligación ineludible que tiene el Estado de amparar a todos sus ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos. Supongo que este postulado nadie podrá
discutirlo. Pues bien; lo primero que yo me encuentro al examinar con esta lupa
el dictamen de la Comisión, es esto: si este dictamen se aprueba, el Poder
público como tal Poder público, el Estado como Poder público, se retira
íntegramente de Cataluña; toda la representación del Poder público que quedará
allí consistirá en esto: el general de la división con sus tropas, el
comandante de Marina, los carabineros y los fiscales; esto será lo que quede en
Cataluña como representación del Poder público. La genuina representación de
éste en el Gobierno, que es el Ministerio de la Gobernación, no tendrá allí más
que los policías encargados de visar los pasaportes en las fronteras, nada más:
todo lo demás habrá desaparecido. Señores, sólo lo enunciado asusta.
Pues bien; ¿qué pasaría si un buen día hubiera en el
Gobierno de la Generalidad un partido político, un sector de opinión catalana
que, por vehemencia, por insensatez o por lo que fuera, intentara, y realizara,
una política de agresión, de molestia, de ofensa a lo que no fuera de sentimiento
genuinamente catalán dentro de Cataluña, en esa forma, que se puede hacer casi
impalpable, de pequeñas vejaciones, pequeñas multas, trabas a los negocios,
registros domiciliarios? Los ciudadanos que no fuesen catalanes que estuvieran
sometidos a esta tortura, se preguntarían: "Bueno, ¿y a quién nos
dirigimos" Dice el artículo 14 que el representante del Gobierno es el
presidente de la Generalidad, la Generalidad, que es el Poder más
irresponsable, según el dictamen, que ha habido nunca en el mundo, porque no
responde de nada ni ante nadie; pues esos ciudadanos se encontrarían con que
tendrían que acudir al general de la división o al comandante de Marina,
porque, claro, les queda el camino del recurso contencioso, pero después de
haber pasado por toda la gama del papel sellado y de los Tribunales catalanes;
y cuando todo eso esté terminado, entonces podrán venir aquí, al Supremo, a
reclamar.
Esto es de tal magnitud, señores, que para
comprenderlo así no hay más que hacer esta consideración: si esos ciudadanos
vivieran, en vez de Cataluña, en cualquier rincón del mundo, por apartado que
fuera, tendrían un cónsul español al que dirigirse, y en Cataluña no van a
tener a nadie. ¿Vosotros creéis que esto es posible? Diréis que esto es una
exageración y que estoy presentando las cosas a base de una pugna, de una lucha
entre dos instituciones. ¡Ah!, si me lo dijerais (que no me lo diréis, porque
creo que no tenéis humor de pelea, ni yo tampoco), os contestaría que yo no
tengo la culpa, que nosotros no tenemos la culpa de que haya un sector de la
opinión catalana (ahí están los textos) que diariamente haga alarde de su
propósito de acabar, dentro de Cataluña, con todo lo que no sea catalanista, y
a nosotros no nos garantiza absolutamente nadie que llegue un día en que eso no
prevalezca. Es difícil; pero también era difícil que prevalecieran sus señorías
el 11 de abril, y el 14 eran los dueños de Cataluña. Pues eso, ¿quién me
garantiza a mí que no se repetirá algún día con los elementos extremistas?
Aparte de que, sea lo que sea, el Estado tiene la obligación ineludible de
evitar que a sus ciudadanos les pueda ocurrir un caso así. Esto se remedia de
alguna manera, y hay que remediarlo.
Además, para mayor prueba (vamos a dejar estos
ejemplos de carácter genérico y fijémonos concretamente en el texto del
Estatuto) tenemos el caso específico de la enseñanza. Lo cito, porque sé que es
uno de los puntos neurálgicos del dictamen de la Comisión y acerca del cual ha
formulado su presidente un voto particular.
Yo no quiero entrar ahora a fondo en ninguno de los
temas (ya los discutiremos con toda calma), en un análisis detenido, de lo que
es el problema de la enseñanza, y menos poniendo cosa alguna de mi cosecha,
pues podría parecer algo apasionado, algo buscado, fantástico, para molestar o
herir, no; me voy a atener a textos indiscutibles para vosotros. (Dirigiéndose
a la minoría catalana.) Supongo que ninguno de los señores de la minoría
catalana podrá oponer el menor reparo a la personalidad de Pompeyo Fabra, una
autoridad catalanista. Pompeyo Fabra, que es un gran filólogo, no puede ser
sospechoso para nadie de su entusiasmo por la autonomía catalana o por algo más
que la autonomía catalana, puesto que es, me parece, el director de La
Palestra. Vais a oír lo que dice Pompeyo Fabra y cómo juzga en una conferencia
pública, dada hace poco en Barcelona, el problema de la enseñanza. Voy a leer
solamente la parte substancial: "Respecto a los alumnos, dijo que los
hijos de catalanes irían seguramente a la Universidad catalana, pues a la
castellana sólo irían los castellanos inadaptados. De la masa catalana, dijo
que a ésta le daría sensación de mayor estabilidad la Universidad española, por
lo menos hoy día. Añadió que tampoco tenía la seguridad de que la mayoría de
los catedráticos catalanes renunciasen a sus cátedras para pasar a la
Universidad catalana, y entonces el problema sería la creación de un
profesorado numeroso, ya que la Universidad deseada ha de ser completa. (Fijaos
en este párrafo.) Se ocupó del aspecto de los catalanes que han de llevar sus
hijos a la Universidad, y dijo que, recientemente, un literato, catalanista de
toda la vida, preguntado sobre el particular, dijo que vacilaría y que quizás llevara
sus hijos a la Universidad castellana, por no querer arrostrar el peligro de
que un día sus hijos le pidieran cuenta de su decisión. De suceder esto así, el
fracaso sería grande. Añadió que cabía esperar que, intensificándose la
catalanidad, quizás con el tiempo se llegara a lo anhelado; pero, entre tanto,
la Universidad catalana padecería por la falta de profesorado y de alumnos.
