Los acontecimientos se precipitan. Y van en contra de los secesionistas. Atrás quedan las imágenes de un Parlamento catalán con la mitad de sus escaños vacíos, o de una presidencia –la de Carmen Forcadell–, más que partidista, frentista contra todos aquellos que no comparten sus ideas. Como no podía ser de otra manera, las instituciones del Estado han reaccionado al desafío. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó dos querellas a propósito del referéndum de independencia previsto para el próximo 1 de octubre: una, contra los miembros de la Mesa del Parlament; la otra, contra el presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros de su Gobierno por aprobar el decreto de convocatoria. Las querellas les señalan por un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta última, como estos arrogados padres de la patria deberían saber, está penada con cárcel. La Fiscalía, en la misma línea, también ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. En su estrategia frentista, Puigdemont pretende llevar su desafío a las calles. Este es uno de los grandes temores del Gobierno de la Nación: la irresponsabilidad de unos supuestos responsables autonómicos que, ante su incapacidad para sacar adelante sus fantasmagóricas propuestas, pasan la pelota a la calle. O a las alcaldías. Unas instituciones que, en la mayoría de los casos, no tienen especial responsabilidad como espacios electorales por cuanto los colegios o los institutos son los que se encargan de albergar las urnas. Esas mismas urnas y papeletas que el Gobierno de Puigdemont asegura tener dispuestas pese a que se empeñe en jugar al ratón y al gato con las Fuerzas de la Guardia Civil. Ayer, alcaldes de poblaciones tan significativas como Barcelona, Lérida, Tarragona, Santa Coloma o Mataró ya anunciaron que harán cumplir las leyes y harán oídos sordos al absurdo que plantean los independentistas. Cumplirán con la Constitución. Clave para ello será la conducta de aquellos que deben velar por que se cumplan las resoluciones judiciales: las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, el fiscal general del Estado urgió a los fiscales de Cataluña que se reclame a la Guardia Civil, Policía y Mossos las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal. Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos. Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial. En este sentido, ayer, tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que no le cabe «la menor duda» de que los Mossos d’Esquadra cumplirán la ley y «obedecerán» al fiscal general del Estado, «como lo harán todos los funcionarios». Como en similares situaciones, lo han hecho el secretario y el letrado mayor del Parlament al rechazar el absurdo de Forcadell. Méndez de Vigo señaló que los Mossos son la Policía de «todos los catalanes, no de los secesionistas», y una cosa «son los políticos secesionistas que vulneran la ley y otra las personas». Aunque nada de todo esto parece importarles a Junts pel Sí y la CUP. Ni el aviso de la agencia de riesgo Fitch de bajar aún más la valoración de Cataluña, ni el rechazo de Alemania a una estrategia que ataca la Constitución española ni tan siquiera el serio apercibimiento de la Unión Europea contra esa fantasmagórica Cataluña independiente. Ellos apuestan por tensar aún más la cuerda. Ahora PDeCAT y ERC, al igual que se han arrastrado por la CUP hacia estrategias más radicales en el plano legislativo, ahora ésta les impone su estrategia callejera: el incumplimiento de las leyes, el desprecio a las instituciones y a los ciudadanos que les han votado tienen en la algarada y los disturbios su continuidad. Frente a ellos, todas las Fuerzas de Seguridad sabrán cumplir con su deber: proteger a los catalanes de la violencia y el desgobierno.
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