lunes, 21 de enero de 2013

Materiales de trabajo.

En períodos de expansión y desarrollo (siglos XII y XIII) se mitificó el pluralismo medieval y la convivencia idealizada de las tres culturas. No hubo tal pluralismo ya que los judíos fueron simplemente tolerados y éstos se aprovecharon de la prosperidad política, militar, demográfica, económica... al igual que el resto de los habitantes de la península; nunca, sin embargo, fueron equiparados a los cristianos. Junto a esta situación general de bienestar era necesaria una autoridad estatal capaz de garantizarles la seguridad de sus personas.
En el siglo XIV cesó la prosperidad económica (peste negra, guerras civiles, crisis política, etc) y la autoridad política no fue lo suficientemente fuerte y respetada como para prevenir y castigar desmanes y delitos y los judíos sufrieron especialmente esta situación.
“La concepción de la tolerancia se derrumba cuando los musulmanes dejaron de ser terribles y admirables y cuando las masas comenzaron a arrollar a los judíos desde finales del siglo XIV” (Américo Castro). La tolerancia se convirtió en violencia y despojo. Fueron pues las ideas religiosas que habían calado hondo en las gentes del pueblo las que, al parecer, determinaron la decisión política de expulsión de los judíos.
Los RR.CC. heredaron una situación de crisis económica e inestabilidad política y social. La restauración de la autoridad monárquica (1480) debería haber supuesto para los judíos peninsulares una cierta garantía. La Reina Isabel, en una carta dirigida a la comunidad judía de Trujillo en 1477, expresaba que “todos los judíos de mis reinos son míos e están so mi protección e amparo e a mí pertenece de los defender e amparar e mantener en justicia”.
La formación de una nación moderna exigía la cohesión del cuerpo social y ésta sólo podía ser de carácter religioso. En el siglo XVI se sentó la norma de que los súbditos deben seguir la religión del príncipe y sólo después del 1789 se estimó que la religión era un asunto privado.
La expulsión de los judíos en 1492 no se debió pues a un fanatismo religioso ni tampoco obedeció a un populismo que intentó congraciarse con los prejuicios de la masa católica. Tampoco estuvo ocasionado por un enfrentamiento de clases (aceptarlo supondría equiparar la comunidad judía con la burguesía capitalista y suponer, por otro lado, una rivalidad entre nobles y burgueses). La mayoría de los judíos de España eran modestos artesanos, pequeños comerciantes y prestamistas, a veces campesinos; no eran muy numerosos los grandes banqueros y capitalistas judíos. La expulsión provocó en algunas ciudades una crisis pasajera pero no una catástrofe nacional. La decadencia de España no debe ser achacada a la expulsión de los judíos. Los burgueses españoles, aunque los hubo, no fueron judíos o conversos y sintonizaban, más que rivalizaban, en sus intereses con la aristocracia. Su expulsión no fue una medida de carácter racista; no se pretendió desterrar una raza sino un credo religioso.
Como el principal objeto que su dicha Majestad de la Gran Bretaña, su dicha Majestad Cristianísima, y los referidos Señores Estados Generales se proponen, es mantener la tranquilidad general de Europa (...) (llegada) la salud del Rey de España a tal estado de debilidad, que haya mucho motivo para temer, que este Príncipe no viva mucho tiempo; y aunque no pueden pensar en este suceso sin aflicción, por la sincera, y verdadera amistad que le tienen (...), han creído, que era tanto más necesario preverle, cuando no teniendo hijos S.M. Católica, excitaría infaliblemente una nueva guerra la abertura de su sucesión, si el Rey Cristianísimo sostuviese sus pretensiones, o las de Monseñor el Delfín sobre toda la sucesión de España; si el emperador hiciese también valer sus pretensiones, las del Rey de Romanos, del Archiduque, su hijo segundo de sus demás hijos; y el Elector de Baviera las del Príncipe Electoral, su hijo primogénito, sobre dicha sucesión.
   (...) han juzgado conveniente tomar de antemano las medidas necesarias para precaver las desgracias, que el triste suceso de la muerte del Rey Católico sin hijos podría producir.
   (...) a mi dicho Señor el Delfín se le dan en toda propiedad plena posesión, y compensación de todas sus pretensiones sobre la sucesión de España, para gozarlos por sí, sus herederos y sucesores, nacidos y por nacer, perpetuamente... los Reinos de Nápoles y Sicilia, las plazas al presente dependientes de la Monarquía de España situadas en la costa de Toscana, o islas adyacentes, comprendidas bajo los nombres de San Estéfano, Puerto Hércules, Orbitelo, Telamón, Portolongón, y Piombino, de la misma manera que los españoles los poseen al presente; la ciudad y marquesado del Final, también de la misma manera que los españoles los poseen: la provincia de Guipúzcoa, particularmente las ciudades de Fuenterrabía y San Sebastián, situadas en esta provincia, y especialmente el puerto del Pasaje comprendido en ella, con sólo la restricción de que si hubiere algunos lugares dependientes de la dicha provincia, que estén en la parte de allá de los Pirineos, u otros montes de Navarra, Álava o Vizcaya por la parte de España, quedarán a la España; y asimismo si hubiere algunos lugares igualmente dependientes de las provincias sujetas a España, que estén de la parte de acá de los Pirineos, u otros montes de Navarra, Álava o Vizcaya por la parte de la provincia de Guipúzcoa, quedarán a la Francia; y los pasos de dichos montes y los mismos montes, que están entre la dicha provincia de Guipúzcoa, Navarra, Álava y Vizcaya, pertenezcan a quien pertenecieren, se repartirán entre la Francia y la España...
   La dicha Corona de España y los demás Reinos, islas, estados, países y plazas, que de ella dependen al presente, se darán y asignarán (a excepción de lo que se ha expresado (...) parte de Monseñor Delfín) al príncipe primogénito del Elector de Baviera en toda propiedad y plena sucesión en parte y compensación de todas sus pretensiones sobre la dicha sucesión de España, para gozarlos por sí, sus herederos y sucesores nacidos y por nacer perpetuamente, sin poder jamás ser turbado con cualquier pretexto que sea de derechos o pretensiones, directa o indirectamente, aún por cesión, llamamiento, revolución u otra vía por parte del Rey Cristianísimo, de Monseñor el Delfín o de sus hijos varones o hembras, sus descendientes, herederos y sucesores nacidos y por nacer, ni por parte del Emperador, del Rey de Romanos, del Archiduque Carlos, su hijo segundo, de sus demás hijos varones y hembras descendientes, herederos y sucesores, nacidos y por nacer...
   Se exceptuará también de dichas cesiones y asignaciones el Ducado de Milán (...) que debe asignarse al Archiduque Carlos de Austria, hijo segundo del Serenísimo y muy poderoso Príncipe Leopoldo, electo emperador de Romanos, en parte y compensación de todas las pretensiones y derechos que el dicho emperador, el Rey de Romanos, el Archiduque Carlos, su hijo segundo, todos sus demás hijos varones o hembras y descendientes... puedan retener sobre la dicha sucesión de España; el cual Archiduque tendrá en plena propiedad y posesión el Ducado de Milán para sí, sus herederos, sucesores... para gozar de él perpetuamente...
   (J.A de Abreu y Bertodano: Colección de los Tratados de Paz de España, Reynado de Carlos II. , t. XII, 594-603).