Dijo que la solución sería que la actual Universidad pasara a la Generalidad
para su catalanización. Expresó la esperanza de que los catedráticos
castellanos, una vez aprobado el Estatuto, muchos pedirán el traslado y que los
alumnos castellanos que viven en Barcelona podrán fácilmente acostumbrarse a
recibir las enseñanzas en catalán." Señores, el texto es definitivo. Yo os
pregunto: cuando éste es el sentir de los grandes pedagogos catalanes, ¿cómo
queréis que el Estado abandone la misión elemental de amparar a quien, siendo
inadaptado, no quiera adaptarse, en uso de un perfecto derecho? (Muy bien.)
Esta es una función fundamental del Estado, y el Estado no puede desprenderse
de ella.
Con esta lupa hay que registrar hasta el último
escondrijo del dictamen. Pues ¿y la justicia? Pero ¿vosotros conocéis mayor
sensación de desamparo que el que puede tener un ciudadano en un país donde
sabe que la Justicia le es, si no hostil, por lo menos extraña? Pero ¡cómo es
posible que el Estado dimita la función de administrar Justicia! O no existe el
Estado integral y no es más que una sombra, o esa función es totalmente del
Estado. (Muy bien.) Bien está que vosotros tengáis -si queréis, yo llego a eso-
vuestro Derecho foral, todo lo que es genuinamente vuestro, y vuestros
Tribunales especiales; ¿por qué no? Pero, ¿y para juzgar en materia civil, y
para administrar Justicia en lo civil y en lo mercantil? Pero ¿quién, del resto
de España, va a contratar con vosotros si tenéis vuestros Tribunales y en
materia mercantil sois los árbitros? ¿No comprendéis que os hace más daño que
provecho, que no habrá ningún ciudadano de ningún pueblo español que no exija
la condición previa de que el fuero sea el propio y no el vuestro, cuando allí
acaba la última instancia, según el dictamen, en todos los asuntos? No; ésa es
una misión que tampoco puede delegar el Estado.
Y vamos, señores diputados, con la última lente.
Unidad orgánica del Estado. No creo, señores, que ofrezca a nadie duda la
enorme complejidad del mecanismo de un Estado moderno: un Estado moderno no es,
en definitiva, otra cosa que una gigantesca empresa de servicios públicos, y en
el Estado moderno todo lo que se refiera a la economía, a todo lo económico,
pasa por delante, tiene que pasar por delante incluso de todo lo político,
porque ésa es hoy la médula misma de la vida del Estado. Pues bien, todo lo que
sea, en estos momentos en que se está organizando, fraguando, el nuevo Estado
español, partir esa unidad orgánica del Estado y empezar a dividir todas las
funciones fundamentales entre las regiones y el Estado, es tanto como retrasar
y quizá condenar al fracaso la obra gigante de hacer el nuevo Estado, y para
que el Estado tenga en su mano las riendas de una organización económica -y a
todos vosotros, señores ministros, os hemos oído decir desde aquí que es
aspiración fundamental la de organizarla en forma de economía planificada o
dirigida-, a mi juicio, hay dos resortes, dos herramientas indispensables: una,
la unidad legislativa que somete a todos los ciudadanos a una misma ley, y
otra, la soberanía fiscal, porque si el Estado no conserva la soberanía fiscal
no puede hacer política social, ni política económica, ni nada que se le
parezca.
¿Qué hay en el Estatuto de todo esto? Pues lo primero
que se tropieza uno es con que se crea una ciudadanía privilegiada, de
ciudadanos de cuota; se crea la ciudadanía catalana, y como son ciudadanos catalanes
y además son ciudadanos españoles, resulta que los ciudadanos allí tienen el
doble privilegio y el doble derecho, y cuando vienen aquí siguen siendo
ciudadanos españoles, y los ciudadanos españoles llegan a Cataluña y no pasan
de ser ciudadanos españoles, no son ciudadanos catalanes. Esto ya es un
contrasentido lamentable, que produciría consecuencias desastrosas para
vosotros en el ánimo de todo el resto de España. (Rumores.)
