El Supremo congela las cuentas de la fiscal general y le prohíbe salir de Venezuela

EL IMPARCIAL

Viernes 30 de junio de 2017, 00:39h

El régimen ha respondido, así, al pronunciamiento crítico de la jurista.

Luisa Ortega Díaz es la fiscal general de Venezuela. La dirigente judicial del país americano denunció este miércoles que se está registrando "terrorismo de Estado" en el régimen chavista y, además, explicó que iba a desconocer al Tribunal Supremo del país y a sus decisiones. Ortega Díaz argumentó que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende cambiar las Constitución por el cauce de una Asamblea constituyente que será elegida el 30 de julio y juró defender la ley "hasta con su "propia vida".

Pues bien, el Ejecutivo bolivariano no ha tardado en reaccionar. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó, horas después del pronunciamiento público de la fiscal e interpuso medidas cautelares contra ella por medio de una solicitud efectuada por el diputado chavista Pedro Carreño. La directriz de la institución impuso la prohibición de salir del país y la congelación de las cuentas bancarias de la jurista.

El comunicado echo público por el tribunal citó a la fiscal, además, a una audiencia oral y pública el 4 de julio. A partir de ese punto se activará el enjuiciamiento de Ortega Díaz, crítica con el régimen hasta el punto de denunciar que el Tribunal Supremo mantiene una "ruptura del hilo constitucional y esta desmantelando el Estado". El organismo, por su parte, aclaró que la imposición punitiva fue tomada por unanimidad "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo".

También se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró expuso que los motivos de su acusación y cita a declarar está basada "en la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo" como fiscal general. Así, el Alto Juzgado notificó la resolución al diputado Carreño como demandante, a Ortega Díaz como demandada y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, "a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia" la semana próxima.

La fiscal habría incurrido en las faltas de "atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa; actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución; y de violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución". Y la legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional. Pero el actual desacato del Parlamento, en manos de opositores, no deja un panorama nítido para el objetivo del Ejecutivo con este enjuiciamiento.