jueves, 18 de febrero de 2016

Cuando el investigado es un socialista

Hace 4 minutos
A. Bartolomé.  Madrid.
Cuando el investigado es un socialista
El acuerdo al que ayer llegaron el PSOE y Ciudadanos para que cualquier investigado –término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)– por corrupción tenga que dejar el cargo sitúa en el disparadero a socialistas con puestos de responsabilidad en toda España, fundamentalmente en Andalucía, aunque afectaría a comunidades como Galicia, donde el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, ejerce como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o incluso al líder del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro.
Otros cargos del PSOE ya dejaron sus puestos –83 en total–, o bien fueron condenados –37– ,pero una limpia semejante afectaría de lleno a cargos que Ferraz ha situado en toda la Administración.
El caso más significativo es el andaluz, donde el macrofraude de los ERE se ha llevado por delante a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el vicepresidente Gaspar Zarrías y los consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo. Nombres a los que hay que añadir a la que fuera consejera Magdalena Álvarez, quien tras ser imputada tuvo que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
El listado de casos de corrupción andaluces en vía judicial abarca los cursos de formación; el fraude de Invercaria, el «caso Matsa», el «fondo Jeremie», el «caso PTA» y el «caso Marismas», entre otros.
El mapa de la corrupción socialista llega hasta el norte, donde Galicia protagoniza hasta cuatro actuaciones bajo sospecha. Se trata de los casos que mantienen imputados al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, junto a varios de sus concejales; al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro; a su antecesor, Pachi Vázquez, y al secretario del PSdeG en Pontevedra y edil de Santos Héctor Rodríguez.
En Cataluña, el PSC ha sufrido la imputación por el «caso Mercurio» de Jaume Collboni, presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, y ha sido citado como investigado el ex primer secretario del PSC Pere Navarro.
Los miembros de Ciudadanos en situación similar han sido contados, y el partido les ha expulsado. Entre ellos, el ex alcalde de Espartinas José María Fernández; el ex número dos de la formación, Jordi Cañas; el número 22 de la lista a las últimas europeas, Antonio Sánchez, imputado en la «Púnica», o el coordinador de la delegación territorial en Valencia, Fernando Mut, investigado en el «caso Innova».

Podemos modifica su programa de Gobierno tras las críticas de jueces y fiscales
16 de febrero de 2016. 13:25h
F. Velasco.  Madrid.
«Pablo Iglesias debería haber sido imputado porque fue quien incitó a la profanación»
• Entrevista a Javier Perez-Roldán / Abogado de la acusación contra Maestre
–¿Por qúe el Centro Jurídico que presidió presentó una querella por el asalto a la capilla?
–Es necesario señalar que se interpuso en 2010, cuando ninguno de los dos imputados eran públicos. Se presentó porque se trataba de un escándalo, de ver cómo un grupo de estudiantes era capaz de impedir el ejercicio del derecho de asistir a Misa en una capilla.
–Los imputados en el caso dicen que, en todo caso, se trató de una acción pacífica.
–Ni por cómo fue planteada, ni por lo que ocurrió, se puede decir que fuera un hecho pacífico. Empujar al sacerdote que estaba en la puerta, a otros alumnos, ni vociferar frases como «arderéis como en el 36», se puede catalogar como pacifico. Y todo ello sin motivación, porque no reivindicaban nada. Fue un acto simplemente ofensivo y nada de pacífico, porque hay que recordar que varios testigos que estaban rezando contaron cómo se les grabó con móviles, invadiendo su intimidad, «poniéndoles en la diana».
–Pero parece que realmente no se utilizaron medios violentos.
–Sí se usaron. La violencia pude ser física o psicológica; y, en este caso, las frases coreadas, fotografiar a los que rezaban o los empujones, sólo se definen como violencia.
–También se esgrime que lo ocurrido entra dentro de la libertad de expresión.
–Bajo ningún concepto. La libertad tiene un límite, que es el respeto del derecho del otro. Al igual que a los que intervinieron nadie les incordió en las actividades que realizaban en los locales cedidos por la universidad, como para ensayar o representar obras de teatro, no debían haber impedido la celebración por medios violentos de que se pudiera celebrar Misa.
–¿Teme que algunos de esos testigos se retracten?
–Pues sí, porque se pueden sentir atemorizados ante la relevancia pública de determinados personajes relacionados con este asunto y el temor de que se pueda condenar a unos imputados que pertenecen a un partido que puede gobernar.
–¿Cree que en el juicio faltan testigos que también deberían declarar?
–Sí. Sin duda, debería haberse aceptado que declarase Pablo Iglesias, porque en 2010 dirigía un grupo de teatro en la facultad que, según declararon dos alumnos, aparece detrás de la organización de ese asalto. Y falta Monedero, porque aparece también citado como quien realizó fotografías a la capilla.
–¿Piensa que Pablo Iglesias tiene relación con ese asalto?
–Tengo la certeza moral de que fue quien organizó la «perfomance «que estaba detrás de estos hechos. Además, dos alumnos ya lo manifestaron. Creemos que Iglesias debería haber sido imputado como autor material, porque fue quien incitó la profanación. El autor de la «performance» que originó todo fue él . Lo mínimo es que hubiese declarado como testigo, aunque debería haber sido imputado

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