Sigamos avanzando, y nos encontramos con que se
atribuye a la Generalidad la ordenación del Derecho civil, salvo lo que dispone
el art. 15. Señores de la minoría catalana: yo no puedo creer que a vosotros ni
a nadie en Cataluña interese tener la ordenación del Derecho civil para todo
aquello que no sea genuinamente el Derecho foral catalán. Que en este momento y
en pleno año 1932 aspire nadie a crear la enorme confusión de una legislación
civil distinta y separada de la del Estado en cosas en las que nada os
perjudica la legislación común, cuando todo tiende hacia una unidad legislativa;
que se intente poner todavía barreras y agrandar distancias, ¿en beneficio de
quién va eso? Yo creo que el único modo de que se acabe de una vez con las diferencias
en todo lo que no sea fundamental y tradicional, es que tengáis vosotros la
facultad legislativa de lo vuestro, de lo que s foral; porque le grave error,
hasta ahora, ha sido que el Derecho civil español quedó petrificado y el
Derecho foral también, y como no han avanzado, no han podido juntarse; pero si
vosotros podéis avanzar, tengo la seguridad de que poco a poco acabaréis por
sumaros. Pero eso en lo vuestro. ¿Qué necesidad tenéis de asumir también la
legislación civil del Estado español, en la que hay una unidad legislativa que
no tiene por qué romperse, y de privar, además, al Estado de esta enorme
herramienta?
Y vamos a Hacienda, a la soberanía fiscal. No voy a
entrar ahora, mucho menos después de lo que acabamos de oír al presidente de la
Comisión, en un análisis detenido del problema de la Hacienda; todo llegará a
su hora; pero os voy a decir dos cosas: la primera, que nosotros, cuando se
trate de fijar la cuantía de los servicios o el importe de los servicios que se
os traspasen, tenemos la obligación de no ser tacaños, ni siquiera meticulosos
con exceso. El importe, el costo de los servicios, debe quedar compensado con
generosidad, con largueza.
Además, es justo, es legítimo que vosotros pidáis que
lo que represente la compensación de los servicios que asumís no se os dé un
forma rígida, no se os facilite en billetes de Banco, porque así no habría
prosperidad posible; pero de esto a traspasar la soberanía fiscal, entregándoos
nada menos que las dos columnas principales de la soberanía fiscal por
excelencia, que es el impuesto directo, la contribución directa, porque es lo
que llega de verdad al individuo en relación con el Estado, hay un abismo.
Espero demostrar, cuando llegue la ocasión, que lo
peor que os podía pasar a vosotros es que prevaleciera ese sistema, porque
fatalmente, ateniéndonos al texto del dictamen, que prevé, como es lógico, el
caso de que vaya avanzando el impuesto sobre la renta como forma tributaria
substituyendo a los impuestos directos, fatalmente, cuando llegue el Estado a
entrar en vuestro terreno en las contribuciones directas, aunque dice el
dictamen que se os dará compensación, ésta no podrá ser satisfecha más que en
forma rígida. Lo fundamental para vosotros es que esos dos principios se
salven, que los servicios estén ampliamente retribuidos, todo lo ampliamente
que sea posible, y que sea flexible la compensación. Fórmulas hay; el propio
presidente de la Comisión afirma que el dictamen no es en esto definitivo; ya
se encontrarán.
Otro tema hay en la parte referente a la Hacienda -no
quiero cansaros mucho-, que es el de la recaudación de las contribuciones. El
Estado cede estatutariamente a Cataluña, a la región, la recaudación de las
contribuciones por cuenta del Estado, y como eso es del Estatuto, es una
facultad que no puede retraer, y si la recaudación se hace mal, no se puede
enmendar. ¡Ah!, pues eso, señor ministro de Hacienda, tiene una gravedad
extraordinaria y habrá que ver el modo de salvarla, porque ahí se enajenan
muchas cosas; pero, por de pronto, se enajena todo el porvenir de la Hacienda
española.
Y, por último, señores, yo quisiera, como resumen de
cuanto llevo dicho, recordaros que este problema del Estatuto catalán es un
problema que allegado a la entraña misma de la vida de España; que a estas
horas España entera está pendiente de los debates del Estatuto y que, querámoslo
o no, alrededor del problema del Estatuto que aquí se vote ha de girar la vida
política española, aun después de votado, durante mucho tiempo, y que las
elecciones venideras, sean cundo sean, han de hacerse pidiendo los electores
cuenta a los diputados de cómo han cumplido su obligación en este punto; y yo
no tengo más que decir sino que aspiro a presentarme -y creo que en eso
coincido con todos o casi todos- ante mis electores, cualesquiera que ellos
sean, diciéndoles: "Un problema que heredamos de la monarquía, envenenado
y sin resolver, lo hemos resuelto; el depósito que nos entregasteis de una
España unida, de un Estado unido y organizado, lo hemos conservado y no lo
hemos roto."
Si no lo hiciera así; si yo contribuyera en lo más
mínimo a la disgregación del Estado español, me consideraría tan fracasado que
me retiraría definitivamente de la vida pública. (Aplausos.)
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