Por Carlos Carnicero, periodista (EL
PERIÓDICO, 24/11/08):
Ni siquiera Baltasar Garzón pudo impedir
que Franco muriera en la cama. Sin embargo, el asunto se puede poner en
positivo: el dictador, que quiso que todo quedara atado y bien atado, no se
salió con la suya. Los españoles instauraron una democracia admirada en el
mundo que ha permitido dar un salto a la modernidad, organizar un sólido Estado
de derecho y crecer social y económicamente. Lo que parecía una verdad
universalmente establecida se está desmoronando. Han surgido desde la derecha
extrema y desde una izquierda irresponsable y exquisita voces para cuestionar
la transición. Los dos extremos con diferentes razones, pero con objetivos
peligrosamente convergentes.
HABRÍA QUE hacer historia: José María
Aznar llegó a la política para hacer tabla rasa de la transición. Incluso trató
de teorizarlo. Dinamitó el pacto de una política de consensos básicos soportada
en la lucha antiterrorista y la política exterior. En ese viaje apareció por
primera vez Garzón acompañado por los mismos intelectuales de la izquierda
exquisita que ahora le jalean. El juez trabó un pacto de sangre con Aznar, con
Pedro J. Ramírez –José Amedo incluido– y con los periodistas del “sindicato del
crimen”. Se trataba de sacar de la Moncloa a Felipe González pese a los
fracasos en las urnas. El juez quería venganza porque sus ambiciones no habían
sido satisfechas en su paso por el Gobierno socialista. Por primera vez en la
historia judicial, un juez podía meter en la cárcel a sus competidores en la
política. El fin supuesto –hacer justicia en la guerra sucia– justificó el
apoyo de algunos intelectuales amedrentados a ese disparate. Hay paralelismos:
el fin de procesar al cadáver del dictador ha justificado que el mismo juez
entendiera en asuntos para los que no tenía competencias. Si el Estado de
derecho es un obstáculo, se sortea. Le apoya la misma intelectualidad que
justificó sus tropelías en el caso del GAL.
Naturalmente, el juez no tuvo interés en
utilizar la moviola para las acciones antiterroristas ilegales de la última
época del franquismo y en los gobiernos de Adolfo Suárez. Era una justicia
selectiva, ad hoc al interés de meter a Felipe González en la cárcel y permitir
que Aznar ocupara la Moncloa. Lo ocurrido después es de sobra conocido: ocho
años de Aznar en el poder con la confrontación como tecnología política y la
desaparición definitiva del pacto constitucional.
Y en esto llegó José Luis Rodríguez
Zapatero. La consigna fue talante e innovación. La quiebra generacional fue la
condición para que el neófito presidente se sintiera seguro. La audacia, el
soporte de las nuevas políticas: negociación con ETA, revisión del modelo
territorial, utilización discutible del talante como tarjeta de presentación
pero sacando provecho de la confrontación, y revisión de la historia para
establecer una memoria oficial, lo que sus antecesores socialistas no se habían
atrevido a hacer. La distancia de Zapatero con su antecesor en la dirección
socialista y en el Gobierno, Felipe González, se hizo insalvable, salvo por la
lealtad profunda de los viejos socialistas a su partido. Zapatero pasó el
rastrillo para arrancar toda hierba que tuviera demasiadas raíces. Ahora diseña
sus políticas con un puñado de independientes y con algunos periodistas e
intelectuales de cabecera que organizan consejos de ministros paralelos en la
pista de baloncesto de la Moncloa.
La ley de memoria histórica fue una de
las grandes aportaciones al éxito de la anterior legislatura. Con dos
matizaciones. La primera, sencillamente, que, después de un año, no se ha
desarrollado y no ha alcanzado ninguno de los objetivos que se marcó. Y, la
segunda, que es una ley cuestionada desde la derecha, pero también desde la
izquierda. Una memoria oficial sin consenso. ¿No suena difícil?
Y, EN ESTO, llegó Garzón. Nada menos que
con una causa general contra el franquismo: la ley de amnistía fue una cesión,
como en Argentina y en Chile; la democracia estaba secuestrada cuando se aprobó
la Constitución… ¿Cómo van a faltar entusiastas para ese banquete, sobre todo
si no han caído en la cuenta de que esa factura habrá que pagarla?
No vale la pena hacer hincapié en el
dislate jurídico de Garzón. Su atropello al Estado de derecho no ha sido
impedimento para recabar apoyos que se soportan en los mismos principios que en
la operación del GAL. Gracias al juez providencial, la sociedad española ha
tomado conciencia de lo que fue el franquismo. Ha sido fácil: el juez ha
reproducido textualmente libros de historia en sus autos. Y, además, se ha
ofrecido a ejercitar las responsabilidades que los padres de la Constitución no
se atrevieron a asumir. No importa que la ley no ampare sus actuaciones. Porque
se trata de hacer justicia aunque las garantías estén desterradas. Ahora hay
barra libre con la transición. Probablemente falta un cuarto de hora para que
Garzón se entere de que don Juan Carlos fue nombrado sucesor por Franco. Luego
fue legitimado por la Constitución. Pero, ¿quién ha dicho que los españoles
fueron libres para votarla?
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