Hace 4 minutos
A.
Bartolomé. Madrid.
Cuando el
investigado es un socialista
El acuerdo al
que ayer llegaron el PSOE y Ciudadanos para que cualquier investigado –término
que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Lecrim)– por corrupción tenga que dejar el cargo sitúa en el
disparadero a socialistas con puestos de responsabilidad en toda España,
fundamentalmente en Andalucía, aunque afectaría a comunidades como Galicia,
donde el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, ejerce como presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o incluso al líder del PSdG,
José Ramón Gómez Besteiro.
Otros cargos del
PSOE ya dejaron sus puestos –83 en total–, o bien fueron condenados –37– ,pero
una limpia semejante afectaría de lleno a cargos que Ferraz ha situado en toda
la Administración.
El caso más
significativo es el andaluz, donde el macrofraude de los ERE se ha llevado por
delante a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el
vicepresidente Gaspar Zarrías y los consejeros José Antonio Viera, Antonio
Fernández y Carmen Martínez Aguayo. Nombres a los que hay que añadir a la que
fuera consejera Magdalena Álvarez, quien tras ser imputada tuvo que dimitir
como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
El listado de
casos de corrupción andaluces en vía judicial abarca los cursos de formación;
el fraude de Invercaria, el «caso Matsa», el «fondo Jeremie», el «caso PTA» y
el «caso Marismas», entre otros.
El mapa de la
corrupción socialista llega hasta el norte, donde Galicia protagoniza hasta
cuatro actuaciones bajo sospecha. Se trata de los casos que mantienen imputados
al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, junto a varios de
sus concejales; al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón
Gómez Besteiro; a su antecesor, Pachi Vázquez, y al secretario del PSdeG en
Pontevedra y edil de Santos Héctor Rodríguez.
En Cataluña, el
PSC ha sufrido la imputación por el «caso Mercurio» de Jaume Collboni,
presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, y ha sido
citado como investigado el ex primer secretario del PSC Pere Navarro.
Los miembros de
Ciudadanos en situación similar han sido contados, y el partido les ha
expulsado. Entre ellos, el ex alcalde de Espartinas José María Fernández; el ex
número dos de la formación, Jordi Cañas; el número 22 de la lista a las últimas
europeas, Antonio Sánchez, imputado en la «Púnica», o el coordinador de la
delegación territorial en Valencia, Fernando Mut, investigado en el «caso
Innova».
Podemos modifica
su programa de Gobierno tras las críticas de jueces y fiscales
16 de febrero de
2016. 13:25h
F. Velasco. Madrid.
«Pablo Iglesias
debería haber sido imputado porque fue quien incitó a la profanación»
• Entrevista a Javier Perez-Roldán / Abogado de
la acusación contra Maestre
–¿Por qúe el
Centro Jurídico que presidió presentó una querella por el asalto a la capilla?
–Es necesario
señalar que se interpuso en 2010, cuando ninguno de los dos imputados eran
públicos. Se presentó porque se trataba de un escándalo, de ver cómo un grupo
de estudiantes era capaz de impedir el ejercicio del derecho de asistir a Misa
en una capilla.
–Los imputados
en el caso dicen que, en todo caso, se trató de una acción pacífica.
–Ni por cómo fue
planteada, ni por lo que ocurrió, se puede decir que fuera un hecho pacífico.
Empujar al sacerdote que estaba en la puerta, a otros alumnos, ni vociferar
frases como «arderéis como en el 36», se puede catalogar como pacifico. Y todo
ello sin motivación, porque no reivindicaban nada. Fue un acto simplemente
ofensivo y nada de pacífico, porque hay que recordar que varios testigos que
estaban rezando contaron cómo se les grabó con móviles, invadiendo su
intimidad, «poniéndoles en la diana».
–Pero parece que
realmente no se utilizaron medios violentos.
–Sí se usaron.
La violencia pude ser física o psicológica; y, en este caso, las frases
coreadas, fotografiar a los que rezaban o los empujones, sólo se definen como
violencia.
–También se
esgrime que lo ocurrido entra dentro de la libertad de expresión.
–Bajo ningún
concepto. La libertad tiene un límite, que es el respeto del derecho del otro.
Al igual que a los que intervinieron nadie les incordió en las actividades que
realizaban en los locales cedidos por la universidad, como para ensayar o
representar obras de teatro, no debían haber impedido la celebración por medios
violentos de que se pudiera celebrar Misa.
–¿Teme que
algunos de esos testigos se retracten?
–Pues sí, porque
se pueden sentir atemorizados ante la relevancia pública de determinados
personajes relacionados con este asunto y el temor de que se pueda condenar a
unos imputados que pertenecen a un partido que puede gobernar.
–¿Cree que en el
juicio faltan testigos que también deberían declarar?
–Sí. Sin duda,
debería haberse aceptado que declarase Pablo Iglesias, porque en 2010 dirigía
un grupo de teatro en la facultad que, según declararon dos alumnos, aparece
detrás de la organización de ese asalto. Y falta Monedero, porque aparece
también citado como quien realizó fotografías a la capilla.
–¿Piensa que
Pablo Iglesias tiene relación con ese asalto?
–Tengo la certeza moral de que fue quien organizó
la «perfomance «que estaba detrás de estos hechos. Además, dos alumnos ya lo
manifestaron. Creemos que Iglesias debería haber sido imputado como autor
material, porque fue quien incitó la profanación. El autor de la «performance»
que originó todo fue él . Lo mínimo es que hubiese declarado como testigo,
aunque debería haber sido imputado
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