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   "Para hacer cada cosa buena es necesario deshacer cuatro­cientas malas" (Floridablanca) muestra la complejidad de lo que se pretendía y que una continuación tenaz de las revisiones co­menzadas amenazaba con dividir al país, si es que no había de provocar otros males.
   Las reformas no deben ser interpretadas desde la óptica de una pura importación de ideas francesas y que ello plantee al ser aplicadas en España el choque entre las dos Españas.
   "La distinción entre las dos Españas responde, en gran par­te, a una proyección sobre la historia del siglo XVIII de la gue­rra ideológica del XIX" (Sánchez Agesta).
   "Este movimiento, aunque moderado en su fondo, como era novedad tan extraña tras el largo período de atonía precedente, pareció a los contrarios esencialmente excesivo y desmesurado" (Menéndez Pidal).

   El enfoque a posteriori del metabolismo español del siglo XVIII, a menudo ofrecido por escritores franceses, seduce tanto más a la imaginación cuanto que presenta dos bandos claramente perfilados que invitan al espectador a tomar partido en el acto: de un lado, la Inquisición, los oligarcas, el clero arcaico; del otro, los hombres cultos y preocupados por el futuro, los estu­diosos con anhelos de mejoras sociales y políticas. Este dualismo no es tan radical porque en cada bando se profesan también algu­nas de las ideas del opuesto.)
   Cierto número de medidas y actitudes adoptadas por el nuevo poder borbónico desarrollan proyectos o tentativas que habían sido iniciadas en el régimen anterior: como el propósito de redu­cir el exceso de fincas de propiedad eclesiástica, mejorar la Secretaría de Despacho del Monarca, fomentar el comercio o esti­mular las ciencias útiles.

