APUNTES SOBRE LA TRANSICIÓN POLÍTICA
Adolfo Suárez. Cambio16, 16-enero 1991
Resumir, con la brevedad que requiere un
artículo periodístico, la transición española constituye para mí no sólo dar
cuenta de un proyecto político que, bajo el impulso de la corona, hube de
conducir, sino también relatar mi propia experiencia política como presidente
del Gobierno desde julio de 1976 a enero de 1981.
El periodo que se conoce como transición
política está integrado por tres años que cambiaron políticamente a España:
1976, 1977 y 1978.
*.- El primero fue el año de la Reforma
Política;
*.- el segundo, el de las primeras
elecciones generales libres después de 40 años;
*.- el tercero, el año de la Constitución.
El proyecto de cambio de un sistema
autoritario a una democracia plena, su articulación y desarrollo, constituyó
una operación política de gran calado, arriesgada y difícil.
Era necesario, en primer lugar, plantear
rotundamente el protagonismo político de la sociedad civil.
*.- En el anterior régimen las Fuerzas
Armadas, consideradas vencedoras de la guerra civil de 1936, asumían el papel
de vigilante de la actividad pública y garante de los llamados Principios
Fundamentales del Movimiento.
Era preciso reinstaurar el carácter
civil de la política, al mismo tiempo que iniciar una modernización de los
ejércitos, que les situara en la posición que tienen los
ejércitos en cualquier país democrático, y los convirtiera en instrumentos
aptos para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad y respetar la libre expresión de la voluntad popular.
*.- Había que conectar, con la
moderna sociedad española, formada sin los prejuicios y dogmatismos que habían
llevado a las generaciones anteriores a un sangriento conflicto civil, y lograr
que, como pueblo, expresase su voluntad política con absoluta libertad.
*.- Después había que respetar esa
voluntad y articularla institucionalmente.
En España la Corona constituyó el
punto de apoyo imprescindible para llevar a cabo el cambio político.
Para ello utilizamos los poderes que
las Leyes Fundamentales del Régimen atribuían al Rey para, renunciando a ellos,
establecer una monarquía parlamentaria y moderna que se convirtiera en
referencia común de todos los españoles. Bajo la Corona había que introducir,
como principio legitimador básico, el principio democrático de la soberanía
nacional.
El proyecto político de la transición
tuvo como meta ese gran objetivo que, en julio de 1976, describí como «la
devolución de la soberanía al pueblo español», de modo que los gobiernos del
futuro fueran el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles.
Ese objetivo pasaba necesariamente
por:
*.- la implantación de las libertades de expresión
e información,
*.- la regulación democrática de los derechos de
asociación y reunión,
*.- la legalización de todos los partidos
políticos,
*.- la amnistía de todos los llamados delitos políticos
o de opinión,
*.- la celebración de unas elecciones generales
libres -las primeras después de 40 años-
*.- y la regularización y aplicación de un sistema
electoral que permitiera, en el Parlamento así elegido, la presencia de todas
las fuerzas políticas que tuvieran apoyo significativo en el electorado a fin
de que con todas ellas se pudiera elaborar una Constitución válida para todos.
La realización de este proyecto
implicaba una dificultad formal importante, ya que debía hacerse a partir de la
legalidad vigente y para cambiar esa misma legalidad.
La prudencia política y hasta las
exigencias éticas requerían que el conjunto de decisiones políticas que
instauraban la democracia fueran aprobadas por las Cortes Orgánicas, informadas
por el Consejo Nacional del Movimiento, que reunía a la elite del régimen, y
ratificadas por el pueblo en referéndum nacional.
Era previsible que Cortes y Consejo
reaccionaran ante un proyecto de ley que implicaba su propia disolución.
La apuesta política era muy
arriesgada y se producía en momentos de serias dificultades interiores:
desórdenes, pretensiones involucionistas, secuestros de personalidades
políticas como don Antonio María de Oriol y el general Villaescusa, asesinatos
como el de los abogados laboralistas de la calle de Atocha que pertenecían al
PCE, etc. Había que hacer frente al acoso terrorista sin dejar de progresar en
la reforma política.
Esta exigía dos tácticas distintas:
*.- una para
convencer a los grupos que pretendían la continuidad del régimen de la
necesidad de la reforma;
*.- otra,
para las fuerzas políticas de la entonces llamada oposición para convencerles
también de que la reforma abriría los caminos de la libertad que ellos
demandaban.
Ambas debían
converger en la aprobación de una Constitución elaborada entre todos y que para
todos sirviera.
