El Ayuntamiento de Barcelona apoya «al Govern legítimo de la Generalitat»
Colau pide firmeza a los ediles de la "principal institución catalana que queda" votada por ciudadanos
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El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha exigido este viernes la "excarcelación inmediata de todos los presos políticos que lo son pese a haber actuado siempre pacífica y democráticamente, de acuerdo con el mandato surgido de las urnas", aprobando una declaración institucional firmada por BComú, grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates).
En un pleno extraordinario, ha expresado su pleno apoyo "al Govern legítimo de la Generalitat de Cataluña, liderado por el Muy Honorable presidente Carles Puigdemont y por el Honorable vicepresidente Oriol Junqueras", y a la Mesa y al Parlament, desposeídos de sus competencias por una aplicación del artículo 155 que califica de indigna.
Exige el fin de la aplicación del 155 y de la judicialización de la política catalana, y condena "la arbitrariedad y el uso partidista con que se están aplicando las leyes, pervirtiendo la separación de poderes que cualquier Estado de Derecho digno debe garantizar".
El grupo Demòcrata, ERC y la CUP han levantado carteles para exigir la liberación de los encarcelados durante el pleno, que ha acordado rechazar lo que ve una escalada represiva en los últimos meses e instar a la Unión Europea y al resto de instituciones internacionales a ejercer una "mediación política" que facilite el diálogo y la búsqueda de una solución política.
La alcaldesa, Ada ColauCa, que convocó el pleno el jueves, ha sostenido que la firmeza y la dignidad debe unir a los concejales de la ciudad en tanto que capital de Cataluña y la "principal institución catalana que queda ahora mismo en Cataluña escogida directamente por los ciudadanos y que sólo se debe a los ciudadanos que la han escogido".
Ha afirmado que confía en que, aunque el texto no haya sido unánime, sí lo sea el sentimiento de tristeza, y ha dicho a los concejales de que tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo y coincidir en la defensa de los derechos y las libertades fundamentales.
Colau ha tenido un recuerdo para los encarcelados, sus familiares y amigos, y muy especialmente por el exconseller Joaquim Forn, que fue primer teniente de alcalde y portavoz del grupo Demòcrata, que ha colocado en la silla que ocupaba en el pleno municipal un gran lazo amarillo.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha asegurado que ni la querella de la Fiscalía ni la interlocutoria pueden considerarse actos de administración de justicia, sino "de revancha política", y ha asegurado que, tanto aquellos que son independentistas como los que no los son, deben levantarse contra los encarcelamientos y la retirada del artículo 155 de la Constitución.
El líder del PSC en Barcelona y segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha rechazado los encarcelamientos por ser "desproporcionados", por lo que ha reclamado su libertad, y, además, ha defendido que el Estado de derecho no puede ser un obstáculo para encontrar soluciones políticas a los conflictos políticos y la convocatoria electoral del 21D para recuperar la normalidad de las instituciones y el autogobierno.
El PSC había tratado de reunir las firmas suficientes para debatir en este pleno extraordinario otra propuesta, que no ha logrado los apoyos suficientes, en la que pedía la puesta en libertad de los exmiembros del Govern, defendía el diálogo y la pluralidad del catalanismo político.
El presidente del grupo Demòcrata y exalcalde, Xavier Trias, ha asegurado que el encarcelamientos de los exconsellers quiere acallar a los que piensan diferente: "Basta de imposiciones, represión, amenazas a nuestros derechos, queremos la libertad de los presos y la retirada del artículo 155", y ha pedido a Colau que haga oír la declaración aprobada a las ciudades del mundo.
El republicano Alfred Bosch ha tachado la decisión judicial de "injusta, desproporcionada y no ajustada al derecho, como mínimo a los derechos civiles y fundamentales", y ha avisado a Mejías de que decir que ya habían avisado es un lenguaje impropio del siglo XXI y a Colau y al PSC de Barcelona de que no se puede ser equidistante entre los que encarcelan y los que están entre barrotes.
Carina Mejías (Cs), ha dicho que es un día triste y que ojalá no hubiera un Govern imputado, porque tuvo la oportunidad de evitarlo pero no lo hizo pese a las advertencias: "Lo ignoraron, ¿y qué se creían? ¿Que esto era un juego?", ha aseverado, y ha dicho que ya no se trata de una cuestión política, sino de la justicia, que nunca hace venganza, sino que la evita, porque es igual para todos.
El presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha dicho que el Govern era legítimo hasta que incumplió la ley, y ha asegurado que "en España no hay presos políticos, sino políticos presos, y lo son en base a instancias judiciales que instruyen o juzgan a estas personas no por sus ideas, sino por sus actos".
La concejal de la CUP Maria Rovira ha pedido no normalizar la represión política, y ha asegurado que el Estado español tiene miedo: "Usa todos los instrumentos a su alcance para hacer frente a los que ponen en peligro el 'status quo", y ha dicho que la revolución de las sonrisas ha terminado, por lo que están dispuestos a usar sus cuerpos, mentes y tiempo en el proceso soberanista.
Ardanuy ha dicho que su encarcelamiento manda a prisión a unas ideas y a un pueblo que votó a sus representantes legítimamente, y advertido de que España "es un Estado teocrático, que tiene un dios, la unidad de España, y una Biblia, la Constitución, y que no se mueve de ahí. Es indigna de estar en la Unión Europea, e incumple los Derechos Humanos de forma directa y clara".
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