   OTRAS REFORMAS:
      En ellas desempeñaron un papel  decisivo la minoría ilus­trada (menos del 1% de la población), de    extracción social burguesa y de la pequeña nobleza; centrada en actividades libera­les, del comercio y de la industria (y en algunos casos de la administración).
   La Ilustración concatena íntimamente los conceptos de bien común, fomento de la riqueza y desarrollo de la cultura.
   Sostiene que la raíz de la decadencia española era de ca­rácter económico, para superarla era necesario dedicarse al estu­dio de las "ciencias útiles" para promover una renovación tecno­lógica y conseguir el resurgimiento económico deseado.
   A través de publicaciones intentó crear una opinión pública favorable a las transformaciones que preconizaban; intercambiaban ideas entre ellos a través de los libros extranjeros que las di­fundían; intentaron penetrar en la Universidad con medio de ex­tender su ideario; se agruparon en torno a las Sociedades Econó­micas de Amigos del País surgidas en cada una de las ciudades de cierta relevancia; tuvieron ciertos enfrentamientos con los je­suitas por considerarlos detentadores de un monopolio sobre la enseñanza media (vía de acceso a la universidad); con la Inquisi­ción chocaron en ocasiones por ser considerados por ella como heterodoxos... No es cierto que el espíritu ilustrado español, sinceramente religioso, fuera ateo o irreligioso, aunque sí li­bertino (caracterizado por un cierto epicureismo frente a una verdad no existente  o que no es posible conocer) en algunas in­dividualidades. A partir de 1780, y en los círculos más afrance­sados, se desarrolló un cierto anticlericalismo de corte volte­riano.
   A pesar de la difusión de las ideas ilustradas por medio de la prensa (floreciente pero con una penetración social escasa) y otras instituciones a tal fin creadas, la inercia de la sociedad española hizo que los intentos por premiar el mérito cívico y profesional (creación de la Orden de Carlos III), de introducir las doctrinas económicas europeas, promover un análisis riguroso de la riqueza española y sus problemas (caso de Jove llanos), es­tablecer la abolición de las trabas al desarrollo (supresión de los gremios o cualquier otro impedimento contra la libertad de trabajo propuesta por Campo manes), el intento de exaltar el tra­bajo como virtud pública, la aspiración de corregir la vagancia y miseria de buena parte de la población, y un largo etcétera... convirtió todo ello en intentos en la mayoría de las ocasiones fallidos.

  Algunos Ilustrados fueron ministros, especialmente en tiempos de Carlos III, y otros ocuparon puestos de relevancia en la Administración del Estado.
   En aquella época reina un convencimiento general de que es preciso contar con el trono, apoyarse en él, influirle y moverle en el sentido deseado, pero jamás tocar sus facultades grandio­sas, porque éstas mismas han de ser utilizadas en beneficio de la empresa renovadora y la paz pública.
   Para León de Arroyad, en sus "Cartas político-económicas  al conde de Lorena", "Los males envejecidos de nuestra monarquía sólo pueden curarse por el poder omnímodo"; el poder absoluto del monarca es el "nervio principal de la reforma", ya que se parte de la tesis de que todo beneficio público ha de ser otor­gado por la benevolencia del monarca. Las reformas que se empren­dan tienen por propósito general la exaltación del poder regio y eficacia de la administración pública. (VOLTES BOU, Pedro. "Nueva Historia de España". Madrid (1989), 317).
La mayoría de estos Ilustrados reformistas, en un primer momento, se integraron en los esquemas de la monarquía absoluta como camino más rápido para introducir las reformas estructurales que pretendían y ésta -hasta cierto punto- las asumió. La simbio­sis se denomina históricamente Despotismo Ilustrado. La decepción llevó a muchos de ellos a evolucionar hacia posturas revoluciona­rias a finales de siglo y a integrarse en partidos de signo libe­ral en el siguiente.
   La defensa que se hace de la autoridad absoluta va más en la línea de que ésta sea completa pero no arbitraria; "para hacer olvidar totalmente la época de autogestión nacional en cada rei­no, la monarquía unificada ha de explayar en todos ellos una efi­cacia tan impecable y ejercer una representación tan satisfacto­ria de la colectividad que pretensión surge utópica" (Voltees, Ob. Cid. 319).
   El Reformismo indicado, el ideario reformista del XVIII, no tiene que ver con el liberalismo político o económico del XIX.
  