La primera suponía la aceptación, por
los grupos del régimen, de tres órdenes de decisiones:
*.- la
amnistía más completa que permitiera la reconciliación de todos los españoles;
*.- la
legalización de todos los partidos políticos y todos los sindicatos,
*.- y la
celebración de unas elecciones generales libres, único medio para que el pueblo
español recobrase su soberanía y expresara su voluntad.
La amnistía se articuló a través de
tres textos legales de similar rango normativo: el Real Decreto-Ley
de 30 de julio de 1976, el Real Decreto-Ley de 14 de marzo de 1977, y —
aprobada ya por las nuevas Cortes Generales la Ley de 15 de octubre de 1977.
Todos los exiliados políticos pudieron volver a España.
La legalización de todos los Partidos
políticos —considerados por el anterior régimen como «intrínsecamente
perversos»—se llevó a cabo a través de la ley reguladora del derecho de
asociación política —que yo mismo defendí ante las Cortes Orgánicas, como
ministro del primer Gobierno de la monarquía- y por el Real Decreto de 8 de
febrero de 1977, y por otras normas posteriores siendo yo presidente del
Gobierno.
La devolución al pueblo español de su
soberanía se consiguió con la aprobación por las Cortes Orgánicas, el 18 de
noviembre de 1976, del Proyecto de Ley para la Reforma Política.
*.- En su
breve articulado se establecía que, en el Estado español, la democracia se
basaba en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del
pueblo, y se consagraban los derechos fundamentales de la persona como
inviolables y vinculantes para todos los órganos del Estado; se creaba un
Congreso y un Senado, elegidos por sufragio universal, directo y secreto y se
atribuía al Congreso la iniciativa para la reforma constitucional.
*.- La Ley
para la Reforma Política fue ratificada por el pueblo español en el referéndum
nacional del 15 de diciembre de 1976. Desde su convocatoria hasta su
celebración, los partidos y grupos de la oposición pudieron llevar a cabo,
libremente, su campaña a favor del NO o de la abstención.
*.- Aprobada
la Reforma Política era preciso desarrollar un diálogo constructivo con las
fuerzas políticas que emergían de una clandestinidad de casi 40 años. En todo
momento me esforcé en comprender los puntos de vista de sus líderes, aunque
éstos interrumpieran las conversaciones o plantearan posiciones maximalistas.
La clave de la credibilidad interna y
externa del proceso político de cambio era el reconocimiento del Partido
Comunista.
La propaganda anticomunista de los 40
años había conseguido que amplios sectores del régimen y, desde luego, las
Fuerzas Armadas, vieran con enorme recelo su legalización.
No es éste el lugar apropiado para dar
cuenta de todas las conversaciones y gestiones que hube de llevar a cabo.
El resultado fue que, ante la inhibición
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, decidí asumir la responsabilidad del
reconocimiento del Partido Comunista que quedó legalizado el 9 de abril de
1977.
Reconocidos todos los grupos políticos,
el Gobierno, recogiendo las garantías y aspiraciones de la oposición, promulgó
el Decreto Ley de 18 de mayo de 1977, que establece las bases del régimen
electoral, y convocó las primeras elecciones generales libres después de 40
años, para el 15 de junio de 1977.
El año 1977 constituyó, sin duda, el
ecuador de la transición.
*.- El 1 de abril de ese mismo año se
promulgó la ley que decretaba la libertad de sindicación de empresarios y
trabajadores, complementada después por el Decreto Ley de 2 de junio que dejaba
sin efecto la sindicación obligatoria.
*.- También el 1 de abril de 1977 se
decretaba la supresión de la Secretaría General del Movimiento, pasando al
Estado su patrimonio y sus funcionarios.
*.- El 30 de abril y el 11 de mayo de 1977 se
ratifican los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los de
derechos económicos y sociales, el de la libertad sindical y protección del
derecho de sindicación y el de aplicación de los principios del derecho de
sindicación y de negociación colectiva.
*.- El 15 de junio de 1977 los
españoles pudieron expresar libremente sus preferencias políticas.
A estas elecciones concurrí con la
creación de una oferta política de Centro -la UCD—que, en mi opinión, respondía
a las necesidades de la moderna sociedad española y constituía una firme
garantía para el establecimiento de nuestra joven democracia.
En las elecciones generales UCD
consiguió el 34 por ciento de los votos, lo que significó el respaldo de seis
millones de votantes y el resultado de 165 escaños en el Congreso de los
Diputados.
Más tarde UCD revalidó estos resultados
en las elecciones generales de 1979.
*.- La constitución de las Cortes
democráticas vertebró la vida pública española a través de los partidos
políticos y normalizó las relaciones Gobierno-oposición en el marco de una
nueva legalidad.
La misión fundamental de las nuevas
Cortes consistía en la elaboración de una Constitución desde el mayor acuerdo
posible entre todos los partidos que habían alcanzado representación
parlamentaria.
