La Generalidad se conjura para responder a la leve sentencia
de Mas, Ortega y Rigau con una nueva consulta y más movilizaciones.
Pablo Planas (Barcelona)
2017-03-13
Rigau, Mas y Ortega tras
conocerse el fallo | EFE
Los partidos separatistas han reaccionado a la leve
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con
redoble de tambores y toque de corneta. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ya sabe lo que
le puede costar la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal y dada su
anunciada intención de no presentarse como candidato en las próximas
autonómicas, el precio de un reedición del 9-N, dos años de inhabilitación y
40.000 euros de multa, le resulta más que barato. De ahí que se haya apresurado
a reafirmar
la "hoja de ruta" de choque con el Estado.
El referéndum se celebrará "a finales de verano o
comienzos de otoño", ha declarado en compañía y con el asentimiento de Oriol Junqueras, vicepresidente
autonómico y líder de ERC, y el "ministro" de Exteriores Raül Romeva. Tras la comparecencia
en la sede del PDEcat (la vieja Convergencia) de los condenados, a la que
asistió como convidado de piedra, organizó una rueda de prensa en la galería
gótica de la Generalidad para darle al desafío de su partido el toque institucional
con la colaboración del líder republicano.
El proceso se reactiva
Lejos de disuadir a los dirigentes separatistas, tal como
afirmaban el coordinador general del PP catalán Xavier García Albiol y el
portavoz de Ciudadanos Carles Carrizosa, el fallo ha
reactivado un proceso que venía muy tocado por las
confesiones de Fèlix Millet y los Montull sobre el saqueo del Palau de
la Música Catalana para financiar Convergencia. Artur Mas y
su partido, que hace apenas unas horas estaban contra las cuerdas por la
acumulación de pruebas sobre la corrupción sistematizada, vuelven a liderar un
proceso en el que se ha descartado el anticipo electoral en el que
soterradamente trabajaba ERC (delante de CDC en las encuestas por el momento)
en favor de un referéndum que visto lo acontecido en el TSJC no tendrá más impedimentos que la retórica
del Gobierno y los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC),
papel mojado tras una sentencia que ha pasado por alto el delito de
prevaricación, consecuencia directa de hacer caso omiso de la suspensión
temporal que decretara el TC, para proporcionar a los acusados una condena
testimonial y simbólica.
Consignas de Puigdemont
"Todos nos
sentimos condenados", "el pueblo absolverá a Mas en
referéndum", "el fallo nos anima a continuar" han sido algunas
de las consignas lanzadas por Puigdemont, un calco de lo declarado por un Artur
Mas que no podía disimular su satisfacción mientras denostaba el sistema
judicial y descalificaba el sistema democrático. Mas tiene previsto recurrir al
Supremo y al Constitucional, pero su meta es Estrasburgo, la
internacionalización definitiva del proceso separatista y su ascensión a los
altares de la nueva república catalana
Con el papel de víctima ideológica pretende además superar
los escollos que se puedan derivar de los casos Palau y Pretoria -la trama de
corrupción urbanística cuyo juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional
con Alavedra y Prenafeta en el banquillo y en el que no
ha tardado en salir su nombre y el de Pujol a cuenta de unas
conversaciones con los acusados- y relanzar una carrera política que hasta sus
partidarios consideraban finiquitada. Los jóvenes dirigentes del PDEcat habían
realizado altisonantes declaraciones sobre el "asco" que les daban las
prácticas corruptas que se sustancia en el juicio por el expolio del Palau y se
aprestaban a una limpieza que pasaba por darle a Mas el mismo tratamiento
recibido por Pujol tras su confesión.
En pocas horas, las tornas han cambiado y la sentencia
repone a Convergencia en el papel de punta de lanza del separatismo con un
líder convertido en "mártir" a pesar de la extrema benevolencia de un
tribunal que ha fallado por unanimidad condenarlo a dos años de inhabilitación
frente a los diez que pedía la Fiscalía, que ha sufrido un revolcón histórico a
pesar de la fundamentada acusación y del peso de las pruebas y testimonios
sustanciados en la vista.
Amenaza de la Generalidad
En poco más de un mes, los tres magistrados del TSJC de la
sala civil-penal Jesús María Barrientos Pacho, Carlos Ramos Rubio y Eduardo
Rodríguez Laplaza han elaborado un fallo que se antoja la extensión a la
judicatura de la "operación diálogo" del Gobierno para abordar el
proceso separatista. El resultado ha sido un nuevo alarde
de victimismo y fanfarronería con llamadas a la movilización popular y
a la respuesta masiva -y "educada", matizó Mas- en las calles. Esta amenaza
se ha completado con el anuncio posterior de Puigdemont de que el nuevo referéndum se llevará a cabo.
El desafío se recrudece y los nacionalistas retan al Gobierno a que aplique el
artículo 155 de la Constitución mientras manipulan y alardean del informe del
Consejo de Europa en el que se pide al Gobierno que no deje sólo en manos del
TC el cumplimiento de sus órdenes e intervengan otros cuerpos del Estado para
hacerlas efectiva.
Queda por ver cuál será el fallo del Tribunal Supremo
respecto a Francesc Homs, otro de los
encausados por el referéndum del 9-N. Se esperaba que fuera el Supremo el
primero en dictar sentencia por el caso, pero el TSJC se ha adelantado en un
insólito alarde de celeridad que casualmente ha coincidido con el peor momento
de Convergencia y del proceso a colación de las revelaciones de la vista del
caso Palau, en la que no sólo han confesado Millet y los Montull el cobro de
comisiones por obra pública sino que dos empresarios han confirmado la
existencia de facturas falsas para tapar el saqueo perpetrado por Convergencia
con el Palau de la Música como pantalla.
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