EDUCACION:
Se establecen  nexos entre cultura y utilidad y entre edu­cación y felicidad. El propósito se centra en la colocación de  la instrucción más cercana al interés (en palabras de Jove llanos). A pesar de todo, la educación popular no recibió toda la atención debida para preparar a la nación a los nuevos presupues­tos que se le sugerían: a los profesores de primera enseñanza no se les exigía más que ser aprobados por los Obispos acerca de los conocimientos básicos de la doctrina cristiana, una certificación de buena vida y costumbres y la limpieza de sangre.
   El Colegio Académico del noble arte de las primeras letras (especie de Escuela Normal de Magisterio, fundada en 1780) redu­cía sus propósitos a "los rudimentos de la fe católica, las re­glas del bien obrar, el ejercicio de las virtudes y el noble arte de leer, escribir y contar".
   En 1770 se crearon los Reales Estudios de San Isidro, pri­mer centro de enseñanza secundaria con un plan de estudios mo­derno.
   Se prestó atención a la preparación de militares y marinos creando centros de educación técnica al respecto.
   Respecto a la Universidad se intentó (los renovadores  de la Universidad recibieron el calificativo de novatores) renovarla adecuándola a las necesidades económicas, con el cultivo en par­ticular de las ciencias experimentales, dando nuevo auge a los colegios de medicina y cirugía y a las escuelas de veterinaria. Cunde la veneración por lo científico; renacen las ciencias natu­rales, matemáticas y físico-químicas; reciben impulso los estu­dios económicos, jurídicos e históricos.
   Desde el Gobierno se procedió a la supresión de algunas Universidades menores (en clara decadencia), especialmente en el Principado de Cataluña.
   Entre 1767 y 1769 Campomanes impulsó la modernización de las Universidades intentando introducir nuevos métodos y libros de texto y creando la figura de dos Censores Regios en las Uni­versidades más importantes con el fin de controlar y uniformar la labor universitaria, ahora bajo jurisdicción real.
"Muchos nobles se educan en colegios franceses y algunos mantienen correspondencia con Voltaire, Rousseau y otros escrito­res, despertando aquí un gran afán reformista, por imitación de lo que en Francia, en Alemania, en Rusia y en otros países hacían los reyes filantrópicos. A fines del siglo XVIII, trató de atajar el Gobierno esta comunicación con Francia, para evitar la difu­sión de las ideas de los revolucionarios. (...) las influencias extranjeras produjeron una atenuación, por lo menos en la clase culta, de la intransigencia religiosa. Todavía la masa seguía siendo fanática y la Inquisición promovía algunos procesos ruido­sos, como los del ministro Macanaz, el reformador Olavide, etc. Pero el sentido de las clases directoras, sin dejar de ser reli­gioso, era opuesto a las persecuciones de este carácter, o mos­traba, por lo menos, cierta repugnancia a ellas". (Voltes, 332).
   1770 Carlos III crea la primera Academia de Ingenieros de la Armada.
   1771 creación de la Orden de Carlos III.
   1771 dos reales Cédulas para la reorganización de los cole­gios mayores, promoviendo la oposición y el entorpecimiento de los contrarios a ellas.
      Las Sociedades de Amigos del País y las Juntas de Comercio añaden a sus atribuciones peculiares, una serie de actividades docentes sobre materias prácticas:
   1769 la de Barcelona instituye una escuela náutica.
   1775 la Sociedad Vascongada de Amigos del País organiza unas clases de física, química y metalurgia preparatorias del concepto posterior de ingeniería industrial.
   1775 Escuela especial de ingeniería de Minas en Almadén. 
   1799 se crea el cuerpo facultativo, bajo la denominación de Inspección General de Caminos, (ingeniería de caminos, canales y puertos) para cuidar de las rutas y canales del Reino.
   1802 creación en Madrid de una escuela encargada de dar instrucción a los jóvenes que habían de dirigir las obras públi­cas.
   Estas Sociedades, fundadas bajo la iniciativa de nobles, personas del clero, y burguesía ilustrada) también mantuvieron escuelas de primeras letras, de hilado y tejido para niñas, pro­movieron laboratorios de física, bibliotecas, establecieron becas para estudiar en el extranjero, concedieron premios en metálico a trabajos de investigación y experimentación, etc.
   "Igual que su padre y sus hermanastros, Carlos III careció de la afición personal a los quehaceres intelectuales, pero tuvo recta conciencia de su deber de favorecerlos" (Voltes, 333).
      "No es exacto que los primeros Borbones fomentasen la cons­titución de las Reales Academias como imitación del impulso que éstas habían tenido en Francia, porque en épocas anteriores ha­bían existido ya en España reuniones y senados intelectuales, más o menos institucionalizados, algunos de los cuales sólo necesita­ron reorganizarse según el modelo académico ilustrado para adqui­rir esta fisonomía, como pasó con las Reales Academias de Cien­cias Exactas, Físicas y Naturales (que data en realidad de 1657) y de Farmacia (originada en 1589)". (Voltes, 334). Apogeo de las Academias en el siglo XVIII.

   1712.- Fundación de la Biblioteca Nacional por Felipe V.
   1713.- Fundación de la Real Academia Española.
   1730.- Fundación de la Real Academia de Jurisprudencia y
          Legislación.
   1732.- Fundación de la Real Academia de Medicina.
   1735.- Fundación Real Academia de la Historia.
  1741.- Fundación  de la Real Academia  de  Bellas Artes de San
          Fernando.

   "Uno de los aspectos más característicos del talante de la Ilustración es la multiplicación de los viajes emprendidos con propósitos de estudio, muchos de los cuales dan lugar a libros donde se reseñan las observaciones y datos obtenidos". El método basado en "la formulación de una hipótesis alternativa respecto a la realidad con que se tropieza. De este modo, muy a menudo, el viaje da fundamento a una imagen ideal de cómo podría configu­rarse mejor determinada situación, que se encuentra en forma me­nos satisfactoria".
   "Es correlativa a esta inclinación al análisis de la reali­dad española, la preocupación por la estadística que se desarro­lla en los gobernantes y cristaliza en varios censos estimables, tanto demográficos como de producciones y rentas." (Voltes, 334-­335).