No era la dialéctica del enfrentamiento
político, sino la práctica del consenso, del común acuerdo en las cuestiones
fundamentales de Estado, lo que, en mi opinión, podía asentar con firmeza las
bases de una democracia moderna y, por tanto, la elaboración de nuestra norma
fundamental.
El año 1977 es de una fecundidad
política extraordinaria.
*.- Es en
este año cuando se dan los primeros pasos hacia el Estado de las autonomías.
*.- En este
campo se adoptan, con carácter provisional, dos decisiones de gran magnitud la
restauración de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa y el
restablecimiento de la Generalitat de Cataluña
*.- En este
año se inicia el sistema de las preautonomías para toda España que, en la
Constitución, daría lugar al Estado de las autonomías como fórmula de
autogobierno para todas las nacionalidades y regiones.
*.- También
1977 es el año de los Pactos de La Moncloa que extendieron el consenso
entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria a las medidas de
ajuste que debían adoptarse para hacer frente a la crisis económica que
padecíamos.
*.- Los
efectos de los Pactos no se hicieron esperar.
*.- La
tendencia de la inflación se rompió y al iniciarse 1978 se consiguieron tasas
que reducían a menos de la mitad la inflación vigente en los meses centrales de
1977.
*.- El
déficit previsto en la balanza de pagos para 1977 se redujo a la mitad. Con
todo ello se evitó el caos económico y los actores sociales demostraron sentido
de la responsabilidad ante el proceso económico.
En 1977,
en el campo internacional, España concluyó su apertura al exterior e inició su
incorporación a los organismos e instituciones que agrupan a los países
democráticos.
*.- En
febrero se establecen relaciones diplomáticas plenas con todos los países del
Este (Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, Yugoslavia y
Bulgaria).
*.- Un mes
más tarde se reanudan las relaciones diplomáticas con México, y en el mes de
noviembre España se convierte en miembro de pleno derecho del Consejo de
Europa.
*.- Es también en este año cuando el Gobierno
solicita de la Comunidad Europea—y ésta acepta—que se inicien las negociaciones
que, más tarde, habrán de desembocar en la plena integración de España en la
CEE.
El siguiente año, 1978, es, ante
todo, el año de nuestra Constitución.
En ella los representantes del pueblo,
libremente elegidos, encauzaron las grandes cuestiones nacionales, algunas
tradicionalmente irresueltas, entre ellas:
*.- La organización de la convivencia
española en un moderno Estado social y democrático de Derecho; la forma de
Estado; el carácter no confesional del Estado; el autogobierno de las
nacionalidades y regiones que integran España.
*.- Pronto va a cumplir nuestra
Constitución 12 años de vigencia, periodo suficiente para comprobar su eficacia
como norma fundamental de nuestra convivencia.
Pese a las ambigüedades e imperfecciones
que se han imputado a su texto, puede afirmarse que ha cumplido
satisfactoriamente su función y sigue representando el compromiso público de
todos los españoles para ordenar la convivencia nacional desde los valores de
la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
Nuestra convulsa historia constitucional
nos había dado numerosos ejemplos de constituciones que representaban la
imposición de unos españoles sobre otros, como consecuencia de una revolución,
una guerra civil o un pronunciamiento militar. Esta vez no podía suceder lo
mismo.
La democracia era el resultado de un entendimiento común y la
Constitución que la consagraba debía ser el resultado de un consenso
generalizado.
El acuerdo final con los partidos nacionalistas que se articuló
en los Estatutos de Sau y Guernica, en 1979, y la aceptación de la monarquía
parlamentaria como forma política del Estado fueron, entre otros, frutos de ese
consenso.
A partir de la Constitución era
necesario sustituir un Estado centralista por el Estado de las autonomías;
pasar de una economía fuertemente intervenida a una etapa de liberalización
como complemento de nuestra integración en el mundo libre; modificar el sistema
de relaciones sociales, organizar un poder judicial independiente, más rápido y
eficaz; modernizar las fuerzas armadas, estructurar un nuevo sistema educativo
y, en definitiva, conseguir que toda la sociedad española hiciera de la
libertad, igualdad y solidaridad los valores humanos y políticos más
transcendentes.
Los gobiernos que presidí, los del señor
Calvo Sotelo y, a partir de 1982, los gobiernos socialistas de Felipe González,
tuvieron que afrontar muchos de estos retos.
Hoy España es un país con una democracia
consolidada que tiene un lugar destacado en la Europa Comunitaria y que se ha
proyectado plenamente al exterior, de manera especial en sus relaciones de
vecindad y hacia Latinoamérica.
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