Por Jorge de Esteban, catedrático de
Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO (EL
MUNDO, 06/12/07):
Es lamentable tener que decirlo
precisamente en un día como hoy, pero durante esta legislatura se ha producido
un auténtico naufragio de la Constitución, desbordada tanto por los excesos
nacionalistas, como por muchas actuaciones incorrectas de los propios gobernantes.
Y, lo que es más grave, se ha hecho con la complicidad del órgano que debía vigilar por el respeto escrupuloso de la misma, esto es: del Tribunal Constitucional. Evidentemente, no se puede culpar del deterioro de nuestra Norma Fundamental exclusivamente a la política errática del presidente Zapatero, porque muchos de los incumplimientos actuales se podían ver ya incubados en ella desde su origen, aunque es ahora cuando han aflorado con toda su crudeza.
Y, lo que es más grave, se ha hecho con la complicidad del órgano que debía vigilar por el respeto escrupuloso de la misma, esto es: del Tribunal Constitucional. Evidentemente, no se puede culpar del deterioro de nuestra Norma Fundamental exclusivamente a la política errática del presidente Zapatero, porque muchos de los incumplimientos actuales se podían ver ya incubados en ella desde su origen, aunque es ahora cuando han aflorado con toda su crudeza.
Dejando, pues, de lado, las acciones
voluntaristas del actual Gobierno, si tuviéramos que buscar las dos causas
primigenias de la situación que estamos viviendo en la actualidad, para poner
así remedio a lo que se nos viene encima, tendríamos que afirmar que han sido
las siguientes: en primer lugar, la falta de concreción de nuestra Constitución
en lo que se refiere a la estructura territorial del Estado, pues como tantas
veces se ha repetido, dejaba fuera de ella la enumeración de cuáles eran las
comunidades autónomas, cuáles eran sus competencias respectivas y, sobre todo,
cuáles las competencias indelegables del Estado.
La vigencia, durante todos estos años de
dos principios uno consagrado constitucionalmente -el principio dispositivo
(cada Comunidad Autónoma podía decidir su grado de autonomía)- y otro impuesto
sociológicamente -el principio emulativo (todas aspiran a lo que aspiren las
otras)- comportó que se estableciese un sistema de pujas entre las diversas
comunidades autónomas y el Gobierno nacional a fin de obtener más competencias,
circunstancia que ha tenido como resultado el actual desbordamiento de la
Constitución y la parálisis del Tribunal Constitucional, enfrentado en dos
sectas que parecen regirse más por motivos partidistas que por la razón
jurídica.
Todo esto era previsible y así lo dijimos
algunos desde la misma entrada en vigor de la Primera de nuestras normas. Era
evidente, como sostuve desde su aprobación, que nuestra Constitución estaba
inacabada y, por consiguiente, mientras que no se acabase de una vez,
definiendo el modelo definitivo de Estado, nuestra Constitución sería
provisional. Hoy ya sabemos que esto ha sido así y que a causa de los nuevos
estatutos de las comunidades autónomas, comenzando por el de Cataluña, se está
produciendo una mutación constitucional, que nos indica ya que el Estado
Autonómico está en crisis total, porque el monstruo que se está creando, que
algunos llaman confederal o plurinacional, no sólo es que sea por supuesto
inconstitucional, sino que será también claramente ingobernable, con tendencias
centrífugas cada vez más fuertes que pueden llegar hasta la independencia.