   La literatura proyectista se centra en el fomento del tra­bajo y de la producción. A propuesta del Consejo de Castilla, Campomanes -1774- proporciona orientaciones a las autoridades para que promuevan el desarrollo de los oficios a través de su "Discurso sobre el fomento de la industria popular"; en la misma línea y del mismo autor es el "Discurso sobre la educación popu­lar de los artesanos y su fomento" (1775); en el 1778 se da a la luz el "Discurso económico político en defensa del trabajo mecá­nico de los menestrales" de Capmany.

      POBLACION:
El siglo XVIII significa un considerable cre­cimiento poblacional, sobre todo debido a la reducción de la mor­talidad catastrófica.
Una de las iniciativas más características de la Ilustra­ción española es su afán de corregir los defectos de la estruc­tura demográfica y productiva de la nación como las amplias zonas interiores desoladas y atrasadas que llevan al Proyecto de colo­nización extranjera y creación de nuevas poblaciones en Sierra Morena con alemanes, suizos saboyanos y flamencos. También su preocupación por la debilidad de la población nacional que difi­cultaba el progreso: faltaba mano de obra.
  
Censo de Campo Florido y Ustariz (1717)... 7.625.000 habi­tantes.
Censo de Aranda (1768)................................ 9.307.804 habi­tantes.
Censo de Floridablanca (1787)................... 10.268.879 habi­tantes.
  
En términos absolutos la población pasa de 6.000.000 de habitantes (1700) a 11.000.000 en 1800; aunque este crecimiento no fue homogéneo: es mayor en la periferia peninsular (Valencia, País Vasco, Cataluña, Cantabria) y se produce un estancamiento de la población de la meseta, con densidades bajas de población (ex­ceptuando a Madrid). Continúa un claro predominio de la población rural sobre la urbana. La escasez de núcleos urbanos importantes es manifiesta: en 1785 sólo Madrid y Barcelona tenían más de 100.000 habitantes; Sevilla, Valencia, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Murcia tenían más de 40.000 habitantes; unas 30 ciuda­des tenían más de 10.000 habitantes.
   Las zonas de concentración poblacional periférica eran las del país vasco litoral, la costa cantabroasturiana, las rías ga­llegas, el bajo Guadalquivir, la costa malagueña, la huerta va­lenciana y la comarca barcelonesa; en el interior Madrid, Valla­dolid, Burgos, Badajoz, Mérida, Zaragoza y Pamplona.
  
CENSO:   Nobles     %     2º Estado    %      Artesanado    %
======   ===============  ================    ==================
1768         722.794   7,2    226.187        2,2     
1787         480.589   4,6    191.101        1,8      310.739       3
1797         402.059   3,8    172.231         1,6      533.769       5
  
Según el Censo de 1797:
El campesinado en torno al 70% de la población, con 346.000 pequeños propietarios cultivadores (abundantes en Cataluña, Astu­rias y Castilla Norte) y 507.000 labradores arrendatarios (nume­ro­sos en el centro y Andalucía).
    Burguesía poco numerosa, dispersa; unos 30.000 funciona­rios del Estado. Unos 100.000 marginados.
 
