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La Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado pedir a este órgano que fiscalice los recursos destinados por la Generalitat a las políticas de acción exterior de Cataluña entre los años 2011 y 2017 a través de las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat.
La iniciativa propuesta por el PP ha sido aprobada con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y el rechazo de Unidos Podemos y el PNV, y llega después de que el Gobierno acordara la liquidación definitiva del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, y cuya actividad ya había suprimido en octubre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El diputado popular Jordi Roca ha defendido la necesidad de que el Tribunal de Cuentas fiscalice el "uso de dinero público" destinado a la acción exterior por la Generalitat de Cataluña, comunidad que -ha recordado- es la más "endeudada".
Ha criticado que al Govern se le "llene la boca de supremacismo" y destine "libremente dinero público para internacionalizar el procès", al tiempo que también decide "libremente que los catalanes" sean los que "más impuestos" pagan y "menos" reciben "per capita" en Sanidad, por ejemplo.
Tras defender que los catalanes tienen derecho a que "se reduzcan duplicidades" y que las administraciones públicas catalanas "se dediquen a lo que se tienen que dedicar", ha denunciado que la Generalitat se niegue a rendir cuentas en el Parlament sobre su acción exterior a través del Diplocat y ha confiado en que sea el Tribunal de Cuentas el que "arroje algo de luz".
Desde el PSOE, el diputado Antonio Hurtado ha anunciado el apoyo de su grupo a esta propuesta que considera que contribuirá a la "transparencia" y el "control de los recursos públicos".
Hurtado ha defendido la necesidad de fiscalizar si los recursos públicos destinados a la acción exterior catalana se han gestionado de forma adecuada y conforme a la ley, y si se ha hecho "asumiendo competencias propias" de la comunidad y no "ajenas".
Para los socialistas, la solicitud de fiscalización es "legítima" y servirá para evaluar con mayor especificidad "cualquier tipo de gasto en las denominadas embajadas catalanas", y además es "oportuna" tras la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó en junio que la acción exterior de la Generalitat catalana no puede invadir las competencias del Estado central.
En nombre de Ciudadanos, ha sido el diputado Saúl Ramírez quien ha respaldado que se fiscalicen los fondos destinados por la Generalitat a políticas de acción exterior, porque "si no hay nada anómalo, no tiene nada que ocultar".
Y ha subrayado que si no ha habido "despilfarro" y esos fondos se han dedicado a la internacionalización de las empresas y la economía catalana no habrá "ningún problema".
En contra de la iniciativa se ha posicionado el diputado de Unidos Podemos-En Comù Podem en Marea Joan Mena, quien ha criticado al PP por intentar resolver el conflicto catalán a través de la "judicialización, la fiscalización y la sanción" en lugar de con acuerdo y dialogo político.
Mena se ha negado a avalar lo que ha calificado como una "estrategia punitiva" y de "acoso y derribo" del PP en Cataluña y ha asegurado que además a quien correspondería fiscalizar esos recursos no es al Tribunal de Cuentas, sino a la sindicatura de Cuentas catalana.
Un argumento que ha puesto sobre la mesa también la senadora del PNV María Dolores Etxano, quien ha mostrado su apoyo a la estrategia de "internacionalización" de las empresas y la economía catalanas.
"No se qué se pretende, nos tememos que el Gobierno y el PP intentan instrumentalizar al Tribunal de Cuentas con una solicitud que no procede", ha subrayado tras instar a los populares a escuchar a los ciudadanos y entender que "existe un problema político que requiere soluciones políticas y no solo judiciales".
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