Todo esto ya se ha explicado hasta la
saciedad, pero hay que recordarlo para que seamos conscientes de que, si hemos
llegado a esta situación ha sido por la inopia de todos los gobiernos
nacionales habidos hasta ahora que no han querido cambiar la otra causa del
actual embrollo español. Me refiero a la vigente legislación electoral que
permite que se hallen representados, por ejemplo hoy, en el Congreso de los
Diputados siete partidos nacionalistas (PNV, CiU, ERC, BNG, EA, Nafarroa Bai y
Coalición Canaria), los cuales, unos tras otros, han ido pasando de un
nacionalismo autonomista a otro claramente soberanista o independentista. En
otras palabras, gracias a que nuestra legislación electoral permite que estén
representados en el Congreso de los Diputados los partidos que hayan obtenido
al menos un 3% de los votos en cada circunscripción electoral, se hallan
representados partidos localistas que, en conjunto, no llegan al 10% de los
votos emitidos en el conjunto nacional.
Esta estúpida cláusula fue introducida
en el Real Decreto de 18 de marzo de 1977, por el que se rigieron las primeras
elecciones democráticas después de la Dictadura, con el fin de que se asegurase
la presencia en las Cortes de CiU y del PNV principalmente, puesto que se
pensaba que con toda seguridad las Cortes elegidas se convertirían en
Constituyentes y no se quería que estas fuerzas no participasen en la
elaboración de la nueva Constitución. Semejante argumento se podría aceptar,
pero sólo para esa ocasión. Sin embargo, esta cláusula del Real Decreto inicial
pasó también, cuando se elaboró años después, la Ley del Régimen Electoral
General, lo que ya no tenía ninguna razón de ser puesto que se abría así la
puerta a pequeños partidos que no representan más que a sectores muy
minoritarios de la sociedad.
Sea como fuera, eso lo estamos pagando
ya, porque han sido estos partidos nacionalistas los que han dado el apoyo
parlamentario al Gobierno del PSOE, naturalmente a cambio de continuas
contraprestaciones. Lo cual es grave, porque casi todos ellos no aceptan la
Constitución, como se podrá comprobar hoy mismo por su ausencia en el acto del
Congreso de los Diputados. De este modo, no se explica fácilmente la política
suicida que ha realizado el Gobierno actual con respecto al tema de la
descentralización territorial del poder. No hay ningún caso en las democracias
occidentales de semejante aberración, en que los partidos separatistas
condicionen una cuestión tan importante como ésta.
Y es que aquí España sigue siendo
diferente, puesto que en la mayoría de los países europeos las elecciones
cumplen una función principal que consiste en facilitar la gestión de programas
viables, mediante la designación de líderes y equipos con capacidad y
posibilidades de llevarlos a la práctica. De este modo, las elecciones realizan
una labor de filtro de todas las opciones que se presentan, en el sentido de
que sólo reciben un apoyo preferente los equipos de gestión que posean unas
propuestas concretas de actuación. Ahora bien, es cierto que esta función de
seleccionar al poder político no fue originariamente el cometido principal de
las elecciones. El origen de los parlamentos, como es sabido, se debió a la
necesidad de que los representes del pueblo autorizasen los impuestos del
Monarca. Posteriormente, lo que se buscaba con las elecciones consistía sobre
todo en representar a la Nación, como un todo, a fin de que la ley fuese la
«expresión de la voluntad general». Pero con la llegada de los partidos, muchos
defendieron que el Parlamento debía ser, a través de la representación
proporcional más pura, una especie de espejo en donde se reflejasen el mayor
número de tendencias de la sociedad, incluidos los grupos separatistas. Esta
idea se ha ido desechando, porque lo que se ganaba en representatividad, se
perdía en gobernabilidad. Salvo con la excepción de algún país como Holanda,
donde se sigue manteniendo esa idea utilizando las coaliciones de partidos, la
tendencia más extendida empieza a ser que la función fundamental de las
elecciones es la de elegir a quienes van a gobernar de forma estable durante un
periodo determinado.
En otras palabras, el principio de las
elecciones democráticas en el siglo XXI significa simplemente que las riendas
del Gobierno deben ser entregadas a los equipos que gocen de un apoyo más
extendido que los demás rivales que compiten en la contienda electoral,
representando opciones nacionales, y no de una parte concreta del país.