AGRICULTURA:
"Que el gobierno y la nación no pierdan jamás de vista que la tierra es la única fuente de riqueza y que es la agricultura quien la multiplica. Porque el aumento de la riqueza asegura el de la población; los hombres y la riqueza hacen prosperar la agricultura, atendiendo al comercio, animando la industria, au­mentando y perpetuando la riqueza (...). Sin la certeza de la propiedad, la tierra se quedaría inculta (...) es preferible que todo el Reino esté poblado de ricos cultivadores (...) que se mantenga la más total libertad de comercio interior y exterior, la más exacta, la más provechosa a la nación y al Estado consiste en la plena libertad de concurrencia." (Quesnay, 1694-1774)
España sigue siendo un país eminentemente agrícola con es­quemas tradicionales: índice de productividad de las tierras  muy bajo: barbecho, predominio del cereal, amplias zonas incultas, bajos rendimientos, dependencia casi exclusiva de la climatolo­gía... (especialmente en Castilla y  el Valle del Ebro); existe una falta de capitalización del sector, hay una ausencia de men­talidad "industrial" en el agricultor (la agricultura se consi­dera como fuente de ingresos y no como fuente de riqueza) y los beneficios se dirigen al mantenimiento del prestigio social o se invierten en sectores ajenos al agrícola), abunda en exceso el trabajador  por cuenta ajena en esta actividad y el rentismo man­tiene separadas propiedad y explotación; no existen redes adecua­das de comercialización  de los productos agrícolas y, cuando hay, obedecen a circuitos muy reducidos; absoluta falta  de tec­nología y formación profesional en los campesinos por lo que ac­túan por inercia; existen grandes extensiones de tierras vincula­das a un título, a un noble, a un monasterio o simplemente a un propietario...
"Cotéjese el estado actual de Leganés con el de Arganda, pueblos ambos de los contornos de Madrid. Se hallará que el pri­mero donde todo vecino, o en sus propiedades, o en arrendadas, cultiva, está decente y vive sin miseria: que en el segundo sien­do más rico de producciones, por aver adquirido dos tercios de la hacienda raíz las manos muertas, y beneficiarla de su quen­ta, se ha reducido a notable decadencia y despoblación.
   (...) el mal no está en que sean los vecinos, como se su­pone, perezosos; sino en que cultivan las tierras de su suelo para manos-muertas, las cuales sacan de allí el producto, que jamás vuelve al círculo y masa de aquel común.  Y ¿qué diremos si sale muchas veces aún del Reyno, empobreciendo al Erario, al Va­sallo, al Clero-secular y a nuestros pobres?.
   (...) Atender a la conservación del Reyno, no es sólo vir­tud, es obligación de todos los Magistrados, como fieles deposi­tarios del sentido recto del derecho público nacional, para mani­festar al Soberano lo más conveniente al Estado. Baxo de tan au­gusta censura se concluirá esta materia, proponiendo los medios que sucesivamente se pueden ir tomando, y han indicado sustan­cialmente antes que aora Eclesiásticos y Seculares muy zelosos, aunque no han sido oídos con la atención que hubiera convenido, y el caso lo pedía. En materias temporales todos están sujetos a la potestad civil." (RODRIGUEZ CAMPOMANES, P. "Tratado de la regalía de amortización". (Madrid, 1765), 276-278).

Se produce un incremento de la producción al aumentar pro­gresívamente las superficies de cultivo, pero éste no es conse­cuencia de renovaciones tecnológicas de la actividad agraria (ex­cepto los cultivos intensivos y de regadio de Cataluña, Valencia y Murcia donde se ensaya la rotación de cultivos y se incorporan otros nuevos como el arroz o los frutales y se incrementa el ren­dimiento de los cereales). Este incremento, a  nivel nacional, no supuso aumentar la renta agraria por habitante ya que estuvo por debajo del aumento de la población.
Los problemas agrarios entraron dentro de los programas renovadores ilustrados:
    - Se propugnó la roturación de tierras incultas.
   - Se intentaron evitar los arrendamientos a corto plazo.
   - Se procuraron  aliviar  los enfrentamientos   entre
     agricultores  y ganaderos.
   - Se tomaron medidas tendentes a controlar los  precios
agrícolas y a asegurar  el abastecimiento de las ciudades..      El establecimiento de la libre circulación de granos de 1765 no cristalizó en resultados eficaces debido a la red de asentistas y a la ausencia de una estructura mercantil eficaz. La escasez pro­ducía incremento de precios y de ellos se beneficiaban interme­diarios y terratenientes.
- Tampoco el Decreto de supresión de los "puertos secos" o aduanas interiores (1714) o el de libre tránsito de mercancias dentro del país (1757) o los intentos por mejorar el plan de Ca­minos Reales (época de Carlos III) bastaron para la creación de un mercado nacional ante las gravísimas dificultades en la red de transportes y por las insuficiencias en los mecanismos financie­ros privados que impedían un nivel satisfactorio de cohesión eco­nómica.
La población iba creciendo y se pretendía que su aprovisio­namiento no estuviera supeditado a las importaciones extranjeras. Se intentó una política de fomento de cultivos que    tropezó con los intereses de la ganadería (intereses de la Mesta)  y por el apego de los municipios a la propiedad de los baldíos y comunes donde pastaban los ganados del lugar y contra los que se adopta­ron medidas tendentes a la protección de las fincas (1788, auto­rización para el cerramiento perpétuo de los olivares, viñas y huertas).
Tres modelos de conducta caracterizaron las actuaciones del sector público en materia agrícola (especialmente intensa en tiempos de Carlos III):
   - Introducción de nuevas técnicas y tareas en las fincas de patrimonio real; así el mismo Carlos III dirigió, como ejemplo, los trabajos de mejora del Real Sitio de Aranjuez. Estas actua­ciones no representaron ninguna eficacia económica.
   - Por otro lado la Corona realizó acciones contra las tie­rras colectivas de los pueblos: en 1738 se contituyó la Junta de Baldíos y Arbítrios para luchar contra éstos y conseguir extender los cultivos. Pero estas tierras constituían fuentes de ingresos fiscales lo que terminó por imponer la anulación de cualquier medida que supusiera la alteración del sistema recaudatorio.
   - También se realizó una ofensiva para la dilatación de las superficies cultivadas en contra de los pastos; así se dispusie­ron medidas entre 1766 y 1770 sobre repartimientos a condición de que las roturaciones se adjudicaran a los vecinos más necesi­tados y que los adjudicatarios se comprometieran  a no subarren­darlas ni dejarlas incultas.
   Se adoptaron medidas hostiles frente a los propietarios que no cultivaran sus tierras y se promovieron otras para promocionar la libertad de trabajo de los labradores. En el régimen de la propiedad territorial tardó tiempo el cambio a pesar del cambio dinástico.

