ESPAÑA / EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
El presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont, sale del hemiciclo
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el president Carles Puigdemont y el resto de miembros de Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, un último delito éste que implica penas de prisión, por entender que el Govern hace un "uso ilegal de fondos públicos"con el referéndum.
La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y formalizada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se presenta por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya ha dejado en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.
La Fiscalía solicita que se reciba "declaración en calidad de investigados" a todos los miembros del Govern por estos tres delitos.
En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque el Govern pone en marcha un procedimiento, el referéndum, "que va a generar un importante gasto público", argumenta.
"Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos", sostiene la querella, redactada personalmente por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.
"Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos", sostiene la querella, que recuerda que la propia ley de los presupuestos de la Generalitat de este año ya preveía habilitar partidas para sufragar este referéndum.
"Con su actuación, los querellados posibilitan la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional", asegura la querella.
En cuanto al delito de prevaricación, la Fiscalía Superior de Cataluña también acusa al Govern que lidera Carles Puigdemont de pretender la "abierta y deliberada derogación" de la Constitución con la convocatoria de este referéndum.
La querella asegura que los decretos que desarrollan la ley del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, otorgan al pueblo de Cataluña "una supuesta cualidad de sujeto político soberano de la que carece en el ordenamiento constitucional vigente", pretendiendo así "dinamitar el sistema de distribución de competencias" establecido en la Constitución.
"Los querellados aprobaron un decreto de convocatoria de referéndum utilizando la coartada de que estaba amparado por la denominada ley de referéndum de autodeterminación, con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo", considera el fiscal.
Respecto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido "especialmente advertidos" del deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional".
La querella recuerda que no recibieron esa advertencia formal los consellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, nombrados recientemente, pero que estos "conocían perfectamente que el TC había prohibido realizar actos tendentes a organizar el referéndum ilegal".
En la querella, de 45 páginas, el fiscal también subraya los "abundantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional" respecto a la falta de competencias de Cataluña para convocar un referéndum, algo "de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública dentro del Gobierno o del Parlamento catalán", apostilla.
Querella contra Forcadell
La Fiscalía se ha querellado también contra la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".
En la querella presentada hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía les achaca delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", de prevaricación y malversación.
"La conducta de Carmen Forcadell como presidenta del Parlament junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados (...) evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales", afirma el escrito.
La Fiscalía pide que se tome declaración a Forcadell y a los otros cuatro querellados en calidad de investigados y también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y a su secretario segundo, David Pérez.
Reclama también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, y a su secretario segundo, David Pérez.
La Fiscalía afirma que "en ningún caso pueden los querellados excusarse en el privilegio de la inviolabilidad", ya que esta "no alcanza a cualquier actividad delictiva que comentan los parlamentarios".
Lejos de ellos, sus decisiones, dice la querella, "desbordaron claramente los estrechos márgenes de la excusa absolutoria (...) para convertirse en puras vías de hecho, ajenas al normal desempeño de su función representativa y, en consecuencia, susceptibles de persecución penal".
El escrito recoge, entre otras, la sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que anuló una resolución del Parlament que pretendía abrir la vía para celebrar el proceso independentista y en la que el alto tribunal señalaba que "la Cámara catalana no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad".
Los querellados, según el escrito, han demostrado con su actuación una "desvinculación absoluta con los poderes del Estado español a los que niega cualquier tipo de legitimidad", lo que es constitutivo de un delito de desobediencia.
El Parlament catalán, recuerda la Fiscalía, "no puede desconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum".
En cuanto al delito de malversación, que conlleva penas de cárcel, basa su acusación en que "la convocatoria de un referéndum implica un gasto de dinero público", y por tanto cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal.
"Por tanto, impulsar la aprobación de la proposición de ley es permitir que pueda consumarse el despojo de fondos públicos" y "con su actuación, los miembros de la Mesa querellados posibilitan la realización de pagos para llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito".
En cuanto a la prevaricación administrativa, indica que las decisiones de admitir a trámite las dos leyes no son "actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito de este delito", sino de "decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional".
Cierre de las webs
Por otro lado ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O.
Esas son dos de las medidas cautelares que la fiscalía ha pedido en la querella que hoy mismo ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por firmar la convocatoria del referéndum.
Por ello, solicita el cese de actividad de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 desde las que se impulsa y da "apariencia de cobertura legal y normalidad" al referéndum y añade que esa medida cautelar se adopte para cualquier otro medio de comunicación, web o red social que realice la misma actividad.
Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España.
En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O
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