En definitiva, la función primaria del electorado en una democracia, como apunta Giovanni Sartori, no es otra que la de crear un Gobierno que pueda gobernar, porque lo que caracteriza a los países modernos y democráticos es la finalidad de seleccionar el poder político más que la de sentirse todos los electores perfectamente representados. Hasta el punto de que es una de las razones que explican que se haya asentado en ellos el método de la alternancia. En efecto, la cual consiste en la sucesión regular de partidos opuestos que se turnan bien en el Gobierno, bien en la oposición, según sean los resultados de las elecciones.
En definitiva, la función primaria del electorado en una democracia, como apunta Giovanni Sartori, no es otra que la de crear un Gobierno que pueda gobernar, porque lo que caracteriza a los países modernos y democráticos es la finalidad de seleccionar el poder político más que la de sentirse todos los electores perfectamente representados. Hasta el punto de que es una de las razones que explican que se haya asentado en ellos el método de la alternancia. En efecto, la cual consiste en la sucesión regular de partidos opuestos que se turnan bien en el Gobierno, bien en la oposición, según sean los resultados de las elecciones.
Ciertamente, el sistema bipartidista es
el que mejor responde a este sistema de la alternancia en que se basa la
democracia moderna, pero ello no impide que pueda funcionar también, como
ocurre en algunos países y debería suceder igualmente en España, con la
existencia de un partido bisagra de alcance nacional. Pero lo que resulta
absolutamente aberrante es la representación en el Congreso de los Diputados de
pequeños partidos localistas, que quieren imponer sus decisiones interesadas a
todo el conjunto de la población española, como por desgracia ha ocurrido en
esta última legislatura y, además, con la finalidad de la mayor parte de ellos
de lograr la independencia de sus regiones. El actual régimen político español
debería pasar por el diván de los psicoanalistas, ya que los políticos del PSOE
no son capaces de darse cuenta de esta paranoia que nos conduce al abismo.
Pues bien, es claro que la combinación
infernal de un sistema constitucional que permite que las comunidades autónomas
vayan incrementando sus competencias según sea su deseo, con la posibilidad
admitida por la Ley Electoral de que estén representados en las Cortes partidos
nacionalistas que quieren ir acortando la distancia que les separa de la
independencia a fuerza de incrementar competencias que ni siquiera les
corresponden -por ser del Estado central- conduce, entre otras muchas cosas
peores, a algo que dijo un conocido jurista alemán. Esto es, a que varias
decisiones del legislador -hoy en parte nacionalista en nuestro país-, puedan
comportar que muchas bibliotecas jurídicas, especialmente las de
constitucionalistas como yo, se conviertan en simple maculatura…
De ahí que la importancia de las próximas elecciones de marzo, sea realmente histórica, porque no se trata únicamente de elegir principalmente entre dos equipos dirigentes, sino de saber cómo se puede salvar lo todavía salvable de nuestra Constitución o, lo que sería más grave, en averiguar si estas Cortes acabarán siendo Cortes Constituyentes, con la misión de fragmentar el Estado de forma definitiva o, por el contrario, de encontrar una fórmula adecuada para que sigamos siendo una sola Nación, eso sí, con amplia descentralización territorial. Por si acaso, alegrémonos, en la festividad de hoy, de que la Constitución siga flotando todavía.
De ahí que la importancia de las próximas elecciones de marzo, sea realmente histórica, porque no se trata únicamente de elegir principalmente entre dos equipos dirigentes, sino de saber cómo se puede salvar lo todavía salvable de nuestra Constitución o, lo que sería más grave, en averiguar si estas Cortes acabarán siendo Cortes Constituyentes, con la misión de fragmentar el Estado de forma definitiva o, por el contrario, de encontrar una fórmula adecuada para que sigamos siendo una sola Nación, eso sí, con amplia descentralización territorial. Por si acaso, alegrémonos, en la festividad de hoy, de que la Constitución siga flotando todavía.
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