   Pero el Proyecto de Reforma de la Agricultura mediante una Ley quedó sin efectividad por los muchos inconvenientes apareci­dos y las oposiciones encontradas.

Algunas mejoras introducidas:
Aranda: primer reparto de tierras comunales (sobre todo  en Extremadura, Andalucía y la Mancha) aunque terminó en     un fra­caso.
Campomanes: disminución de privilegios a la Mesta y autori­zación del vallado de fincas.
Floridablanca y Aranda: canales, pantanos, caminos y carre­teras.
Jovellanos (1795) en su Informe sobre la Ley Agraria pro­pone desamortizar tierras, desvinculaciones, permitir la entradas de los productos agrícolas en un libre comercio, etc.
 
INDUSTRIA:
En la España del siglo XVIII predominaba el pequeño arte­sano, cuya actividad se encuentra limitada por las reglamentacio­nes gremiales; su producción se orientaba hacia un pequeño mer­cado, sin redes de comercialización adecuadas; no existían inte­­r­mediarios entre consumidores y productores (comerciantes empresarios) que estimulasen la producción, las inversiones y la renovación industrial. El proteccionismo de este tipo de indus­tria, frente a los productos extranjeros, fue característico de todo el período como única forma de mantenerla, ya que su carác­ter artesanal-minoritario, minifundista y gremial  hacían a este tipo de industria incapaz de resistir a la libre circulación y a la libre competencia.
La falta de artesanado y de oficios útiles era una de las razones que explicaban el retrase económico de España; otra causa era la falta de mano de obra empleada en los oficios útiles, su consecuencia el subdesarrollo económico. No bastaba sólo con atender a la mejora de la agricultura, era necesario fomentar la producción nacional para no tener que comprar tanto en el exte­rior.
En el régimen de las operaciones capitalistas e industria­les también tardó tiempo en percibirse la instauración borbónica.
El colbertismo (Colbert ministro de Hacienda de Luis XIV), como política económica mercantilista, sostenía que el Estado debía intervenir fuertemente en la economía, protegiendo la agri­cultura nacional y la industria, creando nuevas fábricas de tipo mixto que, una vez amortizadas, podrían pasar a manos privadas.
Los primeros intentos de renovación industrial partieron del Estado por la promoción de las Manufacturas Reales, centradas en la producción de artículos de lujo o en el mantenimiento de industrias tradicionales en decadencia, su rentabilidad fue es­casa y se establecían con criterios proteccionistas.   También se intentaron consolidar manufacturas de carácter mixto (Estado-­particulares) en Cataluña.
La reactivación de la industria naval se vio favorecida por el intervencionismo militar español del siglo XVIII.
La auténtica renovación industrial se produjo con las  In­dianas de Cataluña (fábricas de estampados de algodón): aún con poca mecanización, planteaban el esquema revolucionario de con­centrar en unas mismas manos la maquinaria y la propiedad,  sepa­rando capital y trabajo y con preocupación por la comercializa­ción y competitividad de lo producido en ellas. Su principal in­conveniente radicaba en la dependencia exterior de sus materias primas (algodón de Malta)

COMERCIO:
El mercado americano había entrado en un período de deca­dencia; el nacional apenas existía: los intercambios de productos se basaban fundamentalmente en los de lujo y a los que no tenían acceso la mayor parte de la población por su escaso  poder adqui­sitivo, limitados a pequeñas áreas y sin el apoyo de una red   de transportes adecuadas; la producción (no especializada y tampoco cualificada) apenas tenía excedentes para su comercialización y se orientaba -principalmente- hacia el autoabastecimiento. El comercio español era deficitario y sólo se saldaban los deficits a través de las monedas de oro y plata que llegaban de América (por impuestos o como beneficios de las inversiones realizadas en empresas, servicios o para proporcionar los productos allí deman­dados).
Existía, además, una clara desconexión entre el interior peninsular y sus zonas periféricas; en éstas, por su mayor faci­lidad de comunicación y por planteamientos económicos más avanza­dos, se produjo durante el siglo XVIII una cierta revitalización de su comercio.
La ausencia de una burguesía era  la causa de  la falta de capitalización del comercio y de la ausencia de medidas tendentes a adecuar, de cara a su modernización, las estructuras comercia­les y productivas de la nación. Sólo en Cádiz, Málaga, La Coruña, Bilbao y Barcelona existían comerciantes capaces de renovar su actividad adecuándola a las circunstancias del momento.
El mercantilismo sostenía la necesaria intervención del Estado en la actividad económica con el fin de favorecer su desa­rrollo. Las Compañías comerciales privilegiadas monopolizaban buena parte del comercio registrado, no tenían afán modernizador pues eran más sociedades de accionistas y de crédito que propia­mente sociedades mercantiles.
Inicialmente se fomentó la creación de Consulados de Comer­cio (como agrupación corporativa de los mercaderes de cierta con­sideración); mientras se multiplicaban estos organismos, la pe­queña burguesía mercantil se integró en los Cuerpos Generales de Comercio (como el de los Cinco Gremios Mayores de Madrid que lle­garon a crear, en 1763, su propia Compañía Mercantil, o los sur­gidos en Zaragoza, Valladolid, Valencia...).
Posteriormente se evolucionó hacia la libertad de comercio intentando la supresión de trabas y la anulación de las restric­ciones al mismo.

