«Un referéndum sobre la sucesión a la Corona amenazaría la estabilidad del país»

Jiménez de Parga:

«Un referéndum sobre la sucesión a la Corona amenazaría la estabilidad del país»

Liberado de las presiones del cargo al frente del Constitucional, Jiménez de Parga reflexiona sobre los riesgos de reformar la Carta Magna y la voladura política del sistema democrático de Justicia

CÓRDOBA. ANTONIO R. VEGA

   

—¿Se identifica con esa aureola de personaje polémico que le acompaña?

—No, yo he procurado decir lo que creía oportuno desde hace 50 años, desde que estoy en la batalla pública, y a veces las opiniones son acogidas con asentimiento por la mayoría o hay alguien que discrepa y surge eso que llamamos la polémica, lo cual me parece muy bueno para la vida democrática.

—Nunca le ha pesado decir lo que piensa...

—Hombre, muchas veces no son agradables las reacciones cuando uno considera que no son justas... Pero la libertad es eso. No he sentido un especial malestar porque alguien discrepe.

—¿Tampoco cuando desmontó la teoría de que existen comunidades más históricas que otras y le llovieron críticas de los nacionalistas?

—Dije lo que en la Constitución figura: es decir, que no existe la expresión «comunidades históricas», sino que eso fue una expresión político-periodística que se difundió y muchas personas, de buena fe, pensaron que existía efectivamente en la Constitución.

Mi tesis es la que se ha ido imponiendo:

primero, que no hay más distinción entre las comunidades que la que la Constitución de 1978 estableció;

segundo, que la historia de España es compleja, muy rica y en todos los lugares de España se puede encontrar un recuerdo o presencia de la historia. En algunos sitios con más intensidad que en otros.

—Son las comunidades más ricas las que reivindican mayor grado de autonomía del Estado. ¿Puede deberse a una motivación económica?

—Creo que en las comunidades que se consideran diferentes al resto hay muchas voces. Hay partidos y asociaciones con distintos criterios acerca de la personalidad e identidad. Por lo tanto, no se puede decir que las comunidades reivindican, sino que lo hace un político o un sector de la comunidad a través de sus políticos. En segundo lugar, dependiendo del momento histórico, veremos que las zonas desarrolladas han ido cambiando.

—Un gesto patriótico como llevar la bandera española no siempre es bien visto por determinados sectores de izquierdas. ¿Puede ser un complejo heredado de la dictadura?

—Todo se explica por lo que ha ocurrido. Salimos del régimen anterior con unas hipotecas que todavía siguen pesando. Lo que en España falta es una conciencia nacional parecida a la que tienen, por ejemplo, los franceses. Por eso necesitamos el sentimiento constitucional, para dar cohesión a los diversos pueblos de España.

—Desde hace tiempo, hay voces y partidos no estrictamente nacionalistas que claman por la reforma de la Constitución...

—Ese clamor popular por la reforma yo no lo percibo. Hay dirigentes políticos que dicen que hay que reformarla. En España, esto de reformar parece que viste bien, es progresista y la gente se suma a ese movimiento.

Ocurre que la mayoría de los que se pronuncian por la reforma nunca han leído la Constitución ni la conocen. 

Ahora, esto no significa que yo defienda que las constituciones son intocables. Son normas jurídico-políticas que deben ser adaptadas a las circunstancias cambiantes de la vida social. Son cosas distintas. Una cosa es la reforma de la letra de la Constitución, que yo no veo necesaria, y otra adaptarla o retocarla.

La Constitución ha producido unos grandes beneficios a la convivencia libre de los españoles y tenemos que estar agradecidos de que en estos últimos 25 años largos se haya convivido en gran libertad cuando en el año 1975 eran muy pocos los que creyeron que en España se podría establecer una democracia.

—¿Qué considera susceptible de mejorar en la Constitución?

—Primero hace falta que el gran público se entere de lo que dice. Segundo, hay puntos que podrían mejorarse. El Senado puede y debe reformarse, porque no ha tenido suerte desde que se instauró en 1978 y sería bueno que el Estado de las autonomías tuviera una realización completa. Otros puntos son más discutibles.

Por ejemplo, se habla mucho de que habría que reformar el orden de sucesión a la Corona para que no queden excluidas las mujeres. Esto es cierto. Ahora bien, esta reforma significaría nada menos que establecer un procedimiento agravado mediante el cual se puede reformar el título preliminar y determinados artículos de la Constitución con un referéndum. Personalmente, creo que ese referéndum tiene el riesgo de convertirse en un plebiscito monarquía o república que, a mi juicio, no es bueno y amenazaría la estabilidad del país.

—O sea, no se dan las condiciones...

—No. Creo que no sería bueno empezar a discutir públicamente sobre monarquía o república.

—¿Qué encaje tiene la Constitución Europea en la española? ¿Entran en contradicción?

—Se habla muy de oídas. Porque si se lee despacio el artículo 6 del tratado por el que se instituyó la Comunidad Europea, donde se establece la supremacía del derecho comunitario sobre los otros ordenamientos, y se lee el artículo 9 de nuestra Constitución, se verá que no hay esa contradicción. Son normas que pueden conciliarse perfectamente. No hay una contradicción, sino una necesidad de adaptar con pequeñas enmiendas nuestra Constitución a la nueva realidad europea.

—¿Qué opina de la reforma del sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales?

—Mire usted, en el año 1985, cuando se promulga la ley orgánica del Poder Judicial que reforma el sistema de elección de los componentes se produjo una mutación de la Constitución sin reformar la letra de la misma. Siempre he considerado desacertada la reforma en virtud de la cual el Parlamento elige a los consejeros. El mal camino que se toma en 1985 ha conducido al conflicto actual.

—Parece que los políticos siempre sucumben a la tentación de intervenir en la Justicia...

—No, lo que pasa es que en la fórmula auténticamente constitucional cabía perfectamente el Poder Judicial como poder distinto del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora se habla con razón de injerencias políticas por la quiebra del sistema constitucional parlamentario de 1978.