"La libertad para comprar y vender es el único medio de asegurar, por un lado, el precio capaz de estimular al vendedor a producir; por otro, que el consumidor disponga de la mejor mer­cancía al más bajo precio (...). Toda verdadera operación comer­cial debe ser recíproca y que es un absurdo pretender vender a los extranjeros de todo y no comprar nada" (Turgot, "Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza", 1766).

A lo largo del siglo se fue liberalizando el comercio con América para todos los españoles, pero éste entró en una grave decadencia como consecuencia de la Guerra contra Inglaterra (1796), por la propia Guerra de la Independencia (1808-1814) y por la propia independencia de los territorios americanos.   In­gla­terra trató de romper sistemáticamente el monopolio español sobre este comercio.
Entre 1765 y 1778 Cádiz perdió el monopolio del comercio americano que había heredado de Sevilla y una serie de puertos de toda España pudieron participar en los negocios con América; ésto produjo consecuencias positivas al estimular la creación de nue­vas Compañías comerciales y se incentivó la industria local en torno al comercio americano.
Se intentó también el fomento de la actividad mercantil mediante la acentuación de la preocupación comercial en las rela­ciones diplomáticas.

Algunas medidas significativas respecto al comercio
    - Supresión de Aduanas interiores, a excepción de Navarra y País Vasco (1717).
    - Reorganización del monopolio de Cádiz y del sistema de flotas (1717).
    - Medidas tendentes al estímulo de creación de Compañías de Comercio privilegiadas a partir del segundo tercio del siglo y creación de una flota de protección de las rutas comerciales.
   - Protección de los productos interiores mediante la prohi­bición de importaciones de determinados productos o el gravámen de otros.
     - Libertad de comercio de España con sus Indias (1778).
El comercio canario con América fue mirado con recelo por la Casa de Contratación de Sevilla y hubo de sujetarse a un régimen de licencias que dura hasta 1718; en esta fecha se promulgó un reglamento del tráfico indiano que rige hasta las medidas libera­lizadoras de Carlos III. Igualmente existió un intenso comercio con Madeira y con Portugal, que ocasiona la instalación en Cana­rias de comerciantes lusitanos.

La vida canaria está sometida al constante peligro de las agresiones piráticas o de flotas de países enemigos (especial importancia los ataques británicos del almirante Jennings, en 1760, y el de Nelson, en 1797). Esta amenaza obliga a organizar milicias cívicas que se reclutaban y mantenían en íntima conexión con las corporaciones municipales.
En la segunda mitad del siglo y por la influencia del libe­ralismo económico y de las doctrinas fisiocráticas, se produjo la libre circulación y precios del trigo (con el fin de evitar acu­mulaciones especulativas); se estableció la libertad de comercio con América para todos los puertos y naturales españoles; se su­primió la necesaria fiscalización de los gremios respecto al tra­bajo y la producción (1790), etc.

En el aspecto religioso cabe destacar el Regalismo de los borbones españoles. Los borbones tuvieron éxito en su deseo de  introducir en la vida eclesiástica española los principios rega­listas dominantes en Francia: por ellos el trono gozaba de am­plias facultades en la propuesta de obispos y jerarquías ecle­siásticas y la Iglesia debía cooperar en la uniformidad nacional al estructurarse en homogeneidad con la nueva organización admi­nistrativa del país y aportar su enorme ascendiente sobre sus atribuciones casi únicas en materia educativa.
 En relación a la expulsión de los jesuitas, en ella conflu­yeron diversos intereses: por un lado el cuarto voto de éstos contradecía las tesis regalistas; los ilustrados pretendieron un cierto control sobre la educación, sobre todo de los Colegios -puerta de la Universidad- y sobre los que la Compañía de Jesús tenía una fuerte influencia; algunos políticos les acusaron, ta­mbién, de un exceso de peso político a través de sus ex-alumnos; por último, algunos sectores de la Iglesia y algunas órdenes re­ligiosas les acusaban de excesiva influencia en la Iglesia. Se decretó su expulsión en 1767. Su marcha dejó, al menos, 142 cole­gios desatendidos momentáneamente en la nación.

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